Maria Alejandra Ramos Garcia

Expediente 345/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
345/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Maria Alejandra Ramos Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que de conformidad con la circular CAP/3/2020, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al esquema trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19; por lo que se suspendieron plazos y términos procesales en el presente asunto, dado que el acto reclamado no se ubica dentro de los calificados como urgentes. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que el ordenamiento aplicable a partir del doce de enero del año en curso, para la operación de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; por lo que a partir de esa fecha se ordenó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales; en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por tanto, vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. No obsta lo anterior que no obren los acuses de recibo de los oficios 26124/2020, 26125/2020, 26126/2020, 26127/2020 y 26128/2020, de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, dirigidos a las autoridades responsables, 1. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, 2. Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Sur en el Estado de Veracruz, con sede en Orizaba, 3. Jefatura de Prestaciones Médicas del Hospital General la Zona Número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, delegación Regional Veracruz Sur, con sede en Orizaba, Veracruz, 4. Titular de la Unidad de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social Veracruz, Delegación Veracruz Sur, con sede en la Ciudad de México, y 5. Titular de la Unidad de Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, toda vez que el sentido de la citada determinación no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el telegrama remitido por la titular de la Coordinación Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Director General del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, a través del cual rinde su informe justificado, toda vez que mediante sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Cúmplase.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, 2. Delegado, 3. Jefe de Prestaciones, y 6. Director Médico, todos del Hospital General Zona Ocho, con residencia en Córdoba, Veracruz, 4. Titular de la Unidad Personal y 5. Titular de la Unidad de Atención Médica, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, precisados en el considerando anterior, pues con independencia de que en sus informes justificados lo negaron, efectuaron diversas manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia de los mismos; por tanto, se tienen por desvirtuadas dichas negativas. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por su parte, el 1. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de estar notificado del oficio mediante el cual se le solicitó; por tanto, con fundamento en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los artículos antes transcritos, interpretados contrario sensu, se desprende que el juicio es improcedente cuando el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo. En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, página 39, sostuvo lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando no se trate de actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese entendido, es pertinente destacar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para dirimirlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por otro lado, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; y se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para dirimir los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por tanto, la naturaleza jurídica de la relación entre el promovente y aquél a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Es pertinente señalar que en la contradicción de tesis 127/2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el conocimiento de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de la negativa de aplicar en beneficio de alguna persona trabajadora las medidas implementadas para prevenir los contagios de la enfermedad COVID-19 en los centros de trabajo, corresponde a un Juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo, y no a uno en materia administrativa. Para arribar a dicha conclusión, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País señaló que si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19, como es evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del virus, derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que tienen una naturaleza laboral, ya que su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. La ejecutoria en cita dio origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto a qué Juez de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora, las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo; al respecto, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno decidió que el asunto era competencia de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, el otro resolvió que correspondía conocer de éste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo para conocer de las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de la negativa de aplicar en beneficio de una persona trabajadora, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo. Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras". En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente:  La indicación para atender pacientes enfermos o con síntomas de SARS-CoV2 (COVID 19), sin proporcionarle el equipo médico de seguridad sanitaria establecido en la Organización Mundial de Salud para prevenir riesgos de contagio viral, así como el manual médico y la capacitación; ello para el manejo de atención de pacientes enfermos o con síntomas de la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID 19); y las consecuencias y efectos de dichas omisiones, consistentes en el ataque a su salud y vida en el desempeño de sus funciones como médico. Sustenta su pretensión sobre la base de que es trabajadora de dicho instituto, y que funge como Médico Ginecóloga, adscrita al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con residencia en Córdoba, Veracruz. En ese entendido, si el acto reclamado deriva de la relación laboral que la parte quejosa tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dado que dicho instituto en su calidad de patrón es quien debe proporcionar el equipo médico de seguridad sanitaria establecido en la Organización Mundial de Salud para prevenir riesgos de contagio viral, así como el manual médico y la capacitación; ello para el manejo de atención de pacientes enfermos o con síntomas de la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID 19); entonces, la controversia tiene una naturaleza laboral, dado que se trata de garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. Luego, al ser la relación entre la inconforme y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de naturaleza laboral, por tanto, los actos que deriven de esa relación no son susceptibles de analizarse a través del juicio de amparo, sino en jurisdicción ordinaria. Cabe destacar que el si bien el precepto 5°, fracción II, último párrafo, de la Ley de la Materia, establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en forma unilateral y obligatoria, cuya funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, en el caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al no otorgar a la impetrante el equipo médico de seguridad sanitaria establecido en la Organización Mundial de Salud para prevenir riesgos de contagio viral, así como el manual médico y la capacitación; ello para el manejo de atención de pacientes enfermos o con síntomas de la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID 19); no crea, modifica o extingue la situación jurídica de ésta en forma unilateral y obligatoria, sino que actúa como consecuencia de la relación laboral existente entre éstos. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto de los actos reclamados, al actualizarse la causa de improcedencia anteriormente invocada, lo que impide analizar el fondo del asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". No es óbice a lo anterior, que a la presente data la autoridad responsable, 1. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, no haya remitido las constancias del acto reclamado, mismas que le fueron requeridas en auto de treinta de septiembre del presente año, toda vez que al decretarse el sobreseimiento en los términos señalados, resulta innecesario esperar a contar con dichas constancias, pues en nada cambiaría el sentido del fallo, y de hacerlo únicamente se retrasaría el dictado de la sentencia. QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 345/2020, promovido por ***********, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero, por los fundamentos y motivos expuestos en el diverso considerando cuarto.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de la División de Amparos Fiscales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, a través del cual, devuelve los oficios 18040/2020, 18043/2020 y 18044/2020 de treinta de septiembre de dos mil veinte, dirigidos a las autoridades señaladas como responsables 1. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 4. Titular de la Unidad de Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Veracruz Sur, y 5. Titular de la Unidad de Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos con sede en la Ciudad de México, toda vez que refiere que la Unidad encargada de la defensa de los intereses de dicha dependencia es la Coordinación Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México. Por tanto, en obvio de dilaciones, reenvíense los referidos oficios a la Coordinación Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, ubicada en Avenida Instituto Politécnico Nacional, número mil quinientos veintiuno (1521), colonia Madalena de las Salinas, C.P. 07760, de la Ciudad de México; lo anterior a efecto de que esté notificada del acuerdo de treinta de septiembre de este año, y esté en posibilidad de rendir el informe justificado solicitado al 1. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México.

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