María Antonia Calderón Rodríguez

Expediente 912/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
912/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • María Antonia Calderón Rodríguez

Actuaciones

  1. Incidental

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo tramítese por el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************-V, promovido por ********************por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, y otras autoridades. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con la fracción II, del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente. INFORMES PREVIOS. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídanse los informes previos a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, en el que expresarán si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley al correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. En esa medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por ese medio electrónico, por lo que, resultará innecesario que lo hagan también por la vía ordinaria. INTEGRACIÓN DEL INCIDENTE. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe previo proporcionen a este órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expedites a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe previo, se harán acreedoras a una multa una equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción I y 238 de la Ley de Amparo. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo origen de este asunto, se obtiene que el acto que se reclama consiste en: La orden de aprehensión, comparecencia y detención, dictada respecto de la persona de la quejosa, así como su ejecución. EFECTO PARA EL QUE SOLICITA LA MEDIDA. La parte promovente solicita la suspensión provisional de los actos reclamados, para efectos de que no sea ejecutada su posible detención o privación de su libertad personal; por lo que, este juzgado de Distrito emprenderá el análisis del acto por el que se admitió la demanda, de acuerdo a su naturaleza jurídica CONCESIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando concurran, entre otros, los siguientes requisitos: a) Que la solicite el agraviado; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, En el caso, por cuanto hace a la primera de las exigencias, prevista por la fracción I del precepto invocado, se estima que ésta se encuentra satisfecha en sus extremos, toda vez que es la propia demandante de la protección federal quien solicita el otorgamiento de la suspensión contra la orden de aprehensión, comparecencia o detención, emitidas en su contra, así como su ejecución. En otro orden, por cuanto hace a lo dispuesto por la fracción II, del invocado ordinal 128, tendente a ponderar que, con la medida cautelar no se siga en perjuicio al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, debe decirse que, aun cuando no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, lo cierto es que al momento de ponderar sobre la procedencia de la medida cautelar es necesario atender su existencia en los casos concretos de que se trate; para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se contravienen disposiciones de orden público como lo es, que con la concesión de la medida cautelar se ocasionen perjuicios a la sociedad. Al caso, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia I.3°A. J/16, consultable en la página trescientos ochenta y tres, Tomo y, Enero de 1997, de Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA". Lo mismo que la tesis consultable en la página 516, del Tomo III, Segunda Parte 1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro es del siguiente tenor literal: "ORDEN PÚBLICO. ALCANCE DEL CONCEPTO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN". Por tanto, se estima que en el caso a estudio, también se encuentra satisfecho a cabalidad dicho requisito; pues con su otorgamiento, no se ocasiona perjuicio al interés de la sociedad ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se priva a la colectividad de algún beneficio y, por el contrario, se estima que de no concederse la suspensión se privaría de su libertad a la quejosa. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 128, 138 163 y 166 de la Ley de Amparo, toda vez que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, por lo que en el supuesto de que la privación de la libertad devenga de alguna orden de aprehensión y comparecencia, SE CONCEDE a ********************la suspensión provisional de tal acto reclamado, así como su ejecución, para los efectos siguientes: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la justiciable quede a disposición de este juzgado en el lugar en que deba ser recluida en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; y, II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la quejosa NO sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que más adelante se detallarán, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Es aplicable a lo anterior, por similitud de razón, la tesis I.7º.50 P, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que puede ser consultada en la página 1678, tomo XX, Julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Penal, de rubro siguiente: "ARRAIGO DOMICILIARIO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO GRAVE. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN QUE LO DECRETA, LA SUSPENSIÓN DEBE OTORGARSE PARA EL EFECTO DE QUE EL INCULPADO QUEDE A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL SE REFIERE Y A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LA CONTINUACIÓN DE LA ORDEN RECLAMADA." Y por lo que hace a la orden de detención, así como su ejecución, SE CONCEDE a ********************la suspensión provisional del acto reclamado, para los efectos siguientes: I. Cuando el acto reclamado consista en la detención de la impetrante de amparo efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndola en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención de la quejosa no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesta en libertad. (Artículo 164 de la Ley de Amparo). II. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal de la parte quejosa y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concederá para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sean puesta en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Cuando la parte quejosa se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenida en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesta a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la quejosa, la suspensión se concederá para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. (Artículo 165 de la Ley de Amparo). III. Con fundamento en los artículos 125 y 126, se decreta la suspensión, para que bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, cese dicho acto, si es que no existiera causa legal que justifique el acto restrictivo de la libertad, y que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran. Es aplicable la jurisprudencia 8/2013, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro número 2003171, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, visible en la página 187, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA CONCEDERLA EN LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN, TRATÁNDOSE DE DELITOS NO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. La suspensión aquí otorgada surte efectos desde este momento; pero dejará de hacerlo si la quejosa no cumplen con las siguientes medidas de aseguramiento: Exhibir, dentro del