María Alejandra Rodríguez Juárez

Expediente 1361/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1361/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • María Alejandra Rodríguez Juárez
  • Juez de Primera Instancia en Materia Civil en La Piedad, Michoacán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede se desprende que dentro del presente juicio no obran glosados documentos originales, ni existen billetes de depósito en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de que NEGÓ el amparo y protección de Justicia Federal a la quejosa; en lo referente a las medidas cautelares dentro de los cuadernos incidentales, fue concedida únicamente la suspensión definitiva; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe/*arga*/*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, en la que se negó el amparo solicitado por la parte quejosa. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Juez Primero de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, la documental formado en un tomo de pruebas, consistente en copias certificadas del expediente número 138/2014. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Practíquese la notificación del presente proveído mediante lista, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esmeralda Campuzano Serrato, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintiuno. V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1361/2019-III, promovido por María Alejandra Rodríguez Juárez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, turnado en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, María Alejandra Rodríguez Juárez compareció a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, y otra autoridad; en los términos siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades ordenadoras, reclamo todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, Expediente número 138/2014, promovido por el Tercero Interesado, y la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre un inmueble del que la suscrita soy poseedora y propietaria, puesto que con fecha de Mayo de 2011, dos mil once, adquirí la propiedad por contrato celebrado ante la Fe del C. Notario Público Número 130, Licenciado Javier Maya Morales, sobre la casa marcada con el número 55 de la Calle Zirahuén de la Colonia Fovissste, Melchor Ocampo, de esta ciudad, y las autoridades señaladas como responsables, pretenden desposeerme de dicho inmueble, con base en una sentencia dictada en contra del señor JOSÉ NICOLÁS RODRÍGUEZ RAMÍREZ, en ejecución de la sentencia recaída en el juicio mencionado, así como el dictado de la sentencia que condenó a la desposesión, lanzamiento y entrega a la parte actora de la finca mencionada, LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 sentencia dictadas en el expediente mencionado y por la Juez señalada como responsable. 2.- De la autoridad Ejecutora reclamo la ejecución de todos los actos que reclamo de la ordenadora y en especial la desposesión que pretende hacer en perjuicio de la suscrita del inmueble mencionado.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito radicó y admitió la demanda de que se trata bajo el progresivo 1361/2019- III, solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, en auto de catorce de febrero de dos mil veinte, se reconoció el carácter de terceros interesados a Alfonso Pérez Solorio y José Nicolás Rodríguez Ramírez, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó su emplazamiento para todos los efectos legales. De igual forma, el carácter antes anotado también se le reconoció a Violeta del Rocío Ruelas Madrigal, quien se apersonó a este juicio el veinte de mayo del presente año. Finalmente, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 3 ??????????????? C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugnan actos emitidos por autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 5 ??????????????? el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: ? El embargo, remate y adjudicación del bien inmueble ubicado en calle Lago de Zirahuén, número cincuenta y cinco, Fraccionamiento Melchor Ocampo, de La Piedad, Michoacán, LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 dentro del juicio ejecutivo mercantil número 138/2014, del índice del juzgado responsable, promovido por Alfonso Pérez Solorio, frente a José Nicolás Rodríguez Ramírez; juicio respecto del cual la aquí quejosa se ostenta tercero extraña. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, y Actuario de su adscripción, toda vez que al rendir su informe con justificación aceptaron su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 7 ??????????????? votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió junto con su informe justificado, consistentes en la copia certificada de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil 138/2014, de su índice, en donde particularmente se observan el embargo, remate y adjudicación que se reclaman en este juicio constitucional.1 Documentales que adquieren plena eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de su función que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando que antecede, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: 1 Fojas 13 a 15, 118 y 265, respectivamente, del tomo de pruebas. LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 9 ??????????????? Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Así, al no existir alguna causal alegada por las partes, además de que este juzgado federal no observa la actualización de una hipótesis de inejercibilidad de la acción constitucional, lo que procede es entrar al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca." Además, se invoca la jurisprudencia que se transcribe en seguida: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 11 ??????????????? atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer. La quejosa María Alejandra Rodríguez Juárez, se ostenta tercero extraña al juicio ejecutivo mercantil, al aducir que no fue llamada a juicio y que los actos reclamados violan en su perjuicio sus derechos fundamentales al pretender privarla de los derechos que tiene respecto del aludido inmueble, que derivan del contrato privado de donación que celebró con Nicolás Rodríguez Ramírez. Con el propósito de acreditar el derecho que le asiste para defender en esta vía constitucional el inmueble que afirma tiene en posesión; la peticionara de amparo aportó como medio de convicción: contrato privado de donación pura y simple, celebrado entre José Nicolás Rodríguez Ramírez, como donante, y María Alejandra Rodríguez Juárez, como donataria, respecto del bien inmueble ubicado en Calle Lago de Zirahuén, número cincuenta y cinco, Fraccionamiento Melchor Ocampo, de La Piedad, Michoacán; documento ratificado el siete de diciembre de dos mil once ante LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 notario público número ciento treinta, con ejercicio y residencia en Penjamillo de Degollado, Michoacán. Ahora bien, se toma en cuenta que los hechos que hacen cierta la fecha en un documento privado son: I. El día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, que es una institución pública que da certeza de que ese acto existe; II. Desde la fecha en que el documento se celebre o ratifique ante fedatario público; III. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, porque el presentar un documento privado ante un funcionario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que en razón de sus facultades le es presentado, por lo cual su intervención conduce así, a garantizar la certeza de la fecha, porque da certeza de que existió el instrumento que le fue presentado; y, IV. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. Al respecto se cita la jurisprudencia 21/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 1002304 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 13 ??????????????? Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Civil Tesis: 238 Página: 254 "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable. Contradicción de tesis 149/2009.-Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.-27 de enero de 2010.-Cinco votos.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Rodrigo de la Peza López Contreras. Tesis de jurisprudencia 21/2010.-Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha tres de febrero de dos mil diez. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 259, LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 Primera Sala, tesis 1a./J. 21/2010; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 260.". Así, es válido concluir que un documento adquiere certeza de su contenido a partir del día en que fue presentado el acto ante un notario, en virtud de que dicho funcionario está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar (en los términos que disponga la ley) los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos que se le presenten. En el caso, el contrato de donación exhibido por la quejosa para acreditar su interés jurídico fue presentado ante notario público para la ratificación del mismo con su original, esto es el siete de diciembre de dos mil once, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su ratificación; y, por ello, el mencionado documento es de fecha cierta. Consecuentemente, con la documental antes mencionada, a la que se otorga pleno valor probatorio conforme a lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acredita que la quejosa adquirió al menos desde el siete de diciembre de dos mil once, la propiedad del inmueble antes identificado; por lo tanto, ese contrato privado ratificado ante notario público resulta apto y suficiente para acreditar la transmisión de la propiedad a favor de la promovente del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio: "Época: Novena Época Registro: 178201 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 15 ??????????????? Tomo XXI, Junio de 2005 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 44/2005 Página: 77 DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades. Contradicción de tesis 14/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Décimo Sexto Circuito. 6 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 44/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de abril de dos mil cinco." También es aplicable el siguiente criterio de texto y rubro siguiente: "Época: Novena Época Registro: 171436 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 96/2007 Página: 191 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Contradicción de tesis 173/2006-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Civil del Sexto Circuito. 25 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Tesis de jurisprudencia 96/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha trece de junio de dos mil siete." Sin embargo, a pesar de que dicho contrato de donación es de fecha cierta no es suficiente para que pueda oponerse a un tercero que de buena fe haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 17 ??????????????? Para arribar a esa conclusión, se estima procedente establecer que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 333/2012, determinó: "[.] Sobre esa base, conviene señalar que se define al derecho real como la relación jurídica que se crea entre la persona titular de una cosa y cualquiera que pretenda hacer valer un interés contrapuesto al interés del titular de la cosa; que los derechos reales son ejercitables contra todo el mundo, pues imponen la obligación negativa de respetar su actividad; y que los derechos reales tienen las características de preferencia y persecución y generan la obligación de no hacer. Además, los derechos reales están contemplados en la legislación civil, entre los cuales figura con innegable importancia el derecho de propiedad. En esa tesitura destaca para el caso, que en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara haber lugar a la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará el remate de los mismos, y que una vez enajenado el bien por remate o adjudicación, el Juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público tratándose de inmuebles. Lo anterior permite afirmar que mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario que haya cubierto el precio fijado para la venta, adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquiera coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien raíz, en forma análoga a como sucedería en el caso de una compraventa