María Alejandra Villa Banegas

Expediente 1020/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1020/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • María Alejandra Villa Banegas
  • E.A. S. V.

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Se remiten constancias. Agréguese para que obre como corresponda el oficio referido en la cuenta secretarial, signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Aguascalientes, a través del cual informa el cumplimiento dado a la suspensión de plano. Por tanto, toda vez que por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes informando que aceptaba la competencia planteada por este Juzgado de Distrito en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, mismo que registró bajo el número 754/2022-I; por lo que deberá remitírsele el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Acepta competencia. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa y se avoca al conocimiento del asunto, el cual quedó registrado con el número 754/2022-I, de su índice. Por tanto, toda vez que el ocho de septiembre actual, se reservó proveer el exhorto 508/2022-III, orden 508/2022-III, devuelto por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con el que se ordenó la notificación de los quejosos; en tal virtud, se provee remitir las constancias relativas al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, para los efectos legales que haya lugar. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Décimo Quinto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI; Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el citado artículo en su penúltimo párrafo. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Devuelve exhorto diligenciado. Agréguese a los autos, el oficio enviado vía electrónica, por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes; mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 79/2022-3, número de orden 82/2022-3, de su estadística, derivado del diverso 508/2022-III, número de orden 508/2022-III, del índice de este Juzgado, que se remitió para notificar a la quejosa María Alejandra Villa Banegas y su menor hija de iniciales E.A.S. V. En consecuencia, dese de baja el exhorto de que se trata en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Sin que haya lugar a acusar de recibo correspondiente, en razón de que el mismo se genera al momento de recibirlo a través de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, toda vez que, de la razón que obra dentro de la comunicación oficial se advierte que la quejosa directa, ratificó la demanda, resérvese proveer, hasta en tanto se tenga conocimiento sobre la incompetencia planteada al Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes en turno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Presentación de la demanda y radicación Téngase por recibida la demanda promovida por Valdemar Daniel Mercado García, en representación de las quejosas directas María Alejandra Villa Banegas y su menor hija de iniciales E.A.S.V, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Aguascalientes y otras; fórmese expediente y regístrese con el número 1020/2022-III. Actos reclamados El promovente hace consistir los actos reclamados en perjuicio de las quejosas directas en: 1) La incomunicación de la que están siendo objeto las quejosas; 2) La detención; 3) Deportación, expulsión, proscripción o destierro; 4) El aseguramiento, alojamiento y/o detención por más de treinta y seis horas; 5) La aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración; 6) La incomunicación sin alimentación; 7) La discriminación por nacionalidad, color, raza, sexo y religión de la quejosa; 8) La falta de información sobre sus derechos y garantías, el motivo de su presentación, los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones, así como las instancias ante las que puede presentar sus denuncias y quejas; 9) La falta de protección y asistencia consular; 10) La falta de alojamiento en condiciones dignas para las quejosas; 11) La falta de comunicación de las quejosas; 12) La falta de información del derecho a la regularización o retorno asistido bajo los lineamientos de la Ley de Migración; 13) La violación a la libertad de tránsito; 15) La omisión de dar aviso la comisión mexicana de ayuda a refugiados; y, 16) La inconvencionalidad de los artículo 101, 102 y 111 de la Ley de Migración; al efecto, se provee. Consideración previa El Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Al respecto, es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Precisión de actos por los que se analizará la suspensión de oficio y de plano Como se indicó en párrafos que anteceden, el promovente del amparo señaló como actos reclamados 1) La incomunicación de la que están siendo objeto las quejosas; 2) La detención; 3) Deportación, expulsión, proscripción o destierro; 4) El aseguramiento, alojamiento y/o detención por más de treinta y seis horas; 5) La aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración; 6) La incomunicación sin alimentación; 7) La discriminación por nacionalidad, color, raza, sexo y religión de la quejosa; 8) La falta de información sobre sus derechos y garantías, el motivo de su presentación, los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones, así como las instancias ante las que puede presentar sus denuncias y quejas; 9) La falta de protección y asistencia consular; 10) La falta de alojamiento en condiciones dignas para las quejosas; 11) La falta de comunicación de las quejosas; 12) La falta de información del derecho a la regularización o retorno asistido bajo los lineamientos de la Ley de Migración; 13) La violación a la libertad de tránsito; 15) La omisión de dar aviso la comisión mexicana de ayuda a refugiados; y, 16) La inconvencionalidad de los artículo 101, 102 y 111 de la Ley de Migración. Asimismo, solicita la suspensión de plano de todos los actos; no obstante, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente se proveerá la suspensión de plano de los actos identificados con los incisos 1) La incomunicación de la que están siendo