María Alicia Peña Zavala

Expediente 43/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
43/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • María Alicia Peña Zavala
  • Alfredo Ruiz Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. AGREGAR EXHORTO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad que lo suscribe devuelve físicamente y sin diligenciar el exhorto 760/2022-223.E, sin que se haga necesario un mayor pronunciamiento, toda vez que lo conducente se acordó el veinticuatro de octubre con el mismo oficio remitido vía interconexión, por lo que únicamente acúsese el recibo que se solicita. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Autoridad informa trámites Vista la comunicación de cuenta que suscribe el Tesorero Municipal de La Piedad, Michoacán, mediante la cual exhibe el oficio TJ27/10/2022 de once del mes y año en curso, donde instruyó al Superintendente de Suministro Básico Zona La Piedad, Comisión Federal de Electricidad, para que deje de aplicar al quejoso el concepto de DAP (derecho de alumbrado público), dentro de esa circunscripción municipal; solicitando además que se le informe la cantidad que pagó el quejoso por ese concepto, para en su momento reembolsarla al promovente; con lo cual, se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ARCHIVO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. En relación con el original y duplicado del incidente, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo en mención, destrúyanse los mismos; el original transcurridos tres años, y el duplicado seis meses del periodo de conservación, ambos dentro de los treinta días siguientes, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 43/2022-VII, promovido por María Alicia Peña Zavala, por su propio derecho, contra actos del: Presidente Municipal. Tesorero Municipal del Ayuntamiento. Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento; y, Jefe del Departamento de Notificación y Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento. Todos con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, María Alicia Peña Zavala, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES, TIENEN ESE CARÁCTER LAS SIGUIENTES: COMO ORDENADORA: EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, (.) IV.- COMO EJECUTORAS: El C. Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, (.) El C. Director de Ingresos de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia (.) El C. Jefe del Departamento de Notificación y Cobro Coactivo, de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal (.) VI.- ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA EL REQUERIMIENTO DE PAGO Y SU INMINENTE EJECUCIÓN, POR UN ADEUDO REALIZADO EN EL DOMICILIO DE MI PROPIEDAD, DEL CUAL LA SUSCRITA NO SOY LA CONTRIBUYENTE RESPONSABLE DEL CRÉDITO FISCAL REQUERIDO, Y SOY AJENA TOTALMENTE A LA RESPONSABILIDAD FISCAL QUE SE ME ATRIBUYE. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: LA EJECUCIÓN, COBRO COACTIVO Y/O EMBARGO AL INMUEBLE DE MI PROPIEDAD. (.)." Actos que el promovente del amparo consideraron violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 4, fracción II, 8, 13, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, fue celebrada el siete de junio de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 9/2022 del propio Pleno. Se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza administrativa que tienen ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a las autoridades responsables, es el siguiente: El requerimiento de pago respecto al adeudo derivado de los créditos fiscales que fueron notificados en el domicilio ubicado en calle Melchor Ocampo, número 310, colonia Centro de esta ciudad, que aduce es de su propiedad; y, Su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables negaron la existencia del acto que les fue atribuido. Sin embargo, tales negativas se desvirtúan únicamente en lo que corresponde al Tesorero Municipal, Director de Ingresos de la Tesorería Municipal; y, Jefe del Departamento de Notificación y Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal todos