María Alejandra Román Arenas

Expediente 227/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 80 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
227/2019
Año
2019
Actuaciones
80
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • María Alejandra Román Arenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 80.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 27702/2022, por el que se le notificó el auto de diez de octubre de dos mil veintidós. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de diez de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el incidente de daños y perjuicios promovido por*** parte tercera interesada en el presente juicio de amparo 227/2019; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, se deja a disposición de la parte quejosa para su devolución, el billete de depósito número N649825, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros*** lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibida que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, de conformidad con lo previsto en dicho numeral. Finalmente, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido, en los términos establecidos en el auto de veintisiete de enero de dos mil veinte. Notifíquese.

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 27702/2022, por el que se le notificó el auto de diez de octubre de dos mil veintidós. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de diez de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el incidente de daños y perjuicios promovido por*** parte tercera interesada en el presente juicio de amparo 227/2019; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, se deja a disposición de la parte quejosa para su devolución, el billete de depósito número N649825, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros*** lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibida que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, de conformidad con lo previsto en dicho numeral. Finalmente, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido, en los términos establecidos en el auto de veintisiete de enero de dos mil veinte. Notifíquese.

  3. Principal

    SEGUNDO. Por auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó el informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a las terceras interesadas, citó a las partes a la audiencia constitucional y ordenó aperturar el incidente de suspensión. TERCERO. En cumplimiento a lo anterior, por auto emitido en la propia data, se concedió la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que en caso de que no se hubiera llevado a cabo, la autoridad responsable, se abstuviera de realizar actos tendentes al lanzamiento*** ordenados en el juicio ordinario civil*** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz; ello hasta en tanto la responsable recibiera notificación acerca de la suspensión definitiva. Asimismo, se fijó como requisito de efectividad una garantía por la cantidad de*** por los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a la parte tercero interesada en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio principal del que se deriva este incidente; la que se tuvo por exhibida en proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, mediante billete de depósito número N649825*** Posteriormente, mediante resolución interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión definitiva en los mismos términos que la provisional, la cual surtiría efectos hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia que se dictara en el juicio principal del cual derivaba dicho incidente de suspensión; sin que se requiriera nueva garantía, pues la que se exhibió mediante billete de depósito número N649825, se estimó suficiente para que surtiera efectos la suspensión definitiva. CUARTO. Seguida la secuela procesal en el juicio principal, por sentencia dictada el treinta de julio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; inconforme con dicha resolución, la tercera interesada interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien lo radicó bajo el número de toca*** en ejecutoria de nueve de enero de dos mil veinte, revocó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio. QUINTO. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte, en la oficialía de partes de este Juzgado*** parte tercera interesada en el presente juicio de amparo, promovió incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía que exhibió la quejosa*** con motivo de la suspensión concedida; y por auto de treinta de enero siguiente, se admitió a trámite dicho incidente y se ordenó correr traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera. SEXTO. En proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se fijó fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos, la que previo diferimiento se celebró el tres de octubre del año en curso, al tenor del acta que antecede*** PRIMERO. