María Aquilina Georgina Sánchez Tlatelpa

Expediente 92/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
92/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/02/2019

Partes del expediente

  • María Aquilina Georgina Sánchez Tlatelpa

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en funciones de Juez, al que adjunta el juicio de amparo 1522/2018 y un anexo; acúsese recibo. Notifíquese la resolución emitida y continúese con los trámites respectivos hasta el archivo definitivo del presente asunto. Asimismo, intégrese a los autos el expedientillo formado y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno e ingrésense los datos pertinentes al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por María Aquilina Georgina Sánchez Tlatempa, contra actos de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 92/2019-III; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 INCOMPETENCIA En primer término, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio. De los artículos transcritos, se puede advertir que cuando se presente una demanda de amparo ante el juez de distrito y el acto que se reclame, derive de uno diverso al de su competencia, éste deberá remitir la demanda al juez que estime competente, aún sin resolver sobre su admisión ni sobre la suspensión que en su caso se solicite, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En virtud de lo anterior, es preciso señalar que el concepto de competencia en sentido jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Así, tomando en cuenta lo anterior y la doctrina, podemos distinguir los siguientes criterios de competencia: I) Por materia. II) Por territorio. III) Por cuantía. IV) Por grado. V) Inicial. VI) Derivada. En tales condiciones, conviene establecer que de la lectura integral al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: V.- ACTO RECLAMADO. De la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, se reclama: La resolución (acuerdo de Sala) de cuatro de diciembre de del año dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 2315/14-12-02-4, de los radicados ante la SEGUNDA SALA RESIONAL DE ORIENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA señalada como responsable, en la que: ´la autoridad demandada para dar cumplimiento a la sentencia de nulidad debe pagar al pensionado todas las diferencias que existan en el pago de dichas prestaciones, ya sea, hasta el momento en que emita la resolución a que se encuentra obligada en el fallo del juicio contencioso Administrativo, o en su caso, hasta la fecha en que haya incluido en la pensión corriente el importe debidamente actualizado´ solo que de manera indebida e ilegal señala que: el actor adquirió el derecho a que se le indemnicen en lo sucesivo las prestaciones de mérito con el importe establecido para ese último año esto es la cantidad de $176.67 del concepto 02 Bono de Despensa y $212, 01 del Concepto 03 Previsión Social Múltiple sin haber impuesto un límite por ello no tiene cumplida la sentencia definitiva dictada en mi favor con la resolución contenida en el oficio SP/DPSH-2546/2017 de 04 de octubre de 2017, dictada por el Instituto demandado según dice en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el 30 de noviembre de 2015, contenida en el oficio número SP/21-00582/14 de seis de marzo de dos mil catorce, que promoví en contra del tercero interesado señalado en la presente." Establecido lo anterior, este juzgador considera carecer de competencia legal para conocer de los actos que se reclaman consistentes en la resolución de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho emitida por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los autos del expediente administrativo 23135/14-12-02-4, en la que se determinó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Tlaxcala no cumplimentó la sentencia de treinta de noviembre de dos mil quince, siendo procedente dejar sin efectos la resolución contenida en el oficio SP/DPSH-2546/2017, emitida por dicha autoridad, el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, otorgándole un plazo de veinte días hábiles a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, para que dé cabal cumplimiento al fallo definitivo y emita una nueva resolución, en los términos que le fueron indicados en el juicio de amparo 1191/2018 de la estadística de este juzgado federal. Se precisa que la anterior información, si bien no obra en autos, se tiene a la vista, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser un hecho notorio que en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo 1191/2018, del que se advierte la resolución reclamada. Del contenido de la citada norma, se desprende que para definir la competencia de los Jueces de Distrito debe atenderse a la ejecución del acto reclamado, conforme a las siguientes reglas: a) Se surtirá a favor del juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Establecido lo anterior, debe indicarse que en el caso en particular de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable al analizar de oficio el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, estimó que ésta no se encontraba cumplida por parte del demandado -Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con residencia en el Estado de Tlaxcala-, y por tanto requirió para que dentro del plazo de veinte días dé cabal cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en ese juicio de nulidad. Lo anterior, evidencia que la resolución reclamada, en todo caso, tendrá ejecución en el Estado de Tlaxcala, lugar en el que la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene su residencia. Por tanto, el cumplimiento requerido a la demandada del referido juicio, se verificará en el Estado de Tlaxcala, de ahí que se actualice el primer supuesto contenido en el artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, este juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por lo que hace a los indicados acto reclamado y autoridad responsable. En tales condiciones, con fundamento en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada del escrito de la demanda de amparo de mérito y las copias de aquella, al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno, a quien se estima competente para conocer de la misma, para que si así lo estiman procedente, se avoquen al conocimiento del asunto correspondiente, solicitando el acuse de recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con relación al criterio sustentado en este asunto, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para este juzgador que las anteriores consideraciones fueron analizadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la ejecutoria de catorce de junio de dos mil dieciocho al resolver el recurso de revisión 420/2017, interpuesto en el diverso juicio de amparo 467/2017-II del índice de este juzgado. La anterior información si bien no obra en autos, sí es apta sostener el razonamiento relativo a la incompentencia, pues al encontrarse dentro de la estadística de este juzgado constituye un hecho notorio para el suscrito juez. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.

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