del Ayuntamiento de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Lo anterior porque de las manifestaciones realizadas por éstas en sus informes justificados se colige que en uso de las facultades que les confiere el artículo 31 del Código Fiscal municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, como parte de un programa preventivo para evitar sanciones y molestias futuras innecesarias enviaron los "avisos" al domicilio que alude la quejosa es de su propiedad, con el fin de "invitar" al propietario de los giros comerciales "La Oriunda By Bar", "Ciao, Bar" y "Desnivel, Restaurante Bar", a regularizar su adeudo. Tales afirmaciones se corroboran con los originales de los avisos de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, emitidos en los expedientes IV/2016/7515/1531 C/15, IV/2016/7516 C/15 y IV/2021/26207/4634/21, que la quejosa acompañó a su escrito de demanda. Medios de convicción que merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Igualmente cobra aplicación la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Por lo tanto, se tiene probada la existencia del acto que en esta vía constitucional es reclamado a las autoridades señaladas. En otro contexto, en lo que atañe al Presidente Municipal de esta ciudad, su negativa se corrobora pues atento al principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; tal y como aduce en su informe justificado, de acuerdo a lo previsto por los artículos 28, fracción III, inciso d), del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán, así como lo previsto por el artículo 21, fracción IV, 24, fracción VI, del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de Morelia, las facultades inherentes a la recaudación de ingresos del municipio corresponden a la Dirección de Ingresos, de manera que al no contar con facultades para la emisión del acto no le puede ser atribuido el acto que en esta vía se combate. Por tanto se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo por lo que corresponde al Presidente Municipal de esta ciudad; en consecuencia, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio de amparo, por la inexistencia de los actos reclamados que le fueron atribuidos. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reproduce a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En ese orden de ideas, este juzgador estima que en relación al acto reclamado por la quejosa, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene mencionar que los artículos 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior la tesis I.13o.C.12 C (10a.), que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1a. /J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto quiere decir que para pedir amparo, el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo existe interés jurídico cuando el peticionario cumpla con la carga de acreditar fehacientemente que tiene derecho subjetivo y la afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), con motivo del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene la Jurisprudencia 51/2019 (10a) siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis es añadido). De lo anterior, se advierte la improcedencia del presente controvertido, atento a que el acto reclamado no afecto a la quejosa de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales. Sentado lo anterior, es menester reiterar que en el caso, la promovente de la acción constitucional señaló bajo protesta de decir verdad a manera de antecedentes, que: Es propietaria y acreditó con la escritura pública número 526, de tres de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, del bien inmueble ubicado en la calle Melchor Ocampo, número 310, colonia Centro de esta ciudad. Que en julio de dos mil quince, celebró contrato de arrendamiento con Fernando García Ochoa, y que el quince de julio de dos mil dieciocho volvió a renovar dicho contrato, en los que se pactó que el arrendatario contaba con la licencia municipal correspondiente expedida por el Ayuntamiento de Morelia. Con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19 