María Atila Cortazar Romero

Expediente 799/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
799/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • María Atila Cortazar Romero

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por MARÍA ATILA CORTAZAR ROMERO; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO, TABASCO, con residencia en esta ciudad, la copia certificada del expediente 433/1995 e incidente de cancelación de embargo, de su índice, las que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada constante de dos tomos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis aislada con registro 206494, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa anexas a su escrito de demanda, consistentes en: Copia simple de los oficios 238 y 4237, de veintiséis de enero de dos ml veintiuno y veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, signados por la Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia, en esta ciudad (fojas 10 y 11). Copia simple del oficio 5729, de doce de diciembre de dos mil diecinueve, signado por la Juez Segundo Civil de esta ciudad. Oficio 1014, de fecha quince de abril de dos mil veintiuno (sin que se advierta que autoridad signó el oficio). Asimismo, se da cuenta con la copia certificada del expediente 433/1995 e incidente de cancelación de embargo, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de esta ciudad, como anexo a su informe justificado. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 799/2021-4, promovido por María Atila Cortazar Romero, contra los actos que reclama del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintiuno, en buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada al día siguiente hábil en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el dieciséis de julio siguiente, María Atila Cortazar Romero, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS La omisión de dar cumplimiento a la solicitud hecha por su homologo Juez Sexto Civil de Primer Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en auto del 29 de agosto de 2019, punto segundo, y que es del tenor siguiente: previo a la solicitud del ocursante respecto a girar oficio al Instituto Nacional Electoral, tomando en cuenta que lo referido por la ocursante, con fundamento en el artículo 242 fracción III del Código de Procedimientos Civiles en vigor, gírese atento oficio al Juzgado Segundo Civil de este Distrito Judicial, para que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del mismo, informe lo siguiente: El estado procesal del expediente 433/1995, relativo al juicio ejecutivo mercantil. El último domicilio que en el mismo expediente 433/1995 aparezca registrado e los ciudadanos PEDRO RIVERA DE LOS SANTOS, LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN y CARLOS MARIO BASTAR SANTOS y AMELIA ACOSTA LEÓN. Los datos personales que de autos se puedan desprender de los antes citados, consistentes en número de seguridad social y/o Registro Patronal y/o CURP, o en su caso RFC. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO, TABASCO. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 799/2021-4, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de la Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, de dar cumplimiento al requerimiento realizado por el diverso Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia de esta ciudad, mediante oficio 4237, derivado del proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 357/2013, relativo al juicio especial hipotecario. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado y remitió copia certificadas del expediente 433/1995, e incidente de cancelación de embargo, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia de esta ciudad. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso, respecto del acto antes precisado se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 1° y 5º, fracción II, del propio ordenamiento, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los numerales transcritos se puede establecer que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama un acto u omisión de un ente que por sus características propias no puede considerarse como autoridad responsable, por encontrarse desprovistos de obligatoriedad y coercitividad, elementos necesarios, para que sus resoluciones (actos u omisiones) puedan trascender a la esfera fundamental del justiciable. Por ello, a fin de establecer si a quienes se les atribuyen los actos, tienen el carácter de autoridades para los efectos del juicio constitucional, debe atenderse a la naturaleza propia del acto que se les reclame; esto es, examinar si la norma legal los faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. En principio, el concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los Tribunales Federales, en esa medida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, emitió la tesis P.XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, página 118, registro 199459 de la Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.- Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen., cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones plasmadas en esa ejecutoria, estimó que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Concluyéndose que las características de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: I. Que tenga características de órgano público -con la precisión respecto de los particulares que se señalará más adelante-. II. Que las normas Jurídicas le otorguen potestad para actuar; III. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera Jurídica de los gobernados; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. Institución que se encuentra plasmada en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia común, página 1089, registro 161133, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterio, que si bien fue establecido con los supuestos de la Ley de Amparo abrogada, continúa en vigor de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que los requisitos establecidos en dicha jurisprudencia fueron retomados en el texto actual del citado artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, con la única diferencia que, en el párrafo segundo de dicha fracción, se incluyó como figura novedosa que los particulares pudieran tener la calidad de autoridad responsable, lo cual se configura siempre y cuando sus actos sean equivalentes a los ya citados y que sus funciones se encuentren establecidas en una norma general. Empero, dado que la litis en el presente asunto versa sobre la naturaleza de actos omitidos por un órgano jurisdiccional en el caso el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de esta ciudad, esto es, por autoridades formales, y no por un particular, en el caso no se hará mayor referencia respecto de los particulares que pudieran tener esa calidad. En ese orden de ideas, se establece que las