María Angélica Soto Saldaña y Otros.

Expediente 556/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
556/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
09/06/2016

Partes del expediente

  • María Angélica Soto Saldaña y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA,EL ACUERDO QUE DICE: Por recibidos el escrito y anexos remitidos por la quejosa María Angélica Soto Saldaña, mediante los cuales cumple la prevención realizada en autos (fojas 16 a 20); por tal motivo, se emite el siguiente pronunciamiento: ACUERDO RELATIVO A LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTE JUICIO DE AMPARO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito de demanda, aclaratorio de la misma y demás constancias que obran en autos, se considera respetuosamente que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer y resolver este asunto, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante el tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. De los artículos transcritos se advierte, en esencia que cuando un Juez de Distrito estime que los actos que le reclamen sean materia de amparo directo, declarará carecer de competencia y remitirá los autos al Tribunal Colegiado que corresponda; también se advierte la procedencia del juicio de amparo directo en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio; en la inteligencia de que por resoluciones que ponen fin al juicio, también se entiendan aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de los cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda de amparo, aclaratorio de la misma y demás constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de tres de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Interino del Juzgado Mixto Menor, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, en el expediente relativo a la tercería excluyente de dominio 01/2016 de su índice (fojas 30 a 32); mediante la cual declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de tres de marzo del año en curso, en el que desechó dicha tercería excluyente de dominio (foja 26). CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que la resolución de tres de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Interino del Juzgado Mixto Menor, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, en el expediente relativo a la tercería excluyente de dominio 01/2016 de su índice (fojas 30 a 32); es una resolución definitiva que pone fin a dicho procedimiento, contra la cual no procede recurso ordinario alguno y como consecuencia de ello, es materia de análisis en el juicio de amparo directo, cuya competencia corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad. En esas condiciones, en términos de lo que establecen los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, 37 fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de conformidad con el Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de inicio de la nueva denominación y competencia de los Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad y Boca del Río, Veracruz, este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo y, ordena la remisión de los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en esta ciudad, solicitándole atentamente al Tribunal Colegiado que corresponda su conocimiento que, en su oportunidad, acuse el recibo respectivo. Tiene aplicación al caso, por su contenido, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 176797 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 126/2005 Página: 952 TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo. Con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes.

  2. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA,EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve María Angélica Soto Saldaña, por propio derecho y representación de su menor hijo (de quien se omite su nombre en atención al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), personalidad que se le reconoce en términos de la documental que anexó para tal efecto, contra actos del Juez Mixto Menor, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 556/2016 que le corresponde. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS De los artículos 108, fracciones IV y V, 110, 112, 113 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte la facultad de este juzgado de Distrito de prevenir a la parte quejosa para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad, o se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo, o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes. Además, la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, de la que se advierta la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame y en la que el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Por otra parte, el artículo 110 de la Ley de Amparo establece que, de no presentarse la demanda de amparo a través de medios electrónicos, se acompañarán a su escrito las copias para correr traslado a cada una de las partes del juicio de amparo. HECHOS En el caso, del análisis íntegro de la demanda de amparo y documentales anexas, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de tres de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente relativo a la tercería excluyente de dominio 01/2016 del índice del Juzgado Mixto Menor, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz; mediante el cual declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la promovente contra el proveído de tres de marzo del año en curso, dictado en dicho expediente. Por otra parte, cabe precisar que la parte quejosa en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad manifestó, por una parte, que la revocación la interpuso debido a la negación de dicha tercería, y por otra, que mediante el auto de tres de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 01/2016 del índice del Juzgado Mixto Menor, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, desechó su incidente de tercería excluyente de dominio, por lo que impugnó esa determinación mediante la aludida revocación. CONCLUSIÓN Derivado de lo anterior, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo resulta imprecisa al no poder fijar la litis correctamente, pues la promovente no precisó en qué consiste el proveído de tres de marzo de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Mixto Menor, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, en los autos del expediente relativo a la tercería excluyente de dominio 01/2016 de su índice; asimismo, si la resolución que resolvió el recurso de revocación contra el auto precisado en líneas que anteceden, concluyó dicha tercería. REQUERIMIENTO En consecuencia, a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a la promovente para que en el plazo de cinco días legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: Indique en qué consiste el proveído tres de marzo de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Mixto Menor, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, en los autos del expediente relativo a la tercería excluyente de dominio 01/2016 de su índice. Manifieste si la resolución de tres de mayo de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la promovente contra el auto precisado en el inciso que antecede, concluyó dicha tercería excluyente de dominio. Además, tomando en consideración que la promovente es quien interpuso la tercería excluyente de dominio 01/2016 del índice del Juzgado Mixto Menor, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, deberá anexar de ser posible copia certificada o simple, del proveído de tres de marzo de dos mil dieciséis, así como de la resolución que constituye el acto reclamado. Del escrito mediante el cual dé cumplimiento a cualquiera de los incisos que anteceden, deberá allegar las copias que resulten necesarias para cada una de las partes en este asunto, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera necesario para la tramitación de este asunto; es decir, que sin las aclaraciones solicitadas por este Juzgador no sería posible fijar la litis correctamente; aunado a que podría incidir en la competencia que corresponda para conocer de dicho asunto. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la tesis siguiente: Registro No. 175345 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXIII, Abril de 2006Página: 990Tesis: I.7o.A.100 KTesis AisladaMateria(s): Común "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Asimismo, se hace saber a la parte promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personal. Resulta aplicable, la tesis siguiente: Registro No. 174745 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXIV, Julio de 2006Página: 348Tesis: 2a./J. 88/2006JurisprudenciaMateria(s): Común "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Se hace del conocimiento de la parte promovente, del delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. ACUERDO RELATIVO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Por otra parte, de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño y los puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que los tribunales, así como en los expedientes judiciales que ante ellos se radican, debe atenderse primordialmente al interés superior del niño; por lo que se debe ordenar lo procedente para proteger el interés superior del menor y tomar aquellas medidas necesarias para mantener a salvo su identidad, ello con la finalidad de velar por el interés superior de éste, por tanto, este juzgado ordena guardar sigilo respecto de cualquier dato o documento que revele la identidad de dicho menor, atendiendo al interés superior del mismo. En congruencia con lo anterior, se ordena conservar en un sobre amarillo cerrado, la copia certificada relativa al acta de nacimiento del menor quejoso, anexada por la promovente a su escrito de demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como sus autorizados en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Evaristo Bernardo García y Armando Rivera Velázquez; esto es, solamente para oír notificaciones e imponerse de autos, por no contar con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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