en marzo de dos mil veinte, su arrendatario cerró el negocio del que era titular; y, que en julio de ese mismo año se llevó a cabo la desocupación del aludido inmueble; y, Que el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno al acudir al departamento de Tesorería de Morelia a indagar sobre los "requerimientos de pago" que encontró en dicho domicilio, tuvo conocimiento de la existencia de ocho infracciones con diferentes números de expediente y/o créditos fiscales consistentes en: I. FECHA DE INFRACCIÓN: 16 de febrero de 2019. NO. DE CRÉDITO FISCAL: IV/2020/16824/764/19. LICENCIA: GIRO: RESTAURANTE-BAR. RAZÓN SOCIAL: BANGLADESH. NOMBRE: PROPIETARIO. NOMBRE DE CON QUIEN SE: . CALLE: MELCHOR OCAMPO, NÚMERO: 310-A, COLONIA: CENTRO HISTÓRICO. MOTIVOS DE LA INFRACCIÓN: TRABAJAR FUERA DEL HORARIO PERMITIDO. MULTAS DE REQUERIM: $4,344.00. GASTOS DE EJECUCIÓN DE: $130.32. TOTAL DE REQUERIM: $4,474.32. II. FECHA DE INFRACCIÓN: 16 de noviembre de 2012. NO. DE CRÉDITO FISCAL: IV/2014/6853/874/12, LICENCIA: (N) 17926. GIRO: RESTAURANT CON VENTA DE. RAZÓN SOCIAL: AMATI. NOMBRE: PROPIETARIO Y/O. NOMBRE DE CON QUIEN SE: IBIZA AVAOS BOLAÑOS. CALLE: MELCHOR OCAMPO, NÚMERO: 310-B, COLONIA: CENTRO. MOTIVOS DE LA INFRACCIÓN: SE LE SORPRENDE INFLAGRACIA POR NO CONTAR CON LICENCIA MUNICIPAL REVALIDADA. MULTAS DE REQUERIM: $2,465.20. GASTOS DE EJECUCIÓN DE: $80.60 TOTAL DE REQUERIM: $2,545.80. III. FECHA DE INFRACCIÓN: 6 de julio de 2019. NO. DE CRÉDITO FISCAL: IV/202120370/1964/19, LICENCIA: . GIRO: RESTAURANTE-BAR. RAZÓN SOCIAL: BANGLADESH. NOMBRE: NO PROPORCCIONA DATOS. NOMBRE DE CON QUIEN SE: -------. CALLE: MELCHOR OCAMPO, NÚMERO: 310-A, COLONIA: CENTRO HISTÓRICO. MOTIVOS DE LA INFRACCIÓN: NO CONTAR CON LICENCIA MUNICIPAL. MULTAS DE REQUERIM: $4,344.00. GASTOS DE EJECUCIÓN DE: $130.32 TOTAL DE REQUERIM: $4,474.32. IV. FECHA DE INFRACCIÓN: 3 de ABRIL de 2021. NO. DE CRÉDITO FISCAL: IV/2021/25902/4618/21, LICENCIA: . GIRO: RESTAURANTE BAR. RAZÓN SOCIAL: EL DESNIVEL. NOMBRE: . NOMBRE DE CON QUIEN SE: . CALLE: MELCHOR OCAMPO, NÚMERO: 310-B, COLONIA: CENTRO HISTÓRICO. MOTIVOS DE LA INFRACCIÓN: Cumplir con las restricciones de horario y suspensión de labores en las fechas y horas que para tal efecto determine la autoridad municipal competente. MULTAS DE REQUERIM: $4,481.00. GASTOS DE EJECUCIÓN DE: $134-43 TOTAL DE REQUERIM: $4,615.43. V. FECHA DE INFRACCIÓN: 16 de ABRIL de 2021. NO. DE CRÉDITO FISCAL: IV/2021/25907/4630/21, LICENCIA: . GIRO: RESTAURANTE BAR. RAZÓN SOCIAL: DESNIVEL. NOMBRE: . NOMBRE DE CON QUIEN SE: . CALLE: MELCHOR OCAMPO, NÚMERO: 310-B, COLONIA: CENTRO HISTÓRICO. MOTIVOS DE LA INFRACCIÓN: Cumplir con las restricciones de horario y suspensión de labores en las fechas y horas que para tal efecto determine la autoridad municipal competente. MULTAS DE REQUERIM: $4,481.00. GASTOS DE EJECUCIÓN DE: $134-43 TOTAL DE REQUERIM: $4,615.43. VI. FECHA DE INFRACCIÓN: 5 de octubre de 2018. NO. DE CRÉDITO FISCAL: IV/2019/13154/9363/18, LICENCIA: . GIRO: RESTAURANTE BAR. RAZÓN SOCIAL: BANGLADESH. NOMBRE: Propietario y/o Representante Legal. NOMBRE DE CON QUIEN SE: Raúl Castillo García. CALLE: MELCHOR OCAMPO, NÚMERO: 310-A, COLONIA: CENTRO. MOTIVOS DE LA INFRACCIÓN: POR NO CONTAR CON SU LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO (ILEGIBLE) (SIC). MULTAS DE REQUERIM: $3,224.00. GASTOS DE EJECUCIÓN DE: $96.72 TOTAL DE REQUERIM: $3,320.72. VII. FECHA DE INFRACCIÓN: 19 de diciembre de 2015. NO. DE CRÉDITO FISCAL: IV/2016/7515/1531C/15, LICENCIA: . GIRO: BAR. RAZÓN SOCIAL: LA ORIUNDA BY BAR CIAO. NOMBRE: Propietario y/o Representante Legal. NOMBRE DE CON QUIEN SE: ALAN BEDOLLA RODRÍGUEZ. CALLE: MELCHOR OCAMPO, NÚMERO: 310. COLONIA: CENTRO. MOTIVOS DE LA INFRACCIÓN: SE SORPRENDE EN FLAGRANCIA FUNCIONANDO SIN CONTAR CON LICENCIA O PERMISO VIGENTE YA QUE MUESTRA UN RECIBO DE PAGO DE REALIDACIÓN DE LA LICENCIA 21614 LA CUAL ESTÁ EN OTRO DOMICILIO TODO ESTO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN (SIC). MULTAS DE REQUERIM: $7,304.00. GASTOS DE EJECUCIÓN DE: $219.12 TOTAL DE REQUERIM: $7,523.12. VIII. FECHA DE INFRACCIÓN: 