María Alejandra Patricia Lugo Olivares
Expediente 1232/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1232/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/12/2023
Partes del expediente
- María Alejandra Patricia Lugo Olivares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, seis de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios remitidos por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México (de similar contenido), por el que acusan recibo del oficio con el que se remitió un legajo de copias certificadas de diversas constancias que obran en este juicio de amparo, así como el original del oficio de expresión de agravios con motivo del recurso de queja interpuesto en autos e informa que lo admitió a trámite, quedando registrado bajo el número 1081/2023 de su índice. En consecuencia, dado que el auto recurrido por su naturaleza trascendental y grave puede causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento en forma total, por tanto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, que debería tener verificativo a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de enero de dos mil veinticuatro. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, uno de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio firmado por la directora de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, por el que informa que la autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo es la Administración Tributaria en Parque Lira de la propia secretaría, de lo que se toma conocimiento. Por tanto, remítase copia de la sentencia, testimonio de la ejecutoria de amparo y del oficio registrado con el folio 21017 a la Administración Tributaria en Parque Lira de la citada secretaría y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérasele como autoridad vinculada, para que en el plazo de tres días contado a partir de que quede notificada de esta determinación, acredite el cumplimiento de la sentencia en relación con la cuenta predial ***** esto es, efectúe el cálculo y autorice el dictamen de la cantidad a devolver con su actualización. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo. 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad vinculada que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña, seguirá siendo responsable del desacato a la sentencia constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. En el entendido de que: 1. La autoridad vinculada al cumplimiento debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando la autoridad lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo, lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Por otra parte, intégrese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que remite el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 294/2023 por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, toda vez que por auto de veintisiete de noviembre de este año se recibió esa determinación y se requirió el cumplimiento de la sentencia a las autoridades correspondientes Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por la directora de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por el que en cumplimiento a lo ordenado en autos, hace del conocimiento que la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia de amparo es la Administración Tributaria en Parque Lira de la propia secretaría. Por tanto, córrase traslado con copia de la sentencia, testimonio de la ejecutoria de amparo y del oficio de cuenta a la Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele como autoridad vinculada, para que en el plazo de tres días acredite el cumplimiento de la sentencia respecto de la cuenta predial********************esto es, efectúe el cálculo de la cantidad a devolver con su actualización. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizara´ lo siguiente: a) Se impondrá a la autoridad vinculada una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinara´ por que´ a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución que se establece en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duro´ su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de lo que se dispone en el artículo 198 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
***VISTOS los autos para dictar sentencia interlocutoria en el incidente de suspensión del juicio de amparo 155/2021 promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del director de Factor Humano del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución nacional de banca de desarrollo y otras autoridades y, R E S U L T A N D O: Primero. Escrito de ampliación a la demanda. Del escrito de ampliación a la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables las siguientes: Director General Adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero de Fomento "A", dependiente de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, ahora Coordinación de Política del Sistema Financiero de Fomento "A". Director General del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito. Director de Factor Humano del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito. Subdirector de Remuneraciones del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito. Gerente de Gestión de Nóminas y Prestaciones del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito. Jefe de departamento de Nóminas y Obligaciones de Seguridad Social del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito. Los actos que se atribuyen en la ampliación de demanda a las citadas autoridades son los siguientes: La emisión del oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Los efectos y consecuencias del oficio mencionado. Segundo. Suspensión provisional. Por auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente a la suspensión provisional solicitada en el escrito de ampliación a la demanda, se requirió informe previo a las autoridades y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. La Jueza Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en la circular SECNO/29/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de actos. Este órgano resolverá lo relativo a la suspensión definitiva respecto a los siguientes actos reclamados: El oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve emitido por el director general adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero A, dependiente de la Secretaría de Hacienda Crédito Público. Los efectos y consecuencias del oficio mencionado. Tercero. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos que se les atribuyen al director general, director general de Factor Humano, subdirector de Remuneraciones, gerente de Gestión de Nóminas y Prestaciones, y jefe de departamento de Nóminas y Obligaciones de Seguridad Social, todos del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, consistente en los efectos y consecuencias del oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve emitido por la Coordinación de Política del Sistema Financiero de Fomento "A" de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, que se traduce en que no atienda el diverso 100.278 firmado por el titular de dicha secretaría, referente al otorgamiento de remuneraciones, prestaciones y participación de utilidades de las entidades en términos del presupuesto de egresos de la Federación, ya que así lo manifestaron al rendir informe previo y el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades mencionadas, se niega la suspensión definitiva solicitada. Cuarto. Certeza de actos. Es cierto el acto que se le atribuye a la Coordinación de Política de Sistema Financiero de Fomento "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consistente en la emisión del oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, ya que así lo manifestó al rendir informe previo, además de que en autos obra copia certificada del mismo. Quinto. Fijación de efectos. Conviene precisar que el quejoso solicitó la suspensión definitiva para el siguiente efecto: "(.) la suspensión de los actos se solicita respecto de los efectos y consecuencias, es decir, en que las autoridades responsables no apliquen las citadas normas generales (sic), así como el oficio ********************emitido por el Director General Adjunto de Coordinación y Política del Sistema Financiero A, dependiente de la Secretaría de Hacienda Crédito Público. Se estima procedente la concesión de la suspensión provisional y en su momento la definitiva ya que se colman los extremos del artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que solicitada (sic) por el quejoso en esta ampliación de demanda y no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que de conformidad al artículo 131 de la Ley de la materia se solicita la suspensión en la que se aduce un interés legítimo, además de que se acredita que con la negativa de pago de la prestación consistente en el pago de utilidades correspondiente a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020 se causaría un daño inminente e irreparable a mi pretensión en caso de que se (sic) señoría negara dicha medida cautelar. (.) Quiero indicar que siempre se me habían pagado las utilidades, tal como lo acredito con las documentales que adjunto a mi escrito de demanda (sic); sin embargo, a partir del 2020 y ahora 2021, no se me han pagado. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, es que el Banco del Ejército está obligado a pagarme y, por tanto, solicitó (sic) se me conceda la suspensión para el efecto de que no se me apliquen los efectos y consecuencias de las normas reclamadas y, en consecuencia, se establezca la obligación de la autoridad responsable de hacerme el pago de las remuneraciones en los mismos términos que se han venido haciendo. (.)" Al respecto, debe precisarse que esta juzgadora no se pronunciará por cuanto hace a las normas generales que refiere el quejoso ya que no son materia de Litis en esta ampliación a la demanda, por lo que, en este incidente solamente se pronunciará respecto de los efectos y consecuencias del oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Así, el pronunciamiento de la medida cautelar atenderá exclusivamente a dicha solicitud, lo que se traduce en que: Único efecto: No se aplique el oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Amparo, esta juzgadora se pronunciará respecto de la suspensión solicitada. Sexto. Estudio. Este órgano jurisdiccional fijará la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, por lo que si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. En ese contexto, y para determinar si procede o no conceder la medida cautelar para suspender los actos reclamados, debe realizarse en términos de lo previsto en el artículo 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un análisis, ponderándose la apariencia del buen derecho con el interés social, así como en relación con los presupuestos y requisitos legales contenidos en el artículo 128 de la Ley de la Ley de Amparo que a continuación se indican: La certeza de los actos reclamados. Si su naturaleza permite su paralización. 3) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. 4) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. En virtud que, el otorgamiento de la suspensión requiere la integración de cada uno de los supuestos y requisitos anotados, conviene realizar el estudio de éstos en el orden apuntado, en atención a que la falta de una de las condiciones mencionadas implica que deba negarse la suspensión y, por ende, que sea innecesario el estudio de los demás requisitos legales. En la especie, respecto de los efectos para los cuales se solicita la suspensión, se cumple con el requisito en estudio 1), ya que la existencia del oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, está acreditada con la manifestación de la autoridad responsable Coordinación de Política del Sistema Financiero de Fomento "A" de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, al rendir su informe previo lo que se corrobora con la copia certificada que obra agregada en este incidente, a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Al quedar satisfecha la premisa analizada, corresponde el estudio del siguiente requisito, esto es, determinar si la naturaleza del acto reclamado permite su paralización. En este contexto, el quejoso solicita la medida cautelar respecto a los efectos y consecuencias del oficio ********************de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, lo que se traduce en que las autoridades responsables del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, no atiendan el diverso oficio 100.278 firmado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, referente al otorgamiento de remuneraciones, prestaciones y participación de utilidades de las entidades en términos del presupuesto de egresos de la Federación. Al respecto, a consideración de esta juzgadora no se cumple con el segundo requisito (naturaleza del acto reclamado), ya que a dicho acto le reviste el carácter de consumado, por lo que de concederse la medida cautelar en los términos solicitados se estaría dando efectos restitutorios, y con ello, se dejaría insubsistente los efectos y consecuencias del oficio reclamado, lo cual es materia de la sentencia que se dicte al resolver el juicio de amparo, ya que en caso de obtener el amparo y protección de la justicia Federal, las autoridades deberán restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos, de conformidad con lo que se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Son aplicables en lo conducente los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros y textos siguientes: "SUSPENSION, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional." "SUSPENSION, PARA CONCEDERLA NO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA RAZONES DE FONDO. Las razones que son propias de tomarse en cuenta al resolver el fondo de la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, no pueden tomarse en cuenta, ni servir de fundamento para la concesión de la suspensión de los actos reclamados". Máxime que el quejoso reconoce que desde el treinta de mayo de dos mil veinte no se le pagaron las prestaciones que refiere. Cabe destacar que si bien es cierto que es obligación del juez de Distrito de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y de esa manera tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo, lo cierto es que la adopción de dichas medidas parte del supuesto de que sea procedente la suspensión de los actos reclamados, lo que como ya se apuntó, no ocurre en este caso, dado que la medida cautelar no tiene el efecto de constituir o autorizar acto alguno, pues dicha situación en todo caso, será efecto y consecuencia de una sentencia favorable que el quejoso llegara a obtener en el fondo del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, por tanto, se niega la suspensión definitiva porque el acto motivo de estudio tiene efecto exclusivo de la sentencia de amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva por motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta interlocutoria. Notifíquese.***
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