Maria Antonia Marroquín Manga
Expediente 1613/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1613/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/12/2022
Partes del expediente
- Maria Antonia Marroquín Manga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintinueve de noviembre del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, a favor de la quejosa ********************. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, de deja acordar lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto; el escrito firmado a ruego por ***, a favor de la quejosa ***, por medio del cual refiere dar cumplimiento a la prevención de veinticuatro de noviembre de este año. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el ocurso de cuenta con anexos. Ahora bien, del análisis del escrito que presenta la parte quejosa se advierte que cumple con los puntos 1 y 2 de la prevención realizada en autos; en consecuencia, se tiene por cumplida la misma y se acuerda lo siguiente: CAUSA DE IMPROCEDENCIA Antes de proveer sobre la admisión de la demanda, se debe tomar en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo,1 impone a este juzgador, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por lo cual, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto se transcriben: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.2 Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto. Así, debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" antes comentados, no resultan sinónimos pues, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoyará para determinar la causa de improcedencia actualizada y le permita desechar de plano la demanda de amparo; en tanto indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Al efecto, es aplicable, la tesis del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. 3 Así el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y surgir sin obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba, situación que en este caso acontece, como enseguida se precisará. En armonía con lo anterior, el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, impone al juzgador a realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, lo cual se observa también en la siguiente jurisprudencia: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.4 En ese tenor, de la lectura integral de la demanda se advierte que en esencia la parte quejosa, reclama por esta vía lo siguiente: ? El acuerdo emitido por Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno para la Atención de Delitos no Graves, con sede en Chiapa de Corzo, en el expediente 85/2022, de su índice, donde fijó el NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia intermedia, la cual le fue notificada a la quejosa el siete de noviembre de dos mil veintidós. En razón de lo anterior, quien ahora resuelve estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, los citados dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El citado precepto contempla el principio de definitividad que rige al medio de control de constitucionalidad, el cual se traduce en que el juicio de amparo es improcedente, cuando en contra del acto de autoridad que se reclame en el amparo proceda algún recurso o medio de defensa legal que deba ser agotado antes de la promoción de aquél, y que tenga por objeto revocar, modificar o anular tal acto, sin distinción alguna, puesto que la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que éste se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a que tiene acceso el gobernado cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales. De tal modo, no es optativo agotar dicho principio para la procedencia del juicio constitucional, sino que dicha fracción obliga al impetrante a agotar el medio de defensa a su alcance con la finalidad que se revoque, modifique o nulifique el acto reclamado, previo a acudir al juicio constitucional. Sin embargo, se advierte que existen cuatro casos de excepción a la causal de improcedencia de que se trata, esto es: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este caso, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Establecido lo anterior, cabe señalar que el acto reclamado por la parte amparista se hace consistir en el acuerdo emitido por la autoridad responsable donde fijó el NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia intermedia dentro del expediente 85/2022; contra la que procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De esta manera, al ser el acto reclamado una resolución de mero trámite, la accionante estaba obligada a agotar el recurso procedente contra el acto reclamado, en el caso, el de revocación, pues no se advierte que se encuentre amparado por alguno de los casos de excepción que prevé la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; esto es, no estamos en presencia de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad del quejoso; además de que el recurso de revocación no se sujeta a interpretación adicional. Así, tomando en consideración que la normatividad secundaria prevé un recurso ordinario mediante el cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto que por esta vía se reclama, es que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia invocada, respecto del acto reclamado en esta vía que se hace consistir en el acuerdo emitido por Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno para la Atención de Delitos no Graves, con sede en Chiapa de Corzo, en el expediente ****, de su índice, donde fijó el NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia intermedia, la cual le fue notificada a la quejosa el siete de noviembre de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 487, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, con registro digital 2005717, que reza: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA."5 Asimismo, por las razones que informa es aplicable el criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2103, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, con registro digital 2020293, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En ese tenor, se itera que, que el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Asimismo, el diverso 456 de la referida codificación dispone lo siguiente: Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código, Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. Por lo tanto, opuesto a lo esgrimido por la parte inconforme, es irrefutable que mediante el recurso de revocación podía recurrir la determinación que le fue notificada el siete de noviembre de dos mil veintidós, donde fijó el NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia intermedia en la causa penal ****, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno para la Atención de Delitos no Graves, con sede en Chiapa de Corzo; ya que fue directamente afectada con esa determinación y de manera expresa el numeral 465 del ordenamiento que nos ocupa, precisa que contra las decisiones de mero trámite, que se resuelvan sin sustanciación, como en la especie acontece, procede el recurso de revocación; de lo que se colige que su naturaleza está plenamente especificado en la legislación ordinaria. Lo anterior es así, ya que la resolución de que se trata no fue analizada de fondo la cuestión planteada, esto es, en el acto reclamado se abordaron cuestiones que no requieren de mayor trámite, por lo que dicha resolución es impugnable en sede horizontal mediante el recurso de revocación previsto por el aludido numeral 465 transcrito; máxime que no encuentra en ninguno de los supuestos de excepción indicados en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, tal y como se puntualizó supralíneas, de ahí que, devenga de infundados los argumentos vertidos por la parte justiciable. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio jurisprudencial cuyo rubro y texto se reproducen a continuación: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73, de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73, de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17, constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.6 Por otra parte, tomando en consideración que en acuerdo de veintiocho de noviembre de este año, se reservó de acordar en relación al escrito firmado a ruego por ****, a favor de la quejosa *** y dado el sentido del acuerdo emitido en párrafo precedentes, se estima procedente no tener por ampliada la demanda de amparo, ante la causa de improcedencia señalada en el presente auto. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Visto; el escrito firmado a ruego por ***, a favor de la quejosa ***, por medio del cual refiere dar cumplimiento a la prevención de veinticuatro de noviembre de este año. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el ocurso de cuenta con anexos. Ahora bien, del análisis del escrito que presenta la parte quejosa se advierte que cumple con los puntos 1 y 2 de la prevención realizada en autos; en consecuencia, se tiene por cumplida la misma y se acuerda lo siguiente: CAUSA DE IMPROCEDENCIA Antes de proveer sobre la admisión de la demanda, se debe tomar en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo,1 impone a este juzgador, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por lo cual, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto se transcriben: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.2 Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto. Así, debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" antes comentados, no resultan sinónimos pues, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoyará para determinar la causa de improcedencia actualizada y le permita desechar de plano la demanda de amparo; en tanto indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Al efecto, es aplicable, la tesis del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. 3 Así el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y surgir sin obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba, situación que en este caso acontece, como enseguida se precisará. En armonía con lo anterior, el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, impone al juzgador a realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, lo cual se observa también en la siguiente jurisprudencia: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.4 En ese tenor, de la lectura integral de la demanda se advierte que en esencia la parte quejosa, reclama por esta vía lo siguiente: ? El acuerdo emitido por Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno para la Atención de Delitos no Graves, con sede en Chiapa de Corzo, en el expediente 85/2022, de su índice, donde fijó el NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia intermedia, la cual le fue notificada a la quejosa el siete de noviembre de dos mil veintidós. En razón de lo anterior, quien ahora resuelve estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, los citados dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El citado precepto contempla el principio de definitividad que rige al medio de control de constitucionalidad, el cual se traduce en que el juicio de amparo es improcedente, cuando en contra del acto de autoridad que se reclame en el amparo proceda algún recurso o medio de defensa legal que deba ser agotado antes de la promoción de aquél, y que tenga por objeto revocar, modificar o anular tal acto, sin distinción alguna, puesto que la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que éste se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a que tiene acceso el gobernado cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales. De tal modo, no es optativo agotar dicho principio para la procedencia del juicio constitucional, sino que dicha fracción obliga al impetrante a agotar el medio de defensa a su alcance con la finalidad que se revoque, modifique o nulifique el acto reclamado, previo a acudir al juicio constitucional. Sin embargo, se advierte que existen cuatro casos de excepción a la causal de improcedencia de que se trata, esto es: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este caso, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Establecido lo anterior, cabe señalar que el acto reclamado por la parte amparista se hace consistir en el acuerdo emitido por la autoridad responsable donde fijó el NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia intermedia dentro del expediente 85/2022; contra la que procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De esta manera, al ser el acto reclamado una resolución de mero trámite, la accionante estaba obligada a agotar el recurso procedente contra el acto reclamado, en el caso, el de revocación, pues no se advierte que se encuentre amparado por alguno de los casos de excepción que prevé la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; esto es, no estamos en presencia de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad del quejoso; además de que el recurso de revocación no se sujeta a interpretación adicional. Así, tomando en consideración que la normatividad secundaria prevé un recurso ordinario mediante el cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto que por esta vía