Maria Alejandrina Tejeida Flores

Expediente 495/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
495/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
22/05/2018

Partes del expediente

  • Maria Alejandrina Tejeida Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 495/2018-II, promovido por María Alejandrina Tejeida Flores contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; yRESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de marzo dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado ese día a este juzgado, María Alejandrina Tejeida, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del 1) Congreso del Estado de Morelos, 2) Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, 3) Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, 4) Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad del Estado de Morelos y 5) Tesorero del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. SEGUNDO. Por auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo promovida por María Alejandrina Tejeida Flores, además, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la actual Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde el quejoso debe acatar las disposiciones generales que se combaten y donde se dice se ejecutó el acto de aplicación de éstas. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: El contenido del artículos 94 Bis a 94 Bis 12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, relativos al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, y su aplicación al Tesorero del Municipio de Yautepec, Morelos. TERCERO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados del Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación en la esfera de su competencia, de los artículos 94 Bis a 94 Bis 12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales extensivo a las estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), consultable en la página doscientos sesenta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, número de registro 191452, que precisa lo siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Inexistencia. No es cierto el acto de aplicación del artículo 94 Bis al 94 Bis 12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Lo anterior es así, toda vez que la porción normativa del precepto legal 94 Bis a 94 Bis 12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que se reclaman disponen lo siguiente: ARTICULO 94 Bis.- Están obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles establecido en esta Ley, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en la superficie de terreno y la de construcción, en su caso, ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esta Ley se refiere. El impuesto se calculará aplicando el valor del inmueble la tasa del dos por ciento. ARTICULO 94 BIS-1.- Para los efectos de esta sección, se entiende por adquisición la que se derive de: I.- Todos los actos por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte, la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, las que realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; II.- La compraventa en la que el vendedor se reserve la nuda propiedad, aun cuando la trasferencia de ésta opere con posterioridad; III.- La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesión de los bienes o el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido o cuando se pacte alguna de estas circunstancias; IV.- La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente; V.- Fusión de sociedades; VI.- La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie, de remates, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; VII.- Transmitir la nuda propiedad; VIII.- La que se derive de toda resolución judicial o administrativa de adjudicación de inmuebles; IX.- La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, así como la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios; X.- Toda afectación en Fideicomiso; XI.- Toda adquisición por arrendamiento financiero; XII.- La división de la copropiedad y la división de la sociedad conyugal por la parte que se adquiere en demasía del por ciento que le correspondía al copropietario o cónyuge; y XIII.- La celebración del contrato de permuta, en cuyo caso se considerará que se efectúan dos adquisiciones. ARTICULO 94 BIS-2.- El valor del inmueble que se considerará para los efectos del artículo 94 Bis de esta Ley, será el que resulte más alto de entre el valor de la adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. En la determinación del valor del inmueble, se incluirá el valor de las construcciones que en su caso tenga, independientemente de los derechos que sobre éstas tengan terceras personas. Cuando no se pacte precio, el impuesto se calculará con base en el avalúo que practique persona autorizada por la Tesorería Municipal de la demarcación correspondiente. Las Tesorerías Municipales, establecerá (sic) las reglas de carácter general para la práctica de avalúos. Para los efectos de este impuesto, los avalúos que se emitan tendrán vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha que se realicen. No producirán efectos fiscales los avalúos que no reúnan los requisitos a que se refiere este artículo. ARTICULO 94 BIS-3.- Los Municipios, por conducto de las autoridades fiscales, se reservan el derecho de revisar los avalúos que se emitan por la celebración de los actos que grava esta Ley. En consecuencia, las autoridades fiscales quedan facultadas para practicar u ordenar se practique avalúo sobre el o los inmuebles materia de los actos debiendo referirlo a la fecha de celebración, este nuevo avalúo deberá ser tomado en cuenta por la autoridad fiscal y prevalecerá sobre los avalúos anteriores y aún sobre el precio pactado en los siguientes casos: A).- Cuando el valor que resultante de dicho acto de fiscalización exceda en más de un diez por ciento de aquel o aquellos que hayan servido originalmente para determinar la base gravable de este impuesto, la autoridad fiscal con base en el nuevo avalúo procederá a determinar las diferencias del impuesto que resulten. B).