privada. No obsta a lo anterior, el origen remoto del derecho de propiedad del adquirente mediante venta judicial ocurrida en un juicio ejecutivo mercantil, consistente en un derecho personal que se ejerció judicialmente. Pues no puede confundirse la existencia del derecho personal que dio origen al juicio ejecutivo mercantil, con el derecho real que adquiere quien cubre el precio fijado para la venta judicial del inmueble secuestrado en el juicio, dado que este último es completamente independiente del primero, a partir de que la venta judicial constituye por sí misma un acto traslativo de dominio que importa necesariamente la concurrencia de un derecho real. Dicho en otras palabras, el derecho de propiedad tiene un mismo valor y peso jurídico como derecho real, sin importar a través de cuál acto traslativo de dominio contemplado por la legislación aplicable se haya LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 adquirido dicho derecho. Por lo anterior, se estima que no existen categorías o clasificaciones del derecho de propiedad como derecho real, pues no se puede sostener válidamente que un derecho de propiedad tiene distinta jerarquía o valor jurídico de "real" que otro. Así las cosas, si la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno solo de los cónyuges, provoca que el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real sobre ese mismo bien; y si mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario que ha cubierto el precio fijado para la venta judicial, adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquiera coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien, es inconcuso que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno solo de los cónyuges, provoca que el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, no pueda oponerse al derecho real adquirido mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil, por el postor o el adjudicatario que ha cubierto el precio fijado para la venta judicial. Lo anterior sobre la base de que el postor o adjudicatario adquirió el bien inmueble de buena fe. [.]" Hechas las anteriores precisiones, cuando en la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara haber lugar a la venta de los bienes embargados, se tramitará el procedimiento de remate, por medio del cual pueden ser enajenados los bienes ya sea por remate o por adjudicación, y una vez enajenados se debe otorgar la escritura pública correspondiente. Por lo tanto, el postor o el adjudicatario que haya cubierto el precio de la venta en el procedimiento de remate y adjudicación derivado de un juicio ejecutivo mercantil, adquiere la propiedad del bien inmueble, lo que implica un auténtico derecho real sobre el bien raíz, sin importar, si el derecho real proviene de un derecho LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 19 ??????????????? personal que se ejercitó judicialmente, pues al momento de la adjudicación del bien se constituye un verdadero derecho real y por consiguiente un derecho de propiedad. Por consiguiente, la falta de inscripción del contrato de donación en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre del demandado en el juicio de origen, provoca que el derecho real de la aquí quejosa, que lo adquirió virtud a un acto jurídico realizado en el diverso juicio ejecutivo mercantil 138/2014, no pueda oponerse a un tercero que de buena fe haya adquirido también un derecho real sobre ese mismo bien, por tanto es inconcuso que el derecho real del quejoso no pueda oponerse al derecho real que adquirió el adjudicatario que lo adquirió mediante audiencia de remate el bien embargado, el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, esto es, con anterioridad a la presentación a la demanda de amparo. Por lo que es dable sostener que, para efectos del presente juicio de amparo, no asiste razón a la parte quejosa al menos en esta instancia al pretender defender el inmueble adjudicado en el juicio natural, pues si bien ostenta la propiedad y la posesión del inmueble en comento virtud del contrato de donación que es de fecha cierta, y ante dicha circunstancia pudiera surtir efectos contra terceros que solo tengan derechos personales sobre el bien raíz, lo cierto es que en el presente asunto ello no acontece, en virtud de que el inmueble que reclama como de su propiedad ya fue adjudicado mediante acta de remate de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, y dicha adjudicación constituyó un derecho real de propiedad en favor del adjudicatario, por ello, LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 ante la ausencia de inscripción de la dación de pago en el Registro Público de la Propiedad, tal documento no puede oponerse a terceros adquirientes, máxime que el adjudicatario adquirió el bien inmueble de buena fe y, contrario al quejoso, su derecho sí está debidamente registrado. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente y por analogía, el siguiente criterio de texto y rubro siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004332 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 18/2013 (10a.) Página: 644 SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.", sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. Ahora bien, en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado el bien, ya sea LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 21 ??????????????? por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público; lo cual permite afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuentemente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil. Contradicción de tesis 333/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 16 de enero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos respecto al fondo. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Tesis de jurisprudencia 18/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de fecha seis de febrero de dos mil trece. Nota: Por instrucciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 596; se publica nuevamente con la corrección en el precedente que la propia Sala ordena respecto de los tribunales contendientes. La tesis de jurisprudencia 3a./J. 7/93 citada, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 66, junio de 1993, página 11." De tal modo que, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos lo procedente es negar la protección constitucional a la aquí quejosa. LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y con fundamento legal, además en los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Alejandra Rodríguez Juárez, en relación a los actos atribuidos a las autoridades que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy cinco de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe. LFSL