se reclama, es que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia invocada, respecto del acto reclamado en esta vía que se hace consistir en el acuerdo emitido por Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno para la Atención de Delitos no Graves, con sede en Chiapa de Corzo, en el expediente ****, de su índice, donde fijó el NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia intermedia, la cual le fue notificada a la quejosa el siete de noviembre de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 487, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, con registro digital 2005717, que reza: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA."5 Asimismo, por las razones que informa es aplicable el criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2103, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, con registro digital 2020293, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En ese tenor, se itera que, que el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Asimismo, el diverso 456 de la referida codificación dispone lo siguiente: Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código, Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. Por lo tanto, opuesto a lo esgrimido por la parte inconforme, es irrefutable que mediante el recurso de revocación podía recurrir la determinación que le fue notificada el siete de noviembre de dos mil veintidós, donde fijó el NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia intermedia en la causa penal ****, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno para la Atención de Delitos no Graves, con sede en Chiapa de Corzo; ya que fue directamente afectada con esa determinación y de manera expresa el numeral 465 del ordenamiento que nos ocupa, precisa que contra las decisiones de mero trámite, que se resuelvan sin sustanciación, como en la especie acontece, procede el recurso de revocación; de lo que se colige que su naturaleza está plenamente especificado en la legislación ordinaria. Lo anterior es así, ya que la resolución de que se trata no fue analizada de fondo la cuestión planteada, esto es, en el acto reclamado se abordaron cuestiones que no requieren de mayor trámite, por lo que dicha resolución es impugnable en sede horizontal mediante el recurso de revocación previsto por el aludido numeral 465 transcrito; máxime que no encuentra en ninguno de los supuestos de excepción indicados en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, tal y como se puntualizó supralíneas, de ahí que, devenga de infundados los argumentos vertidos por la parte justiciable. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio jurisprudencial cuyo rubro y texto se reproducen a continuación: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73, de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73, de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17, constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.6 Por otra parte, tomando en consideración que en acuerdo de veintiocho de noviembre de este año, se reservó de acordar en relación al escrito firmado a ruego por ****, a favor de la quejosa *** y dado el sentido del acuerdo emitido en párrafo precedentes, se estima procedente no tener por ampliada la demanda de amparo, ante la causa de improcedencia señalada en el presente auto. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto; el escrito firmado a ruego por ****, a favor de la quejosa ***, por medio del cual refiere ampliar la demanda de amparo en el presente expediente. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el ocurso de cuenta con anexos. Ahora bien, previo a pronunciarse respecto al escrito que refiere ampliar la demanda, es importante precisar que en auto de veinticuatro de noviembre de este año, se previno a la quejosa para que cumpliera con los puntos siguientes: "Primero: Señale de manera clara, precisa y congruente el acto reclamado que de forma real, actual e inminente le causa perjuicio, en razón que del contenido de su demanda en el capítulo relativo al acto reclamado refiere: ". LA INDEBIDA PROLONGACIÓN DE LA AUDIENCIA DE ETAPA DE INTERMEDIA, DEL CUAL SE HABÍA SEÑALADO PARA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, MISMA QUE DIFIEREN PARA EL DIA 09 DE ENERO DE 2023, a las 13;30horas VIOLENTANDO EL PRINCIPIO DE CONTINUIDAD, QUE RIGE LOS PROCESOS PENALES. ." (Sic) -el cual no puede ser tomado como lo refiere la parte quejosa, dado que no indica la fecha en que fue emitido el acuerdo o diligencia así como el expediente donde fue emitido. [..] Segundo: Manifieste sí señala como autoridad responsable al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno para la Atención de Delitos no Graves, con sede en Chiapa de Corzo, y de ser así debe precisar el acto que le atribuye en esta vía, toda vez que de la lectura de la demanda, se advierte que señala la participación de ésta. Tercero: En caso de insistir en señalar al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, con sede en Berriozabal, Chiapas, deberá señalar el acto que a ésta le atribuye. ." (SIC) Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no ha dado cumplimiento al referido auto de prevención, y aun no fenece el término otorgado en el mismo, resérvese de proveer lo que en derecho corresponda respecto del contenido del escrito de cuenta hasta en tanto lo anterior acontezca. Por otra parte, no pasa inadvertido para esta Juzgadora, que en su escrito de cuenta, la parte quejosa solicita la suspensión de plano a que alude el artículo 126, de la Ley de Amparo.1 Sin embargo, del análisis del citado precepto, es evidente que el espíritu del legislador invoca el cese de los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Lo cual en el caso no acontece, pues de sus propias manifestaciones se advierte que la quejosa se encuentra privada de su libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce "El Amate", con sede en Cintalapa de Figueroa, por el ilícito que dio origen a la causa penal 85/2022, del índice del Juzgado de Control y Tribunal Social de Enjuiciamiento Región uno para la Atención de Delitos No Graves, Chiapa de Corzo, Chiapas, y comparece al juicio de amparo por la modificación de la fecha de la audiencia de etapa intermedia, sin que se desprenda que se estén realizando los actos prohibidos por el artículo 22, constitucional en su perjuicio. Por tanto, no procede decretar la suspensión de oficio y de plano en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de rubro: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO".
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