María Angelíca Salazar Martínez
Expediente 275/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 275/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María Angelíca Salazar Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa María Angélica Salazar Martínez, por propio derecho, mediante el cual realiza diversas manifestaciones relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Asimismo, solicita que la sentencia emitida el uno de junio de esta anualidad por la autoridad responsable, Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cumplimiento a dicha ejecutoria se considere que no se encuentra firme, ya que podría modificarse o revocarse con motivo de una nueva concesión de amparo. Al respecto, dígasele que los motivos de la concesión de amparo en este asunto quedaron cumplidos, tal como quedó establecido en la determinación de veintisiete de agosto de esta anualidad; y por lo que respecta a la libertad de jurisdicción que se dio a la autoridad responsable para resolver lo que en derecho proceda será análisis del nuevo amparo que en su caso se promueva. Por tanto, en conformidad con lo dispuesto en el precepto 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente su escrito.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 696), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 701). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, este órgano colegiado concedió a ********************, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1.- Deje insubsistente la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veinte. 2.- En su lugar, dicte otra en la que reitere todo lo que no fue materia de concesión, y únicamente analice de manera fundada y motivada si de una valoración conjunta de todos los documentos ofrecidos en el expediente administrativo como en el juicio de nulidad, la actora acredita o no lo vertido en el quinto concepto de impugnación, esto es, si logra desvirtuar o no, lo señalado en la resolución impugnada en el sentido de que todo lo vendido por la contribuyente fue efectivamente cobrado, al no integrar en su contabilidad a los clientes que le pagan como a los que le quedan a deber. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda" (fojas 350 vuelta y 351). Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, este órgano colegiado requirió a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria de mérito en términos de los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo (foja 357). Mediante oficio 28-1-1-2907/21, de dos de marzo de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en suplencia temporal de la Magistrada de la Tercera Ponencia, informó que se dejó insubsistente la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veinte (foja 362). Por oficio 28-1-1-3219/21 signado por la Magistrada Instructora adscrita a la Primera Ponencia de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió copia certificada de la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno (fojas 369 a 496); por tal motivo en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno (foja 497) se les dio vista a las partes. Por auto de veintinueve de abril del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio 28-1-14840/21, lo cual en tales constancias se obtiene que el catorce de abril del año en curso, el Tribunal responsable realizó la aclaración a la sentencia antes mencionada, en específico, de sus puntos resolutivos. Mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, tuvo por no cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por las razones siguientes: "Sin embargo, la autoridad responsable realizó una valoración individual de cada medio probatorio, esto es, de manera aislada o concatenada; pues únicamente se limitó a decir el alcance de cada prueba y si con ella se demuestra el dicho o manifestaciones de la quejosa, lo que resulta incorrecto, en tanto el caudal probatorio, además de valorarse en lo individual, debe analizarse de forma conjunta, apreciando si es posible que, enlazando unos con otros lleve a una conclusión integral relativa al hecho o hechos que el oferente desea acreditar. De considerar lo contrario, sería estimar que los gobernados solo pueden ofrecer prueba que de manera directa demuestren su defensa y, desconocer, por ende, el efecto que tiene el material probatorio indirecto; siendo que de cada medio de prueba pueden desprenderse uno o varios indicios, signos o presunciones, que sirvan como principio de prueba, no necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal que se pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a base de razonar silogísticamente partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí en la mente, para llegar a una conclusión. Es precisamente dicho análisis el que omitió realizar la autoridad responsable, a pesar de que la ejecutoria dictada en el presente sumario se destacó en el considerando de estudio que el yerro que cometió fue pasar por alto la adminiculación del resto del material probatorio; lo que se reflejó en los efectos, al decretarse como un lineamiento de la ejecutoria, la obligación de realizar una valoración conjunta de todos de todos los documentos ofrecidos en el juicio de nulidad. Al contrario, su análisis se limitó a examinar de manera aislada cada una de las pruebas, para concluir de manera reiterada que al comparar el saldo inicial de enero del ejercicio 2015, con el saldo final de diciembre del mismo año 2015 se tiene una disminución, lo que significa que se cobró más de lo que se dio en crédito, sin que, tal conclusión derive de una análisis exhaustivo y concatenado del caudal probatorio. De ahí que, existe un defectuoso actuar de la autoridad responsable, por lo que, procede tener por no cumplido en sus términos el fallo protector. Por tanto, se requiere a la Magistrada Instructora de la Primera Ponencia de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del término de tres días: Deje insubsistente la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno. Dicte otra en la que reitere las consideraciones sostenidas en la sentencia reclamada originalmente y que no fueron materia de análisis en la ejecutoria de amparo; Dicte otra resolución en la que analice de manera fundada y motivada si de una valoración conjunta de todos los documentos ofrecidos en el expediente administrativo como en el juicio de nulidad, la actora acredita o no lo vertido en el quinto concepto de impugnación, esto es, si logra desvirtuar o no, lo señalado en la resolución impugnada en el sentido de que todo lo vendido por la contribuyente fue efectivamente cobrado, al no integrar en su contabilidad a los clientes que le pagan como a los que le quedan a deber." (fojas 536 vuelta a 538). Luego, mediante oficio 28-1-1-6851/21, de veinte de mayo de dos mil veintiuno, el Magistrado Instructor adscrito a la Primera Ponencia de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, transcribió el auto de esa misma data, mediante el cual dejó insubsistente la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno (foja 553). Posteriormente, mediante oficio 28-1-1-7728/21, de dos de junio de dos mil veintiuno, el Magistrado Instructor adscrito a la responsable, remitió la sentencia de uno de junio de dos mil veintiuno (fojas 561 a 695), por tal motivo se les dio vista a las partes, sin que hicieran manifestación alguna al respecto (fojas 696 y 701). Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y de la sentencia que remitió la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: I. La Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dejó insubsistente la sentencia de tres de marzo de dos mil veintiuno, foja 553 de autos [cumplimiento del lineamiento "1"]. II. El uno de junio de dos mil veintiuno, dictó otra sentencia, en el que reiteró las consideraciones sostenidas en la sentencia reclamada originalmente y que no fueron materia de análisis en la ejecutoria de amparo, esto es, contenidas en los considerandos que en seguida se precisan, los cuales sustentaron el fallo que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo cuya ejecutoria se cumplimenta (cumplimiento del lineamiento "2"): Quinto. Las consideraciones respecto de los argumentos que hizo valer la demandante en su concepto de impugnación décimo séptimo, relativo a la no invocación de la Cláusula Octava fracción II, del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tlaxcala., lo cual lo calificó como infundado (fojas 568 a 577 vuelta). Sexto. Las consideraciones respecto de los argumentos que hizo valer la demandante en su concepto de impugnación tercero, relativo a que los visitadores jamás requirieron la presencia del representante legal de la contribuyente visitada, lo cual lo calificó como infundado (fojas 557 vuelta a 581). Séptimo. Las consideraciones relacionadas con los argumentos que hizo valer la demandante en sus conceptos de impugnación primero y segundo, los cuales los calificó como infundados, ya que la última acta parcial y final de visita se levantaron y entregaron a la demandante con las formalidades de ley, y la visita domiciliaria se llevó a cabo dentro del plazo que establece el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación (fojas 581 vuelta a 588). Octavo. Las consideraciones relativas a los argumentos que hizo valer la demandante en sus conceptos de impugnación décimo primero y décimo segundo, los cuales los calificó como inoperantes, pues el responsable sostuvo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano de control de legalidad de los actos administrativos, que no tiene facultades para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 76, primer párrafo y 82, fracciones II, inciso e) y IV, del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, en el mismo considerando octavo reiteró las consideraciones relacionadas con los argumentos que hizo valer la demandante en su concepto de impugnación vigésimo segundo, puesto que precisó que el artículo 76, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil quince, establece que cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas, es decir, prevé una multa establecida entre un mínimo y un máximo, en consecuencia, determinó que dicho artículo no es violatorio de algún derecho humano tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 588 a 593 vuelta). Décimo. Las consideraciones que dan respuesta a los argumentos que hizo valer la demandante en sus conceptos de impugnación séptimo y parte del cuarto, los cuales calificó como infundados, toda vez que el artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación, prevé la facultad de comprobación conocida como Revisión de Escritorio o de Gabinete; además, de que en la orden de visita también se invocó el numeral 45 del código citado, que obliga a los contribuyentes visitados a permitir a los visitadores el acceso a la información y documentación que integra su contabilidad (fojas 651 a 655 vuelta). Décimo primero. Las consideraciones con respecto a los argumentos que hizo valer la demandante en su concepto de impugnación vigésimo, el cual calificó como infundado, toda vez que la orden de visita contenida en el oficio número IPF2900002/17 contenida en el oficio S.F.2017-VIII-002-IPF de catorce de agosto de dos mil diecisiete, se encuentra debidamente fundada y motivada (fojas 655 vuelta a 657). En el mismo considerando décimo primero, reiteró las consideraciones relativas a los argumentos que hizo valer la demandante en una parte de su concepto de impugnación vigésimo primero, el cual lo calificó como infundado, puesto que la orden de visita se encuentra fundada y motivada, pues se precisó el ejercicio fiscal a revisar (fojas 657 a 659). Así como, en dicho considerando reiteró las consideraciones relacionadas con los argumentos que hizo valer la demandante en una parte de su concepto de impugnación cuarto, el cual calificó como fundado, pero insuficiente, pues los visitadores al requerir a la accionante documentación e información relativa a obligaciones fiscales en un período no precisado en la orden de visita, se excedieron del objeto de esta última, con lo cual violan los artículos 16 Constitucional, 38 fracción IV, 43 y 45, del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, determinó que tal violación no trascendió al sentido de la resolución impugnada (fojas 659 a 662 vuelta). Décimo segundo. Las consideraciones que tienen que ver con los argumentos que hizo valer la demandante en otra parte de su concepto de impugnación vigésimo primero, lo cual lo calificó como infundado, toda vez que la orden de visita se encuentra debidamente fundada y motivada (fojas 662 vuelta y 663 vuelta). Décimo tercero. Las consideraciones respecto de los argumentos que hizo valer la demandante en su concepto de impugnación cuarto, el que calificó como infundado, ya que las visitadoras que levantaron el acta parcial de inicio de quince de agosto de dos mil diecisiete, se encontraban facultadas para la práctica de la visita domiciliaria, al estar autorizadas en la orden de visita, e identificarse como servidoras públicas adscritas a la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (fojas 664 a 666 vuelta). Décimo cuarto. Las consideraciones relativas a los argumentos que hizo valer la demandante en su concepto de impugnación octavo, que resultaron infundados, lo anterior, porque sostuvo que si bien es cierto que el oficio S.F. 2018-V-0864 no fue notificado por buzón tributario como lo establece el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, también lo es que sí le fue dado a conocer a la parte actora en forma personal en términos de los artículos 134, fracción I y 137, del Código Fiscal de la Federación, por lo que quedó acreditado que se hizo del conocimiento a la contribuyente hoy demandante sobre el derecho que tenía para acudir a las oficinas de la autoridad fiscal para que se le dieran a conocer los hechos y omisiones detectados durante la auditoría, aunado a que la accionante no señaló de qué manera dicha situación afecta sus defensas y de qué forma trascendió al sentido de la resolución impugnada (fojas 666 vuelta a 668 vuelta). Décimo quinto. Las consideraciones con respecto a los argumentos que hizo valer la demandante en sus conceptos de impugnación sexto, décimo quinto, décimo sexto, los cuales los calificó como parcialmente fundados, en relación a la determinación de créditos fiscales en cantidades de $13,861.94 y $59,148.83 por concepto de actualización y recargos, respectivamente, por la falta de pagos provisionales del impuesto sobre la renta del ejercicio dos mil quince, actualizando con ello la causal de nulidad prevista por el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (fojas 668 vuelta a 675 vuelta). Décimo sexto. Las consideraciones