María Antonia Domínguez Morales y Otros.

Expediente 740/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
740/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/06/2019

Partes del expediente

  • María Antonia Domínguez Morales y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto mencionado; y en consecuencia se tiene por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se regulariza el procedimiento en el presente juicio y como consecuencia se ordena al actuario adscrito a este juzgado, realice la notificación del proveído de tres de junio del año en curso, a la parte quejosa en el domicilio antes señalado.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por María Antonia Domínguez Morales, Romeo Rodas Ibarra, Hermila Ríos Gordillo, Cristian Rosas Ríos, Consuelo Morales Vázquez, Teresa de Jesús Domínguez Morales, Robisel Helería Pérez, Jorge Alberto De la Cruz Ramírez, Concepción Ramírez Narváez, Ismael Gutu Molina, Gloria Irma Méndez Ruiz, Libni De la Cruz Elería, Norma Patricia Gordillo Rodríguez, Silvia del Carmen Rodríguez De Paz, María del Pilar Elería Cruz, Pedro Espinosa Álvarez, Lucero de Jesús Gutiérrez, Marco Antonio López Gómez, María Mercedes López Gómez, Yolanda Gómez Rodríguez, Gerardo Marroquín López, Antonio Gómez Gutiérrez, Roberto Espinosa Ramírez, Marta Deleón Ramírez, Lucía Espinosa Álvarez, Víctor Manuel Gutiérrez Jonapá, Catalina Méndez García, Marcial Gutiérrez Núñez, Fanny Pérez López, Florentino Valverde Vázquez, Hiram Jiménez Coll, Alexander de los Santos Roque, Jaqueline Ivonne Vázquez Espinosa, Luis Miguel Cruz Trejo, Abel Méndez Villatoro, Julio Marroquín Torres, María Concepción López Galdamez, Asunción Rodríguez Martinez, Juan Reyes Pérez, Patricia Isela Rodas Díaz, Maria del Rosario Avendaño Vidal, Héctor Recinos Vazquez, Carolina Cosospo Molina, María Leticia Molina Ramírez, Manolo Sanchez Yañez, Fe María Ovando Camacho, Yadira Guadalupe Domínguez Martínez, Julio Heriberto Cruz Trejo, Maribel Martinez Vera, Benjamin Trejo Palacios, Lidia Ríos Quiróz, Norma Patricia Marroquín López, Lucia Roque Sarmiento, Pascual de Jesus Cruz Trejo, María Eugenia Figueroa Vázquez, Arendi Eleria Pérez, Ángel Martín Pérez Molina, Consuelo Pérez Jiménez, Nemias Cruz Pérez, David de Jesus Montero Rodriguez, Claudia Patricia López Hernández, Tania Isela Pérez Castellanos, Mario Ismael Gómez Correa, Gabriela Gómez Vazquez, Martin Gómez, Samuel de la Cruz López, Dora Hernández Gómez, Esau López Vázquez, Yesica Berenice López Gómez, Lidia Betzabe Ruiz de la Cruz, Francisco Alfredo Cordova Gordillo, Jorge Morales Aquino, Daniela Morales Vázquez, Carol Vázquez Ochoa, Jorge Morales Vázquez, Edaly Alvarez Gonzalez, Irma Gonzalez Gomez, Alejandra del Carmen Gordillo Rodríguez, Elizabeth Rodríguez Palacios, José de Jesus Montero López, Yaradit Rodríguez Palacios, Victor Manuel Alvarez Jiménez, Rodolfo Cruz Alvárez, Gilberto Montero López, Luis Jonhatan Alfonso Herrera, Fredy Alfonso Zapata, Angela Virginia Delgado Pizano, Jaime Escobar Maldonado, Sergio Santos Pérez, Roberto Rodas Ybara, María del Carmen Tirado Escobedo, Pedro Chandomí Ramos, Manuela de Jesus Aquino, Rafael Hernández Sanchez, Amable Sanchez Estrada y Rony Alvarez González, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 740/2019-IV, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia, por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO. Advirtiéndose del análisis integral de la demanda que los quejosos señalan como acto reclamado la orden de aprehensión, presentación o comparecencia, y la orden de desalojo del predio denominado Cuatro de Marzo, del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, los cuales no guardan relación estrecha entre sí, así como también en caso de que ya se haya cumplimentado alguno de los mencionados actos, precisen cuál es el acto que inmediatamente les causa perjuicio. En la inteligencia que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, el acto reclamado resulta ser la norma general, acto (conducta positiva o negativa) o una omisión, sin agregarle calificativa alguna. Guarda aplicación la jurisprudencia de la literalidad siguiente: ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia. SEGUNDO: Señalen pormenorizadamente y de forma cronológica los antecedentes del acto reclamado, esto es, los hechos o abstenciones que constituyen las circunstancias y particularidades que dieron origen al acto reclamado y que servirán de fundamento a los conceptos de violación. Lo que deberán hacer de manera personal, dado que en términos de la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual los autorizados por la parte quejosa, no pueden desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. TERCERO. Por otro lado, en razón a que en el escrito de demanda los quejosos Consuelo Morales Vázquez y Martín Gómez, únicamente plasmaron sus huellas dactilares, sin que se observe alguna firma a su ruego, lo que se considera una irregularidad en términos de la fracción I, del artículo 114, de la ley de la materia; en consecuencia, se requiere a los promoventes para que dentro del mismo término fijado para que desahoguen esta prevención, se presenten ante el local de este juzgado debidamente identificados, a fin de que ratifiquen el libelo de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicado a contrario sensu, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son los siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta; en la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído deberá observar lo establecido por el artículo 110, de la Ley de Amparo, y anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda para emplazar a juicio a las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que los quejosos, señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de éste juzgado, y que la Ley de Amparo no contempla dicho medio de notificación, a efecto de no dejarlos en estado de indefensión, de conformidad con lo establecido por el artículo 26, fracción II, del ordenamiento legal en cita, notifíquese por lista que se publica en el local de este juzgado, el proveído de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios de conformidad con el artículo 12, de la Ley de Amparo a Soledad Juárez Godoy, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, y en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal. Asimismo, no ha lugar a tener por autorizado a Rony Álvarez González, en los términos que los solicitan, toda vez que del escrito de demanda se advierte que es parte quejosa. REPRESENTANTE COMÚN Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos antes mencionados a Rony Álvarez González. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Silvino Arturo López Hernández, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante José Lauro Castillejos Matuz, Secretario de Juzgado quien autoriza y da fe.

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