María Alejandra Ramón Martínez

Expediente 373/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
373/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • María Alejandra Ramón Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, el suscrito estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas, así como el sobre que contiene los datos identificativos de la víctima con clave numérica 01-A-2019, remitidos por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial, en Tierra Blanca, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, se aprecia que la parte quejosa mediante escrito de siete de julio del año en curso, con registro 9919, exhibió como pruebas de su parte un legajo de copias con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte quejosa la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger el referido tomo. Apercibido que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichas constancias, junto con las actuaciones del presente expediente. Finalmente, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    III. Con esta fecha se notifica por este conducto ala parte quejosa el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, mismo que a la letra dice: En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, el suscrito estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas, así como el sobre que contiene los datos identificativos de la víctima con clave numérica 01-A-2019, remitidos por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial, en Tierra Blanca, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, se aprecia que la parte quejosa mediante escrito de siete de julio del año en curso, con registro 9919, exhibió como pruebas de su parte un legajo de copias con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 primer y segundo párrafo1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte quejosa la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger el referido tomo. Apercibido que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichas constancias, junto con las actuaciones del presente expediente. Finalmente, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que se omitió notificar la sentencia dictada en este juicio de amparo el veintidós de noviembre del año en curso, al Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas adscrita a la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII Distrito Judicial, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, en su carácter de tercero interesado. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para que con copia autorizada de la citada resolución, se notifique a dicho fiscal la sentencia de que se trata. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río,Veracruz, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuentaen la cual la actuaria adscrita a este juzgado asentó que no le fue posible notificar a la parte tercero interesada la sentencia de veintidós de noviembre del año en curso por los motivos allí expuestos. En mérito de lo anterior como está ordenado en acuerdo de siete de septiembre de la presente anualidad se ordena a la actuaria adscrita a este juzgado realizar la notificación de la sentencia de veintidós del mes y año en curso, así como las subsecuentes notificaciones incluso las de carácter personal por lista de acuerdos con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En consecuencia, como se encuentra ordenado en líneas que anteceden, con esta fecha se notifica por este conducto a la parte tercero interesada la sentencia de veintidós de los presentes, misma que a la letra dice: SENTENCIA: C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, ya que se trata de acto dictado dentro de un proceso penal, susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales del gobernado tales como la libertad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) pues se actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio es: "La indebida variación del delito de violencia familiar al diverso delito de omisión de cuidado en agravio de la supuesta víctima con clave numérica 01-A-2019 representada por Jorge Romero Amador en el proceso penal 98/2020 del índice del Juzgado de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, realizada por el juez en la audiencia inicial celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dejando a la quejosa María Alejandra Ramón Martínez en estado de indefensión procesal." Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El acto reclamado consistente en la variación del delito de violencia familiar al diverso delito de omisión de cuidado en agravio de la supuesta víctima con clave numérica 01-A-2019 representada por Jorge Romero Amador en el proceso penal 98/2020 del índice del Juzgado de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, realizada por el juez en la audiencia inicial celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, es cierto en razón que al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, titular de dicho órgano jurisdiccional, así lo reconoció (foja 41). Pero además, porque así se desprende del disco óptico que contiene la audiencia inicial. Tales constancias merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse, de audiovisual en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), que se lee: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por tanto, se reitera, deben tenerse por cierto el acto controvertido en esta instancia constitucional. CUARTO. Procedencia del Juicio. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. Motivo de improcedencia advertido de oficio En el caso, de oficio, se advierte se concreta el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos del acto reclamado, como a continuación se verá. MARCO LEGAL El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. ANTECEDENTES. Para una mejor comprensión del asunto sujeto a examen constitucional, conviene destacar algunos antecedentes que se desprenden del audiovisual en formato DVD, que contiene la audiencia inicial de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, de las copias certificadas y del propio informe justificado del juez responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado. a).