relacionadas con los argumentos que hizo valer la demandante en su concepto de impugnación décimo, el cual calificó como infundado, lo anterior al determinar que la resolución impugnada se encuentra fundada y motivada, pues en ella se realizaron las operaciones aritméticas para el cálculo de las actualizaciones y recargos (fojas 676 y 677 vuelta). Décimo séptimo. Las consideraciones respecto de los argumentos que hizo valer la demandante en su concepto de impugnación décimo tercero, el cual lo calificó infundado, lo anterior al determinar que las multas impugnadas se encuentran fundadas y motivadas (fojas 677 vuelta a 681). Décimo octavo. Las consideraciones relativas a los argumentos que hizo valer la demandante en sus conceptos de impugnación noveno y décimo cuarto, los cuales los calificó fundados, toda vez que determinó declarar la nulidad de la resolución combatida por lo que respecta a las multas impuestas en cantidades de $3,780.00 y $26,460.00 por haberse presentado la declaración anual del impuesto sobre la renta y declaraciones de pagos definitivos del impuesto al valor agregado por los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de dos mil quince, en forma distinta a las disposiciones fiscales, al actualizarse la causal de anulación prevista por el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (fojas 681 a 685 vuelta). Décimo noveno. Las consideraciones con respecto a los argumentos que hizo valer la demandante en otra parte de su concepto de impugnación noveno, el cual calificó como inoperante, lo anterior al establecer que a la demandante no se le determinó omisión de pago del impuesto empresarial a tasa única, ni multa alguna derivada de dicho tributo (fojas 685 vuelta y 686). Vigésimo. Las consideraciones respecto de los argumentos que hizo valer la demandante en su concepto de impugnación décimo noveno, el cual calificó como fundado, lo anterior al señalar que se advierte que: 1) la accionante sí presentó las "Declaraciones informativas de Operaciones con Terceros"; y, 2) la autoridad en ningún momento dice que se hayan presentado incompletas o con errores; de ahí sostuvo que no se tipifica la infracción prevista por el artículo 81, fracción XXVI, del Código Fiscal de la Federación; por ende, determinó que es ilegal la multa impuesta con base en el artículo 82, fracción XXVI, del mismo Código, por lo que declaró la nulidad al actualizarse la causal de anulación prevista por el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (fojas 686 a 689). Vigésimo primero. Las consideraciones respecto de los argumentos que hizo valer la demandante en sus conceptos de impugnación décimo primero y décimo segundo, los cuales calificó como infundados, toda vez que la autoridad fiscal sí expuso los motivos y fundamentos en que se sustentan las multas impuestas, al expresar las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales que tomó en consideración para la imposición de las sanciones, así como los fundamentos jurídicos que las sustentan; asimismo, determinó que la autoridad emisora se fundamentó para la imposición de las multas, en los artículos 76, primer párrafo y 82, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil quince, los cuales prevén una multa que oscila entre un monto mínimo y uno máximo, considerando la autoridad que se hizo merecedor a la multa mínima establecida por dichos preceptos legales, de ahí que no se tenía la obligación de motivar pormenorizadamente porque se impuso ese monto y no otro. En el mismo considerando vigésimo primero, reiteró las consideraciones respecto a los argumentos que hizo valer la demandante en su concepto de impugnación décimo octavo, el cual calificó infundado, puesto que señaló que la multa en cantidad de $9,661.00 fue actualizada con base en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación y el cálculo respectivo fue realizado por el Servicio de Administración Tributaria que fue dado a conocer en el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual contrario a lo sostenido por la demandante la multa prevista por el artículo 82 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, actualizada para el año dos mil quince, es de $15,430.00 (fojas 689 a 694). III. En otro orden, en el fallo protector se estableció que (fojas 349 a 351 de autos): "(.) como lo alega la quejosa, la responsable pasó por alto la adminiculación del resto del caudal probatorio. Cierto, la actora ofreció entre otros medios de convicción los siguientes: Pruebas de la parte actora 1. La resolución administrativa contenida en el oficio número ******************** de siete de septiembre de dos mil dieciocho. Constancia de notificación de dos de octubre de dos mil dieciocho Visible en las fojas 56-104 del expediente de origen. Visible en las fojas 105-108 del expediente de origen. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió (Fojas 190 y 191 del juicio de nulidad). - Acta parcial de inicio levantada el quince de agosto de dos mil diecisiete. Visible en las fojas 109-124 del expediente de origen. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió (Fojas 190 y 191 del juicio de nulidad). - Acta de visita número 02, consistente en el acta de recepción de documentación levantada el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete Visible en las fojas 128-141 del expediente de origen. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió (Fojas 190 y 191 del juicio de nulidad). - Balanza de comprobación correspondiente a los siguientes periodos: 31/ene/2015, al 28/feb/2015, al 31/mar/2015, al 30/abr/2015; al 31/may/2015; al 30/jun/2015; al 31/jul/2015; al 31/ago/2015; al 30/sep/2015; al 3/oct/2015; al 30/nov/2015; y al 31/dic/2015 (balanzas de comprobación mensuales. Visible en las fojas 142-165 del expediente de origen. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió (Fojas 190 y 191 del juicio de nulidad). - papeles de trabajo relativos a las ventas en litros de diesel, magna y premium, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos de 2015, papeles de trabajo que contienen el desglose del impuesto especial sobre producción y servicios e impuesto al valor agregado (papel de trabajo Ventas Mensuales 2015). Visible en las fojas 166-177 del expediente de origen. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió (Fojas 190 y 191 del juicio de nulidad). - Concentrado de pagos a Pemex 2015 del portal, relativo a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Visible en las fojas 178-189 del expediente de origen. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió (Fojas 190 y 191 del juicio de nulidad). - Estados de cuenta bancarios a nombre de la actora, de la Institución Financiera BBVA Bancomer, S.A. número de cuenta 0167748965, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2015. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió (Fojas 190 y 191 del juicio de nulidad). - Expediente administrativo con motivo de la visita domiciliaria realizada a la actora, misma que concluyó con la determinación del crédito fiscal contenido en el oficio S.F.2018-IX-1529 de 07 de septiembre de 2018 El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió (Fojas 190 y 191 del juicio de nulidad). Pericial contable Dictamen visible a fojas 322 a 334 del juicio de nulidad. 3. Presuncional legal y humana El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió (Fojas 190 y 191 del juicio de nulidad). 