- Cuando por el avalúo practicado, ordenado o tomado en consideración por las autoridades fiscales, resulten diferencias de impuesto, los fedatarios no serán responsables solidarios por las mismas, siempre y cuando el avalúo original no hubiere sido tramitado por dichos fedatarios. ARTICULO 94 BIS-4.- El pago de este impuesto se deberá hacer mediante declaración, en las formas que para el efecto apruebe la Tesorería Municipal de la demarcación correspondiente, las cuales se presentarán dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan: I.- Cuando se adquiera la nuda propiedad; II.- A la adjudicación de los bienes de la sucesión o a los tres años de la muerte del autor de la misma, si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o el enajenarse bienes de la sucesión. En estos últimos casos, el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación, independientemente de que se cause por el cesionario o por el adquiriente; III.- Cuando se afecten inmuebles en fideicomiso; IV.- Cuando se elija la opción terminal en el contrato de arrendamiento financiero; V.- Tratándose de resoluciones judiciales o administrativas de adjudicación de inmuebles, a partir de la orden de inscripción o de la protocolización de la escritura; VI.- En los contratos de compraventa, a partir de la celebración. ARTICULO 94 BIS-5.- En las adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, los notarios, corredores y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad por cada uno de los actos que consignen, lo que harán constar en la escritura y lo enterarán mediante declaración en la Tesorería Municipal que corresponda a la ubicación del inmueble. En los demás casos, los contribuyentes pagarán el impuesto mediante declaración ante la Tesorería Municipal que corresponda a la ubicación del inmueble. ARTICULO 94 BIS-6.- Se presentará declaración por todas las adquisiciones aun cuando no haya impuesto a enterar. ARTICULO 94 BIS-7.- Las obligaciones a cargo del contribuyente derivadas de este impuesto y sus accesorios, se extinguen en un plazo de cinco años, contados a partir del día siguiente de aquel en el que el Municipio tenga conocimiento por conducto de las autoridades fiscales. ARTICULO 94 BIS-8.- Son sujetos de este impuesto: I.- El adquirente de el o los inmuebles a través de cualquiera de las figuras jurídicas señaladas en el artículo 94 Bis-1 de esta Ley. II.- El enanjenante (sic), cedente, donante promitente vendedor, el aportante del inmueble en su caso, el deudor en caso de daciones en pago, el administrador liquidador o interventor, el usufrutuario (sic), el nudo propietario, las sucesiones por conducto de su albacea, el copropietario y el cónyuge que por virtud de tal constitución, división o disolución de la sociedad conyugal decrezca o extinga sus derechos, los permutantes así como la fiduciaria, en el caso de fideicomiso y el fedatario, este último en el caso de que no entere el impuesto. ARTICULO 94 BIS-9.- Cuando la adquisición de bienes inmuebles se produzca por resoluciones de autoridades no ubicadas en el Estado de Morelos, el pago del impuesto se hará dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que se haya formalizado la adquisición ante fedatario. Cuando dicha adquisición opere en virtud de actos y contratos celebrados fuera del territorio de la República Mexicana, o bien a través de resoluciones dictadas por autoridades extranjeras, el impuesto deberá ser cubierto dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la fecha en que surtan sus efectos en la República Mexicana. ARTICULO 94 BIS-10.- No causarán este impuesto: I.- Las adquisiciones de inmuebles que haga la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, para formar parte de los bienes del dominio público; II.- La adjudicación de bienes por disolución de la sociedad conyugal, siempre que no crezca el por ciento que originalmente les correspondía a los cónyuges y que se acredite que estos bienes fueron adquiridos bajo este régimen; III.- La disolución o división de la copropiedad, siempre que las partes adjudicadas no excedan de las porciones que proindiviso correspondían a cada uno de los copropietarios; IV.- Los actos o contratos traslativos de dominio en los que intervenga una institución u organismo creado por el Estado para promover la vivienda como adquirente por lo que a ellas se refiere. ARTICULO 94 BIS-11.- Los fedatarios no podrán autorizar definitivamente las escrituras en que consten los actos que grava esta Ley, hasta en tanto no les sea devuelta, por la autoridad competente, la declaración en que se manifestó la operación o se realizó el pago del impuesto a que esta sección se refiere, según sea el caso. ARTICULO 94 BIS-12.- El Registro Público de la Propiedad y del Comercio no registrará la operación traslativa de dominio, si no se le exhibe el documento que contenga la declaración de este impuesto, debidamente sellado por la autoridad fiscal respectiva. ARTÍCULO 119.- Es objeto del impuesto adicional la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio. ARTÍCULO 120.- Son sujetos del impuesto adicional quienes tengan a su cargo, directa o solidariamente, los pagos a que se refiere el Artículo anterior. ARTÍCULO 121.- Es base del impuesto los pagos por concepto de impuesto. ARTÍCULO 122.- La tasa general del impuesto será del 25% sobre la base que señala el Artículo 121 y su aplicación se hará según lo dispone el Artículo 123 de esta Ley. ARTÍCULO 124.- El entero del impuesto se hará en el momento en que se realicen los pagos objeto del gravamen. ARTÍCULO 125.