19 de diciembre de 2015. NO. DE CRÉDITO FISCAL: IV/2016/7516/1531C/15, LICENCIA: . GIRO: BAR. RAZÓN SOCIAL: CIAO. NOMBRE: Propietario y/o Representante Legal. NOMBRE DE CON QUIEN SE: FERNANDO GARCÍA OCHOA. CALLE: MELCHOR OCAMPO, NÚMERO: 310, COLONIA: CENTRO. MOTIVOS DE LA INFRACCIÓN: SE SORPRENDE EN FLAGRANCIA FUNCIONANDO SIN CONTAR CON LICENCIA O PERMISO VIGENTE YA QUE MUESTRA UN RECIBO DE PAGO DE REVALIDACIÓN DE LA LICECIA 21614 LA CUAL ESTÁ EN OTRO DOMICILIO TODO ESTO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN (SIC). MULTAS DE REQUERIM: $7,304.00. GASTOS DE EJECUCIÓN DE: $219.12 TOTAL DE REQUERIM: $7,523.12. Manifestaciones que se traducen en una confesión merecedora de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°. Las que se ven robustecidas con las documentales que anexó a su demanda, así como las copias certificadas que exhibieron las responsables, de las que se obtiene que: La quejosa María Alicia Peña Zavala, es propietaria del inmueble ubicado en el número 310 de la calle Melchor Ocampo, del Sector República, Manzana 13, Catastralmente Manzana 5, Sector 1, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, por compra que realizó a María Luisa Cano Vales de Díaz, el tres de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, acto comercial pasado ante la fe del Notario Público número 15 con ejercicio en esta ciudad. Que al parecer con fecha quince de julio de dos mil dieciocho, la quejosa en cuanto propietaria del inmueble descrito celebró contrato de arrendamiento con Fernando García Ochoa, por lo que entregó el inmueble en arrendamiento al citado García Ochoa, única y exclusivamente para el giro de restaurante-bar, cuya vigencia de arrendamiento comenzaría a partir de la fecha indicada y terminaría el quince de julio de dos mil diecinueve, sin que en ningún caso se entendiera prorrogado. Que con fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce, se emitió la infracción folio 0874, al restaurant con razón social: AMATI, ubicado en la calle Melchor ocampo, número: 310-B, de la colonia: centro de esta ciudad. Que con fecha diecinueve de diciembre de dos mil quince, se emitió la infracción folio 1531, al restaurant con razón social: La Oriunda by Bar Ciao, ubicado en la calle Melchor ocampo, número: 310, de la colonia: centro de esta ciudad. El diecinueve de noviembre de dos mil doce, se emitió la infracción folio 1532, al restaurant con razón social: Bar Ciao, ubicado en la calle Melchor ocampo, número: 310, de la colonia: centro de esta ciudad. La emisión de la infracción folio 9663, cuyo texto es ilegible. Que con fecha dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, se emitió la infracción folio 0764, al restaurant con razón social: Bangladesh, ubicado en la calle Melchor ocampo, número: 310-A, de la colonia: centro de esta ciudad. El seis de julio de dos mil diecinueve, se emitió la infracción folio 1964, al restaurant con razón social: Bangladesh, ubicado en la calle Melchor ocampo, número: 310-A, de la colonia: centro de esta ciudad. El cinco de junio de dos mil veintiuno, se emitió la infracción folio 4634, al restaurant con razón social: Desnivel, ubicado en la calle Melchor ocampo, número: 310, de la colonia: centro de esta ciudad. Todo lo anterior evidentemente contra dueños de los giros comerciales señalados, cuyos locales se ubicaban en el inmueble materia de este juicio constitucional. Sin embargo, lo cierto es que las infracciones de que se duele la quejosa no actualizan por sí solas una afectación a derechos sustantivos, en la medida que se encuentran dirigidas a los giros comerciales que se precisaron y fueron cometidas por los propietarios del giro o representantes legales de las negociaciones ahí instaladas. A más de que aún o impactan en la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica que por el solo hecho de que tales giros eventualmente se pudieran haber localizado en tal inmueble pueda ocasionar ya una afectación real, directa y vigente en la esfera de derechos de la quejosa, toda vez que como efectivamente lo alude en su escrito de demanda, se