4. Instrumental de actuaciones. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió (Fojas 190 y 191 del juicio de nulidad). Lo anterior pone de manifiesto que la responsable estaba obligada a pronunciarse respecto a la totalidad del caudal probatorio. Es más, de acuerdo al precedente V-P-2aS- 669, de rubro "PRUEBA PERICIAL.- SU VALORACIÓN QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR.- (.)", sostenido por la Segunda Sección de la Sala Superior de ese Tribunal, correspondiente a la Quinta Época, Año Vil, No. 77, Mayo 2007, que la propia autoridad responsable citó en la sentencia reclamada, y que respecto de este punto se coincide, corresponde al juzgador determinar el valor probatorio de la prueba pericial, no solo en relación a las respuestas que los peritos emitan sobre el cuestionario respectivo, sino también en función de la adminiculación que haga en relación con las probanzas que obren en el expediente y en la función de la interpretación que realice de los preceptos que resulten aplicables. En ese sentido, la responsable transgredió el principio de exhaustividad, que corresponde al principio de completitud previsto en el artículo 17 constitucional, dado que omitió analizar si de una valoración conjunta de todos los documentos ofrecidos en el expediente administrativo como en el juicio de nulidad, acreditaban o no que todo lo vendido por la contribuyente fue efectivamente cobrado. (.) analice de manera fundada y motivada si de una valoración conjunta de todos los documentos ofrecidos en el expediente administrativo como en el juicio de nulidad, la actora acredita o no lo vertido en el quinto concepto de impugnación, esto es, si logra desvirtuar o no, lo señalado en la resolución impugnada en el sentido de que todo lo vendido por la contribuyente fue efectivamente cobrado, al no integrar en su contabilidad a los clientes que le pagan como a los que le quedan a deber. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda." En observancia a lo anterior, la responsable en el considerando noveno, valoró de manera fundada, motivada y de forma conjunta todos los documentos ofrecidos en el expediente administrativo, así como en el juicio de nulidad, y hecho lo anterior, determinó que la actora no acreditó lo vertido en el quinto concepto de impugnación, por ende, lo calificó infundado, pues sostuvo que la actora no logró desvirtuar lo señalado en la resolución impugnada en el sentido de que todo lo vendido por la contribuyente fue efectivamente cobrado, pues no integró en su contabilidad a los clientes que le pagan como a los que le quedan a deber; es decir, el saldo inicial de enero del ejercicio dos mil quince, con el saldo final de diciembre del mismo año, se tiene una disminución, lo que significa que se cobró más de lo que se dio en crédito (fojas 593 a 651 de autos cumplimiento del lineamiento "2"), respecto de lo cual, en esencia, señaló: Que la demandante para probar sus aseveraciones ofreció la pericial contable misma que resulta idónea para resolver la cuestión efectivamente planteada, esto es, para determinar si del total de ingresos registrados en la contabilidad de la actora por venta de combustible en cantidad de $********************, existen saldos pendientes de cobro al final del ejercicio revisado por $2'813,098.23, resulta necesario el dictamen de un perito contable a través del análisis de la contabilidad de la accionante. Agregó que con fundamento en los artículos 46, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 143 y 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 1 del ordenamiento legal citado en primer orden, calificó las preguntas formuladas en el cuestionario propuesto por la parte actora para el desahogo de la prueba pericial contable. Señaló que en autos obran los dictámenes rendidos por los peritos: a) Dictamen del perito de la parte actora; b) Dictamen del perito de la autoridad demandada; y, c) Dictamen del Perito Tercero. Asimismo, evidenció las respuestas que efectuaron los peritos a las preguntas 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, del cuestionario propuesto por la actora. Además, precisó que los peritos en sus dictámenes llegaron a las conclusiones siguientes: PERITO DE LA PARTE ACTORA PERITO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA PERITO TERCERO La actora cuenta con contabilidad analítica y cumple con las Normas de Información Financiera. Con la documentación soporte con que se cuenta, se acredita cual es la cantidad correcta como ingreso acumulable. Los ingresos del contribuyente son congruentes con sus actividades. Los ingresos acumulables obtenidos fueron de $68'700,536.00 y de éstos, $67'108,537.00 corresponden a la venta de combustible. Existen ventas que no fueron cobradas como se refleja en los estados de cuenta bancarios y balanzas. No es procedente considerar como ingresos acumulables la cantidad de $********************, por concepto de VENTA DE COMBUSTIBLE, pues el total de ventas no fueron cobradas, por lo que los ingresos acumulables que se deben considerar son de $67'108,537.00. Los ingresos acumulables que refleja la documentación aportada por la contribuyente, son de $68'700,536.00. Al afectarse los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, también se afecta la base del impuesto al valor agregado que se determina por flujo de efectivo, y no todo lo que se vendió fue efectivamente cobrado. Es improcedente la determinación de impuestos ya que no se percibió el total de las ventas realizadas, ya que hubo algunas que quedaron pendiente de cobro. La contribuyente cumple con las Normas de Información Financiera, pero su contabilidad no es analítica, al no permitir identificar los clientes que le pagan y los que le quedan a deber, por lo que no se tiene la certeza de lo que está efectivamente cobrado. La actora obtuvo ingresos propios de su actividad que es la venta de combustible. Los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio 2015, fueron de $68'793,974.70, en los que se incluyen $******************** de venta de combustible. La contribuyente realizó ventas que fueron cobradas en su totalidad, pues de las balanzas de comprobación de los meses de enero a diciembre de 2015, se pudo conocer que registró un saldo inicial en la cuenta de "CLIENTES" en cantidad de $10'505,500.81 y concluyó con saldo final de $10'443,239.11, por lo que no tuvo ventas pendientes de pago, y cobró la cantidad de $62,261.70 por ventas pendientes de cobro. La cuenta de clientes identifica las operaciones de ingresos y/o ventas; al final revela lo que se tiene pendiente de cobro, y quienes son los que deben aún. Todo lo que se haya abonado en la cuenta de clientes corresponde a lo efectivamente cobrado, por ello, se consideran los movimientos de abono como ingresos efectivamente cobrados. La contribuyente sí obtuvo ingresos por las actividades que realiza, en cantidad total de $68'793,974.70. De la cuenta 103-000 "Clientes" y la subcuenta 103-1000 "Clientes Nacionales" se desprende que al comparar el saldo inicial de enero de 2015, con el saldo final de diciembre del mismo año, se tiene una disminución, lo que significa que se cobró más de lo que se dio en crédito, por lo que los clientes pagaron más de los créditos que recibieron, y a final de cuentas, no hubo ventas sin cobrar; por lo que se obtuvieron ingresos acumulables en cantidad de $********************, por concepto de Venta de Combustibles, que es la cantidad correcta determinada en el oficio controvertido. Al afectarse la base del impuesto sobre la renta, también se afecta la del Impuesto al Valor Agregado. La diferencia entre los ingresos determinados por la autoridad fiscal y la actora, es de $93,438.70. Precisó que del caudal probatorio que obra en autos, se advierte que existen pruebas que en lo individual y enlazadas unas con otras pueden servir para esclarecer la verdad material y legal de los hechos que se controvierten, los cuales son la resolución contenida en el oficio número ******************** de siete de septiembre de dos mil dieciocho; balanzas de comprobación correspondientes a los siguientes periodos: 31/ene/2015, al 28/feb/2015, al 31/mar/2015, al 30/abr/2015; al 31/may/2015; al 30/jun/2015; al 31/jul/2015; al 31/ago/2015; al 30/sep/2015; al 3/oct/2015; al 30/nov/2015; y al 31/dic/2015 (balanzas de comprobación mensuales); pericial contable; papel de trabajo denominado; acta parcial de inicio levantada el quince de agosto de dos mil diecisiete; y, acta de visita número 02, consistente en el acta de recepción de documentación levantada el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Adminiculó los medios de convicción siguientes: a) acta parcial de inicio levantada el quince de agosto de dos mil diecisiete, b) acta de visita número 02, consistente en el acta de recepción de documentación levantada el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en el que sostuvo que se acredita que la parte actora al inicio y en el transcurso de la visita domiciliaria proporcionó a la autoridad fiscal diversa documentación contable con la que pretendió acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, c) balanzas de comprobación correspondientes a los siguientes periodos: 31/ene/2015, al 28/feb/2015, al 31/mar/2015, al 30/abr/2015; al 31/may/2015; al 30/jun/2015; al 31/jul/2015; al 31/ago/2015; al 30/sep/2015; al 3/oct/2015; al 30/nov/2015; y al 31/dic/2015; así como el d) papel de trabajo denominado "********************/Ventas", correspondiente al período comprendido del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, los cuales las relacionó con e) la resolución impugnada contenida en el oficio número ******************** de siete de septiembre de dos mil dieciocho, por tanto, llegó a la convicción de que los motivos que se dan en ésta para determinar a cargo de la contribuyente actora ingresos obtenidos en cantidad de $67,201,975.40, por concepto de ventas de combustible, se sustentan en la revisión de la documentación contable suministrada por la propia demandante. Enlazó los dictámenes de los peritos de la actora, autoridad demandada, y tercero nombrado por la Sala, de los cuales dedujo que la contabilidad de ******************** no es analítica y por lo tanto, no permite identificar plenamente a los clientes que le pagan y los que le quedan a deber; porque el perito de la parte actora afirmó dogmáticamente que la contabilidad de la contribuyente es analítica, pues en la documentación que se proporcionó en el acta final en su descripción se dice que está debidamente registrada, que cumple con las Normas de Información Financiera y que se acredita cuál es la cantidad correcta que se debe considerar como ingresos acumulables, sin embargo, no precisó si en los registros contables de la accionante se identifican plenamente las ventas a crédito, los clientes que le pagan y los que le quedan a deber; señaló que aunado a lo anterior, la actora en su concepto de impugnación únicamente manifestó que la suma de dinero en cantidad de $********************, no fue la que entró a la cuenta bancaria, pues hubo saldos pendientes de cobro, en cada mes, esto es, hubieron clientes a quienes se les vendió combustible a crédito, quienes al final, no realizaron el pago, y por tanto, no se percibieron todos los ingresos que se registraron, empero, no precisó cuáles son dichos clientes, los montos que sí pagaron y los que, dejaron de pagar al final del ejercicio, tampoco especificó en qué parte de su contabilidad se evidencia ese hecho. Por ende, determinó que no es posible adminicular el dictamen rendido por el perito de la actora con el resto del material probatorio, esto es, sus registros contables como las balanzas de comprobación, papel de trabajo denominado "********************/ventas" y estados de cuenta bancarios, ya que ni la accionante ni su perito precisan en qué registro contable se evidencia que se vendió a crédito; que hubo saldos pendientes de cobro, en cada mes, y que hubieron clientes a quienes se les vendió combustible a crédito, y que al final del ejercicio no realizaron el pago; además, de que los peritos de la autoridad demandada y el tercero nombrado por la Sala, señalaron que la contabilidad de ********************, no es analítica y por lo tanto, no permite identificar plenamente los clientes que le pagan y los que le quedan a deber. En consecuencia, concluyó que actora no acreditó los extremos de sus pretensiones de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el que afirma está obligado a probar, es decir, el perito de la actora afirmó que la contabilidad es analítica y cumple con las Normas de Información Financiera, sin embargo, nada dice respecto a que exista evidencia de clientes a quienes se les vendió a crédito y que no hayan pagado a la accionante en el ejercicio revisado, por la venta de combustible en cantidad de $********************, pues en su estudio se limitó a señalar que "la documentación proporcionada en el acta final describe el listado de documentación proporcionada para revisión, cuya descripción dice que está debidamente identificada y registrada (.) y que con el soporte documental con que cuenta la contribuyente, se acredita cuál es la cantidad correcta que se debe considerar como ingreso acumulable.". Asimismo, analizó las balanzas de comprobación mensuales, y sostuvo que la actora señaló que como consta en dichas balanzas, en la cuenta de clientes al finalizar cada mes, existen saldos pendientes de cobro, al aparecer en realidad un monto por concepto de ingresos acumulables por venta de combustibles menor a $********************, pues se debe restar de este monto la cantidad de $2'813,098.23, como se advierte de los meses de enero a diciembre de 2015, lo cual vinculó con los dictámenes periciales rendidos por los peritos de la autoridad demandada y el tercero nombrado por la Sala, y consideró que se acreditó que la actora al final del ejercicio no tuvo ventas de combustible pendientes de cobro, pues precisó, que el perito de la autoridad demandada señaló que en la cuenta "clientes", se registró un saldo inicial en cantidad de $10'505,500.81 y concluyó con saldo final de $10'443,239.11, por lo que no tuvo ventas pendientes de pago; mientras que el perito tercero determinó que de la cuenta 103-0000 "Clientes" y la subcuenta 103-1000 "Clientes Nacionales" se advierte que al comparar el saldo inicial de enero de 2015, con el saldo final de diciembre del mismo año, se tiene una disminución, lo que significa que se cobró más de lo que se dio en crédito, por lo que los clientes pagaron más de las ventas que se realizaron, y a final de cuentas, no hubo ventas sin cobrar; por lo que se obtuvieron ingresos acumulables en cantidad de $********************, por concepto de Venta de