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintiuno. V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1361/2019-III, promovido por María Alejandra Rodríguez Juárez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, turnado en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, María Alejandra Rodríguez Juárez compareció a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, y otra autoridad; en los términos siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades ordenadoras, reclamo todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, Expediente número 138/2014, promovido por el Tercero Interesado, y la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre un inmueble del que la suscrita soy poseedora y propietaria, puesto que con fecha de Mayo de 2011, dos mil once, adquirí la propiedad por contrato celebrado ante la Fe del C. Notario Público Número 130, Licenciado Javier Maya Morales, sobre la casa marcada con el número 55 de la Calle Zirahuén de la Colonia Fovissste, Melchor Ocampo, de esta ciudad, y las autoridades señaladas como responsables, pretenden desposeerme de dicho inmueble, con base en una sentencia dictada en contra del señor JOSÉ NICOLÁS RODRÍGUEZ RAMÍREZ, en ejecución de la sentencia recaída en el juicio mencionado, así como el dictado de la sentencia que condenó a la desposesión, lanzamiento y entrega a la parte actora de la finca mencionada, LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 sentencia dictadas en el expediente mencionado y por la Juez señalada como responsable. 2.- De la autoridad Ejecutora reclamo la ejecución de todos los actos que reclamo de la ordenadora y en especial la desposesión que pretende hacer en perjuicio de la suscrita del inmueble mencionado.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito radicó y admitió la demanda de que se trata bajo el progresivo 1361/2019- III, solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, en auto de catorce de febrero de dos mil veinte, se reconoció el carácter de terceros interesados a Alfonso Pérez Solorio y José Nicolás Rodríguez Ramírez, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó su emplazamiento para todos los efectos legales. De igual forma, el carácter antes anotado también se le reconoció a Violeta del Rocío Ruelas Madrigal, quien se apersonó a este juicio el veinte de mayo del presente año. Finalmente, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 3 ??????????????? C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugnan actos emitidos por autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 5 ??????????????? el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: ? El embargo, remate y adjudicación del bien inmueble ubicado en calle Lago de Zirahuén, número cincuenta y cinco, Fraccionamiento Melchor Ocampo, de La Piedad, Michoacán, LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 dentro del juicio ejecutivo mercantil número 138/2014, del índice del juzgado responsable, promovido por Alfonso Pérez Solorio, frente a José Nicolás Rodríguez Ramírez; juicio respecto del cual la aquí quejosa se ostenta tercero extraña. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, y Actuario de su adscripción, toda vez que al rendir su informe con justificación aceptaron su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 7 ??????????????? votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió junto con su informe justificado, consistentes en la copia certificada de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil 138/2014, de su índice, en donde particularmente se observan el embargo, remate y adjudicación que se reclaman en este juicio constitucional.1 Documentales que adquieren plena eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de su función que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando que antecede, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: 1 Fojas 13 a 15, 118 y 265, respectivamente, del tomo de pruebas. LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 9 ??????????????? Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Así, al no existir alguna causal alegada por las partes, además de que este juzgado federal no observa la actualización de una hipótesis de inejercibilidad de la acción constitucional, lo que procede es entrar al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca." Además, se invoca la jurisprudencia que se transcribe en seguida: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 11 ??????????????? atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer. La quejosa María Alejandra Rodríguez Juárez, se ostenta tercero extraña al juicio ejecutivo mercantil, al aducir que no fue llamada a juicio y que los actos reclamados violan en su perjuicio sus derechos fundamentales al pretender privarla de los derechos que tiene respecto del aludido inmueble, que derivan del contrato privado de donación que celebró con Nicolás Rodríguez Ramírez. Con el propósito de acreditar el derecho que le asiste para defender en esta vía constitucional el inmueble que afirma tiene en posesión; la peticionara de amparo aportó como medio de convicción: contrato privado de donación pura y simple, celebrado entre José Nicolás Rodríguez Ramírez, como donante, y María Alejandra Rodríguez Juárez, como donataria, respecto del bien inmueble ubicado en Calle Lago de Zirahuén, número cincuenta y cinco, Fraccionamiento Melchor Ocampo, de La Piedad, Michoacán; documento ratificado el siete de diciembre de dos mil once ante LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 notario público número ciento treinta, con ejercicio y residencia en Penjamillo de Degollado, Michoacán. Ahora bien, se toma en cuenta que los hechos que hacen cierta la fecha en un documento privado son: I. El día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, que es una institución pública que da certeza de que ese acto existe; II. Desde la fecha en que el documento se celebre o ratifique ante fedatario público; III. