María Antonieta García Rodríguez

Expediente 120/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 30 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
120/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • María Antonieta García Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el proveído de once de agosto de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara firme para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado en el acápite que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada, debiendo conservarse la demanda de amparo, la resolución que puso fin al asunto, así como la determinación relativa a la medida cautelar decretada y el presente proveído. Agrega oficio para constancia legal En otro tenor, agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia legal el oficio que suscribe el apoderado de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por el cual informa que la menor de edad quejosa, cuya identidad se resguarda con las iniciales M.P.C.G. se presentó en la fecha programada para la vacunación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 y anexa las constancias para acreditarlo. Lo anterior, en atención a que en párrafos anteriores causó estado el proveído que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Destaca que la misiva de cuenta fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBIE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO".

  2. Principal

    Glósese sin mayor proveído el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, a través del cual informa la fecha y lugar en los que la menor de edad de identidad reservada aquí directa quejosa deberá acudir para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna; lo anterior, en virtud de que el pasado once de agosto se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. Cabe destacar que la misiva fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Es orientadora al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.3o.P. J/3 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2016852, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo III, página 2178, de rubro: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL".

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiuno de julio pasado, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si la menor de edad de iniciales: M.P.C.G. (menor de doce años) fue inmunizada en las jornadas de vacunación COVID-19 relativas al grupo etario en que se encuentra. La anterior prevención se formuló por lo siguiente: Desde auto de veintiocho de junio del año en curso, en atención al comunicado del apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por siglas "ISAPEG", se requirió para que la persona menor de edad quejosa acudiera a las trece horas del treinta de junio de dos mil veintidós, al domicilio ahí precisado, a recibir la primera dosis de la vacuna. Lo anterior se ordenó hacer del conocimiento de la quejosa, lo que así se hizo vía mensajería telefónica whatsapp (foja 380). Por otra parte, en el diverso auto de veintiuno de julio pasado, se trajo a cuenta como hecho notorio que las autoridades correspondientes informaron a través de diversos medios de comunicación y en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/, que el cinco y seis de julio del presente año, en este municipio y en diversas ciudades del estado de Guanajuato, se aplicarían a los menores que se encuentran entre el rango de edad de cinco a once años, la vacuna de referencia. Al efecto, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informara si la menor de edad en cuestión fue inoculada con la primera dosis de la vacuna precitada, en alguna de las dos sedes. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, debería informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Lo anterior, bajo el apercibimiento que, de ser omisa en contestar dicho requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular a la menor, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entendería que hay desinterés para su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. En esas circunstancias, es decir, ante la falta de actuación y justificación por la parte quejosa, se hace efectivo el apercibimiento hecho el veintiuno de julio de dos mil veintidós (que fue una reiteración de prevención anterior) y se le tiene por desinteresada en que la menor de edad peticionaria de amparo sea inoculada por una institución pública y consintiendo la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del promovente, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: La existencia del acto o ley reclamados Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (cuatro de febrero pasado), el grupo etario de entre cinco y once años al que pertenece la menor de edad aquí quejosa (nacida el catorce de abril de dos mil catorce- ocho años al día de hoy-) no era considerada en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculada. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo de la persona menor quejosa de identidad reservada de iniciales M.P.C.G., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece la menor quejosa no era considerado como susceptible de ser vacunado. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos a la aquí quejosa, ya le fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de veintiuno de julio pasado, se entiende que hay desinterés para que el infante quejoso directo sea vacunado y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. En consecuencia, de los medios de prueba en relación con la omisión de inocular a la menor, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech, circunstancia que demuestra su consentimiento frente al acto que combate. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, realizaran las gestiones necesarias para lograr la eficaz inoculación de la persona menor de edad quejosa -de ocho años de edad cumplidos- con la vacuna Pfizer (aprobada por COFEPRIS), en contra del virus SARS CoV2, para prevenir la enfermedad del COVID-19, de lo que ya obra en el sumario diversa información de las autoridades responsables tendentes a cumplir con dicha medida cautelar. Es así, puesto que se trae a cuenta como un hecho notorio, acorde con lo dispuesto por el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que en diversos medios de comunicación y en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/, se informó que el cinco y seis de julio del año actual, en este municipio y en diversas ciudades del estado de Guanajuato, se aplicarían a los menores que se encuentran entre el rango de edad de cinco y once años, la vacuna de referencia. En esa tesitura, por auto de veinticuatro de junio pasado, esta potestad consideró imprescindible que la persona menor de edad quejosa, que encuadra en la hipótesis publicada, fuera incorporada al proceso, lo cual inicia con el registro respectivo; ello de conformidad con lo mandado en la propia suspensión concedida en el sumario y porque forma parte de un procedimiento que tiene como fin el mismo para el que fue dictada, acorde con el artículo 126 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se requirió a la parte promovente para que a partir del plazo establecido para el registro correspondiente y, en su caso, la inoculación, en el supuesto de que cumpliera con los requisitos solicitados para tal efecto; lo hiciera inmediatamente del conocimiento de este Juzgado. Sin embargo, hasta este momento no se tiene noticia de lo acontecido respecto a dichas diligencias e información requerida a la parte quejosa. Asimismo, que por auto de veintiocho de junio anterior, se comunicó a la parte promovente que la autoridad sanitaria responsable fijó el treinta de junio pasado, para que acudiera la menor quejosa M.P.C.G. a las instalaciones médicas ahí señaladas para recibir la primera dosis de la vacuna aludida; al efecto, se le requirió para que informara el resultado de la cita y, en su caso, la fecha para la aplicación de la segunda dosis. Es oportuno destacar que debido a la premura con que fue informada esta potestad, se hizo del conocimiento de la quejosa, vía mensajería instantánea whatsapp al teléfono que proporcionó para tal efecto; sin embargo, de la revisión del presente cuaderno físico y del expediente electrónico, se desprende que no obra la comunicación formal por parte de la Actuaría. Entonces, como la notificación de aquél proveído contenía información respecto de la data de vacunación (treinta de junio de dos mil veintidós), lo cual ya aconteció, a nada práctico conduciría subsanar la omisión detectada. Requerimiento a la parte quejosa En tal virtud, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si el menor de edad quejoso ya fue inoculado en las fechas indicadas, es decir, treinta de junio, cinco y once de julio, todas las datas de la presente anualidad. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular al infante, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. Lo que precede releva la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Diferimiento de la audiencia constitucional Por lo anterior, no es posible celebrar la audiencia constitucional programada para esta fecha, por lo que se señala como nuevo momento para su verificativo las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós.

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