Maria Aurora Alvarez Chavez
Expediente 1228/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 33 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Aurora Alvarez Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad en comento, a través del cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el tomo de pruebas que adjuntó a su informe justificado; el que se ordena glosar a los autos para que obre como corresponde. Finalmente, vuelvan los autos al archivo de donde fueron extraídos. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Como se advierte de la certificación de cuenta que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran el proveído dictado el quince de agosto pasado, en el que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho proveído ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Por otra parte, toda vez que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se valora el presente juicio y el duplicado del incidente de suspensión se valoran como DESTRUIBLES, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, mientras que el original del cuaderno incidental se valora como DEPURABLE, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, como lo dispone el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo; disposiciones que señalan: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". ". Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; [.]" Se precisa que el presente juicio no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, devuélvanse al juez responsable, las constancias que remitió como anexo a su informe, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de cuenta, a través de la cual la Actuaria adscrita hizo constar que la imposibilidad que tuvo para efectuar la notificación personal a la moral tercera interesada en comento, del proveído de quince de los actuales, toda vez que no señaló usuario o domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad; consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación de mérito y las subsecuentes se les realicen por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no compareció en el término otorgado, a recoger los edictos para efectuar su publicación a fin de emplazar al tercero interesado ..., ni efectuó manifestación alguna de la que se desprenda la imposibilidad que para ello tenga; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento hecho en proveído de once de julio pasado y se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en términos del numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II, del artículo 63, en relación con el 27 fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, al constituir tal omisión la falta de cumplimiento a las obligaciones a cargo de la parte quejosa, en relación con el emplazamiento por edictos al tercero interesado... Así es, dado que ya fue agotado el procedimiento de investigación previsto en el artículo 27 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere logrado realizar el emplazamiento de la tercero en mención, con fundamento en el precepto 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y que a la fecha, la parte quejosa incumplió con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial en el procedimiento, pues ésta no acudió a recoger los edictos en el término otorgado, para efectuar su publicación, en términos de lo dispuesto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues no acudió a recoger los mismos para realizar el emplazamiento correspondiente, y hasta este momento no manifestó la imposibilidad que tiene para tal efecto; por lo anterior, se advierte que quedó paralizado el juicio de garantías al arbitrio de la quejosa, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, ya que entorpece la administración de la justicia por retardar la solución del conflicto, situación que no es atribuible a este Órgano Jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público; circunstancia ante la cual este juzgador no puede pronunciarse sobre el fondo de la litis planteada. Por tanto, si en el particular la parte quejosa no cumplió con todos los requisitos que exige dicho numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio, en términos de la fracción II, del artículo 63, en relación con los artículos 5, fracción III, inciso b) y 27, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, al constituir tal omisión la falta de cumplimiento a las obligaciones a cargo de la parte quejosa, en relación con el emplazamiento por edictos al tercero interesado ... Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Abril de 2014, Décima Época, visible en la página 727, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal." Se ordena dejar sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la que se fijó a las diez horas con treinta minutos del dieciséis de agosto del presente año, como se desprende de la cuenta secretarial. Notifíquese personalmente.
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