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, porque el presentar un documento privado ante un funcionario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que en razón de sus facultades le es presentado, por lo cual su intervención conduce así, a garantizar la certeza de la fecha, porque da certeza de que existió el instrumento que le fue presentado; y, IV. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. Al respecto se cita la jurisprudencia 21/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 1002304 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 13 ??????????????? Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Civil Tesis: 238 Página: 254 "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable. Contradicción de tesis 149/2009.-Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.-27 de enero de 2010.-Cinco votos.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Rodrigo de la Peza López Contreras. Tesis de jurisprudencia 21/2010.-Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha tres de febrero de dos mil diez. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 259, LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 Primera Sala, tesis 1a./J. 21/2010; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 260.". Así, es válido concluir que un documento adquiere certeza de su contenido a partir del día en que fue presentado el acto ante un notario, en virtud de que dicho funcionario está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar (en los términos que disponga la ley) los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos que se le presenten. En el caso, el contrato de donación exhibido por la quejosa para acreditar su interés jurídico fue presentado ante notario público para la ratificación del mismo con su original, esto es el siete de diciembre de dos mil once, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su ratificación; y, por ello, el mencionado documento es de fecha cierta. Consecuentemente, con la documental antes mencionada, a la que se otorga pleno valor probatorio conforme a lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acredita que la quejosa adquirió al menos desde el siete de diciembre de dos mil once, la propiedad del inmueble antes identificado; por lo tanto, ese contrato privado ratificado ante notario público resulta apto y suficiente para acreditar la transmisión de la propiedad a favor de la promovente del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio: "Época: Novena Época Registro: 178201 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 15 ??????????????? Tomo XXI, Junio de 2005 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 44/2005 Página: 77 DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades. Contradicción de tesis 14/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Décimo Sexto Circuito. 6 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Tesis de jurisprudencia 44/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de abril de dos mil cinco." También es aplicable el siguiente criterio de texto y rubro siguiente: "Época: Novena Época Registro: 171436 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 96/2007 Página: 191 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Contradicción de tesis 173/2006-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Civil del Sexto Circuito. 25 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Tesis de jurisprudencia 96/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha trece de junio de dos mil siete." Sin embargo, a pesar de que dicho contrato de donación es de fecha cierta no es suficiente para que pueda oponerse a un tercero que de buena fe haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 17 ??????????????? Para arribar a esa conclusión, se estima procedente establecer que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 333/2012, determinó: "[.] Sobre esa base, conviene señalar que se define al derecho real como la relación jurídica que se crea entre la persona titular de una cosa y cualquiera que pretenda hacer valer un interés contrapuesto al interés del titular de la cosa; que los derechos reales son ejercitables contra todo el mundo, pues imponen la obligación negativa de respetar su actividad; y que los derechos reales tienen las características de preferencia y persecución y generan la obligación de no hacer. Además, los derechos reales están contemplados en la legislación civil, entre los cuales figura con innegable importancia el derecho de propiedad. En esa tesitura destaca para el caso, que en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara haber lugar a la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará el remate de los mismos, y que una vez enajenado el bien por remate o adjudicación, el Juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público tratándose de inmuebles. Lo anterior permite afirmar que mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario que haya cubierto el precio fijado para la venta, adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquiera coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien raíz, en forma análoga a como sucedería en el caso de una compraventa privada. No obsta a lo anterior, el origen remoto del derecho de propiedad del adquirente mediante venta judicial ocurrida en un juicio ejecutivo mercantil, consistente en un derecho personal que se ejerció judicialmente. Pues no puede confundirse la existencia del derecho personal que dio origen al juicio ejecutivo mercantil, con el derecho real que adquiere quien cubre el precio fijado para la venta judicial del inmueble secuestrado en el juicio, dado que este último es completamente independiente del primero, a partir de que la venta judicial constituye por sí misma un acto traslativo de dominio que importa necesariamente la concurrencia de un derecho real. Dicho en otras palabras, el derecho de propiedad tiene un mismo valor y peso jurídico