plazo de cinco días hábiles, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, una garantía a disposición de este juzgado de distrito, por la cantidad de ********************; que podrá exhibir mediante billete de depósito de la serie "N", expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca y Desarrollo, antes Bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito); o bien, a través de diversos medios jurídicos de aseguramiento asequible a la quejosa, tales como fianza, prenda, hipoteca; y solo en efectivo cuando por causa de fuerza mayor o urgencia justificada sea imposible en la forma anterior; por lo que una vez que la exhiba se dará aviso oportuno a las autoridades señaladas como responsables; monto que se fija discrecionalmente porque no se conoce con exactitud la naturaleza, modalidades y características del delito que se atribuye a la parte quejosa, tomando en consideración su situación económica y la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. Lo anterior encuentra sustento en la tesis I.4º.C.52 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2331, con registro 162825, de rubro: "GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. SI NO SE PUEDE MOTIVAR SU CUANTÍA". Una vez que se tenga conocimiento de la existencia de la orden y qué autoridad señalada como responsable la emitió, deberá presentarse ante ella dentro del plazo de cinco días hábiles para efectos de la continuación del proceso penal o carpeta de investigación de que se trate, y acreditarlo así ante este juzgado, quedando obligada desde entonces a presentarse cuantas veces sea requerida para la continuación del procedimiento. Estas medidas de aseguramiento buscan que la parte quejosa no evada la acción de la justicia y que sea devuelta ante la autoridad correspondiente en caso de no obtener la protección constitucional, de tal suerte que en caso de que incumpla cualquiera de estas obligaciones o aquellas derivadas del procedimiento penal o carpeta de investigación respectiva, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable, en términos del artículo 166, fracción II, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. PRECISIÓN 1. Cabe acotar que la presente medida tampoco surte efectos en supuestos de flagrante delito y casos de urgencia previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRECISIÓN 2. Es preciso enfatizar que la presente medida cautelar no surtirá efectos si los actos reclamados obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables. PRECISIÓN 3. La presente medida únicamente surte efectos por los actos reclamados que provienen de las responsables, existentes a la fecha de la presentación de la demanda en estudio. PRECISIÓN 4. La suspensión concedida no surte efecto legal alguno si se trata del auto que ordena la citación de la investigada a una audiencia de formulación de imputación, toda vez que dicha orden es una simple comunicación en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia, por lo que, en ese caso, el juicio de amparo deviene improcedente, por lo tanto no podría concederse la suspensión de dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2018828 y rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]" LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LA GARANTÍA. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 883 y 889 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince; si la garantía se constituye a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, deberá contener: La leyenda: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo del quejoso. El concepto dirá: "Para garantizar la suspensión provisional, concedida dentro del incidente de suspensión ********************". Como autoridad: Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan. De no estar requisitado el documento valioso en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin tener por exhibida la garantía. VIGENCIA MEDIDA. Así las cosas, la medida cautelar concedida surte sus efectos desde esta fecha en que se decreta, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución de la suspensión definitiva, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a.lJ. 33/2014 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 431, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de registro 20006797 y de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE y NO AL NOTIFICARSE." REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se requiere a las autoridades responsables para que informen dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que queden notificadas de esta resolución, el cumplimiento que den a dicha medida suspensional. A quienes se les hace saber lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, esto es: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)." CONSIDERACIÓN FINAL. En ese orden, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si bien están obligadas a acatar la suspensión desde este momento en que se concede, también lo es que están obligadas a revocar su actuación considerando el instante en que se otorgó la suspensión y deben componer la ejecución, siempre que la naturaleza del acto ejecutado lo admita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1ª./J. 34/2014 (10ª), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 430, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SE ORDENÓ Y HAYAN SIDO EJECUTADOS POR LA AUTORIDAD ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE AQUELLA, DEBEN SER REVOCADOS PARA RETROTRAERLOS AL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. DOMICILIO. Téngase por señalado como domicilio de la quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en ********************en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo. AUTORIZADOS. Asimismo, téngase como autorizado con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************toda vez que la cédula profesional que faculta al primero como licenciado en derecho, sí se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación mientras que el segundo, después de una consulta realizada en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que la cédula profesional ******************** fue expedida en favor de ********************, de ahí que la autorización sea en los términos indicados. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, del Décimo Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de rubro y texto: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que del referido ********************, no se encuentre registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, toda vez que éste es un registro de control interno para dichos juzgados y, el contenido de la aludida página oficial tiene efectos públicos, por lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia XX.2º. J/24 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con registro 168124 y rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." También resulta aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y texto: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995). Una nueva reflexión sobre el tema relativo a la legitimación del autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el no señalamiento del número de registro de cédula profesional en el escrito correspondiente o el reconocimiento tácito por el Juez de Distrito llegue a transgredir el citado dispositivo en su segundo párrafo, el cual es claro en cuanto a que en las materias civil, mercantil y administrativa, es condición que el autorizado acredite ante el Juez que conozca del amparo, encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, tales omisiones no pueden dar lugar a legitimar en las referidas materias al profesionista que no cubra esos requisitos, toda vez que es una obligación del Juez de Distrito constatar tal circunstancia, pues una vez que el a quo reconozca la legitimación necesaria para ofrecer pruebas, éste ya está autorizado para interponer recursos, así como cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, dado que el autorizado en términos amplios del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tiene una diversidad importante de facultades de representación. Por ello, la importancia de que el Juez de Distrito constate la autorización que expida en términos del multicitado artículo, a fin de no estar en contra de la ley, al legitimar a algún profesionista que no cuente con la autorización correspondiente, pues estaría legitimando a quien la ley expresamente prohíbe." Lo enfatizado es de este Tribunal. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ADMISIÓN. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con el artículo 3 en relación con el diverso 128 de la Ley de Amparo, por cuerda separada, tramítese el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, sin que sea necesario su formación por duplicado de manera física, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. En esa medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por ese medio electrónico, por lo que, resultará innecesario que lo hagan también por la vía ordinaria. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITA COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberán remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. SOLICITUD DE ÍNDICE CRONOLÓGICO. En el entendido de que el Juez de Control y Enjuiciamiento responsable, deberá remitir, en su caso, el índice cronológico del desarrollo de la audiencia, debiendo indicar el orden de intervención de cada de una de las partes, de conformidad con el párrafo tercero, del artículo 177 de la ley de la materia. INTEGRACIÓN DEL JUICIO. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, que al momento de que rindan su informe justificado proporcionen a este órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes el derecho fundamental a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PARTE TERCERA INTERESADA. Resérvese proveer lo conducente en torno al llamamiento a juicio de la parte tercera interesada, hasta en tanto se tengan las constancias que integran el juicio de origen del acto reclamado, de las que se obtenga a quien le asiste tal carácter. EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE TENGA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE ORIGEN. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso e), en relación con el 26, fracción II, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, en caso de que la autoridad judicial señalada como responsable acepte la existencia del acto reclamado, se le requiere para que emplace con el carácter de tercero interesado al Fiscal de Litigación que tenga intervención en la causa penal de origen, con copia de la demanda de amparo que nos ocupa, a fin de que se encuentre en condiciones de actuar en términos de lo establecido por el artículo 124 de la invocada legislación. REQUIERE POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a la parte quejosa y, a quienes en su caso les revista el carácter tercero interesado, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. MULTA. En el entendido que de hacer caso omiso al presente requerimiento, si en el trámite o resolución del juicio se advierte una posible causal que las partes hayan sido omisas en comunicarlo a este órgano, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que éstos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resuelto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley, corriéndole traslado con las copias de la demanda. CAPTURA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. Se instruye al analista jurídico encargado del SISE, para que realice la captura exacta de las autoridades responsables, tal y como se señaló en la demanda inicial, en el entendido que si durante el trámite del asunto se conoce que la denominación es incorrecta, inexistente, imprecisa, cambió o diversa cuestión que incida en el tema, deberá atenderlo puntual y oportunamente a la luz del acuerdo que se emita. Para lo cual, el Secretario encargado de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. DOMICILIO. Téngase por señalado como domicilio de la quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en ********************en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo. AUTORIZADOS. Asimismo, téngase como autorizado con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************toda vez que la cédula profesional que faculta al primero como licenciado en derecho, sí se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; mientras que el segundo, después de una consulta realizada en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que la cédula profesional ******************** fue expedida en favor de ********************, de ahí que la autorización sea en los términos indicados. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, del Décimo Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de rubro y texto: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que del referido ********************, no se encuentre registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, toda vez que éste es un registro de control interno para dichos juzgados y, el contenido de la aludida página oficial tiene efectos públicos, por lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia XX.2º. J/24 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con registro 168124 y rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." También resulta aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y texto: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995). Una nueva reflexión sobre el tema relativo a la legitimación del autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el no señalamiento del número de registro de cédula profesional en el escrito correspondiente o el reconocimiento tácito por el Juez de Distrito llegue a transgredir el citado dispositivo en su segundo párrafo, el cual es claro en cuanto a que en las materias civil, mercantil y administrativa, es condición que el autorizado acredite ante el Juez que conozca del amparo, encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, tales omisiones no pueden dar lugar a legitimar en las referidas materias al profesionista que no cubra esos requisitos, toda vez que es una obligación del Juez de Distrito constatar tal circunstancia, pues una vez que el a quo reconozca la legitimación necesaria para ofrecer pruebas, éste ya está autorizado para interponer recursos, así como cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, dado que el autorizado en términos amplios del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tiene una diversidad importante de facultades de representación. Por ello, la importancia de que el Juez de Distrito constate la autorización que expida en términos del multicitado artículo, a fin de no estar en contra de la ley, al legitimar a algún profesionista que no cuente con la autorización correspondiente, pues estaría legitimando a quien la ley expresamente prohíbe." Lo enfatizado es de este Tribunal. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

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