María Alejandra Sánchez Cortés
Expediente 42/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Alejandra Sánchez Cortés
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por Acuerdo General 3/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio y residencia del Primer Tribunal Colegiado y del Tribunal Unitario, ambos del Vigésimo Octavo Circuito; de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, así como al cambio de denominación y domicilio de la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito de la propia entidad federativa, todos con residencia en Tlaxcala, Tlaxcala, aprobado en sesión ordinaria de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero de dos mil dieciocho, se autorizó el cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, al EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, UBICADO EN PREDIO "RÚSTICO", EN SANTA ANITA HUILOAC, CÓDIGO POSTAL 90407, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA y que por oficio SEFSP/DGRH/DCPG/SCP/5798/2018 de nueve de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento al acuerdo en cita, la denominación del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Tlaxcala, concluyó funciones el once de febrero de dos mil dieciocho y cambia a JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CON RESIDENCIA EN APIZACO. Esto en la inteligencia que, la nueva denominación de este Órgano jurisdiccional y las labores en ese lugar, iniciaron a partir del día DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. En tal virtud, requiérase a las partes para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene su residencia este Juzgado Federal, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les harán por lista, atento a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Se informa cambio de Titular. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que por oficio SEADS/365/2018, de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó el acuerdo de la misma fecha del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó la readscripción del Juez Carlos Alberto Ávila Muñoz, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en sustitución del ahora Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, con efecto a partir del uno de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimiento Civiles, hágase del conocimiento de las partes el cambio de titular, por el termino de tres días, a fin de que estén en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga. Tribunal Colegiado confirma desechamiento. En otro orden de ideas, agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 42/2018-IV promovido por María Alejandra Sánchez Cortés, y remite testimonio de la resolución dictada el doce de abril de dos mil dieciocho, en el recurso de queja 14/2018 de su índice, cuyos puntos resolutivos señalan. "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por María Alejandra Sánchez Cortés, contra el proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio de amparo indirecto 42/2018 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); en relación al expedientillo que se formó con motivo de la remisión de los autos, se ordena destruir las copias con las que se integró el mismo, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Archivo y destrucción. Por otro lado, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigesimoprimero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se trata de un asunto donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir al promovente para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio 62 signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; por medio del cual, hace del conocimiento de esta instancia el contenido del proveído de seis de febrero del año en curso, por el que se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa María Alejandra Sánchez Cortés, en contra del auto de veintidós de enero de dos mil dieciocho dictado en el juicio de amparo 42/2018-IV del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, mismo que quedó registrado con el número 14/2018.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por María Alejandra Sánchez Cortés contra actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, Huamantla, Tlaxcala; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 42/2018-IV. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consiste; en el auto de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho pronunciado dentro del expediente civil número 379/2017 que ordena abrir el juicio a prueba sin proveer sobre la demanda reconvencional de otorgamiento y firma de contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado ejercitada en contra de "BRECHAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V.", y el señor JOSÉ ARNULFO DÍAZ TEPEPA; la cual, no produce efectos de imposible reparación a las partes, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros se pronunció, en lo que interesa, en los siguientes términos: Lo anterior, resulta relevante en este asunto, pues el acto reclamado en el presente juicio consiste en el auto de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho pronunciado dentro del expediente civil número 379/2017 que ordena abrir el juicio a prueba sin proveer sobre la demanda reconvencional de otorgamiento y firma de contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado ejercitada en contra de "BRECHAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V.", y el señor JOSÉ ARNULFO DÍAZ TEPEPA, sólo tiene efectos meramente procesales y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicha determinación no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Así, la materia de la resolución reclamada es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, ya que sólo ocasiona la omisión del Juez de proveer sobre la demanda reconvencional de otorgamiento y firma de contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado ejercitada en contra de "BRECHAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V.", y el señor JOSÉ ARNULFO DÍAZ TEPEPA, del expediente civil número 379/2017, en el que se ordenó abrir el juicio a prueba sin proveer sobre dicha demanda reconvencional, toda vez que cuando se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento al derecho de petición, no se deja sin defensa al quejoso pues esta violación debe considerarse de carácter adjetivo la cual debe seguir las reglas establecidas en la legislación ordinaria que lo rija, por ello, es que se itera la improcedencia de la presente contienda constitucional. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Por otra parte, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, los estrados de este Juzgado de Distrito, sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que señala un domicilio particular, en virtud de que lo realiza en cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Noemí Ocotecatl Rodríguez y únicamente para oír y recibir notificaciones a José Simeón Barrera Palacios y Mónica Báez Padilla, toda vez que no cuentan con el registro de su cédula en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este juicio, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que el presente juicio se tramite sin dilación alguna. Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos.
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