Maria Antonia Soledad Ramirez Sanchez

Expediente 647/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
647/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Maria Antonia Soledad Ramirez Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, tres de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con el 356 Fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Por tanto, una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el presente expediente deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada. Notifíquese.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, con nueve copias, sin anexos, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 647/2023. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En términos de lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe analizar el escrito de demanda y si advierte de oficio la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, es pertinente destacar que para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, la promovente reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: La resolución de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro de los autos del juicio civil número 2990/2021 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, mediante la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de mayo del año actual, en el que fijó fecha para la audiencia prevista en el artículo 247 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, determinación que aduce el quejoso le causa afectación al no haberse integrado la prueba pericial en topografía y agrimensura, dado que se señaló una fecha cercana para la celebración de la audiencia y no se notificó al perito designado en rebeldía. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El juicio de amparo procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". Del segundo de los preceptos transcritos deriva que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, interpretado contrario sensu, se advierte que el juicio de amparo es improcedente si se controvierten actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea irreparable. En ese entendido, la determinación de declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de mayo del año en curso, por el cual se fijó la fecha para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 247 del Código Adjetivo Civil, sin integrar la prueba pericial en topografía y agrimensura ofrecida por la aquí quejosa, no es de imposible reparación, porque no afecta materialmente algún derecho sustantivo en perjuicio de la impetrante de amparo, sino que sólo constituye una afectación a sus derechos adjetivos o procesales de defensa reparable por la autoridad responsable al emitir resolución favorable, ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica de la parte promovente, y en caso contrario, será hasta el momento en que se dicte dicha resolución, cuando podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento a través del amparo directo que, en su caso, promueva en contra de la sentencia de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen, en términos del artículo 170, fracción I, en relación con el 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan la jurisprudencia P./J. 6/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 76, Abril de 1994, página 13, con número de registro 205484, del texto siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." También resulta aplicable a esta determinación por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página número 11, tomo 56, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Antonia Soledad Ramírez Sánchez. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado en su escrito inicial de demanda; y como sus autorizados con facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Aron Lázaro Rojas Cisneros y Eustaquio Rafael Gómez Rivera, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana, y como autorizados con facultades restringidas, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse en autos, a Esther Ávila Galeote y Lidia Roa Martínez, por no encontrarse en igualdad de circunstancias, ni haber proporcionado su número de cédula a efecto de realizar la búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********* contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz. Notifíquese por lista de acuerdos a la promovente

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