María Angélica Moreno Olivares
Expediente 1243/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1243/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Angélica Moreno Olivares
Actuaciones
- Principal
... se advierte que transcurrió el término para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído a través del cual se desechó su demanda de amparo, sin que lo hiciera valer... procede declarar que dicho acuerdo CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido...
- Principal
... requiérase a la Secretaría de Medio Ambiente, residente en esta ciudad para que una vez que cuente con el resultado de la propuesta de dicho decreto, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional o el impedimento legal que tenga para hacerlo...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo indirecto contra actos de la Jefa de Servicios de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, Comisionada a la Subdelegación de Administración de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Veracruz (***, o quien actualmente ostente su cargo), con residencia en esta ciudad y otra autoridad; consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1243/2022 y háganse las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral de la demanda, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que la fracción referida da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la ley en mención establece que una de las partes en el juicio de amparo es la autoridad responsable, la cual, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien la que emite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otra parte, los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emita tenga características de órgano público. 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente de modo que afecte la esfera jurídica de las personas gobernadas. Sobre el tema, el Poder Judicial de la Federación ha identificado diferentes tipos de relaciones que se suscitan entre particulares y autoridades, entre particulares y particulares, o bien, entre autoridades, que son las siguientes: a) De coordinación.- Son las que se establecen entre partes que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad; estas relaciones se regulan por el derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias entre las partes e impedir que se hagan justicia por sí mismas, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, de entre los cuales se encuentran los procedimientos regulados por el derecho civil, mercantil y laboral. b) De supra a subordinación.- Son las que se entablan entre gobernantes y personas gobernadas, por actuar quienes gobiernan en un plano superior a las personas gobernadas, en beneficio del orden público y del interés social; éstas relaciones se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo solamente sería procedente cuando se reclamen actos que provienen de las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos de particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pero no sería procedente para reclamar actos derivados de relaciones de coordinación. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2011298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: III.4o.T.J/3 (10a.) Página: 1639 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. "Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda de amparo y documental anexa, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de las autoridades responsables de dar respuesta al escrito de petición presentado por la parte quejosa el catorce de septiembre de dos mil veintidós. Asimismo, de los antecedentes de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en su escrito de petición presentado el catorce de septiembre de dos mil veintidós, solicitó a las autoridades responsables que le fuera concedida media hora (treinta minutos) para consumir alimentos al final de su jornada laboral, ya que en el inmueble donde labora no cuenta con servicio de comedor. CONCLUSIÓN Acorde con lo anterior, se considera que el acto reclamado no corresponde con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que deriva de la relación laboral que vincula a la parte quejosa con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Veracruz, con residencia en esta ciudad. Además, el acto reclamado por la parte quejosa no corresponde con una relación de supra subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter de índole laboral, por lo que difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado; en ese sentido la problemática que existe puede ser resuelta, en su caso, a través de una solución en la vía ordinaria laboral, mas no a través del juicio de amparo, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia. No es óbice a lo anterior que el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de Ley de Amparo, prevé la posibilidad que los particulares puedan adquirir la calidad de autoridad responsable, pues para esto los actos equivalentes a los de autoridad requieren de la existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación jerárquica respecto del quejoso; lo cual, como ya se expuso, no acontece en el presente asunto. En razón de lo anterior, el juicio de amparo no es el idóneo para combatir el acto que la quejosa reclama, en todo caso, tiene expeditos sus derechos para hacer valer el medio de impugnación ordinario que considere pertinente, ante la autoridad competente. El aplicable la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2011298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: III.4o.T.J/3 (10a.) Página: 1639 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. "Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". Acorde con lo anterior, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a ***, *** y ***, para efectos de que intervengan en nombre de la parte quejosa en este juicio, en los términos que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión de licenciados y licenciada en derecho, respectivamente; sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el registro electrónico 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Por otra parte, se autoriza a ***, *** y ***, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, debido a que no cuentan con cédulas profesionales registradas en dicho sistema. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Hágase del conocimiento de la parte promovente que, en términos del artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de considerarse necesario, se tomaran en cuenta, como medios de comunicación los correos electrónicos y números telefónicos que indica en el proemio de su demanda. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tienen derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde con dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo.
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