María Antonieta Ivonne Juárez Moya
Expediente 1130/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 25 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Antonieta Ivonne Juárez Moya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Córdoba, Veracruz, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio firmado por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); atento a su contenido, se le tiene informando que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa*** en contra de la sentencia dictada el diecisiete de febrero del año en curso; el cual quedó registrado bajo el número 179/2023, de su índice. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 4978/2023, por medio del cual se le notificó el auto de seis de marzo del año en curso. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que se encuentran notificadas todas las partes de la sentencia dictada en el presente asunto y del auto por el que se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de ésta; en consecuencia, remítase vía ordinaria el original del escrito de agravios, el presente expediente, así como un tomo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. En el entendido de que mediante proveído de seis de marzo del año en curso, se ordenó poner a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo de los oficios 4079/2023, 4080/2023 y 4081/2023, por medio de los cuales se notificó la sentencia dictada en el presente juicio. Por otra parte, visto el ocurso firmado por*** parte quejosa en el presente juicio, al que compaña un diverso escrito de expresión de agravios, y nueve copias de éste, mediante el cual interpone recurso*** distribúyanse entre las partes, copia del escrito de agravios, y una vez que se encuentren debidamente notificadas de la resolución combatida, así como del presente acuerdo, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítanse, vía ordinaria, el original del escrito de agravios, el presente expediente, así como un tomo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de trato. Asimismo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado que corresponda, la versión electrónica del presente expediente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; para lo cual se instruye a la analista Jurídica de este órgano jurisdiccional, que en su momento habilite dicha función. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. Notifíquese, personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por lista de acuerdos al tercero interesado.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, en los autos del juicio de amparo número 1130/2021, promovido por*** por su propio derecho, contra los actos reclamados del Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz y otras autoridades, que consideró violatorios en su perjuicio de las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez, secretaria de acuerdos y actuario, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas que dicho Juez remitió en apoyo a su informe justificado, relativas al juicio ordinario civil*** documentales a las que se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su cardinal*** ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, con las que se formó un tomo de pruebas. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto resulta conveniente reseñar los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por la autoridad responsable en vía de informe, relativas al juicio*** las cuales fueron valoradas en el considerando tercero de este fallo, a saber*** QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Por razón de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar la parte quejosa, contar con el interés jurídico o legítimo necesario para acudir a esta vía constitucional. En efecto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen*** De la interpretación armónica de los citados preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; asimismo, del párrafo cuarto de la fracción I, del artículo 5, de la ley de la materia, se advierte que tratándose de actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otras palabras, para acudir a la vía constitucional en reclamo de este tipo de actos el quejoso debe acreditar contar con interés jurídico para tal efecto, siendo insuficiente que la justicia constitucional sea instada con base en un interés legítimo. En el caso, el acto que se combate tiene su origen en un juicio ordinario civil tramitado ante el juez responsable, esto es, emana de un tribunal judicial. Luego, de no acreditar la parte quejosa tener el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional (dado que no puede aducirse interés legítimo), este juicio de amparo resultaría improcedente. En ese sentido, cabe destacar que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo intentado contra actos de tribunales judiciales, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existirá legitimación para entablar el juicio constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere de la actualización de dos presupuestos*** Ahora bien, basta imponerse de la relación de antecedentes de los actos reclamados expuesta en el considerando inmediato anterior, para concluir que la quejosa*** es persona extraña típica al procedimiento contencioso del que emanan los actos reclamados, ya que no tiene el carácter de actora o de demandada en el mismo; y de la sentencia dictada en el juicio natural puede advertirse que no se le condenó al cumplimiento y pago de