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para conocer y resolver el incidente de daños y perjuicios, ya que se trata de una cuestión accesoria de lo principal; ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos*** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. La tercera interesada sustentó la incidencia en lo siguiente*** TERCERO. La suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar que se tramita a través de un incidente en el procedimiento del juicio de amparo, que se lleva por cuerda separada y se traduce en un mandato que tiende a preservar el cumplimiento y la ejecución de la sentencia protectora que pudiere llegar a dictarse en el juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125, 128 136, 138, 139, 146 y 147, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Así, su objeto consiste en conservar la materia del amparo, esto es, evitar que se consume irreparablemente la violación que a través de la vía constitucional se impugna, por conducto del acto reclamado, por lo que sus efectos son detener temporalmente las medidas relativas a ejecutarlo. Ahora bien, los numerales 132 y 156 de la ley de la materia disponen*** De lo transcrito se obtiene que en los casos en que se estime fundada la petición de suspender los efectos del acto reclamado y dicha paralización pueda ocasionar daño perjuicio a algún tercero interesado, el quejoso deberá exhibir garantía suficiente para reparar el daño, o bien, indemnizar los perjuicios que por tal motivo se causaren, si el promovente del amparo no obtiene resolución favorable en el juicio principal; supuesto en el que el tercero interesado afectado se encuentra en aptitud de solicitar se haga efectiva a su favor la garantía que al efecto se haya establecido, lo que realizará a través de la vía incidental, dentro de los seis meses siguientes al día que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. En el entendido de que la tramitación de dicha incidencia no releva a las partes, en específico, al tercero interesado, de acreditar los elementos de la acción que pretende, es decir, las partes cuentan con el derecho a la prueba, así como con la carga de la misma, lo que pone de manifiesto que el incidentista debe indicar, en los hechos que fundamenten su pretensión, la afectación que recibió con motivo de la concesión de la suspensión, además de la relación directa que guarda con la inejecución del acto reclamado, en conjunción con la obligación legal de acreditar su dicho a través de los medios convictivos que estime convenientes, de cuya valoración y eficacia dependerá del motivo de reclamo. Así las cosas, es pertinente dejar precisado lo que debe entenderse por daños y su distinción con los perjuicios; en relación con ello, los numerales 2108 y 2109 del Código Civil Federal exponen*** Con base en las conceptualizaciones legales que anteceden, se obtiene que el daño se constituye como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de determinada persona, a causa del actuar de un tercero, con el que exista relación legal, que le depare dicha afectación, para lo que debe considerarse al patrimonio como una entidad concreta, que se compone por la suma tanto de los derechos y bienes de una persona, como de las obligaciones y adeudos con los que cuente, por lo que el mismo no implica necesariamente el menoscabo al patrimonio cierto con el que se cuente previo a recibir la conducta dañina, sino también en el aumento que pueda recaer sobre las obligaciones contraídas, a causa de su materialización. Por su parte, se reputa como perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, de esta forma, se tiene que el concepto de daño constituye un dato cierto y objetivo, mientras que el perjuicio pertenece al campo de las probabilidades, por lo que la comprobación a la que se encuentran sujetos varía en atención a cuál de ellos se reclame, pues su naturaleza implica un análisis diferenciado respecto de los medios de convicción necesarios para su acreditación. De manera que, si la pretensión del actor incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, es imperativo que indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su patrimonio, como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado; y resulta necesaria la demostración plena de tales hipótesis, pues sólo así se está en aptitud de constatar, en primer orden, si efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe relación entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a los perjuicios, no puede darse el mismo trato, pues por su naturaleza se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, definición que obliga al reclamante a exponer los hechos relevantes de su pretensión a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca y de las que, a su vez, allegue el quejoso, que conlleven a definir, de modo verosímil y aceptable, que en efecto, de no haber resentido tal afectación se habrían generado las ganancias indicadas, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. Por tanto, es en relación con el concepto reclamado que deben ponderase las afirmaciones y pruebas que con la tramitación de la incidencia en análisis se expongan, pues en el caso de los daños la argumentación y probanzas debe ser de alta calidad, dado el principio indemnizatorio que les reviste, situación que no puede exigirse al tratarse de perjuicios, pues en dicho supuesto sólo es necesario demostrar la probabilidad expresada como fundamento de la pretensión, en el entendido de que su mayor o menor grado de credibilidad dependerá de los propios elementos de convicción, de manera que al momento de resolver la incidencia en cuestión, se debe analizar el rubro que se reclama, ya sea daños o perjuicios, para estar en aptitud