relaciones jurídicas se pueden clasificar, desde el punto en el que se encuentre el justiciable en referencia al ente o persona con el que se da el acto o hecho jurídico, en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, las cuales deben atenderse a fin de determinar si un acto pudiera reputarse de autoridad. Es importante apuntar, con fines ilustrativos, que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales (coercitividad). Así que, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las nominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que prevé el artículo 105, fracciones I y II, constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, por las consideraciones ahí explicadas, la Tesis: I.15o.A.36 K3 , emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional. Expuestas las anteriores premisas, se estima que en la especie, lo reclamado por la parte quejosa deriva de un acto de coordinación con el ente que señaló como autoridad responsable. En ese sentido, al analizar el contexto en el cual surge el acto reclamado antes precisado, se llega al convencimiento de que, en el caso, la señalada como autoridad responsable carece de tal carácter, toda vez que no actúa en un plano de supra a subordinación respecto del quejoso, sino más bien, en un plano de coordinación que se da en torno al carácter de auxiliar que tiene con el diverso órgano jurisdiccional que dirige la Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia, de esta ciudad, específicamente en el expediente 357/2013, relativo al juicio especial hipotecario promovido por María Atila Cortazar, y quien le requirió a petición de la parte quejosa, mediante oficio 4237, de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, el estado procesal del expediente 433/1995, relativo al juicio ejecutivo mercantil entre otras cosas, lo cual hizo en términos del artículo 242 fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. De lo expuesto, es claro que la calidad que tiene la autoridad que señala la quejosa como responsable Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia de esta ciudad, con relación al requerimiento derivado del juicio hipotecario en el que se emitió el requerimiento cuya omisión se reclama, es la de auxiliar; por ello, lo omitido, de realizarse, no crea, modifica o extingue una situación jurídica en contra de la quejosa. Apoya lo anterior, el precedente judicial con registro 189914, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, Tomo XIII, de abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.- El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. Así como la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 195391, publicada en la página 1135, Tomo VIII, de octubre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dicen: DERECHO DE PETICIÓN. LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL GOBERNADO QUE FORMULA UNA PETICIÓN Y LA ENTIDAD QUE DEBE DAR RESPUESTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ES PREPONDERANTE PARA ESTABLECER LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.- El artículo 103 constitucional en su fracción I, y el artículo 1o., fracción I de la Ley de Amparo establecen que el juicio de garantías procede contra leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales. Por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a las garantías individuales para que el juicio de amparo sea procedente; sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. De lo anterior se colige que si la violación de garantías individuales no es atribuida a una autoridad, entonces el juicio de garantías no puede ser procedente. Ahora bien, el artículo 8o. de la Constitución Federal establece que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el ejercicio del derecho de petición en los términos señalados en dicha Ley Fundamental, pero el hecho de que se imponga esa obligación a los funcionarios y servidores públicos, no significa que su aplicación siempre pueda ser analizada en juicio de amparo, pues si se formula una petición a una entidad con el objeto de que aclare algunos aspectos pertenecientes a una relación de derecho civil, entonces el silencio de la entidad a través de su funcionario o servidor, no será un acto de autoridad, sino de particular. De todo ello se concluye que el examen de la naturaleza de la relación existente entre la entidad y el particular que pide amparo, es de valor preponderante para analizar la procedencia del juicio de garantías cuando se reclaman violaciones a los derechos fundamentales afines al artículo 8o. constitucional. Tampoco es dable concluir que la autoridad señalada como responsable, al actuar como auxiliar del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, de donde deviene el juicio hipotecario de origen pueda considerarse como particular que actúa como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en tanto que, el acto omisivo que se le atribuye no lo hace con facultades de imperio, es decir, como cuando se dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, en tanto que la respuesta que otorgue, en cumplimiento al requerimiento, no las realiza con algún margen de discrecionalidad, sino que, en todo caso, se limitará a reponder en los términos solicitados. En tales condiciones, se concluye que el acto relativo a la omisión del Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, de dar cumplimiento al requerimiento realizado por el diverso Juez Sexto Civil de Primera Instancia de esta ciudad mediante oficio 4237, derivado del proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 357/2013, relativo al juicio especial hipotecario, se da en su calidad de auxiliar del órgano jurisdiccional requiriente, lo cual implica que no actúan en un plano de supra a subordinación, con base en alguna disposición legal que les dé cierta facultad para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de la quejosa; tampoco puede considerarse que actúen como un particular con la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en tanto que, se insiste, su actuación carece de la particularidad de tener un margen de discrecionalidad en la respuesta que realicen al requerimiento que se les efectúa, pues como fue precisado, en la especie, únicamente se limitarán a cumplir con lo peticionado por el Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia, sin que ésta le confiera atribuciones para actuar como autoridad del Estado con ese margen de discrecionalidad, es decir, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En cambio, la relación es de coordinación y, en tanto que el acto reclamado tiene como pretensión final que dicha autoridad rinda el informe que le fuero requerido, lo que no puede considerarse un acto de autoridad porque se origina dentro de la relación que tiene la citada autoridad como auxiliar del órgano jurisdiccional requiriente, al dirigir el proceso de origen. De ahí que, como se anticipó, válidamente puede llegarse a la conclusión de que los reclamos deben ser dilucidados ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco, que tramita el expediente en el que se realizó el requerimiento, quien, en su caso, aplique las medidas de apremio establecidas en la propia ley civil a efecto de vencer la contumacia de la que se duele la quejosa. