María Asunción Alejandro Pimienta
Expediente 667/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María Asunción Alejandro Pimienta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por María Asunción Alejandro Pimienta; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Notifíquese.
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cincuenta minutos del nueve de agosto de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 667/2021-2, promovido por María Asunción Alejandro Pimienta. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con: 1. La instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda; 2. Copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 3261/2017, del índice de la junta responsable, a partir del laudo dictado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 26 a 59). Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 667/2021-2, promovido por María Asunción Alejandro Pimienta, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en esa misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional al día siguiente, María Asunción Alejandro Pimienta solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "La omisión de ejecutar el laudo condenatorio dictado en autos del juicio laboral 3261/2017." AUTORIDADES RESPONSABLES Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Presidente Ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno (foja 9 a 12), se registró la demanda bajo el expediente 667/2021-2, y se ordenó prevenir a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación del citado acuerdo, bajo protesta de decir verdad aclarara a que autoridad le reclama los actos de los que se duele, bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, se tendría como no presentada la demanda. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, (fojas 17 a 21), se tuvo a la parte quejosa desahogando la prevención que se formuló en proveído de veinticuatro de junio del presente año y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de ejecutar el laudo condenatorio dictado en autos del juicio laboral 3261/2017, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; y remitió copia certificada de las constancias deducidas del expediente laboral 3261/2017, de su índice, las cuales obran glosadas en autos. Documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones que no fueron contradicho su contenido. Es ilustrativo al caso, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX. 303 K, visible en la página 227, del Tomo XV, Enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y tenor siguiente: DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él. En este contexto, es inexistente el acto reclamado toda vez que de las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, se advierte lo siguiente: a) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho (foja 26 a 28), la junta responsable dictó laudo condenatorio en contra de la empresa demandada denominada FIN UTIL, S. A. DE C. V. S.O.F.O.M.E.N.R. a favor de la actora María Asunción Alejandro Pimienta. b) En proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 38), la junta responsable tuvo a la actora María Asunción Alejandro Pimienta revocando cualquier poder otorgado con anterioridad y señalando nuevo domicilio para oír y recibir citas y notificaciones y señalando autorizados para tales afectos. c) En proveído de tres de julio de dos mil diecinueve (foja 42), la junta responsable tuvo a la actora María Asunción Alejandro Pimienta señalando domicilio de la parte demandada para los efectos legales correspondientes. d) En proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve (foja 45), la junta responsable tuvo a la actora María Asunción Alejandro Pimienta promoviendo planilla de liquidación de laudo por lo que ordenó turnar el expediente a la sección de amparo de esa junta, para que procediera a emitir la certificación correspondiente, y hecho lo anterior, acordaría lo conducente. e) En proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve (foja 47), la junta responsable tuvo a la actora María Asunción Alejandro Pimienta exhibiendo planilla de liquidación de laudo hasta por la cantidad de $209,239.20 (doscientos nueve mil doscientos treinta y nueve pesos 20/100 moneda nacional), con la cual ordenó dar vista a la parte demanda FIN UTIL,S.A. DE C.V. S.O.F.O.M.E.N.R., para que dentro del termino de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, hecho lo anterior, acordaría lo conducente, lo cual le fue notificado a la parte demandada por lista de estrados el seis de diciembre de ese mismo año. f) En proveído de seis de febrero de dos mil veinte (foja 54), la junta responsable despachó auto de ejecución por la cantidad de $209,239.20 (doscientos nueve mil doscientos treinta y nueve pesos 20/100 moneda nacional), en contra de la empresa demandada denominada FIN UTIL,S.A. DE C.V. S.O.F.O.M.E.N.R., por lo que comisionó al Actuario de su adscripción para que se constituyera en la sección de amparos de esa junta y recabara la certificación correspondiente respecto a si la referida demandada promovió alguna demanda de amparo, en caso afirmativo se abstuviera de ejecutar; y, de lo contrario se constituyera en el domicilio de la parte demanda con la intervención de la actora realizara el requerimiento de pago y embargo correspondiente; haciéndole saber a la parte actora que podía acudir en cualquier día y hora hábil a la secretaría general de esa junta, para que le fuera asignada hora y fecha para la realización de la referida diligencia, lo cual fue notificada a la parte actora por lista de estrados el diecinueve de febrero de dos mil veinte. g) En proveído de nueve de marzo de dos mil veinte (foja 56), la junta responsable tuvo a la quejosa María Asunción Alejandro Pimienta señalando nuevo domicilio para diligencia el requerimiento de pago y embargo; por lo que despachó auto de ejecución por la cantidad de $209,239.20 (doscientos nueve mil doscientos treinta y nueve pesos 20/100 moneda nacional), en contra de la empresa demandada denominada FIN UTIL,S.A. DE C.V. S.O.F.O.M.E.N.R., por lo que comisionó al Actuario de su adscripción para que se constituyera en la sección de amparos de esa junta y recabara la certificación correspondiente respecto a si la referida demandada promovió alguna demanda de amparo, en caso afirmativo se abstuviera de ejecutar; y, en caso contrario se constituyera en el domicilio de la parte demanda con la intervención de la actora realizara el requerimiento de pago y embargo correspondiente; haciéndole saber a la parte actora que podía acudir en cualquier día y hora hábil a la secretaría general de esa junta, para que le fuera asignada hora y fecha para la realización de la referida diligencia, lo cual fue notificada a la parte actora por