María Antonieta Terrazas Ortiz de Montellano
Expediente 243/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/04/2016
Partes del expediente
- Juez Séptimo de lo Civil de Puebla
- María Antonieta Terrazas Ortiz de Montellano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa María Antonieta Terrazas Ortiz de Montellano, visto su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que del mismo se desprenden. Por otra parte, de autos se aprecia que mediante auto de seis de abril de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, y como a través del escrito de la quejosa presentado el dieciocho de abril del año en curso expuso lo que a su derecho resultó conveniente, se procede enseguida a acordar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio en que se actúa, con apoyo en las constancias de autos. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En ese contexto se tiene que por sentencia de siete de octubre de dos mil quince, misma que por ejecutoria de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, se concedió a la quejosa María Antonieta Terrazas Ortiz Montellano, la protección constitucional solicitada, para el efecto (según la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado revisor), de que el Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, dejara insubsistente el auto de nueve de marzo de dos mil quince, dictado en los medios preparatorios a juicio 55/2012, mediante el cual puso fin a estos, así como la interlocutoria de doce de febrero de dos mil quince, y ordenara la reposición del procedimiento desde dicho fallo interlocutorio, en el que la autoridad responsable confirmó la calificación de las posiciones formuladas por la quejosa a la hoy tercera interesada, y al pronunciar una nueva interlocutoria en sustitución de aquella, reiterara todos los aspectos que no fueron motivo de este amparo -ya sea por deficiencia de los conceptos de violación o por su nula impugnación- y determinara que son legales las posiciones marcadas con los números 4, 6, 7, 8, 13, 15, 20 a 22; hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo conducente en torno a la diligencia de seis de julio de dos mil doce, derivado de lo que se precisó en torno a las mencionadas posiciones que debían considerarse legales. En cumplimiento a lo anterior, el Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, mediante oficio recibido el cinco de abril de dos mil dieciséis, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 55/2012, en la que dejó insubsistente el auto de nueve de marzo de dos mil quince; ordenó la reposición de los medios preparatorios a juicio a partir de la interlocutoria de doce de febrero de dos mil quince, declarando parcialmente fundado el recurso de revocación interpuesto por la quejosa María Antonieta Terrazas Ortiz de Montellano, contra la diligencia de seis de julio de dos mil doce, señalando las diez horas del veintiuno de abril de dos mil dieciséis para el desahogo de la prueba confesional a cargo de la moral Jafra Cosmetics, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal para absolver las posiciones 4, 6, 7, 8, 13, 15, 20, 21 y 22 que fueron calificadas de legales. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. Sin que obste a esta determinación la circunstancia de que la parte quejosa en su escrito recibido el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, haya manifestado su desacuerdo con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de que la autoridad responsable omite señalar que también fueron calificadas como legales las posiciones números 5, 18 y 23 y que también deben absolverse, pues contrario a lo anterior, la ejecutoria de amparo dictada en autos no se concedió para los efectos que equivocadamente precisa, sino para que se dejara insubsistente el auto de nueve de marzo de dos mil quince, dictado en los medios preparatorios a juicio 55/2012, mediante el cual puso fin a estos, así como la interlocutoria de doce de febrero de dos mil quince, y ordenara la reposición del procedimiento desde dicho fallo interlocutorio, en el que la autoridad responsable confirmó la calificación de las posiciones formuladas por la quejosa a la hoy tercera interesada, y al pronunciar una nueva interlocutoria en sustitución de aquella, reiterara todos los aspectos que no fueron motivo de este amparo -ya sea por deficiencia de los conceptos de violación o por su nula impugnación- y determinara que son legales las posiciones marcadas con los números 4, 6, 7, 8, 13, 15, 20 a 22; hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo conducente en torno a la diligencia de seis de julio de dos mil doce, derivado de lo que se precisó en torno a las mencionadas posiciones que debían considerarse legales, siendo lo que realizó la responsable, tal y como se desprende de la copia certificada de la resolución dictada el cuatro de abril de dos mil dieciséis, considerar lo contrario, implicaría dar a la ejecutoria de amparo alcances que no tiene. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio II-327/2016, signado el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al que adjunta el testimonio de ejecutoria pronunciada el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dentro del toca R-424/2015, relativo a la revisión interpuesta contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo número 243/2015 (ante 528/2015), mismo que también devuelve, así como el ANEXO I. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a María Antonieta Terrazas Ortiz de Montellano, contra el acto que reclamó del Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, el cual quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria". Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Civil, actualmente Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, para que en el plazo de tres días siguiente a la notificación del presente proveído dé cumplimiento al fallo protector de garantías, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del último considerando de la sentencia emitida por este órgano judicial, el siete de octubre de dos mil quince, misma que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el amparo en revisión R-424/2015 (de la cual se le anexa copia simple autorizada), y que le fue notificada el ocho de de octubre de dos mil quince a través del oficio 363-1 S; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá, una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en el artículo 258, en relación con el diverso 238, ambos de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que el Titular del Juzgado Séptimo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Al caso es ilustrativa la jurisprudencia I.3o.C. J/8 (10a.), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 2894, que enseguida se transcribe: "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria y apercibirlo de multa, y de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. En el caso de los Jueces y Magistrados de las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, éstos carecen de superior jerárquico a quién formularle el requerimiento porque, por un lado, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como en su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez y en relación con sus sentencias, que sean dictadas en forma completa, pronta e imparcial. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal prevé que la función judicial que desempeñan las distintas autoridades que lo integran se rige, entre otros principios, por el de imparcialidad e independencia que implica la autonomía de los Jueces y Magistrados en el dictado de sus resoluciones las que deben ajustarse a las disposiciones sustantivas y procesales que rigen su actuación. Por tanto, los Jueces y Magistrados carecen de superior jerárquico para efectos del juicio de amparo. No obsta a lo anterior la existencia de un presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, porque el primero, entre otras facultades, representa al tribunal, pero no puede tener facultades de superior jerárquico con relación a la función jurisdiccional de los Jueces y Magistrados, porque las facultades de estos últimos las prevén la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y las leyes procesales respectivas. El referido Consejo de la Judicatura, solamente es un órgano administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina que no puede tener injerencia en las decisiones judiciales sino, en su caso, únicamente sancionar. La propia ley orgánica que lo regula establece que se trata de un órgano de naturaleza administrativa, cuya función es manejar, administrar y ejercer, de manera autónoma, el presupuesto tanto del Tribunal Superior de Justicia como el propio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia presupuestal." Devuélvase al Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla la copia certificada del expediente 55/2012 de su estadística, con el que se formó el ANEXO I del juicio en que se actúa, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil quince. Agréguense a los autos, únicamente para que obren como correspondan, los ocursos signados por José Luis Romero Ríos, apoderado legal de la moral denominada "Concesiones Integrales", Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de los cuales realiza diversas solicitudes a este órgano jurisdiccional; lo anterior, en virtud de que no es parte dentro del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de noviembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio 6578/2015 de cuenta, y téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, comunicando a este Juzgado Federal que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por Andrés rodríguez Rodríguez, en su carácter de representante legal de la moral tercero interesada denominada "Jafra Cosmetics", Sociedad Anónima de Capital Variable. NOTIFÍQUESE.
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