Combustibles, por lo que es la cantidad correcta determinada en el oficio controvertido. Por ende, coligió que de un análisis conjunto y entrelazados -adminiculados- los dictámenes periciales (de la autoridad demandada y tercero) con las balanzas de comprobación aportadas por la actora, en unión con el contenido del oficio impugnado número ********************, los ingresos acumulables obtenidos por la accionante en el ejercicio 2015, son los que manifestó en su papel de Trabajo "********************/Ventas", es decir, $68'793,974.70 dentro de los que se incluyen $******************** por venta de combustible, existiendo una omisión de ingresos de $93,438.70, que coincide con lo determinado en la resolución impugnada, lo cual se deduce que los clientes pagaron a la accionante por la ventas realizadas, y a final de cuentas, no hubo ventas sin cobrar, por tanto, la cantidad de $67´201,975.42, constituyen ingresos por los que se tiene la obligación de pagar contribuciones. Aunado a lo anterior, analizó y valoró la prueba pericial contable del perito de la parte actora, además, analizó las respuestas que efectuó dicho experto a las preguntas 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, del cuestionario propuesto por la demandante, y concluyó que dicho dictamen es dogmático toda vez que no sustenta sus afirmaciones en un estudio técnico contable que involucre el análisis de los registros contables de la contribuyente actora, como pueden ser las balanzas de comprobación, los papeles de trabajo o bien los estados de cuenta bancarios, ya que hace referencia de ellos pero sin hacer un desglose de su contenido, de ahí que señaló, que no es posible adminicular dicho dictamen con los registros contables de la actora, en especial las balanzas de comprobación y el papel de trabajo "********************/Ventas" y los estados de cuenta bancarios, por lo que no forman convicción a la responsable. Citó la tesis de rubro siguiente: "PRUEBA PERICIAL. APRECIACION DE LA." Por otra parte, indicó que la actora aduce que en las Balanzas de Comprobación Mensuales, en la Cuenta de Clientes al finalizar cada mes, existen saldos pendientes de cobro, por un monto por concepto de ingresos acumulables por venta de combustibles menor a $********************. pues se debe restar de este monto la cantidad de $2'813,098.23, para la determinación de los ingresos acumulables, esto es: Dicha tabla es la siguiente: Salazar Martínez María Angélica Ventas y Cobros de Clientes Enero a Diciembre 2015 Ventas Cobros Saldo Enero 7,590,334.79 7,428,532.23 161,802.56 Febrero 6,365,252.80 5,904,392.21 460,860.59 Marzo 7,114,894.88 7,079,128.73 35,766.15 Abril 6,837,600.69 6,310,835.92 526,764.77 Mayo 6,680,582.21 6,053,823.09 626,759.12 Junio 6,695,444.08 6,923,543.62 -228,099.54 Julio 6,865,558.58 6,047,423.02 818,135.56 Agosto 6,106,486.94 6,396,527.14 -290,040.20 Septiembre 6,436,656.01 6,218,590.65 218,065.36 Octubre 6,388,879.71 6,005,109.64 383,770.07 Noviembre 6,139,772.42 6,541,243.37 -401,470.95 Diciembre 6,973,589.62 6,472,804.88 500,784.74 Saldo pendiente de cobro 2015 $2´813,098.23 De lo anterior, efectuó un análisis a dicha balanza, y determinó que el saldo $2´813,098.23 que afirma la actora como pendiente de cobro al final del ejercicio 2015, es incorrecto, pues lo cierto es que el saldo que resulta es de $-62,261.7, y este último coincide con el dictamen pericial del perito de la autoridad demandada, tal como se corroboró con las respuestas de la pregunta número 15 del cuestionario. Analizó la cuenta Clientes 103-0000 de la balanza de comprobación, adminiculado con los estados de cuenta bancarios de la cuenta 0167748965, y dijo, que se advierte que la actora en el ejercicio 2015, empezó con un saldo inicial de 10,505,500.81, más los depósitos realizados en cada uno de los meses del año, y terminó con un saldo final de 10,443,239.11, lo que acredita que al culminar el período revisado no se tuvieron ventas pendientes de cobro, tal como se corrobora con el dictamen del perito de la autoridad demandada. Robusteció lo anterior, con las Balanzas de Comprobación que ofreció como prueba, donde no acreditó que al final del ejercicio 2015, haya obtenido un saldo pendiente de cobro por $2´813,098.23, pues más bien como se desprendió del análisis realizado a las Balanzas de Comprobación adminiculado con el dictamen del perito de la autoridad demandada, la actora en el período de enero a diciembre de 2015, registró un saldo inicial en la cuenta de "clientes" en cantidad de $10´505,500.81, y concluyó con saldo final de $10´443,239.11, lo que indica que la accionante no tuvo ventas pendientes de cobro en dicho ejercicio, y por el contrario cobró la cantidad de $62,261.70 por ventas pendientes de cobro del ejercicio fiscal anterior -2014-. Enseguida, examinó y valoró los estados de cuenta bancarios y papeles de trabajo relativos a las ventas en litros de diesel, magna y premium, esto es: - Estados de cuenta bancarios a nombre de la actora, de la Institución Financiera BBVA Bancomer, S.A. número de cuenta 0167748965, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2015. - Papeles de trabajo relativos a las ventas en litros de diesel, magna y premium, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos de 2015, papeles de trabajo que contienen el desglose del impuesto especial sobre producción y servicios e impuesto al valor agregado (papel de trabajo Ventas Mensuales 2015). De lo anterior, precisó que la actora señaló, que si bien es cierto en el papel de trabajo denominado "********************/Ventas", por cada uno de los meses de enero a diciembre de 2015, se advierte que dicha cantidad fue el monto total de los ingresos por ventas de combustible, no precisamente ese saldo es el que sus clientes le pagaron, ya que hubo saldos pendientes de cobro en cada mes, es decir, hubo clientes a quienes les vendió a crédito, pero quienes al final no realizaron el pago. En consecuencia, emprendió un análisis a los papeles de trabajo que llevan como título "********************/Ventas", por cada uno de los meses de enero a diciembre de 2015, y advirtió que lo que ahí realizó la actora es el desglose de las cantidades por concepto de venta de combustible "Diesel", "Magna" y "Premium", precisando "precio de venta"; "IEPS" "IVA"; "Total" y "Centavos por litro", lo que demuestra que la actora determinó a su cargo ingresos en cantidad total de $67´201,975.40 por concepto de venta de combustible, empero, no se observó que existieron saldos pendientes de cobro, ni que hubo clientes a quienes se les vendió a crédito, y que al final no realizaron el pago, pues no hay evidencia de ello en dichos papeles, por lo que sostuvo que con éstos, la actora no acreditó los extremos de su acción en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Atendió lo argumentado en el quinto concepto de impugnación en relación a que si bien es cierto en el papel de trabajo denominado "********************/Ventas", por cada uno de los meses de enero a diciembre de 2015, se advierte que dicha cantidad fue el monto total de los ingresos por ventas de combustible, no precisamente ese saldo es el que sus clientes le pagaron, ya que esa suma de dinero no fue la que entró a su cuenta bancaria, pues hubo saldos pendientes de cobro. De lo anterior, procedió a adminicular los estados de cuenta bancarios con las Balanzas de comprobación y los dictámenes