María Amparo Peñalva Díaz

Expediente 1941/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1941/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2015

Partes del expediente

  • María Amparo Peñalva Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    PERS. PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de veintiséis de octubre de dos mil quince (foja 497), se dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por el Delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de veintisiete de marzo de dos mil quince (fojas 211 a la 295), emitida por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en el tercer punto resolutivo determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Cecilia Irene Caballero Miranda, contra los artículos 59 a 64, 77, fracción II, y 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como respecto de los diversos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado, para los efectos siguientes: ".Finalmente, en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 59 a 64, 77, fracción II, y 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como de los diversos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos siguientes: Se desincorporen de la esfera jurídica de la parte quejosa, hasta en tanto no sean reformados, los artículos 59 a 64, 77, fracción II, y 78, fracción I, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como los diversos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado y, en su lugar, se cobre a la parte quejosa la tarifa mínima de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la escritura pública número 24,268 pasada ante la fe del Notario Público número Nueve de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos. Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de los mencionados preceptos y, en razón de la inconstitucionalidad que le asiste a los cobros consignados en los recibos de pago folios 1659571 y C2-6001 expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y por el Municipio de Temixco, Morelos, respectivamente, se ordena reintegrar a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones $15,300.00 (quince mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), descontando el monto de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la escritura pública número 24,268 pasada ante la fe del Notario Público número Nueve de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos. En el entendido que se deberá restituir a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones $15,300.00 (quince mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), previo descuento precisado en el párrafo que antecede, debidamente actualizado, pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria, tal como lo dispone el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos. Inconforme con tal resolución, el Delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Temixco, Morelos (foja 338), interpuso recurso de revisión, el cual, quedó radicado en el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con el número de amparo en revisión 304/2015 (foja 421). El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, mediante oficio recibido el siete de septiembre dos mil quince, devolvió los autos del juicio de amparo 2151/2014-II promovido por Cecilia Irene Caballero Miranda, así como el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 304/2015, en el cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por el AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTE, AMBOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS SEGUNDO. En la materia de la revisión se CONFIRMA la resolución recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a CECILIA IRENE CABALLERO MIRANDA, en términos del considerando noveno del fallo impugnado." Por auto de ocho de septiembre del año en curso (fojas 433 a la 438), se requirió el cumplimiento a la ejecutoria a las autoridades responsables Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y Subsecretario de Ingresos dependiente de dicha dependencia, precisando las cantidades que tendrían que devolver a la quejosa por la cantidad de $11,475.00 (once mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), asimismo la Tesorero del Municipio de Emiliano Temixco, Morelos, deberá de reintegrar a la quejosa la cantidad de $3,825.00 (tres mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. Por auto de treinta de septiembre del dos mil quince, se tuvo por cumplida parcialmente la ejecutoria de amparo únicamente por cuanto a las autoridades responsables Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos dependiente de dicha secretaría, toda vez que restituyó a la parte quejosa el monto cobrado por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de compraventa ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, por la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales (fojas 475 a la 478). En acatamiento a la ejecutoria de amparo, el Delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, mediante oficio recibido el nueve de octubre de dos mil quince, informó el cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió el título de crédito con número de folio 0001770, de fecha veintinueve de abril del año en curso, expedido a favor de CECILIA IRENE CABALLERO MIRANDA, por la cantidad de $3,825.00 (tres mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (fojas 487 y 488). Por autos de trece y veintiséis de octubre del año en curso, se requirió a la quejosa para que compareciera ante este órgano jurisdiccional debidamente identificado para el efecto de recoger el cheque número 0001770, de fecha veintinueve de abril del año en curso, expedido a favor de CECILIA IRENE CABALLERO MIRANDA, por la cantidad de $3,825.00 (tres mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. En atención a lo anterior, en comparecencia de cuatro de noviembre del año en curso, la quejosa Cecilia Irene Caballero Miranda se presentó ante este órgano jurisdiccional, debidamente identificado, para el efecto de recibir el 0001770, de fecha veintinueve de abril del año en curso, por la cantidad de $3,825.00 (tres mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), que expidió el Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, firmando de recibido en el acta tal y como obra en autos. Documental que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, es un documento al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa el citado monto cobrado por concepto del impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que el Delegado de las autoridades del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, mediante oficio recibido el nueve de octubre del año en curso, solicitó que una vez se realizara la entrega del título de crédito al quejoso, se devolviera la póliza de cheque y la solicitud realizada por el Síndico (que envió en un sobre amarillo); en esas condiciones, se ordena remitir al TESORERO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, las constancias de referencia para los efectos conducentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de dos de octubre de dos mil quince, que declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia oficial, autorizada mediante circular CCJ/ST/6021/2015, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el tres de noviembre de dos mil quince, ante la Secretaria Blanca Fuentes Sánchez que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de octubre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos y derivado que es un hecho notorio que en el diverso juicio de amparo 769/2015-III, del índice de este Órgano Jurisdiccional, se advierte que fungen como Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Olga Castillo Montesinos), calidad que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría de cuatro de julio de dos mil doce, y por la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Danira Santana Barrera), calidad que acredita con copia certificada del nombramiento de catorce de septiembre de dos mil quince; en consecuencia, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, además, en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 6 de 18 SEGUNDA SALA Tomo XXV, Junio de 2007 Pág. 285 Jurisprudencia(Común) "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En atención a lo anterior, se provee lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se procede a realizar la actualización de la cantidad pagada por la parte quejosa por concepto de cobro del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, dicha actualización se realizara de acuerdo a la fecha del pago (veinticuatro de mayo de dos mil doce) y a la fecha del presente requerimiento (veintidós de octubre de dos mil quince), de conformidad con el artículo 31, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado de Morelos, realizando las operaciones siguientes para determinar la cantidad total debidamente actualizada: MES MAS RECIENTE (TOMANDO EN CUENTA LA PRESENTE FECHA) SEPTIEMBRE 2015 ENTRE MES ANTERIOR DE ACUERDO A FECHA DE PAGO ABRIL 2012 IGUAL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 116.809 / 104.228 = 1.120706527996316 CANTIDAD COBRADA POR FACTOR DE ACTUALIZACIÓN IGUAL CANTIDAD TOTAL ACTUALIZADA $12,826.50 X 1.120706527996316 = $ 14,374.74 Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Danira Santana Barrera), para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es, reintegre a la parte quejosa la cantidad total de $14,374.74 (catorce mil trescientos setenta y cuatro pesos 74/100 moneda nacional) por concepto de cobro del impuesto de adquisición de bienes inmuebles y su adicional, cantidad que se encuentra debidamente actualizada, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere a la Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Olga Castillo Montesinos), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia oficial, autorizada mediante circular CCJ/07/2015, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el trece de octubre de dos mil quince, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de octubre de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 799/2015, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción, sin embargo los cuadernos incidentales se declaran susceptibles de depuración, en virtud, de que se concedió la suspensión definitiva. Finalmente, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver el anexo l, al Juez Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, toda vez que fue remitido por la citada autoridad responsable al rendir su informe justificado. Solicitando acuse de estilo correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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