prestación alguna, sino a la demandada*** esto es, dicho fallo no fue dictado en su contra. En ese entendido, se tiene que si la parte quejosa, ostentándose como persona extraña al procedimiento, reclama el lanzamiento del inmueble identificado con*** señala que se encuentra en posesión de dicho bien raíz; entonces, para acreditar su interés jurídico debió demostrar, sustentado en una figura jurídica prevista en la ley, que efectivamente es poseedor del referido bien, lo que constituiría la causa generadora de su posesión. Esta última afirmación tiene apoyo en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definió que la posesión que es objeto de protección en el juicio de amparo es precisamente la que se funda en la existencia de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Aunado a ello, la parte quejosa debió acreditar que existe identidad entre el bien que aduce como de su posesión y el que es objeto de afectación por virtud del acto que se reclama, de lo contrario, no demostraría que su derecho subjetivo público ha sido transgredido. Así, la quejosa*** para demostrar su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional, debió justificar dos extremos*** Que por virtud de un título sustentado en una figura jurídica o precepto legal, tenía en posesión el inmueble que indica en su demanda, esto es, el bien identificado con*** Que el inmueble del que dice era poseedora guarda identidad con el que es objeto de afectación por virtud de los actos reclamados. Sin embargo, sólo ofreció como pruebas*** Copia certificada en nueve fojas, de la inscripción número veintitrés, sección primera, de dos de enero de dos mil trece, que contiene formato de solicitud y resolución e inscripción, instrumento público número*** del Notario público número cinco de Orizaba, Veracruz, pago de impuestos y croquis, respeto del predio urbano ubicado en Barrio de la Luz, del Municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, con una superficie de mil ciento ochenta y cinco metros con cincuenta y dos decímetros cuadrados*** El original del formato único de solicitud y expedición de certificados con su pago de derechos respecto del mismo bien inmueble. Medios de convicción con los que demuestra que su título es de fecha cierta, porque está autorizado ante un fedatario público y debidamente registrado, en relación con el predio urbano ubicado en*** Sin embargo, ello es insuficiente para acreditar su interés jurídico, porque no demostró la identidad entre el bien que demuestra de su propiedad y del que es objeto el juicio natural. En efecto, el bien inmueble que está vinculado con el desalojo que se practicó el siete de diciembre de dos mil veintiuno, por el actuario responsable y se puso a disposición del actor*** es el ubicado en*** el cual tiene una superficie de mil doscientos cincuenta metros cuadrados. Por su parte, el bien inmueble a que se refieren los documentos exhibidos por la impetrante es diferente, porque se ubica en el*** Por tanto, no coinciden en la superficie, además de que difieren en la ubicación, porque el de la quejosa sólo indica la colonia, sin especificar nombres de las calles, y el inmueble relativo al juicio civil se identifica con*** En ese entendido, si las pruebas ofrecidas son insuficientes para acreditar la identidad entre el bien que aduce como de su posesión y el que es objeto de afectación por virtud del acto que se reclama; entonces, la quejosa no demuestra de manera fehaciente su interés jurídico. Por ende, aun cuando de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa manifiesta que detentó la posesión del domicilio con motivo de un contrato de compraventa que celebró con una persona; y que es el*** lo cierto es que no acreditó la identidad de los citados bienes inmuebles, lo que era necesario para demostrar su interés jurídico en el amparo, el cual debe probarse fehacientemente y no simplemente manifestarse o deducirse; máxime que en el procedimiento del amparo se dio a la quejosa la oportunidad para demostrar la existencia de un título generador de la posición sobre el inmueble de referencia, así como su identidad, y no lo hizo. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia en cita, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Dicho sobreseimiento debe hacerse extensivo al acto reclamado de las autoridades ejecutoras Secretario de acuerdos y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz, por no reclamarse por vicios propios, sino vía consecuencia. Dado el sustento del fallo en torno al acto reclamado, no es jurídicamente posible emprender el análisis de los conceptos que se dirigen a combatir las violaciones a las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales en contra de la autoridad responsable, por estar vinculadas con el fondo del asunto. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de radicación, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73 a 75, y 124, de la Ley de Amparo en vigor se, RESUELVE*** ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por*** por su propio derecho, respecto del acto reclamado a las autoridades Juez, secretaria de acuerdos y actuario, adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz, precisados en el resultando primero, por las razones expresadas en el considerando quinto, de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista de acuerdos a la parte tercero interesada y por oficio a las autoridades responsables.
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