de justipreciar, con base a los elementos aportados en autos, la acreditación de la conducta reclamada y la afectación cuya materialización recayó en el promovente. En ese orden, para que resulte fundado el incidente de daños y perjuicios, a fin de hacer efectiva la garantía impuesta como requisito de validez de la suspensión, deben satisfacerse los siguientes requisitos*** Sobre esa base, es pertinente destacar que de la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil diecinueve, se advierten como antecedentes del juicio ordinario civil*** los siguientes*** Ahora, en torno a los antecedentes del juicio constitucional, como se indicó*** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, de quien reclamó*** La orden de lanzamiento emitida en el juicio civil número*** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, y los efectos y consecuencias jurídicas de dicho acto reclamado. Por otro lado, en el incidente de suspensión, por auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que en caso de que no se hubiera llevado a cabo, la autoridad responsable se abstuviera de realizar actos tendentes al lanzamiento, desocupación y entrega del inmueble ubicado en la esquina de las calles Primo Verdad y Veintitrés de Mayo, en la colonia Francisco Ferrer Guardia, de la ciudad de Orizaba, Veracruz, ordenados en el juicio ordinario civil*** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz; ello hasta en tanto la responsable recibiera notificación acerca de la suspensión definitiva. Asimismo, se fijó como requisito de efectividad una garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos cero centavos moneda nacional), por los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a la parte tercero interesada en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio principal del que se deriva este incidente; la que se tuvo por exhibida en proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, mediante billete de depósito número N649825*** Posteriormente, mediante resolución interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión definitiva en los mismos términos que la provisional, la cual surtiría efectos, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia que se dictara en el juicio principal del cual derivaba dicho incidente de suspensión; sin que se requiriera garantía para ello, pues la exhibida en el referido billete de depósito número N649825, se estimó suficiente para que surtiera efectos la suspensión definitiva. Expuesto lo anterior, cabe destacar que los daños y perjuicios que reclama la incidentista, se basan en que, con motivo de la suspensión concedida a la parte quejosa no tomó posesión material del bien inmueble*** por no haberse ejecutado el lanzamiento programado para el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo ordenado en los autos del juicio natural*** que de haberse llevado a cabo dicho lanzamiento, ya hubiera puesto en arrendamiento su propiedad, con una renta mensual*** y que ello lo acreditaría con el dictamen pericial ofrecido en autos, el cual cuantificaría los daños y perjuicios que refirió haber sufrido durante el periodo comprendido del veinte de marzo de dos mil diecinueve (auto de suspensión provisional) al veintidós de enero de dos mil veinte. Lo expuesto a ese respecto resulta ineficaz, ya que si bien constituye un hecho notorio que con motivo de la suspensión otorgada no se ejecutó la orden de lanzamiento de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, emitida en el juicio ordinario civil*** por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, respecto del inmueble ubicado en*** lo cierto es que no acreditó el daño que ello le produjo (pérdida o menoscabo sufrido en su patrimonio) ni las ganancias que dejó de percibir por la concesión de la medida cautelar (perjuicio). Lo anterior es así, dado que si bien la incidentista ofreció como prueba las documentales consistentes en las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo y las relativas a la ejecutoria del amparo en revisión*** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz; con las mismas no se acredita de modo alguno el daño o perjuicio referidos, ya que no existe constancia alguna dentro del expediente, que acredite el menoscabo sufrido en el patrimonio de la incidentista y menos aún las ganancias que dejó de percibir por la concesión de la medida cautelar. Respecto a la prueba pericial en materia de contabilidad, desahogada a través de los dictámenes debidamente ratificados rendidos por los*** respectivamente, con valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 211 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, también resulta insuficiente para acreditar los daños y perjuicios que refiere sufrió derivado de la concesión de la medida cautelar. Lo anterior es así, pues del dictamen del perito ofrecido por la parte tercera interesada a cuyo contenido se remite en obvio de transcripciones innecesarias se desprende que el citado experto asentó, sustancialmente, que determinaba cuantitativamente que la cantidad adeudada por concepto de renta respecto al citado inmueble, ascendía a un total de $328,500.00 (trecientos veintiocho mil quinientos pesos cero centavos, moneda nacional), cantidad que obtenía de multiplicar los diez meses de renta que corresponden desde la fecha del desalojo (abril de dos mil