como derecho real, sin importar a través de cuál acto traslativo de dominio contemplado por la legislación aplicable se haya LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 adquirido dicho derecho. Por lo anterior, se estima que no existen categorías o clasificaciones del derecho de propiedad como derecho real, pues no se puede sostener válidamente que un derecho de propiedad tiene distinta jerarquía o valor jurídico de "real" que otro. Así las cosas, si la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno solo de los cónyuges, provoca que el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real sobre ese mismo bien; y si mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario que ha cubierto el precio fijado para la venta judicial, adquiere un derecho de propiedad sobre el inmueble rematado en el procedimiento de venta judicial, lo que implica que adquiera coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien, es inconcuso que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno solo de los cónyuges, provoca que el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, no pueda oponerse al derecho real adquirido mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil, por el postor o el adjudicatario que ha cubierto el precio fijado para la venta judicial. Lo anterior sobre la base de que el postor o adjudicatario adquirió el bien inmueble de buena fe. [.]" Hechas las anteriores precisiones, cuando en la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara haber lugar a la venta de los bienes embargados, se tramitará el procedimiento de remate, por medio del cual pueden ser enajenados los bienes ya sea por remate o por adjudicación, y una vez enajenados se debe otorgar la escritura pública correspondiente. Por lo tanto, el postor o el adjudicatario que haya cubierto el precio de la venta en el procedimiento de remate y adjudicación derivado de un juicio ejecutivo mercantil, adquiere la propiedad del bien inmueble, lo que implica un auténtico derecho real sobre el bien raíz, sin importar, si el derecho real proviene de un derecho LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 19 ??????????????? personal que se ejercitó judicialmente, pues al momento de la adjudicación del bien se constituye un verdadero derecho real y por consiguiente un derecho de propiedad. Por consiguiente, la falta de inscripción del contrato de donación en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre del demandado en el juicio de origen, provoca que el derecho real de la aquí quejosa, que lo adquirió virtud a un acto jurídico realizado en el diverso juicio ejecutivo mercantil 138/2014, no pueda oponerse a un tercero que de buena fe haya adquirido también un derecho real sobre ese mismo bien, por tanto es inconcuso que el derecho real del quejoso no pueda oponerse al derecho real que adquirió el adjudicatario que lo adquirió mediante audiencia de remate el bien embargado, el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, esto es, con anterioridad a la presentación a la demanda de amparo. Por lo que es dable sostener que, para efectos del presente juicio de amparo, no asiste razón a la parte quejosa al menos en esta instancia al pretender defender el inmueble adjudicado en el juicio natural, pues si bien ostenta la propiedad y la posesión del inmueble en comento virtud del contrato de donación que es de fecha cierta, y ante dicha circunstancia pudiera surtir efectos contra terceros que solo tengan derechos personales sobre el bien raíz, lo cierto es que en el presente asunto ello no acontece, en virtud de que el inmueble que reclama como de su propiedad ya fue adjudicado mediante acta de remate de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, y dicha adjudicación constituyó un derecho real de propiedad en favor del adjudicatario, por ello, LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 ante la ausencia de inscripción de la dación de pago en el Registro Público de la Propiedad, tal documento no puede oponerse a terceros adquirientes, máxime que el adjudicatario adquirió el bien inmueble de buena fe y, contrario al quejoso, su derecho sí está debidamente registrado. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente y por analogía, el siguiente criterio de texto y rubro siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004332 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 18/2013 (10a.) Página: 644 SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.", sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. Ahora bien, en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado el bien, ya sea LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 21 ??????????????? por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público; lo cual permite afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuentemente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil. Contradicción de tesis 333/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 16 de enero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos respecto al fondo. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Tesis de jurisprudencia 18/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de fecha seis de febrero de dos mil trece. Nota: Por instrucciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 596; se publica nuevamente con la corrección en el precedente que la propia Sala ordena respecto de los tribunales contendientes. La tesis de jurisprudencia 3a./J. 7/93 citada, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 66, junio de 1993, página 11." De tal modo que, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos lo procedente es negar la protección constitucional a la aquí quejosa. LUIS FELIPE SANCHEZ LUNA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.85 04/08/22 10:26:19 Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y con fundamento legal, además en los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Alejandra Rodríguez Juárez, en relación a los actos atribuidos a las autoridades que quedaron precisadas, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy cinco de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe. LFSL

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