objeto las quejosas; 2) Deportación, expulsión, proscripción o destierro; 3) El aseguramiento, alojamiento y/o detención por más de treinta y seis horas; 4) La incomunicación sin alimentación; 5) La discriminación por nacionalidad, color, raza, sexo y religión de la quejosa; 6) La falta de alojamiento en condiciones dignas para las quejosas. Lo anterior, sin que pase inadvertido que el promovente solicite la suspensión de plano respecto del acto consistente en la privación de la libertad de las directas quejosas al estimar que la misma ocurrió fuera de procedimiento; sin embargo, contrario a lo que refiere, cuando una persona está sujeta a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, estamos ante un ataque a la libertad pero dentro de procedimiento. En efecto, de conformidad con la Ley de Migración y su Reglamento, el referido procedimiento se conoce como "procedimiento administrativo migratorio", el cual inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular y concluye con el dictado de una resolución en la cual se define su situación migratoria en nuestro país. De ahí que los actos reclamados consistentes en la detención de las quejosas, no encuadran en los supuestos de procedencia de la suspensión de plano. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.P.6 P (11a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 3113; Undécima Época; Materias Común y Penal; cuyo contenido es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve". Se concede suspensión de plano respecto de la deportación, expulsión, proscripción o destierro; aseguramiento, alojamiento y/o detención por más de treinta y seis horas. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126 y 160 de la ley de la materia, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, esto es, no se ejecuten las órdenes de deportación decretadas en contra de las aquí quejosas directas, así como para que las autoridades responsables, tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de las quejosas, a fin de no ser objeto de algún acto prohibido por el 15 de la Ley de Amparo, debiendo comunicar a este juzgado de inmediato las acciones a realizar a fin de cumplir con esta suspensión de plano, debiendo de igual forma las responsables informar de inmediatamente sobre el cumplimiento dado a esta determinación.; asimismo, en caso de que se haya emitido con motivo del ejercicio de la facultad de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración, las directas quejosas quedarán a disposición de este órgano de control constitucional respecto a su libertad personal y a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento correspondiente en el lugar en que se encuentre. Al particular, es aplicable la jurisprudencia P./J.80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN". Se concede suspensión de plano respecto incomunicación, incomunicación sin alimentación, la discriminación por nacionalidad, color, raza, sexo y religión de la quejosa y la falta de alojamiento en condiciones dignas para las quejosas. Ahora, es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, se está ante la presencia de actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuando se reclama la incomunicación de las directas quejosa, por lo que, en ese sentido, con fundamento en el diverso 126, se decreta la suspensión de plano de los actos reclamados (incomunicación tormento psicológico y maltratos físicos), para el efecto de que cese cualquier acto de los previstos en el artículo 22 constitucional, que importen peligro a la integridad del quejoso; en la inteligencia de que las autoridades responsables, deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del quejoso, a fin de no ser objeto de algún acto prohibido por el precepto ya citado, debiendo comunicar a este juzgado de inmediato las acciones a realizar a fin de cumplir con esta suspensión de plano, debiendo de igual forma la responsable informar de inmediatamente sobre el cumplimiento dado a esta determinación. Dicho en otras palabras, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano al directamente quejoso María Alejandra Villa Banegas y la menor de iniciales E.A.S.V, para el único efecto de que cese cualquier atentado hacia su persona, esto es, castigo, incomunicación aislamiento, discriminación, tormento psicológico y maltratos físicos (por falta de alimentación), de los que dice ser objeto, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, en caso de que se estén ejecutando; ello, a fin de salvaguardar sus derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y dado que resulta contrario a la condición de una vida digna en prisión, atento al contenido del artículo 18 de dicho ordenamiento legal. Plazo en el que las autoridades deben rendir informe sobre la suspensión. En el entendido que las responsables deberán informar el cumplimiento a la suspensión concedida dentro del término de veinticuatro horas, apercibidas que de no hacerlo, podrán ser puestas a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual forma, se les apercibe que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o nieguen la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del artículo 262 de la ley de la materia; para tal efecto, remítanseles copia simple de la demanda de amparo. En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del tomo XII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AUTOS DE SUSPENSIÓN. Cualquiera autoridad del país tiene obligación de acatar las órdenes de suspensión dictadas en los juicios de amparo." Se ordena la ratificación de la demanda Por otra parte, al tomar en cuenta la naturaleza de los actos sobre los que se provee, es necesario que el que suscribe tome las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las quejosas; por tanto, con apoyo en el numeral 15 de la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en turno, para que en auxilio de este juzgado comisione al Actuario judicial adscrito a ese juzgado, para que se constituya en la Oficina de Representación del nstituto Nacional de Migración en el Estado de Tlaxcala, así como en cualquier otro lugar en donde pudieran estar detenidas las quejosas directas María Alejandra Villa Banegas y la menor de iniciales E.A.S.V, y las localice; además, en el acto de la diligencia deberá realizar lo siguiente: Le notifique el presente auto. La requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifiesten si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. La aperciba que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas. Deberá ratificarle a la autoridad ante quien esté recluida la agraviada la suspensión de plano decretada en este propio auto, respecto de los actos reclamados, debiendo acatar dicha suspensión las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a la medida decretada. Requerir a la quejosa ratifique el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, así como a sus autorizados. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Asimismo, para que en auxilio de este juzgado comisione al Actuario judicial adscrito a ese juzgado y notifique a las autoridades responsables los oficios de petición de informe respecto a la suspensión de plano. Se de fe si la quejosa se encuentra incomunicadas y de las condiciones físicas en que estén. De igual modo, en acatamiento a los derechos humanos que tiene reconocidos, tanto por tratados internacionales en que el Estado mexicano forma parte, como por nuestra Constitución, el fedatario judicial deberá proceder a dar fe de las condiciones físicas en que se encuentran las quejosas María Alejandra Villa Banegas y la menor de iniciales E.A.S.V, debiendo realizar la razón correspondiente de la exploración externa que realice a la directamente quejosa; en el entendido que el fedatario únicamente puede hacer constar aquello que percibe a través de sus sentidos. Obligación de autoridades de dar acceso al Actuario Para tal efecto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a dar acceso al actuario judicial a las celdas u oficinas de las corproaciones policiacas que se señalan como responsables, y en cualquier otro lugar en donde pudiera estar las quejosas directas María Alejandra Villa Banegas y la menor de iniciales E.A.S.V, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo este juzgado dará vista a la autoridad correspondiente por la probable comisión de los delitos a que haya lugar. En la inteligencia que de no encontrar a la quejosa en las instalaciones citadas, se faculta al Actuario Judicial para que requiera a las autoridades responsables que informen el lugar donde se encuentra recluida y, hecho lo anterior, se traslade a ese lugar o a cualquier otro de los centros de reclusión de la ciudad y dé cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede. Se permita acceso con su asesor De la misma manera, infórmese a la responsable que deberá de vigilar, respetar y cumplir con los derechos y las garantías que le asiste a la quejosa, tales como que se les permita tener acceso a su defensor o asesor. Habilitan días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Se reserva proveer respecto a diverso acto reclamado Respecto a los actos señalados como: la detención; la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración; la falta de información sobre sus derechos y garantías, el motivo de su presentación, los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones, así como las instancias ante las que puede presentar sus denuncias y quejas; la falta de protección y asistencia consular; la falta de información del derecho a la regularización o retorno asistido bajo los lineamientos de la Ley de Migración; la violación a la libertad de tránsito; la omisión de dar aviso la comisión mexicana de ayuda a refugiados; y, la inconvencionalidad de los artículo 101, 102 y 111 de la Ley de Migración, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto la impetrante ratifique la demanda promovida en su nombre. Se declina competencia Debe considerarse que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. Así, debe precisarse que la competencia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala se rige por lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracciones II y V, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero del año dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece; sin embargo, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer el juicio de amparo promovido por Valdemar Daniel Mercado García, en representación de las quejosas directas María Alejandra Villa Banegas y su menor hija de iniciales E.A.S.V, por razón de territorio. Lo anterior en virtud que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados fueron reclamados únicamente a autoridades con residencia en el Estado de Aguascalientes, sin que exista alguna autoridad responsable ordenadora o ejecutora con sede en el Estado de Tlaxcala, donde este juzgado ejerce jurisdicción. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Precisado lo anterior, debe decirse que el acto reclamado encuadra en la hipótesis descrita en el inciso a), particularmente, en lo relativo a que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, por lo que para determinar la competencia debe establecerse en qué lugar debe tener ejecución los actos reclamados, lo cual no ocurrirá en la entidad federativa donde este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción, pues de la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras tiene su residencia en el Estado de Aguascalientes. En este sentido, resultan ilustrativas las consideraciones expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la competencia penal 6/95, en cuya parte conducente sostuvo: "En efecto, de la íntegra lectura de la demanda de garantías se advierte que la peticionaria del amparo señaló como autoridades al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán y al Comandante de la Policía Judicial del Estado de Puebla del Tercer Subsector, en Tehuacán, ambos con residencia en el Estado de Puebla, a los que les reclamó la orden de aprehensión, que según manifiesta emitieron en su contra y su ejecución que pretende llevar a cabo el Comandante