María Antonia Huerta Silva
Expediente 569/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María Antonia Huerta Silva
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Representante del Gobierno de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado el diecisiete de este mes y año, remite el expediente laboral 287/2019 de su índice. Ahora, de las constancias que integran dicho expediente laboral y de las del presente asunto, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil diecinueve ante la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, Jaqueline Yautenzi Zamora, por sí y en representación de sus menores hijos, solicitó la declaración de beneficiarios a su favor, como únicos y legítimos beneficiarios de los derechos del extinto trabajador Salvador Israel Vázquez Hernández y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores demandó diversas prestaciones. 2. Por acuerdo de diez de abril siguiente, los integrantes de dicha junta registró el asunto bajo el número 287/2019 señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución; de igual forma, ordenaron emplazar a las partes. 3. El once de junio de dos mil diecinueve, la junta del conocimiento determinó lo siguiente: "PRIMERO. Una vez que fueron cubiertos los requisitos de procedencia de declaración de beneficiarios a que se refieren los artículos 503 y 505 de la Ley Federal del Trabajo se tramitó legalmente la citada declaración de beneficiarios promovida por Jaqueline Yautenzi Zamora, por sí y en representación de sus menores hijos, respecto del extinto trabajador Salvador Israel Vázquez Hernández. SEGUNDO. Se le declara única y legítima beneficiaria de los derechos del extinto trabajador Salvador Israel Vázquez Hernández, en términos del considerando segundo de la presente resolución Jaqueline Yautenzi Zamora, por sí y en representación de sus menores hijos." 4. Por diversa determinación de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, la junta responsable resolvió: "PRIMERO. La actora y beneficiaria Jaqueline Yautenzi Zamora, por sí y en representación de sus menores hijos Santiago Damián y Mildred Michelle de apellidos Vázquez Yautenzi, acreditó la procedencia de sus acciones y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no justificó sus excepciones y defensas. SEGUNDO. Se condena al demandado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a liberar el crédito hipotecario otorgado con el número 2909003934 al extinto trabajador Salvador Israel Vázquez Hernández, número de seguridad social 61957303631, así como a liberar los gravámenes o limitaciones de dominio que sean derivados del mismo; asimismo, se condena al instituto demandado a la adjudicación en favor de la actora y beneficiaria Jaqueline Yautenzi Zamora, por sí y en representación de sus menores hijos Santiago Damián y Mildred Michelle de apellidos Vázquez Yautenzi, del bien inmueble ubicado en Andador Sergio Villareal número 258, manzana 6, lote 62, fraccionamiento Villas de San Miguel Contla, C.P., Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala; en base a lo anterior, se solicita al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, la cancelación del gravamen del crédito hipotecario antes citado, así como la adjudicación del bien inmueble antes mencionado, para lo cual se ordena girar atento oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, para que se sirva inscribir la multireferida cancelación del crédito hipotecario, así como la adjudicación del bien inmueble en favor de la actora y beneficiaria, todo esto, en términos del considerando III de la presente resolución." 5. El quince de febrero de dos mil veintitrés, al no encontrar registrada demanda de amparo alguna en contra del laudo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma. 6. María Antonia Huerta Silva, Guadalupe y Diana, ambas de apellidos Vázquez Huerta, mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovieron amparo, señalando como acto destacado el laudo de once de junio de dos mil diecinueve, dictado por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala en el juicio laboral 287/2019. 7. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, ordenó registrar el asunto bajo el número ******************** y previno a las recurrentes para que precisaran si deseaban reclamar la falta de emplazamiento al juicio 287/2019 de índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. 8. En acuerdo de diez de octubre del año en curso, se tuvo a María Antonia Huerta Silva dando cumplimiento a lo antes solicitado, no así a Guadalupe y Diana, ambas de apellidos Vázquez Huerta, por lo que se les tuvo únicamente reclamando el acto que expresamente le atribuyeron a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, esto es, el laudo de once de junio de dos mil diecinueve, emitido dentro del expediente 287/2019. 9. Atento a lo anterior, el juez de Distrito se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo de que se trata respecto de Guadalupe y Diana, ambas de apellidos Vázquez Huerta, y admitió la demanda por lo que hace a María Antonia Huerta Silva, contra la falta de emplazamiento al expediente laboral 287/2019 de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, así como en contra del mismo laudo. Precisado lo anterior, se provee lo siguiente: De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que María Antonia Huerta Silva, Guadalupe y Diana, ambas de apellidos Vázquez Huerta aducen que no tuvieron conocimiento del expediente laboral 287/2019; por lo que si bien, no manifiestan en forma expresa como acto reclamado la falta de emplazamiento al mismo, sus conceptos de violación van encaminados a combatir tal omisión, los cuales dicen: ".VII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El artículo 14 constitucional, fracción segunda; entre las garantías que consagra, protege la libertad, propiedad y posesión, al mencionar, que nadie podrá ser privado de la vida, la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio segundo ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por su parte el artículo 16 Constitucional establece: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En razón de que contrario a lo que establecen los artículos constitucionales citados, en el expediente laboral citado como acto reclamado no se nos llamó a dicho juicio, no se nos dio la oportunidad de defender nuestros derechos y en consecuencia se nos priva del derecho de ser designadas beneficiarias del bien inmueble que dejó a su fallecimiento Salvador Israel Vázquez Hernández. La responsable no realizó las acciones necesarias ni suficientes para poder ubicar a los posibles beneficiarios del extinto Salvador Israel, e incluso debió ordenar la acumulación de