periciales del perito nombrado por la autoridad demandada y el tercero designado por la Sala, sobre lo cual coligió que la actora, en el período de enero a diciembre de 2015, registró un saldo inicial en la cuenta de "clientes" en cantidad de $10´505,500.81, y concluyó con saldo final de $10´443,239.11, de lo que infirió que la accionante no tuvo ventas pendientes de cobro en dicho ejercicio, asimismo, lo corroboró con la respuesta de los peritos a la pregunta 15 del cuestionario ofrecido por la actora. También, advirtió que del dictamen del perito de la autoridad demandada, en específico el análisis que realizó de los movimientos que se desprenden de la cuenta Bancos (102-0200 BBVA Bancomer 48965) visible en las Balanzas de Comprobación de la actora, se desprende que en el período de enero a diciembre de 2015, se registraron depósitos a la cuenta bancaria 0167748965 en cantidades de $7,428,532.23 (enero); $5,904,392.21 (febrero); $7,106,146.03 (marzo); $6,680,858.75 (abril); $6,053,823.09 (mayo); $6,937,336.72 (junio); $7,263,923.97 (julio); $7,265,575.64 (agosto); $6,476,625.65 (septiembre); $6,007,134.23 (octubre); $6,641,173.13 (noviembre); y $6,472,804.88 (diciembre), sumando un total de $80,238,326.53 que la accionante recibió en su cuenta bancaria, cantidades que la propia actora registró en su contabilidad y que corresponden a las que reflejan los estados de cuenta bancarios a su nombre correspondientes a cada uno de los meses de enero a diciembre de 2015. Asimismo, señaló que de los dictámenes rendidos por los peritos de la parte demandada y tercero, adminiculados con las Balanzas de Comprobación por cada uno de los meses del ejercicio 2015, se advierte que en la cuenta bancaria ingresaron depósitos en cantidad de $80,238,326.53, que superan la cantidad de $67´201,975.40 que por concepto de ingresos propios de la actividad por la venta de combustible (diesel, magna y premium) registró la accionante en su papel de trabajo denominado "********************/ventas", lo cual desvirtúa el argumento de la accionante consistente en que la cantidad de $67´201,975.40 registrado no fue la que entró a su cuenta bancaria, al haber saldos pendientes de cobro; además, agregó que al establecer que el hecho de que la actora utilizó la cuenta 103-0000 "Clientes" y la subcuenta 103-1000 "Clientes" nacionales" para el registro de las ventas y cobros que realizaba por concepto de combustibles y lubricantes, y al comparar el saldo inicial de enero del ejercicio 2015, con el saldo final de diciembre del mismo año, se tiene una disminución, lo que significa que se cobró más del monto vendido, por lo que al final del ejercicio no hubo ventas sin cobrar. Concluyó que de un enlace y adminiculación de las Balanzas de Comprobación con los estados de cuenta bancarios, se desprende que la actora registró y recibió depósitos en su cuenta bancaria 0167748965 la cantidad de $80,238,326.53 por concepto de ingresos propios de su actividad, y si de la cuenta 103-0000 "Clientes" y subcuenta 103-1000 "Clientes" nacionales", al comparar el saldo inicial de enero del ejercicio 2015, con el saldo final de diciembre del mismo año, se tiene una disminución, confirma lo señalado en la resolución impugnada en el sentido de que la accionante no tuvo ventas pendientes de cobro en dicho ejercicio; lo cual el perito de la parte actora, en cambio, al dar respuesta a la pregunta 15 del cuestionario, se manera dogmática respondió en el sentido de que si existen ventas durante el ejercicio 2015, que no fueron cobradas, "como se podrá ver reflejado en los estados de cuenta proporcionados y balanzas", así como ingresos que no se tendrían que acumular dichas ventas si no se ha recibido su cobro; sin embargo, su opinión no se encuentra respaldada de un estudio técnico contable que revele la veracidad de sus afirmaciones, por lo que no es posible adminicular el dictamen del perito nombrado por la actora con sus registros contables. Por otra parte, examinó y valoró el concentrado de pagos a Pemex 2015 del portal, esto es: - Concentrado de pagos a Pemex 2015 del portal, relativo a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Del citado medio de convicción señaló que sólo se advierte que la actora contabilizó pagos hechos a Petróleos Mexicanos, y no así que durante el ejercicio 2015 existieron saldos pendientes de pago por parte de sus clientes por un monto de $2´813,098.23; por ende, determinó que no es posible adminicular dicha prueba con los demás registros contables para acreditar los hechos controvertidos, pues el referido concentrado, no tiene relación con los pagos recibidos por la actora de sus clientes por la venta de combustible, de ahí que no hay manera de enlazar su contenido con los hechos controvertidos que se pretenden probar, es decir, que no se obtuvieron ingresos en cantidad de $67´201,975.40 por concepto de venta de combustible (diesel, magna y premium), porque hubieron clientes que no pagaron al final del ejercicio. En otra parte de la sentencia, examinó y valoró el expediente administrativo con motivo de la visita domiciliaria realizada a la actora, esto es: - Expediente administrativo con motivo de la visita domiciliaria realizada a la actora, misma que concluyó con la determinación del crédito fiscal contenido en el oficio S.F.2018-IX-1529 de 07 de septiembre de 2018 De dicho expediente, advirtió que: "(.) corren agregadas diversas documentales que forman parte de los antecedentes de la resolución impugnada, mismas que ya fueron valoradas y analizadas en el presente fallo, como son las siguientes: Balanzas de comprobación correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2015. Papeles de trabajo "María Angélica Salazar/Ventas 2015. Concentrado de Pagos a PEMEX 2015. Estados de cuenta bancarios de la cuenta 0167748965 a nombre de la actora, de la institución bancaria BBVA BANCOMER. (.) también obra diversa documentación como es la siguiente: Orden de visita domiciliaria de fecha 14 de agosto de 2017. Acta parcial de inicio de fecha 15 de agosto de 2017. Última Acta parcial de fecha 11 de junio de 2018. Acta final de fecha 12 de julio de 2018. Resolución administrativa contenida en el oficio número ******************** de siete de septiembre de dos mil dieciocho, Acta de recepción de documentación de fecha 25 de agosto de 2017 Papel de trabajo "Cuadro de Depreciación de Equipo de cómputo al 31 de diciembre de 2015" Papel de trabajo "Cuadro de Amortización de Activo diferido al 31 de diciembre de 2015" Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos asimilados y crédito al salario. Papeles de Trabajo "Concentrado de Retenciones del IVA Comisión Federal de Electricidad " Constancia Anual de Intereses devengados y pagados en crédito hipotecarios destinados a casa habitación Oficio de fecha 17 de mayo de 2018, por medio del cual se hace una atenta invitación a la actora para que acuda a las oficinas de la autoridad fiscal para conocer los hechos y omisiones detectadas durante la visita Constancia de hechos de fecha 23 de mayo de 2018, por medio del cual se hizo constar que la actora no atendió la invitación que se le hizo. Acuses de recibo de diversas declaraciones de pagos provisionales presentados por la actora. Recibos de pago de contribuciones. Papeles de trabajo "Ventas Periodo inventario" del año 2015. Papeles de trabajo "Concentrado de compras a PEMEX" por el ejercicio 