lista de estrados el dieciocho de marzo de dos mil veinte. h) En proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno (foja 58), la junta responsable aclaró el nuevo domicilio señalado por la actora María Asunción Alejandro Pimienta para realizar diligencia el requerimiento de pago y embargo era Avenida 27 de Febrero número 206, colonia Centro, de esta ciudad; por lo que despachó auto de ejecución por la cantidad de $209,239.20 (doscientos nueve mil doscientos treinta y nueve pesos 20/100 moneda nacional), en contra de la empresa demandada denominada FIN UTIL, S. A. DE C. V. S.O.F.O.M.E.N.R., por lo que comisionó al Actuario de su adscripción para que se constituyera en la sección de amparos de esa junta y recabara la certificación correspondiente respecto a si la referida demandada promovió alguna demanda de amparo, en caso afirmativo, se abstuviera de ejecutar; y, en caso contrario se constituyera en el domicilio de la parte demanda con la intervención de la actora realizara el requerimiento de pago y embargo correspondiente; haciéndole saber a la parte actora que podía acudir en cualquier día y hora hábil a la secretaría general de esa junta, para que le fuera asignada hora y fecha para la realización de la referida diligencia, lo cual fue notificada a la parte actora por lista de estrados el veinte de mayo de dos mil veintiuno. De lo anterior, se advierte que en proveídos de seis de febrero y nueve de marzo de dos mil veinte y veinte de mayo de dos mil veintiuno la junta responsable despachó auto de ejecución por la cantidad de $209,239.20 (doscientos nueve mil doscientos treinta y nueve pesos 20/100 moneda nacional), en contra de la empresa demandada denominada FIN UTIL,S.A. DE C.V. S.O.F.O.M.E.N.R., haciéndole saber a la parte actora que podía acudir en cualquier día y hora hábil a la secretaría general de esa junta, para que le fuera asignada hora y fecha para la realización de la referida diligencia, lo cual fue notificado a la parte actora por lista de estrados respectivamente el diecinueve de febrero, dieciocho de marzo, ambos de dos mil veinte y veinte de mayo de dos mil veintiuno; sin que se advierta que la parte quejosa haya comparecido ante la junta responsable a solicitar fecha y hora a fin de ejecutar el aludo condenatorio respectivo; por lo que a fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintidós de junio de dos mil veintiuno-, la junta responsable ya había emitido los autos de ejecución de laudo de seis de febrero y nueve de marzo de dos mil veinte y veinte de mayo de dos mil veintiuno, lo cual fue notificado a la parte actora ahora quejosa por lista de estrados respectivamente el diecinueve de febrero, dieciocho de marzo, ambos de dos mil veinte y veinte de mayo de dos mil veintiuno; sin que se advierta haya comparecido ante la junta responsable a solicitar fecha y hora a fin de ejecutar el laudo condenatorio respectivo; por lo que la junta responsable no se encontraba en aptitud legal para ejecutar el laudo correspondiente por un acto imputable a la quejosa como lo es acudir ante la responsable a solicitar fecha y hora para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo a la demandada, de ahí que se considera que el acto reclamado resulta inexistente. Al respecto, sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Asunción Alejandro Pimienta, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto: agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por sí y en representación de dicha Institución, así como la Actuaria de dicha adscripción, residentes en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables, rinden informe justificado, al que adjuntaron copia certificada a partir del laudo, de las constancias relativas al expediente natural 3261/2017, constantes de (33) treinta y tres fojas; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades a que se alude, las constancias que anexaron a su informe que se provee, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.
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mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE DEMANDA Visto; se integra a los autos el escrito aclaratorio de demanda, signado por María Asunción Alejandro Pimienta, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por acuerdo de veinticuatro de junio del presente año, bajo protesta de decir verdad, precisa que la autoridad responsable a la cual le reclama el acto en este expediente, es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, solicitando así sea tomado en cuenta en el apartado de autoridades responsables y conceptos de violación. Por lo tanto, se tiene a la promovente de mérito solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, y otras autoridades, que estima violatorio de los artículos 14, 16, 17 y 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Ahora bien, respecto al Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, también señalado por la parte quejosa como autoridad responsable, debe decirse que al mismo no le reviste tal carácter, ya que si bien es cierto, que entre las funciones de éste se encuentra la de autorizar como secretario las resoluciones dictadas por la junta de su adscripción; empero dicha función no implica que resuelva conjuntamente con el titular o pleno, de la citada institución, quienes son los únicos responsables de sus fallos; por lo cual debe desecharse la demanda respecto de esta autoridad, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, y 113 todos de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia número 1006, visible en la página 692, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, bajo el rubro: SECRETARIO DE ACUERDOS, NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos, en cuanto a las restantes autoridades. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídanse informes justificados a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita; apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de las penas en que incurren al afirmar hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir sus informes justificados, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tales informes en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rindan se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dichos informes por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se les hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señale la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informe, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la promovente de mérito, ofreciendo como pruebas en el presente asunto la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, en todo lo que le beneficie, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese.
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