Maria Alicia Pérez Morfín

Expediente 705/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
705/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Maria Alicia Pérez Morfín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE TRECE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, trece de enero de dos mil veintidós. EXHIBE COPIAS. Agréguese el escrito signado por la quejosa María Alicia Pérez Morfín, a través del cual da cumplimiento a lo requerido en auto de seis de enero del año en curso, y al efecto exhibe las copias correspondientes de su escrito mediante el cual da cumplimiento a la prevención de demanda, a efecto de correr traslado a las partes. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Al respecto, en atención a tal ocurso, téngase a la aludida quejosa dando cumplimiento a la prevención formulada en autos de quince y treinta de diciembre de dos mil veintiuno, y al efecto precisa de forma clara y concreta los actos que reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, del análisis sistemático demanda de amparo y ocurso aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: La pretensión de llevar a cabo el desalojo del inmueble ubicado en Boulevard Industrial número 4563, colonia San Rafael, en esta localidad, ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 368/2020, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En el caso concreto, este Juzgado Federal determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Ahora, el artículo 5, fracción I, de la legislación de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley (.)". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Precisado lo anterior, en el caso, es inconcuso que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la peticionaria de amparo, al no existir agravio alguno, pues lo hace derivar de que eventualmente se le prive de la propiedad y posesión del inmueble ubicado en Boulevard Industrial número 4563, colonia San Rafael, en esta localidad, en caso de que se ordenara llevar a cabo el desalojo de dicho inmueble en el juicio ejecutivo mercantil 368/2020, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad; lo que a la fecha de la presentación de la demanda no ha acontecido. En efecto, de sus propias manifestaciones vertidas en el ocurso aclaratorio, además del contenido de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 692/2021-I, de este índice, el cual guarda relación directa con el presente asunto, como se precisó en la cuenta secretarial y constituye un hecho notorio, se advierte que el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el personal del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, suspendió la diligencia de entrega del inmueble consistente en el terreno rustico denominado Santa Catarina, ubicado en el rancho del Toreo el Bajo, Municipio de esta ciudad; calle Boulevard Industrial, número 4977, situado entre las calles Ares y Gertrudis Bocanegra, colonia Ampliación San Rafael, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, ordenada en autos del juicio ejecutivo mercantil 368/2020, de su índice, el cual es diverso al que defiende la ahora quejosa el cual se ubica en Boulevard Industrial número 4563, colonia San Rafael, en esta localidad, lo cual se corrobora con las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir de verdad por la propia promovente del amparo en el sentido de que el acto de molestia reclamado no se llevó a cabo en el domicilio de su propiedad, al haber sido suspendido pero que en caso de que la responsable hubiera actuado se le hubieran vulnerado sus derechos, así como que dichos actos se pudieran volver a repetir, de lo que se colige que tal situación no trasciende en su esfera jurídica. Aunado a que las manifestaciones realizadas tendentes a sustentar el temor fundado de que se ejecute el acto reclamado, aduciendo que en diversas ocasiones ha recibido llamadas telefónicas intimidatorias y amenazantes, realizadas según refiere, por la persona que señala con el carácter de tercero interesado, donde le advierte que desocupe el inmueble materia del presente juicio, ostentándose como miembro de la delincuencia organizada, no producen una afectación a su interés jurídico, dado que para la procedencia de la acción de amparo es un presupuesto indispensable que el acto reclamado produzca una afectación real, directa e inmediata en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que en el caso no acontece. Por lo que en caso, el acto tildado de inconstitucional, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo motivo de este expediente -catorce de diciembre de dos mil veintiuno-, resulta futuro y de realización incierta para la procedencia del juicio, en virtud de que tal acto al día de la fecha es inexistente, pues la promovente sólo se basa en que tiene temor fundado de que en el futuro se ejecute dicho acto. Lo anterior es así, porque el Máximo Tribunal de justicia del país determinó que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el agravio que los actos reclamados causen a la parte quejosa deben ser actuales, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causarán dicha afectación, lo que no se actualiza en el caso, pues la aseveración de la justiciable constituye una especulación, al no proporcionar datos que revelen que efectivamente se llevará a cabo el desalojo del inmueble que refiere, pues en los antecedentes que relató en su demanda y ocurso aclaratorio, así como de las constancias relativas al diverso juicio de amparo 692/2021, de este índice, no se advierte dicha circunstancia. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º de la ley de la materia condiciona su promoción a que los actos reclamados perjudiquen a la parte quejosa. Por consiguiente, si de la lectura de la demanda no se infiere la inminencia del acto reclamado, es evidente que no existe el agravio que refiere la amparista, por ende, no le causa perjuicio alguno. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 79, Julio de 1994, Página: 15, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Ahora, el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo procede contra leyes o actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos; es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. La determinación que aquí se adopta, se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal, a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Asimismo, teniendo en cuenta que en el presente asunto se combaten actuaciones de carácter positivo, su existencia debe analizarse de conformidad con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, porque es sabido que el juicio constitucional procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los referidos artículos 1o., fracción I, 6, y 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En ese sentido, es de colegirse que se trata de un supuesto hipotético de la vulneración de un derecho que no se ha actualizado y, por ende, no puede ser lesionado. Así, se desprende que la promovente plantea un acto que a la fecha de la presentación de la demanda, en su caso, no ha sido ejecutado, sino que pudiera serlo en el futuro. Por ello, la demanda que se provee, resulta improcedente respecto de dicho acto de manera notoria en atención a que la parte quejosa no acredita siquiera de manera indiciaria que dicho acto que por ésta vía reclama sea cierto, concreto, inminente y actual, sino probable o eventual. De todo ello es inconcuso que el acto reclamado en la forma planteada en la demanda de cuenta, no ha producido en la parte quejosa algún daño real, directo, concreto, inminente e irreparable en sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por ende, trastocado su esfera jurídica. Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente concluir que la demanda de prerrogativas fundamentales que se provee, es notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto por los preceptos legalmente transcritos, dado que no es de aquéllos que ocasionen perjuicios actuales e inminentes a la parte impetrante, pues de sus manifestaciones no se advierte el agravio actual y directo que la ley, tratado, reglamento o acto de autoridad le ocasione, más aún, se hace consistir en una probable afectación que en el futuro puede o no darse, por lo que tiene el carácter de futuro y no de inminente realización. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio establecido por la Primera Sala en la Tesis visible en la página 1384 del Tomo XXXVI, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." De igual forma, tiene aplicación, por analogía la tesis visible en la página 120, Tomo: IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS FUTUROS, PROBABLES E INCIERTOS. SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO." De igual forma, cobra aplicación a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1032, tomo XV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES. Contra ellos es improcedente conceder el amparo.". En esas condiciones, inconcuso resulta que en el caso cobra vigencia la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo promovida por María Alicia Pérez Morfín, por su manifiesta e indudable improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de enero de dos mil veintidós. PRETENDE DESAHOGAR PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por la quejosa María Alicia Pérez Morfín, a través del cual pretende desahogar cabalmente la prevención de demanda, formulada en auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno. SUBSISTE PREVENCIÓN. Ahora bien, en el referido auto se previno a la peticionaria de amparo a efecto de que, por escrito, con copias suficientes para cada una de las partes y bajo protesta de decir verdad, precisara de forma clara y concreta el acto o actos que reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables. Del ocurso de cuenta se advierte que la promovente, bajo protesta de decir verdad, precisa dicha circunstancia; sin embargo, únicamente exhibe el original del escrito respectivo y una copia del mismo, como se advierte del sello de la Oficialía de Partes Común, cuando resultan necesarias cinco copias para distribuirse de la siguiente manera: una para la autoridad responsable; otra para correr traslado a la parte tercera interesada, dos para integrar los cuadernos del incidente de suspensión solicitado, cuyo trámite, acorde con lo dispuesto por el artículo 128 de la ley de la materia, se realiza por cuerda separada y duplicado, y una más para hacer entrega al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. Por tanto, mediante notificación personal, requiérase a la parte quejosa para que dé cabal cumplimiento a lo solicitado en el referido auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, y exhiba cuatro copias respectivas de su escrito de aclaración de demanda, a efecto de correr traslado a la totalidad de las partes, ello conforme a lo establecido en la jurisprudencia 39/2012 de la Primera Sala del máximo Tribunal del País de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." En el entendido de que el plazo que se le otorgó para tal efecto se interrumpió con la presentación del escrito de cuenta (cinco del presente mes y año); plazo que se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la referida promovente que en caso de no desahogar en sus términos el presente requerimiento, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE FECHA OCHO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE SEIS DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de enero de dos mil veintidós. PRETENDE DESAHOGAR PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por la quejosa María Alicia Pérez Morfín, a través del cual pretende desahogar cabalmente la prevención de demanda, formulada en auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno. SUBSISTE PREVENCIÓN. Ahora bien, en el referido auto se previno a la peticionaria de amparo a efecto de que, por escrito, con copias suficientes para cada una de las partes y bajo protesta de decir verdad, precisara de forma clara y concreta el acto o actos que reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables. Del ocurso de cuenta se advierte que la promovente, bajo protesta de decir verdad, precisa dicha circunstancia; sin embargo, únicamente exhibe el original del escrito respectivo y una copia del mismo, como se advierte del sello de la Oficialía de Partes Común, cuando resultan necesarias cinco copias para distribuirse de la siguiente manera: una para la autoridad responsable; otra para correr traslado a la parte tercera interesada, dos para integrar los cuadernos del incidente de suspensión solicitado, cuyo trámite, acorde con lo dispuesto por el artículo 128 de la ley de la materia, se realiza por cuerda separada y duplicado, y una más para hacer entrega al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. Por tanto, mediante notificación personal, requiérase a la parte quejosa para que dé cabal cumplimiento a lo solicitado en el referido auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, y exhiba cuatro copias respectivas de su escrito de aclaración de demanda, a efecto de correr traslado a la totalidad de las partes, ello conforme a lo establecido en la jurisprudencia 39/2012 de la Primera Sala del máximo Tribunal del País de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." En el entendido de que el plazo que se le otorgó para tal efecto se interrumpió con la presentación del escrito de cuenta (cinco del presente mes y año); plazo que se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la referida promovente que en caso de no desahogar en sus términos el presente requerimiento, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

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