- Este impuesto no será objeto de reducción, su aplicación se hará sobre la base del crédito principal. Preceptos respecto de los cuales no se acreditó acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa. Además, del informe con justificación rendido por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, negó su existencia, respecto a esos artículos. En consecuencia, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que en lo conducente señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;." QUINTO. Causal de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. De igual manera, por cuanto al acto de aplicación del numeral 94 Bis a 94 Bis 12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos reclamado al Tesorero Municipal de Yautepec, Morelos; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." En el caso de que una norma se combata con motivo de un acto concreto de aplicación, en primer lugar, resulta necesario que se acredite la existencia de tal acto de aplicación; en segundo término, que ese acto indefectiblemente materialice los supuestos de la disposición combatida; y por último, que en el acto se haya concretado expresa o implícitamente la hipótesis normativa en perjuicio de parte quejosa María Alejandrina Tejeida Flores; pues de no ser así, no se justificaría la afectación que le ocasiona a su esfera jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, el Máximo Tribunal agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación. El criterio anterior, está contenido en la jurisprudencia que se cita enseguida: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación." (Localización: Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Página: 63, Tesis: 90, Materia Administrativa). Ahora bien, introduciéndonos a la causal invocada, se expone el criterio que acogió el Pleno del Supremo Tribunal de la Nación, al considerar que el análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4° de la Ley de Amparo abrogada, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejerza con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente. En el caso concreto, no existe prueba alguna que demuestre la aplicación de la tasa de .2 al millar y de este la aplicación del 25% sobre el importe de la operación por contrato de compraventa que prevé el numeral 94 Bis a 94 Bis 12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. La quejosa María Alejandrina Tejeida Flores, impugno la inconstitucionalidad de los mencionados artículos respecto a su aplicación realizada en su perjuicio sobre el contrato de compraventa que formalizo respecto del inmueble que ella identificó como casa número 11, del Condominio denominado "Residencia los Mangos" ubicado en el municipio de Yautepec, Morelos; ofreciendo de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana (foja 7); a las que se concede valor probatorio en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; sin embargo, de esas pruebas que ofreció y de la integración de las actuaciones que obran en el presente juicio no amparo, no se acredita la aplicación de las normas impugnadas. En ese sentido, al no demostrarse la existencia del acto de aplicación del artículo 94 Bis a 94 Bis 12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos que produjeran perjuicio en la parte quejosa María Alejandrina Tejeida Flores, debe sobreseerse respecto de dicho ordenamiento legal, pues resulta necesario qué se compruebe, fehacientemente, que a través del acto de aplicación, se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio la hipótesis normativa, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías, sino de su plena demostración. Orienta tal argumento, el criterio jurisprudencial que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada" (Novena Época, Instancia Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, Tesis: 2a./J. 71/2000, Página: 235). También es aplicable la jurisprudencia 1a./J.168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, Novena Época, número de registro 170500, cuyos rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Así, respecto de la norma jurídica materia de revisión en este apartado, así como de las autoridades responsables de las que se reclama la aplicación y el proceso legislativo de esa norma, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse conforme al diverso 63, fracción V, de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: UNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Alejandrina Tejeida Flores, respecto de las autoridades y actos precisados en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy veintidós de mayo de dos mil dieciocho, fecha en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron.- DOY FE.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que el titular del juzgado tiene licencia para ausentarse el día de hoy, y el licenciado Jadilson Alonso Navarro, está como encargado del despacho, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, según lo dispuesto en el citado artículo 43, párrafo primero, de la ley en comento, el Secretario encargado del despacho únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, es decir, no puede dictar resolución definitiva en este asunto; en esas condiciones, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan, las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada de las constancias que acreditan el envío del oficio 406/2018, dirigido a su homóloga número dos, para que rinda el informe solicitado; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de veinticuatro horas siguientes en que su homóloga número dos rinda el informe solicitado, remita copia certificada del acuerdo que recaiga al mismo. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, no ha dado cumplimiento a lo solicitado por auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, no obstante de haber sido debidamente notificada, ni ha demostrado estar en vías de cumplimiento. Por consiguiente, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de cuarenta y ocho horas siguientes en que se notifique el presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes (actora y demandada), del auto siete de marzo de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral de origen, y en su caso la diligencia de cotejos señalada para el veintiuno de marzo del año en curso. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE...

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