refieren a diversas personas contra las cuales, en su momento la autoridad exactora podrá ejecutar el procedimiento respectivo, sin que por ello, puedan afectarse bienes propiedad de terceros, como por ejemplo sería el inmueble que en esta vía se defiende. Es válido destacar también que la sola "invitación" al cumplimiento de los adeudos que, refieren los responsables, los propietarios o representantes legales tienen por infracciones, por sí sola no impone una afectación a sus derechos fundamentales. En tanto no tiene un apercibimiento ni requerimiento expreso contra la quejosa. De ahí que se trata de un acto declarativo, n es un acto definitivo, ni crea derechos y obligaciones. Apoyan lo expuesto por identidad jurídica las Jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "CARTA INVITACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA LA SOLICITUD ACLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SU SITUACIÓN FISCAL DERIVADA DE AQUÉLLA, NO ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Esta Segunda Sala ha sostenido que la "carta invitación" dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal, con relación al pago del impuesto sobre la renta derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo; ello en virtud de que se trata únicamente de un acto declarativo, a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto, la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado. Sobre esas bases, la resolución que desestima la petición aclaratoria generada por la previa carta invitación tampoco es un acto que ocasione un perjuicio real a la esfera jurídica del contribuyente, susceptible de impugnarse en el juicio contencioso administrativo, en tanto que no se materializa alguno de los siguientes supuestos: a) no constituye una resolución definitiva, entendida como la que no admite un recurso o admitiéndolo éste sea optativo, o bien aquella que atendiendo a la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, constituya el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública; b) no cause un agravio en materia fiscal, es decir, una afectación relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales, así como a los casos distintos a aquellos en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco; y c) en una resolución denegatoria subsistan las mismas particularidades de la misiva de invitación, dado que no se determina cantidad alguna a pagar ni se crean derechos o establecen consecuencias jurídicas para el interesado, como tampoco contiene la pérdida de algún beneficio, la existencia de un apercibimiento y la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo, por lo que no genera perjuicio alguno." "CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. La carta invitación del Servicio de Administración Tributaria dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, acogiéndose a los beneficios establecidos por la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, y presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. A lo anterior se suma que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para que así sea debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado." En ese contexto, al no desprenderse mayores elementos del análisis integral del escrito inicial de demanda, es evidente que en el presente juicio no existe una afectación exigible para instar la acción de amparo. En suma, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede SOBRESEER en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior sin que se inadviertan las diversas causales de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, sin embargo al haberse actualizado la que advirtió este órgano jurisdiccional se estima innecesario el análisis de las restantes, pues a ninguna conclusión diferente llevaría su estudio. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Alicia Peña Zavala, por su propio derecho, contra el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veintidós de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*

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