los expedientes 287/2019 y 936/2019, uno promovido por la tercer interesada y el otro promovido por la quejosa, a efecto de no violar garantías individuales de los beneficiarios, privándonos de nuestros derechos de propiedad y posesión sin ser debidamente escuchadas en dicho juicio." En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución General de la República y 107, fracción VI de la Ley de Amparo, el conocimiento del amparo, compete a un Juez de Distrito y no a este Tribunal Colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 5, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 47 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia planteada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo indirecto ********************. Sin que pase desapercibido que el Juez de Distrito haya prevenido a las quejosas Guadalupe y Diana, ambas de apellidos Vázquez Huerta, a efecto de que precisaran si deseaban reclamar la falta de emplazamiento al juicio 287/2019 de índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; lo cual era innecesario, dado que la demanda de amparo se debe analizar en su integridad, pues como ya se dijo en párrafos que anteceden, de la lectura de los conceptos de violación se desprende que de lo que se duelen dichas quejosas es de la falta de emplazamiento a dicho asunto y como consecuencia, del laudo dictado en el mismo. De acuerdo a lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Por lo expuesto, se resuelve: ÚNICO. Este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, no acepta la competencia legal planteada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en la determinación de diez de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo indirecto ********************. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa. Así lo resolvió, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Juan Pablo Rivera Juárez, Jesús Eduardo Hernández Fonseca y Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, quienes firman electrónicamente y en conjunto con la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis que da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio 28200/2023 signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por el que se remite copia certificada del juicio de amparo indirecto ******************** de su índice, en el que obra la demanda de amparo promovida por ********************así como por********************, contra el laudo de once de junio de dos mil diecinueve, dictado por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala en el juicio laboral ********************. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con el oficio de cuenta, el original del escrito de demanda de amparo y anexos fórmese el expediente relativo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como juicio de amparo directo 569/2023; asimismo, tramítese el expediente electrónico del presente asunto, con apego en el artículo 3° de la Ley de Amparo. Ahora, de las constancias que integran la copia certificada del juicio de amparo indirecto ********************se advierte que mediante resolución de diez de octubre de dos mil veintitrés, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala admitió la demanda de amparo promovida por ********************contra la falta de emplazamiento al expediente laboral ******************** de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, así como en contra del laudo de once de junio de dos mil diecinueve, emitido en dicho expediente; asimismo, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo de que se trata respecto de********************, y ordenó remitir la misma al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en turno. Vista la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, se desprende que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional de la demanda en comento. Atento a lo anterior, a efecto de que la presidencia de este órgano jurisdiccional, se encuentre en condiciones de determinar lo procedente conforme al artículo 47 de la Ley de Amparo, en relación con la referida demanda, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de acuerdo al precepto 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, remita el expediente laboral ********************, o en su caso, informe el impedimento legal que tenga para ello, apercibido que de no ser así, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón al valor diario, que se calculará de conformidad a lo establecido en el párrafo séptimo Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado por el Decreto divulgado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo con el numeral 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la ley de la materia. Se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la referida ley a las personas que menciona. Asimismo, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 35, 36 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a los usuarios "********************" y "********************" el acceso al expediente electrónico del presente asunto, así como que se le notifique en forma electrónica (únicamente las notificaciones que tienen el carácter personal). Tiene aplicación por su idea jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema -Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro 2026122, que señala: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso." Por lo que hace al domicilio que proporciona para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a acordar al respecto, toda vez que ya se autorizaron las notificaciones en forma electrónica. En conformidad con el numeral 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se tiene a las promoventes proporcionando el correo electrónico que refiere, a través del cual se podrán entablar comunicaciones no procesales, en cuyo caso, deberá conservarse el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. Se apercibe a las autoridades responsables y, en su caso, tercero interesadas, que de negarse a recibir los oficios mediante los cuales se les practiquen las notificaciones correspondientes a este asunto, se tendrán por hechas en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto. De acuerdo a lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En conformidad con lo establecido en los artículos 6° de la Constitución Federal; 1°, 3°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; por tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Así como que pueden consultar e imprimir en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx los acuerdos y resolución que se dicten en este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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