diecinueve) hasta el mes de enero de dos mil veinte, por el importe de dicha renta por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos cero centavos, moneda nacional), más los intereses moratorios tasados al quince por ciento durante dicho periodo, lo que suma un adeudo de $164,500.00 (ciento sesenta y cuatro mil quinientos pesos cero centavos, moneda nacional); asimismo, determinó que el importe que se debe cubrir por los daños y perjuicios respecto de la renta del inmueble es del 100% (cien por ciento) antes citado, esto es, la cantidad $164,500.00 (ciento sesenta y cuatro mil quinientos pesos cero centavos, moneda nacional), lo que sumado permitía obtener la cantidad total indicada. Sin embargo, como se indicó, dicho medio de prueba no acredita los daños y perjuicios sufridos, pues el profesionista tasó los mismos partiendo de una renta mensual que aduce dejó de percibir la actora incidental, por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos cero centavos, moneda nacional); monto que refiere obtuvo de un contrato de arrendamiento de diecisiete de abril de dos mil diecinueve, que acompañó a su dictamen en copia simple, constancia que no acredita el hecho que se pretende probar (renta mensual), pues al tratarse de una copia simple, sólo cuenta con valor de indicio, y no se encuentra adminiculada con algún otro elemento probatorio, que lleve a demostrar el extremo pretendido, esto es, la existencia de un contrato de arrendamiento celebrado respecto del inmueble materia del juicio. De ahí que con la prueba pericial no se acredite la vinculación directa entre dicha afectación (daño) y la suspensión del acto reclamado; ni que como consecuencia de la medida cautelar se hubiere dejado de percibir las ganancias indicadas, pues no se encuentra plenamente acreditada la cantidad que sirvió de base al experto para realizar dicha cuantificación. Por su parte, del dictamen del perito oficial y su aclaración, se advierte que asentó, en lo que aquí trasciende, que no era posible realizar cálculos aritméticos, toda vez que no existía en autos una resolución imperativa para ello, de la que se observara una cantidad monetaria fijada por los intervinientes, por concepto de renta mensual del inmueble en cuestión; y que para realizar la pericial contable solicitada, debía tener documentación contable, válida, suficiente e idónea, con el objetivo de poder emitir una opinión con base en los Boletínes 500 y 520 de la Normas Internacionales de Auditoría, donde versa que el auditor debe obtener evidencia comprobatoria de los hechos, que se implican en las actividades que se pretenden probar; y realizar una revisión analítica de los mismos; por lo que concluyó no estar en posibilidad de dar respuestas a la preguntas que formuló la oferente de la prueba pericial, en torno a los montos solicitados. Por tanto, al no haber demostrado la incidentista los daños y perjuicios que aduce se le ocasionaron, resulta improcedente su pretensión, por no haber quedado satisfechos la totalidad los supuestos del artículo 156 de la Ley de Amparo; en consecuencia, resulta infundado el incidente planteado. No obsta a la presente determinación, las manifestaciones que realiza la quejosa en su escrito recibido el cinco de febrero de dos mil veinte, dado las mismas van encaminadas a la improcedencia del incidente planteado, de ahí que no variaría el sentido de la presente resolución. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 156 en relación con el 66 y 67, de la Ley de Amparo, se*** ÚNICO. Es infundado el incidente de daños y perjuicios promovido por*** parte tercera interesada en el presente juicio de amparo 227/2019, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercera interesada.

  4. Incidental

    SEGUNDO. Por auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó el informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a las terceras interesadas, citó a las partes a la audiencia constitucional y ordenó aperturar el incidente de suspensión. TERCERO. En cumplimiento a lo anterior, por auto emitido en la propia data, se concedió la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que en caso de que no se hubiera llevado a cabo, la autoridad responsable, se abstuviera de realizar actos tendentes al lanzamiento*** ordenados en el juicio ordinario civil*** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz; ello hasta en tanto la responsable recibiera notificación acerca de la suspensión definitiva. Asimismo, se fijó como requisito de efectividad una garantía por la cantidad de*** por los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a la parte tercero interesada en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio principal del que se deriva este incidente; la que se tuvo por exhibida en proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, mediante billete de depósito número N649825*** Posteriormente, mediante resolución interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión definitiva en los mismos términos que la provisional, la cual surtiría efectos hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia que se dictara en el juicio principal del cual derivaba dicho incidente de suspensión; sin que se requiriera nueva garantía, pues la que se exhibió mediante billete de depósito número N649825, se estimó suficiente para que surtiera efectos la suspensión definitiva. CUARTO. Seguida la secuela procesal en el juicio principal, por sentencia dictada el treinta de julio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; inconforme con dicha resolución, la tercera interesada interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien lo radicó bajo el número de toca*** en ejecutoria de nueve de enero de dos mil veinte, revocó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio. QUINTO. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte, en la oficialía de partes de este Juzgado*** parte tercera interesada en el presente juicio de amparo, promovió incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la garantía que exhibió la quejosa*** con motivo de la suspensión concedida; y por auto de treinta de enero siguiente, se admitió a trámite dicho incidente y se ordenó correr traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera. SEXTO. En proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se fijó fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos, la que previo diferimiento se celebró el tres de octubre del año en curso, al tenor del acta que antecede*** PRIMERO. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para conocer y resolver el incidente de daños y perjuicios, ya que se trata de una cuestión accesoria de lo principal; ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos*** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. La tercera interesada sustentó la incidencia en lo siguiente*** TERCERO. La suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar que se tramita a través de un incidente en el procedimiento del juicio de amparo, que se lleva por cuerda separada y se traduce en un mandato que tiende a preservar el cumplimiento y la ejecución de la sentencia protectora que pudiere llegar a dictarse en el juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125, 128 136, 138, 139, 146 y 147, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Así, su objeto consiste en conservar la materia del amparo, esto es, evitar que se consume irreparablemente la violación que a través de la vía constitucional se impugna, por conducto del acto reclamado, por lo que sus efectos son detener temporalmente las medidas relativas a ejecutarlo. Ahora bien, los numerales 132 y 156 de la ley de la materia disponen*** De lo transcrito se obtiene que en los casos en que se estime fundada la petición de suspender los efectos del acto reclamado y dicha paralización pueda ocasionar daño perjuicio a algún tercero interesado, el quejoso deberá exhibir garantía suficiente para reparar el daño, o bien, indemnizar los perjuicios que por tal motivo se causaren, si el promovente del amparo no obtiene resolución favorable en el juicio principal; supuesto en el que el tercero interesado afectado se encuentra en aptitud de solicitar se haga efectiva a su favor la garantía que al efecto se haya establecido, lo que realizará a través de la vía incidental, dentro de los seis meses siguientes al día que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. En el entendido de que la tramitación de dicha incidencia no releva a las partes, en específico, al tercero interesado, de acreditar los elementos de la acción que pretende, es decir, las partes cuentan con el derecho a la prueba, así como con la carga de la misma, lo que pone de manifiesto que el incidentista debe indicar, en los hechos que fundamenten su pretensión, la afectación que recibió con motivo de la concesión de la suspensión, además de la relación directa que guarda con la inejecución del acto reclamado, en conjunción con la obligación legal de acreditar su dicho a través de los medios convictivos que estime convenientes, de cuya valoración y eficacia dependerá del motivo de reclamo. Así las cosas, es pertinente dejar precisado lo que debe entenderse por daños y su distinción con los perjuicios; en relación con ello, los numerales 2108 y 2109 del Código Civil Federal exponen*** Con base en las conceptualizaciones legales que anteceden, se obtiene que el daño se constituye como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de determinada persona, a causa del actuar de un tercero, con el que exista relación legal, que le depare dicha afectación, para lo que debe considerarse al patrimonio como una entidad concreta, que se compone por la suma tanto de los derechos y bienes de una persona, como de las obligaciones y adeudos con los que cuente, por lo que el mismo no implica necesariamente el menoscabo al patrimonio cierto con el que se cuente previo a recibir la conducta dañina, sino también en el aumento que pueda recaer sobre las obligaciones contraídas, a causa de su materialización. Por su parte, se reputa como perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, de esta forma, se tiene que el concepto de daño constituye un dato cierto y objetivo, mientras que el perjuicio pertenece al campo de las probabilidades, por lo que la comprobación a la que se encuentran sujetos varía en atención a cuál de ellos se reclame, pues su naturaleza implica un análisis diferenciado respecto de los medios de convicción necesarios para su acreditación. De manera que, si la pretensión del actor incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, es imperativo que indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su