Maria Andrea Valdez Cervántez

Expediente 397/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
397/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
  • Maria Andrea Valdez Cervántez

Actuaciones

  1. Principal

    Glósese al sumario, sólo para que obre como corresponda el oficio que remite el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual informa que dicho Tribunal aceptó la competencia por este juzgado para conocer del presente juicio de amparo; lo anterior, dado que el seis de julio pasado se tuvo por recibido el mismo, acordándose lo conducente.

  2. Principal

    Tribunal Colegiado acepta competencia. Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, del que se advierte que dicho órgano aceptó la competencia declinada por este juzgado para conocer del presente juicio de amparo. Archivo. Atento a ello, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Finalmente, en cumplimiento al artículo 21, inciso j), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo donde este órgano determinó carecer de competencia para conocer del asunto.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el actuario de Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito; atento a su contenido, este juzgado toma conocimiento que por auto de once de abril de dos mil veintidós, ese tribunal recibió el juicio de amparo 397/2022 del índice de este juzgado, que le fue remitido por estimar que se trata de un asunto que debe conocer el órgano colegiado, el cual quedó registrado como amparo directo civil 290/2022, y que requirió al juez Único Civil de Partido con sede en Cortázar, Guanajuato, para que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 178 fracciones I, II y III de la Ley de Amparo y una vez que lo haga se proveerá respecto al auto emitido por este juzgado; estese en espera de lo que determine la superioridad.

  4. Principal

    Por recibida la demanda de amparo presentada por ***********, quien se ostenta apoderada legal de ************, en contra de actos del juez Único de Partido de lo Civil de la ciudad de Cortázar, Guanajuato. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 397/2022-II. Incompetencia. Del análisis integral de la demanda de cuenta, se advierte que el acto que reclama la quejosa es la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintidós, que confirmó el auto de veintitrés de febrero del año en curso, por el que decretó la caducidad del juicio ordinario civil ************ del índice del Juzgado Único de Partido de lo Civil de la ciudad de Cortázar, Guanajuato. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Por su parte, los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "Artículo 34. Los Tribunales colegiados de circuito son competente para conocer del juicio de amparo directo [.]" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. [.].". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Ahora bien, de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, es procedente el amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda. De lo que se evidencia que cuando se reclama una resolución que pone fin al juicio -como en el caso-, la vía correcta para impugnarla es el amparo directo. En tal virtud, el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye -como se especificó- la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintidós, que confirmó el auto de veintitrés de febrero del año en curso, por el que se decretó la caducidad de la instancia del juicio ordinario civil C-239/2020 del índice del Juzgado Único de Partido de lo Civil de la ciudad de Cortázar, Guanajuato, lo que se traduce en la culminación de dicho procedimiento jurisdiccional; por tanto, resulta evidente que el acto reclamado, no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo; siendo que sí se encuadra en el diverso previsto en el 170, fracción I, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente el criterio con número de registro 2016973, décima época, registro: 2016973, instancia: Segunda Sala, tipo de tesis: jurisprudencia fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, mayo de 2018, tomo II materia(s): común, tesis: 2a./J. 41/2018 (10a.), página: 1450, que establece lo siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido." Asimismo, resulta aplicable la tesis vi.1o.c.16 k (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Décima Época, página: 1815, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LO CONFIRMA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo se advierte que el amparo directo procede, entre otros supuestos, contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes que rijan el acto no concedan un recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los medios de impugnación. Ahora bien, la determinación que confirma el desechamiento de una demanda, constituye una resolución que pone fin al juicio de origen pues, sin decidir el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo." En tal virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, se concluye que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo formulada por Dora Elia Cuevas Villagómez, en su carácter de apoderada legal de **********, en contra de actos del juez Único de Partido de lo Civil de la ciudad de Cortázar, Guanajuato. En consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, para lo que tenga a bien determinar. Se solicita el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio. Atento a que la parte quejosa señaló los estrados para recibir notificaciones; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágansele las notificaciones de carácter personal por medio de lista que se fijan en los estrados de este juzgado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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