2015. Señaló que de dichas documentales la actora no realizó razonamiento alguno que explique, precise o especifique cuáles son los hechos que pretende probar con tales documentos, pues en su escrito de demanda inicial únicamente ofreció como prueba el expediente administrativo sin precisar qué pretende probar con los documentos ahí contenidos, además, indicó que no le corresponde a la sala responsable subsanar las deficiencias argumentativas de la demandante, pues es un juicio fiscal en el que se rige en estricto derecho y no procede la suplencia de la deficiencia de la queja. Citó los criterios jurisprudenciales de rubros siguientes: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR PARA PROCEDER A SU ESTUDIO, PERO SIN INTRODUCIR PLANTEAMIENTOS QUE REBASEN LO PEDIDO Y QUE IMPLIQUEN CLARAMENTE SUPLIR UNA DEFICIENCIA ARGUMENTATIVA." y "PRUEBAS, APRECIACION DE. CONCEPTOS DE VIOLACION DEL PATRON." Precisó que sin que obste lo anterior y en acatamiento a la ejecutoria de amparo, emprendió la valoración y análisis de las documentales siguientes: "Orden de visita domiciliaria de fecha 14 de agosto de 2017; Acta parcial de inicio de fecha 15 de agosto de 2017; Última Acta parcial de fecha 11 de junio de 2018; Acta final de fecha 12 de julio de 2018; Resolución administrativa contenida en el oficio número ******************** de siete de septiembre de dos mil dieciocho; Acta de recepción de documentación de fecha 25 de agosto de 2017; Oficio de fecha 17 de mayo de 2018, por medio del cual se hace una atenta invitación a la actora para que acuda a las oficinas de la autoridad fiscal para conocer los hechos y omisiones detectadas durante la visita; constancia de hechos de fecha 23 de mayo de 2018, por medio del cual se hizo constar que la actora no atendió la invitación que se le hizo". De las cuales coligió que se son actuaciones realizados por la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación, y que de ninguno de tales actos se advierte dato o reconocimiento alguno de la autoridad que acredite lo señalado por la actora en su concepto de impugnación, esto es, que al final del ejercicio varios de sus clientes dejaron de pagar por las ventas realizadas por concepto combustibles, aunado a que la actora no señala qué presunción legal y humana acredita sus pretensiones. Aunado a lo anterior, analizó y valoró las documentales: "Papel de trabajo "Cuadro de Depreciación de Equipo de cómputo al 31 de diciembre de 2015; Papel de trabajo "Cuadro de Amortización de Activo diferido al 31 de diciembre de 2015; Constancia de Sueldos, Salarios, Conceptos asimilados y crédito al salario; Papeles de Trabajo "Concentrado de Retenciones del IVA Comisión Federal de Electricidad; Constancia Anual de Intereses devengados y pagados en crédito hipotecarios destinados a casa habitación; Acuses de recibo de diversas declaraciones de pagos provisionales presentados por la actora; Recibos de pago de contribuciones; Papeles de trabajo "Ventas Periodo inventario" del año 2015; Papeles de trabajo "Concentrado de compras a PEMEX" por el ejercicio 2015"; de lo cual señaló que, no acreditan lo aseverado por la actora, pues ninguna desvirtúa lo señalado por la autoridad en la resolución impugnada, es decir, que todo lo que compra la contribuyente visitada todo lo vende, además de que de los registros contables y en particular de la cuenta de clientes, no se tiene la certeza de que las ventas realizadas no hayan sido cobradas en su totalidad. Examinó la resolución combatida, de la cual advirtió que la autoridad fiscal determinó que todo lo vendido por la contribuyente fue efectivamente cobrado, ya que: "1) en su contabilidad no integra a los clientes que le pagan así como los que le quedan a deber; 2) solo considera como cobrado lo que entra como depósito en su cuenta bancaria; y 3) se trata de una estación de gasolina en donde la mayoría de los clientes pagan en efectivo; sin que la actora con las mencionadas pruebas lo desvirtúe."; también, puntualizó que el "Concentrado de Compras a PEMEX" fue considerado por la autoridad fiscal para la determinación de deducciones conocidas y declaradas por $********************, sin que se haya determinado diferencia alguna. De lo anterior, concluyó que las mencionadas documentales que obran en el expediente administrativo al no tener relación inmediata con los hechos controvertidos que se pretenden probar, no es posible su adminiculación con el resto del material probatorio, ya que de su contenido ninguna relación guarda con el hecho consistente en que supuestamente al final del ejercicio existieron clientes que dejaron de pagar por las ventas realizadas por concepto de combustible en cantidad de $********************. En otra parte de la sentencia, señaló que la prueba consistente en la Instrumental de actuaciones, fue analizada por la sala, a lo largo del estudio de la resolución en cumplimiento, pues las pruebas que obran en autos ya fueron estudiadas y adminiculadas entre sí, las que tienen relación inmediata con los hechos controvertidos. Finalmente, indicó que respecto a la prueba presuncional legal y humana, contra lo que afirma la actora, la autoridad demandada para la determinación de los ingresos en cantidad de $********************, por concepto de venta de combustible, no arribó a esa suma con base en presunciones, sino más bien se apoyó en hechos que constan en la contabilidad de la contribuyente actora, como es el papel de trabajo denominado "******************** /Ventas" y las Balanzas de comprobación correspondientes a cada uno de los meses del ejercicio revisado; por ende, no es posible adminicularla con el resto del material probatorio que obra en autos. De todo lo anterior, calificó por infundado el concepto de impugnación vertido por la parte actora, al no desvirtuar la presunción de legalidad de que goza la resolución combatida en términos de lo dispuesto por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. Apoyo a lo anterior, citó la tesis de rubro siguiente: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. PRESUNCION DE VALIDEZ DE SUS ACTOS Y RESOLUCIONES." IV. Luego, la autoridad responsable declaró la nulidad de la resolución impugnada, esto es, contenida en el oficio número ********************, de siete de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Director de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (fojas 495 vuelta y 496 de autos, cumplimiento del lineamiento "3"). De lo anterior se concluye que atento a lo resuelto por la autoridad responsable en el caso, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, pues como quedó relatado en líneas precedentes: 1. Dejó insubsistente la sentencia reclamada. 2. Emitió otra, en el que reiteró todo lo que no fue materia de concesión; asimismo, analizó de manera fundada y motivada todos los documentos ofrecidos en el expediente administrativo, así como del juicio de nulidad. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, declaró la nulidad de la resolución impugnada. De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria, sin exceso o defecto. Notifíquese, por lista a la quejosa y por oficio a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, cinco de julio de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de catorce de junio del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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