Maria Azucena Molina Lara
Expediente 1657/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1657/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2023
Partes del expediente
- Maria Azucena Molina Lara
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado electrónicamente proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito con residencia en esta Ciudad, a través del cual informa el registro del amparo directo 785/2023, de su índice, lo que este órgano de control constitucional toma de su conocimiento, lo que se indica para los efectos legales conducentes.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Intégrese la boleta enviada a través del correo electrónico institucional, por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, de la cual se advierte que la incompetencia planteada por este órgano de control constitucional, quedó registrada con el número de boleta 20230816032600960 y correspondió su conocimiento al segundo tribunal de esa especialidad. De lo anterior, se toma conocimiento y se está a la espera de que el tribunal de alzada acuse recibo y emita la determinación que en derecho corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Radicación Vista la demanda promovida por +++++; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, regístrese con el número de expediente 1657/2023-I-A. Acto Reclamado Del análisis de la demanda, se obtiene que el acto reclamado en la instancia constitucional se hace consistir esencialmente en: La sentencia definitiva de fecha tres de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente +++++ dictada por el Juez Sexto Mercantil del Distrito Judicial del Toluca del Poder Judicial del Estado de México. Declinación de competencia Ahora, este órgano de control constitucional estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de grado; en virtud de que en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el competente para conocer de la misma es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. En efecto, el artículo 170 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el Artículo 173 de esta Ley. (.)". De dicho precepto se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos, y resoluciones que pongan fin al juicio. En ese sentido, como el citado acto reclamado consiste en la sentencia definitiva de tres de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente +++++, del índice del Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial del Toluca del Poder Judicial del Estado de México; entonces, con base en el artículo 170 de la Ley de Amparo, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee, pues se reclama la emisión de la sentencia definitiva emitida en el expediente de origen, por la cual fue condenada la parte quejosa. Por tanto, al derivar el acto una violación procesal que culminó con el dictado de una resolución que pone fin al juicio, procede en su contra juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede el juicio de amparo directo contra las sentencias definitivas; en la inteligencia que previamente a acudir a la vía constitucional deberán agotarse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, en virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Se puntualiza que dicha vía consiste en un medio extraordinario de defensa que tiene como finalidad el control de la constitucionalidad de los actos de los órganos -formal o materialmente- jurisdiccionales, con el propósito de garantizar en favor de los gobernados, el goce de sus derechos públicos subjetivos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IV.2o.A.77 K (10a.) , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, de la décima época, libro 16, marzo de 2015, tomo III, página 2353, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN UNA SENTENCIA DEFINITIVA, ASÍ COMO LAS VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 172, FRACCIONES I Y VI, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE SE PRESENTÓ DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS Y EL QUEJOSO FUE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, DEBE CONSIDERARSE QUE HUBO ERROR EN LA VÍA Y ORDENAR QUE SE TRAMITE EN LA DIRECTA. En términos de los artículos 34, 170 y 171 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito es el órgano competente para conocer de los juicios de amparo directo que se promuevan contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, tiene facultades para analizar las violaciones a las leyes del procedimiento que se hagan valer en dicha demanda, una vez que hayan sido preparadas por el quejoso mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y siempre que trasciendan al resultado del fallo; con excepción de los amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Por ello, dicho órgano jurisdiccional tiene atribuciones para estudiar, entre otras violaciones procesales, las previstas en las fracciones I y VI del artículo 172 del ordenamiento mencionado, que se refieren a cuando no se emplaza a juicio al quejoso o se le cita en forma distinta de la prevenida por la ley, y en el caso de que no se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley. Lo anterior es así, pues respecto a la violación procesal prevista en la fracción I de este último precepto, su reclamación supone necesariamente que el quejoso tuvo conocimiento, por cualquier medio, del juicio seguido en su contra y que, en consecuencia, se apersonó o compareció a éste, aun cuando no haya sido emplazado o el emplazamiento haya sido ilegal, dado que quien puede reclamarla es aquel que fue parte en el juicio y obtuvo una resolución desfavorable a sus intereses, máxime que la violación indicada no constituye un acto de imposible reparación contra el que proceda el amparo indirecto, al haber tenido el particular la oportunidad de comparecer a juicio porque, en ese supuesto, aún podrá ofrecer pruebas para desvirtuar la acción intentada en su contra, promover incidentes e interponer los recursos previstos por la ley que rige el acto, de manera que esa violación debe impugnarla en amparo directo. Por lo que respecta al plazo para promover la demanda de amparo, el artículo 17 de la propia ley prevé que contra las determinaciones inicialmente señaladas será de 15 días, el cual, acorde con el artículo 18 de la misma normativa, se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En consecuencia, si se promueve amparo indirecto, pero del análisis de la demanda se advierte que se reclaman una sentencia definitiva, así como las violaciones a las leyes del procedimiento establecidas en el artículo 172, fracciones I y VI, aludido; aquélla se presentó dentro del plazo de 15 días y el quejoso fue parte en el procedimiento de origen, debe considerarse que hubo un error en la vía, por lo cual, en aras de agilizar el trámite respectivo y, por ende, de una justicia pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ordenarse que se tramite como juicio de amparo directo y llevarse a cabo las prevenciones que se estimen oportunas en términos de los artículos 177, 178 y demás relativos de la citada ley de la materia." Por tales motivos, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee; en consecuencia, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando a la superioridad de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, es decir las listas que se publican en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA PARA SEÑALAR USUARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte quejosa para que designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones. INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE USUARIO ELECTRÓNICO A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. MEDIO ALTERNO DE COMUNICACIÓN No obstante lo anterior, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como medios alternos de comunicación no procesales y, por excepción, el correo electronico que proporciona, para efectos del sumario en que se actúa. AUTORIZADOS En relación a las personas que designa como autorizadas; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciada o licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. EXHORTO A LAS PARTES Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
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