Maria Antonia Torres Negrete

Expediente 292/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
292/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2018

Partes del expediente

  • Maria Antonia Torres Negrete

Actuaciones

  1. Principal

    ... HA CAUSADO ESTADO, el proveído de mérito... archívese este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN. notifíquese,

  2. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de garantías promovida por -contra actos del Juez Séptimo de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta Ciudad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número VI-292/2018-2 y fórmese el cuaderno respectivo. La impetrante, hace valer como acto reclamado lo siguiente: ".IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye el auto de fecha 1 primero de marzo del año en curso." Acto, respecto del cual, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, el suscrito estima que la demanda planteada debe desecharse por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Cabe precisar que el interés jurídico a que alude el numeral antes transcrito, consiste en el derecho que le asiste a un particular, para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Pues bien, para pedir amparo la peticionaria debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, en el que se debe advertir lo siguiente: a). El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad: b). El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular: c). No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 35, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INTERES JURIDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Cabe aclarar que no obstante que la quejosa tuvo reconocido el carácter de apoderada jurídica de la parte actora dentro del juicio sumario hipotecario 473/2014 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, ello no acredita en modo alguno que le asista interés jurídico para acudir al amparo, ya que es necesario que el acto que reclama le afecte sus derechos sustantivos, lo que en el caso no acontece, toda vez que según manifiesta bajo protesta de decir verdad en sus conceptos de violación, mediante proveído emitido el veinte de febrero pasado en el juicio sumario hipotecario de mérito, le fue revocado el carácter de apoderada jurídica de la parte actora, lo cual se corrobora con la copia simple del proveído de mérito que adjunta a su demanda de garantías. Lo anterior es así en virtud que el interés jurídico y la existencia del acto reclamado, representan cuestiones autónomas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 2, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en las páginas 57 y 58, del informe rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de 1989, cuyo contenido es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Ahora, en el particular la quejosa, reclama el proveído de uno de marzo emitido en el juicio sumario hipotecario 473/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, donde se determinó que no había lugar a admitir el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la quejosa en cita, atendiendo a que con fecha veinte de febrero anterior, se le revocó el carácter de apoderada jurídica de la parte actora en dicho juicio, lo cual le fue notificado el veintidós posterior, por lo que dentro de ese asunto, no cuenta con carácter alguno. Es decir, el que haya sido la quejosa en cita quien promovió el incidente de nulidad de actuaciones respecto del cual se negó su admisión en proveído de uno de marzo pasado emitido en el juicio sumario hipotecario en comento, cuando ya le había sido revocado el carácter de apoderada jurídica de la parte actora dentro de dicho asunto, no le atribuye titularidad de derecho alguno que se vulnere con el dictado del acto reclamado, es decir con la emisión del proveído de uno de marzo pasado, a fin de tornar procedente la acción de amparo, ya que para ello, es indispensable que se lesionen de manera directa sus intereses jurídicos, de ahí que los actos de los que se duele únicamente pueden ser combatidos por quien tenga carácter reconocido en el juicio de donde emanan. Razones por las cuales el suscrito, estima que dicho acto, no tiene un efecto directo e inmediato que lesione alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, toda vez que en el caso concreto, ningún perjuicio le causan las actuaciones emitidas en el juicio de origen, toda vez que no cuenta con carácter alguno reconocido dentro de éste. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. En términos del artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de llevar a cabo la notificación encomendada. Finalmente, se tiene a la parte quejosa, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, en la - y como autorizada para tal efecto a la persona que indica.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por -contra actos del Juez Séptimo de lo Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta Ciudad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número VI-292/2018-2 y fórmese el cuaderno respectivo. La impetrante, hace valer como acto reclamado lo siguiente: ".IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye el auto de fecha 1 primero de marzo del año en curso." Acto, respecto del cual, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, el suscrito estima que la demanda planteada debe desecharse por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Cabe precisar que el interés jurídico a que alude el numeral antes transcrito, consiste en el derecho que le asiste a un particular, para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Pues bien, para pedir amparo la peticionaria debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, en el que se debe advertir lo siguiente: a). El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad: b). El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular: c). No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 35, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INTERES JURIDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Cabe aclarar que no obstante que la quejosa tuvo reconocido el carácter de apoderada jurídica de la parte actora dentro del juicio sumario hipotecario 473/2014 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, ello no acredita en modo alguno que le asista interés jurídico para acudir al amparo, ya que es necesario que el acto que reclama le afecte sus derechos sustantivos, lo que en el caso no acontece, toda vez que según manifiesta bajo protesta de decir verdad en sus conceptos de violación, mediante proveído emitido el veinte de febrero pasado en el juicio sumario hipotecario de mérito, le fue revocado el carácter de apoderada jurídica de la parte actora, lo cual se corrobora con la copia simple del proveído de mérito que adjunta a su demanda de garantías. Lo anterior es así en virtud que el interés jurídico y la existencia del acto reclamado, representan cuestiones autónomas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 2, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en las páginas 57 y 58, del informe rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de 1989, cuyo contenido es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Ahora, en el particular la quejosa, reclama el proveído de uno de marzo emitido en el juicio sumario hipotecario 473/2016 del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, donde se determinó que no había lugar a admitir el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la quejosa en cita, atendiendo a que con fecha veinte de febrero anterior, se le revocó el carácter de apoderada jurídica de la parte actora en dicho juicio, lo cual le fue notificado el veintidós posterior, por lo que dentro de ese asunto, no cuenta con carácter alguno. Es decir, el que haya sido la quejosa en cita quien promovió el incidente de nulidad de actuaciones respecto del cual se negó su admisión en proveído de uno de marzo pasado emitido en el juicio sumario hipotecario en comento, cuando ya le había sido revocado el carácter de apoderada jurídica de la parte actora dentro de dicho asunto, no le atribuye titularidad de derecho alguno que se vulnere con el dictado del acto reclamado, es decir con la emisión del proveído de uno de marzo pasado, a fin de tornar procedente la acción de amparo, ya que para ello, es indispensable que se lesionen de manera directa sus intereses jurídicos, de ahí que los actos de los que se duele únicamente pueden ser combatidos por quien tenga carácter reconocido en el juicio de donde emanan. Razones por las cuales el suscrito, estima que dicho acto, no tiene un efecto directo e inmediato que lesione alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, toda vez que en el caso concreto, ningún perjuicio le causan las actuaciones emitidas en el juicio de origen, toda vez que no cuenta con carácter alguno reconocido dentro de éste. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. En términos del artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de llevar a cabo la notificación encomendada. Finalmente, se tiene a la parte quejosa, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, en la - y como autorizada para tal efecto a la persona que indica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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