- El diecinueve de octubre de dos mil veinte, se radicó el proceso penal 98/2020, que se instruye en contra de María Alejandra Ramón Martínez, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, ilícito cometido en agravio de una adolescente con clave 01-A-2019, representada legalmente por Jorge Romero Amador, en virtud de lo solicitado por la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas, niños y de trata de personas, adscrita a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en la Ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, mediante oficio 09, derivado de la carpeta de investigación UIPJ/DXVIII/ESP1/005/2019 (fojas 1-3 Tomo III cuaderno de pruebas). b).- El veinte de abril de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de la imputación a persona en libertad, en la cual ante la incomparecencia de la quejosa María Alejandra Ramón Martínez, a petición de la Fiscalía y el asesor jurídico de la víctima, se le tuvo como sustraída de la justicia (foja 26 Tomo III cuaderno de pruebas). c).- Mediante oficio 051, la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas, niños y de trata de personas, adscrita a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en la Ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, solicitó orden de comparecencia en contra de la ahora quejosa, la cual se libró el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, señalándose las catorce horas del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, para su ejecución, y estar en condiciones de dar inicio al Término Constitucional (fojas 27-46 Tomo III cuaderno de pruebas). d).- El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia inicial dentro del proceso penal 98/2020, en la cual el juez responsable realizó la reclasificación del delito de violencia familiar previsto y sancionado en el artículo 154 bis del Código Penal vigente para el Estado, por el diverso de omisión de cuidado previsto y sancionado en el artículo 156 del Código Penal vigente en el Estado, y a petición de la ahora quejosa y su defensa al haberse acogido al Término Constitucional ampliado, señaló el día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, para la continuación de la audiencia inicial, imponiéndose las medidas cautelares que prevé las fracciones I y II del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (fojas 47-54 Tomo III cuaderno de pruebas) (acto reclamado). e).- Finalmente, el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de María Alejandra Ramón Martínez como probable responsable del delito de omisión de cuidado, previsto y sancionado en el artículo 156 del Código Penal vigente en el Estado, que se cometió en agravio de su hija 01-A-2019, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar expuestas en dicha resolución (fojas 62-66 Tomo III cuaderno de pruebas). Hasta aquí los antecedentes que informan el presente asunto. SUBSUNCIÓN Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la segunda, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituida, que es la materia del amparo. Se sostiene lo anterior, en virtud de que como se anticipó el acto reclamado por la quejosa es la indebida variación del delito de violencia familiar al diverso delito de omisión de cuidado en agravio de la supuesta víctima con clave numérica 01-A-2019 representada por Jorge Romero Amador en el proceso penal 98/2020 del índice del Juzgado de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, realizada por el juez en la audiencia inicial celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Ahora del análisis, del audiovisual en formato DVD, que contiene la audiencia inicial de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dentro del proceso penal 98/2020, en la cual el juez responsable realizó la reclasificación del delito de violencia familiar previsto y sancionado en el artículo 154 bis del Código Penal vigente para el Estado, por el diverso de omisión de cuidado previsto y sancionado en el artículo 156 del Código Penal vigente en el Estado, y a petición de la ahora quejosa y su defensa al haberse acogido al Término Constitucional ampliado, señaló el día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, para la continuación de la audiencia inicial, imponiéndose las medidas cautelares que prevé las fracciones I y II del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (fojas 47-54 Tomo III cuaderno de pruebas). Y el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de María Alejandra Ramón Martínez como probable responsable del delito de omisión de cuidado, previsto y sancionado en el artículo 156 del Código Penal vigente en el Estado, que se cometió en agravio de su hija 01-A-2019, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar expuestas en dicha resolución (fojas 62-66 Tomo III cuaderno de pruebas). De lo anterior se desprende, que el acto reclamado fue sustituido, por el auto de vinculación a proceso en contra de María Alejandra Ramón Martínez como probable responsable del delito de omisión de cuidado, previsto y sancionado en el artículo 156 del Código Penal vigente en el Estado, que se cometió en agravio de su hija 01-A-2019 (fojas 62-66 Tomo III cuaderno de pruebas). Por ende, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado, respecto del aludido acto reclamado. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXI, de la ley de la materia, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por la impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia.Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Alejandra Ramón Martínez, contra la autoridad responsable y acto precisado en el considerando segundo, conforme a los razonamientos emitidos en el cuarto considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución

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