patrimonio, como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado; y resulta necesaria la demostración plena de tales hipótesis, pues sólo así se está en aptitud de constatar, en primer orden, si efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe relación entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a los perjuicios, no puede darse el mismo trato, pues por su naturaleza se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, definición que obliga al reclamante a exponer los hechos relevantes de su pretensión a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca y de las que, a su vez, allegue el quejoso, que conlleven a definir, de modo verosímil y aceptable, que en efecto, de no haber resentido tal afectación se habrían generado las ganancias indicadas, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. Por tanto, es en relación con el concepto reclamado que deben ponderase las afirmaciones y pruebas que con la tramitación de la incidencia en análisis se expongan, pues en el caso de los daños la argumentación y probanzas debe ser de alta calidad, dado el principio indemnizatorio que les reviste, situación que no puede exigirse al tratarse de perjuicios, pues en dicho supuesto sólo es necesario demostrar la probabilidad expresada como fundamento de la pretensión, en el entendido de que su mayor o menor grado de credibilidad dependerá de los propios elementos de convicción, de manera que al momento de resolver la incidencia en cuestión, se debe analizar el rubro que se reclama, ya sea daños o perjuicios, para estar en aptitud de justipreciar, con base a los elementos aportados en autos, la acreditación de la conducta reclamada y la afectación cuya materialización recayó en el promovente. En ese orden, para que resulte fundado el incidente de daños y perjuicios, a fin de hacer efectiva la garantía impuesta como requisito de validez de la suspensión, deben satisfacerse los siguientes requisitos*** Sobre esa base, es pertinente destacar que de la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil diecinueve, se advierten como antecedentes del juicio ordinario civil*** los siguientes*** Ahora, en torno a los antecedentes del juicio constitucional, como se indicó*** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, de quien reclamó*** La orden de lanzamiento emitida en el juicio civil número*** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, y los efectos y consecuencias jurídicas de dicho acto reclamado. Por otro lado, en el incidente de suspensión, por auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que en caso de que no se hubiera llevado a cabo, la autoridad responsable se abstuviera de realizar actos tendentes al lanzamiento, desocupación y entrega del inmueble ubicado en la esquina de las calles Primo Verdad y Veintitrés de Mayo, en la colonia Francisco Ferrer Guardia, de la ciudad de Orizaba, Veracruz, ordenados en el juicio ordinario civil*** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz; ello hasta en tanto la responsable recibiera notificación acerca de la suspensión definitiva. Asimismo, se fijó como requisito de efectividad una garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos cero centavos moneda nacional), por los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a la parte tercero interesada en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio principal del que se deriva este incidente; la que se tuvo por exhibida en proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, mediante billete de depósito número N649825*** Posteriormente, mediante resolución interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión definitiva en los mismos términos que la provisional, la cual surtiría efectos, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia que se dictara en el juicio principal del cual derivaba dicho incidente de suspensión; sin que se requiriera garantía para ello, pues la exhibida en el referido billete de depósito número N649825, se estimó suficiente para que surtiera efectos la suspensión definitiva. Expuesto lo anterior, cabe destacar que los daños y perjuicios que reclama la incidentista, se basan en que, con motivo de la suspensión concedida a la parte quejosa no tomó posesión material del bien inmueble*** por no haberse ejecutado el lanzamiento programado para el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo ordenado en los autos del juicio natural*** que de haberse llevado a cabo dicho lanzamiento, ya hubiera puesto en arrendamiento su propiedad, con una renta mensual*** y que ello lo acreditaría con el dictamen pericial ofrecido en autos, el cual cuantificaría los daños y perjuicios que refirió haber sufrido durante el periodo comprendido del veinte de marzo de dos mil diecinueve (auto de suspensión provisional) al veintidós de enero de dos mil veinte. Lo expuesto a ese respecto resulta ineficaz, ya que si bien constituye un hecho notorio que con motivo de la suspensión otorgada no se ejecutó la orden de lanzamiento de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, emitida en el juicio ordinario civil*** por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, respecto del inmueble ubicado en*** lo cierto es que no acreditó el daño que ello le produjo (pérdida o menoscabo sufrido en su patrimonio) ni las ganancias que dejó de percibir por la concesión de