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis I.6o.T.298 L, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Julio de 2006, página 1227, Novena Época, registro digital: 174701, que dice: INFORME PREVISTO EN EL ARTÍCULO 803 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SI LA AUTORIDAD RESPECTIVA CONDICIONA SU DESAHOGO AL PAGO DE DERECHOS, LA JUNTA DEBE REQUERIRLE QUE LO RINDA, APERCIBIÉNDOLA CON LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA DE APREMIO. De conformidad con el artículo 688 de la Ley Federal del Trabajo, las autoridades administrativas y judiciales tienen la obligación de auxiliar, dentro de su competencia, a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Por lo tanto, si una autoridad que deba rendir un informe solicitado con fundamento en el artículo 803 de la ley laboral, condiciona su desahogo al pago de derechos, con independencia de lo que las partes manifiesten, la Junta debe, con fundamento en los artículos 17 constitucional, 803 y 688 de la Ley Federal del Trabajo, requerirla para que lo desahogue sin condición de pago alguna, apercibiéndola, además, de que en caso de no rendirlo se hará acreedora a la imposición de alguna medida de apremio para asegurar el cumplimiento de su resolución, de conformidad con el artículo 731 de la misma ley. Así como la diversa Tesis: XVI.1o.A.T.23 L, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 2135, Novena Época, registro digital 161057, que dice: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CUANDO SE NIEGUE A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS DE LOS QUE TENGA CONOCIMIENTO PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SEA PARTE, O EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, LA JUNTA DEBE REQUERIRLO, PUES DE LO CONTRARIO VIOLA LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XLVII/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 72, de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL NO LO VIOLA AL ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS, DATOS E INFORMES PROPORCIONADOS AL INSTITUTO RELATIVO, YA QUE PERMITE PROPORCIONARLOS PARA JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES., determinó que de ese precepto legal se advierte que si bien la información suministrada al Instituto Mexicano del Seguro Social por los trabajadores, patrones y demás personas debe manejarse con la más absoluta confidencialidad y reserva posible, ésta se proporcionará para los juicios en que ese instituto sea parte y en los casos previstos por la ley. Por otro lado, los artículos 688 y 783 de la Ley Federal del Trabajo establecen la obligación de las autoridades administrativas de auxiliar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el esclarecimiento de la verdad, mediante la exhibición de datos o documentos de que tengan conocimiento, requeridos por éstas. Como se observa, existe previsión legal respecto al auxilio que debe brindar el referido instituto y, por ende, se torna obligatorio que proporcione los informes solicitados por la Junta con fundamento en el artículo 803 de la invocada ley laboral; de ahí que cuando en aplicación del mencionado artículo 22 se niegue a facilitarlos, la Junta debe requerirlo para que remita la información en los términos solicitados, pues de lo contrario viola en perjuicio del quejoso las normas fundamentales del procedimiento dejándolo sin defensa y trascendiendo al resultado del fallo, ya que dicha prueba puede revertir las cargas probatorias en el juicio laboral. En consecuencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1° y 5º, fracción II, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales, por ser notoria y manifiesta su improcedencia, respecto del acto reclamado consistente en la omisión del Juez Segundo Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, de dar cumplimiento al requerimiento realizado por el diverso Juez Sexto Civil de Primera Instancia de esta ciudad mediante oficio 4237, derivado del proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 357/2013, relativo al juicio especial hipotecario. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6º, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción ll, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 65, 73 a 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Mará Atila Cortazar Romero, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE CENTRO, TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del expediente 433/1995 e incidente de cancelación de embargo, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, constante de dos tomos, manéjense éstas por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual María Atila Cortazar Romero, por su propio derecho, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 799/2021-4. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informe, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora, no puede reconocérsele la calidad de tercero interesada a la persona física, que señaló la quejosa en su escrito de demanda, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, porque aun cuando sea su contraparte en el juicio natural, no tiene interés jurídico en que subsista el acto reclamado, en virtud de que se trata de una omisión procesal. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la promovente de mérito ofreciendo como pruebas en el presente asunto, la presuncional legal y humana, instrumental de actuaciones así como las que anexa a su demanda de amparo consistente en copia simple de los oficios 4237 y 238 de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve y veintiséis de enero de dos mil veintiuno, así como de los oficios 5729 y 1014, de doce de diciembre de dos mil diecinueve y quince de abril de dos mil veintiuno, probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a Roberto Menchaca Burgos y Hermigenes del Carmen Ocaña Ramón, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia y conforme al segundo párrafo del citado numeral al resto de las personas que menciona, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, la parte promovente solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante el portal en línea con el nombre de usuario: "RMB050212". Por lo anterior, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Por otro lado, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. En relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del "juicio en línea". Notifíquese.

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