Maria Alejandra Rivera Madrid
Expediente 2276/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2276/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/01/2023
Partes del expediente
- Maria Alejandra Rivera Madrid
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la quejosa en acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al escrito registrado con el folio 28227, por el que su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia *****, renunció a dicha autorización y solicitó la baja del usuario *****, para el acceso y consulta del expediente electrónico y, en su caso, la práctica de notificaciones electrónicas relativo a este juicio de amparo, sin que a la fecha, haya realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo del apercibimiento decretado en el auto mencionado y se deja de tener como autorizado de la quejosa al profesionista en cita, por lo que se ordena dar de baja el usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para el acceso y la consulta de este expediente, por tanto, instrúyase a la oficial judicial "A", realice los movimientos informáticos correspondientes. Por otro lado, téngase por recibido el oficio signado por la secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite copia de la resolución dictada en el amparo en revisión 637/2020, de su índice y los autos del juicio de amparo citado al rubro. En ese sentido, comuníquese que el tribunal oficiante, resolvió: "Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos del considerando quinto de esta ejecutoria. TERCERO. Se declaran sin materia los recursos de revisión adhesivos interpuestos por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Secretario de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar, de conformidad con el último considerando de esta sentencia." Realícense las anotaciones respectivas y estese a lo resuelto por dicho tribunal, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. ARCHIVO DEL ASUNTO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en razón a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el asunto, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que lo integran, considerando como tales las promociones y actuaciones judiciales. DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Asimismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere dicho artículo. CUADERNOS INCIDENTALES En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el acuerdo general referido en el párrafo que antecede, por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mencionado acuerdo general, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, en razón que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de destrucción, en razón de que se negó la medida cautelar solicitada. Ahora bien, conforme lo ordenado en el artículo 35, párrafos primero y segundo, del mencionado acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese y por medio de lista a la quejosa en cumplimiento al auto de nueve de enero de dos mil veintitrés.
- Principal
Ciudad de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del quejoso a través del cual solicita se requiera el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables y que se inicie el incidente de inejecución de sentencia. En otro aspecto, téngase por recibido el oficio de cuenta signado en representación de la directora general de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, solicitando un plazo razonable para tal efecto. De lo anterior, este juzgado queda debidamente enterado. Respecto a la prórroga, tomando en consideración que a la fecha en se actúa la ejecutoria de amparo no ha sido cumplida, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo y 197, de la Ley de Amparo, requiérase al director de Operación y Control de Pago de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este acuerdo elabore la planilla de liquidación en favor del quejoso, por concepto de las diferencias que resulten entre lo que se pagó y lo que debió pagarse respecto de los años dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, para lo cual deberá considerar todas las prestaciones indicadas en el tabulador de sueldos y catálogos de puestos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, a efecto de que las autoridades responsables y vinculadas se encuentren en condiciones de continuar con las gestiones de cumplimiento de la sentencia protectora. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo; 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo; y, 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la autoridad requerida que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña seguirá siendo responsable del desacato a la sentencia constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO Con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la coordinadora general de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, (antes Oficial Mayor), en su calidad de superior jerárquico de la autoridad vinculada al cumplimiento, para que dentro del mismo plazo de tres días le ordene a su subordinado cumplir la sentencia de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden en dicho plazo, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables. En el entendido de que: La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento de la ejecutoria; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por la sentencia. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento de la ejecutoria, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.), sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007912, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 7, décima época, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), con número de registro 2007914, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 11, décima época, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a [***********, por propio derecho, por los actos y motivos expresados en el sexto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a ***********, por propio derecho, por los actos y motivos expresados y para los efectos precisados en los considerandos penúltimo y último de esta sentencia. Notifíquese, y personalmente a las quejosas.
- Principal
Ciudad de México, treinta de septiembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta remitido por el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo, de la parte quejosa, vía juicio en línea; atento a su contenido, y tomando en consideración la certificación de cuenta de la que se advierte que **************, está debidamente registrado con la clave de usuario "*************" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía electrónica de las constancias que integran el expediente en que se actúa a través del portal electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, se autoriza practicar las notificaciones correspondientes vía electrónica. En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), así como al área de actuaría, a fin de que se realicen los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. Por otra parte, respecto a su solicitud relativa a que se le autorice promover vía electrónica, dígasele que de conformidad con lo establecido en el numeral 3 de la ley de la materia, cuenta con dicha facultad, máxime que el ocurso que se provee fue presentado vía juicio en línea. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y en su caso a las autoridades responsables una vez que reanuden labores.
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