la medida cautelar (perjuicio). Lo anterior es así, dado que si bien la incidentista ofreció como prueba las documentales consistentes en las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo y las relativas a la ejecutoria del amparo en revisión*** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz; con las mismas no se acredita de modo alguno el daño o perjuicio referidos, ya que no existe constancia alguna dentro del expediente, que acredite el menoscabo sufrido en el patrimonio de la incidentista y menos aún las ganancias que dejó de percibir por la concesión de la medida cautelar. Respecto a la prueba pericial en materia de contabilidad, desahogada a través de los dictámenes debidamente ratificados rendidos por los*** respectivamente, con valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 211 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, también resulta insuficiente para acreditar los daños y perjuicios que refiere sufrió derivado de la concesión de la medida cautelar. Lo anterior es así, pues del dictamen del perito ofrecido por la parte tercera interesada a cuyo contenido se remite en obvio de transcripciones innecesarias se desprende que el citado experto asentó, sustancialmente, que determinaba cuantitativamente que la cantidad adeudada por concepto de renta respecto al citado inmueble, ascendía a un total de $328,500.00 (trecientos veintiocho mil quinientos pesos cero centavos, moneda nacional), cantidad que obtenía de multiplicar los diez meses de renta que corresponden desde la fecha del desalojo (abril de dos mil diecinueve) hasta el mes de enero de dos mil veinte, por el importe de dicha renta por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos cero centavos, moneda nacional), más los intereses moratorios tasados al quince por ciento durante dicho periodo, lo que suma un adeudo de $164,500.00 (ciento sesenta y cuatro mil quinientos pesos cero centavos, moneda nacional); asimismo, determinó que el importe que se debe cubrir por los daños y perjuicios respecto de la renta del inmueble es del 100% (cien por ciento) antes citado, esto es, la cantidad $164,500.00 (ciento sesenta y cuatro mil quinientos pesos cero centavos, moneda nacional), lo que sumado permitía obtener la cantidad total indicada. Sin embargo, como se indicó, dicho medio de prueba no acredita los daños y perjuicios sufridos, pues el profesionista tasó los mismos partiendo de una renta mensual que aduce dejó de percibir la actora incidental, por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos cero centavos, moneda nacional); monto que refiere obtuvo de un contrato de arrendamiento de diecisiete de abril de dos mil diecinueve, que acompañó a su dictamen en copia simple, constancia que no acredita el hecho que se pretende probar (renta mensual), pues al tratarse de una copia simple, sólo cuenta con valor de indicio, y no se encuentra adminiculada con algún otro elemento probatorio, que lleve a demostrar el extremo pretendido, esto es, la existencia de un contrato de arrendamiento celebrado respecto del inmueble materia del juicio. De ahí que con la prueba pericial no se acredite la vinculación directa entre dicha afectación (daño) y la suspensión del acto reclamado; ni que como consecuencia de la medida cautelar se hubiere dejado de percibir las ganancias indicadas, pues no se encuentra plenamente acreditada la cantidad que sirvió de base al experto para realizar dicha cuantificación. Por su parte, del dictamen del perito oficial y su aclaración, se advierte que asentó, en lo que aquí trasciende, que no era posible realizar cálculos aritméticos, toda vez que no existía en autos una resolución imperativa para ello, de la que se observara una cantidad monetaria fijada por los intervinientes, por concepto de renta mensual del inmueble en cuestión; y que para realizar la pericial contable solicitada, debía tener documentación contable, válida, suficiente e idónea, con el objetivo de poder emitir una opinión con base en los Boletínes 500 y 520 de la Normas Internacionales de Auditoría, donde versa que el auditor debe obtener evidencia comprobatoria de los hechos, que se implican en las actividades que se pretenden probar; y realizar una revisión analítica de los mismos; por lo que concluyó no estar en posibilidad de dar respuestas a la preguntas que formuló la oferente de la prueba pericial, en torno a los montos solicitados. Por tanto, al no haber demostrado la incidentista los daños y perjuicios que aduce se le ocasionaron, resulta improcedente su pretensión, por no haber quedado satisfechos la totalidad los supuestos del artículo 156 de la Ley de Amparo; en consecuencia, resulta infundado el incidente planteado. No obsta a la presente determinación, las manifestaciones que realiza la quejosa en su escrito recibido el cinco de febrero de dos mil veinte, dado las mismas van encaminadas a la improcedencia del incidente planteado, de ahí que no variaría el sentido de la presente resolución. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 156 en relación con el 66 y 67, de la Ley de Amparo, se*** ÚNICO. Es infundado el incidente de daños y perjuicios promovido por*** parte tercera interesada en el presente juicio de amparo 227/2019, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercera interesada.

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