de la Policía citada. Por otra parte, también se desprende del ocurso de referencia que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que su domicilio particular lo es el ubicado en la calle Poniente 5, departamento 1, de la casa número 306, de la ciudad de Orizaba, Veracruz, y no sólo suscribió el escrito inicial de garantías, sino que además lo presentó ante el juzgado federal de la localidad, por razones de urgencia, lo que expresó para los efectos de la competencia del juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz. Ahora bien, con independencia de lo expresado en el párrafo anterior, en el caso concreto se estima que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla es el competente para conocer y resolver del juicio de amparo, habida cuenta que dentro de su jurisdicción radican las autoridades que, según manifiesta la propia quejosa pretenden ejecutar el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, sin que de la lectura de la demanda de garantías se advierta que hubiese señalado alguna autoridad ejecutora con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que la promovente del amparo haya manifestado bajo la protesta legal, que su domicilio particular lo es en el Estado de Veracruz, toda vez que, la ejecución de la orden reclamada no puede presumirse por el simple hecho de que la agraviada haya signado y presentado su demanda, como lo hizo en Veracruz, Veracruz, ni porque haya manifestado tener su domicilio particular en aquel lugar, pues tal conclusión es meramente apreciativa, dado que para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad dentro de la jurisdicción del juez federal mencionado, no puede estimarse que la orden de aprehensión forzosamente deba ejecutarse en el lugar en donde la quejosa, aparentemente, tiene su domicilio particular, pues bien podría cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares. En tal tesitura, sirve de apoyo la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 413, citada en la página 702, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo Estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares". Asimismo, resulta aplicable la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 404, visible a páginas 695, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto es del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO.- Si no se ha señalado por la autoridad responsable, a ninguna otra para que ejecute el acto que se reclama, es competente para conocer del juicio de garantías, el juez de Distrito del lugar en donde resida la autoridad de quien emana el acto". Por tanto, si la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo de que se trata emanó, según la quejosa, del Juez de Primera Instancia de Puebla y se pretende ejecutar por la Policía Judicial del mismo Estado, consecuentemente procede decidirse el conflicto competencial en favor del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en la misma ciudad." De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia por reiteración consultable en la página 97, tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Cabe apuntar, que el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa, por ello estableció las referidas reglas de competencia, para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, aunado a que si un juez de Distrito resuelve un juicio de amparo respecto del cual carece de competencia, tal circunstancia constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 383, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de dos mil trece, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En conclusión, si la parte quejosa señaló como autoridades responsables a diversas con sede en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, resulta evidente que se actualizará la presunción establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que es claro que corresponde conocer del presente juicio de derechos a un Juez de Distrito con residencia en la referida Ciudad, por ser el órgano que se estima competente para ese efecto, en términos de los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que en dicha ciudad es donde se ejecutaran los actos reclamados. En tales condiciones, este juzgado lo procedente es que este Juzgado de Distrito se declare legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por Valdemar Daniel Mercado García, en representación de las quejosas directas María Alejandra Villa Banegas y su menor hija de iniciales E.A.S.V, y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, último párrafo de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente proveído, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el original del presente juicio, al Juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, de ese lugar, para los efectos legales conducentes, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en que se sirva precisar si acepta o no, la competencia que se plantea a su conocimiento. Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otra parte, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, por así solicitarlo expresamente, ya que señala los estrados de este juzgado, lo que propiamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales. No obstante, al encontrarse detenida en las instalaciones de la autoridad migratoria, practíquense las notificaciones de manera personal en el lugar en que se encuentra detenida. Autorizados Por otro lado, se tiene como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Frida Magdalena Velázquez jRodríguez, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales y únicamente para ir y recibir notificaciones a Axel Eduardo Guadarrama Lavanderos, Alejandrina Albiter Buendía; Claudia Fernanda Ortíz Bernal, Jorge Cornejo Melchor, Tamara Abigail García Reynoso y María Fernanda Sánchez Hernández, por así solicitarlo el promovente. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la quejosa directa en el lugar donde se encuentre detenida. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.

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