María Alejandra Ramón Martínez
Expediente 424/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 424/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Alejandra Ramón Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la quejosa y terceros interesados mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós (foja 293), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 70 a 86) este Órgano Jurisdiccional negó la protección de la justicia federal por los motivos ahí señalados. Consecuentemente, previa sustanciación del recurso de revisión interpuesto por la aquí quejosa, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz -al que por razón de turno le tocó conocer del aludido medio de impugnación-, a través del testimonio de dos de junio de dos mil veintidós (fojas 259 a 266), revocó la sentencia antes descrita, y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Alejandra Ramón Martínez, para los efectos siguientes: "En consecuencia, lo que procede es conceder la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable a). Deje insubsistente la parte relativa a la audiencia inicial, en lo concerniente al dictado del auto de vinculación a proceso reclamado por María Alejandra Ramón Martínez, emitido en la causa penal 98/2020. b) Señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que, con asistencia de las partes, pero sin intervención de las mismas, con libertad de jurisdicción, resuelva lo procedente sobre la solicitud de vinculación a proceso realizada por el fiscal, considerando únicamente los hechos que fueron motivo de la imputación." Posteriormente, mediante auto de diez de junio de dos mil veintidós (fojas 267 y 268), se tuvo por recepcionada dicha resolución, y se requirió su cumplimiento al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz. Es así que, mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós (foja 293), se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que mediante oficio 349/2022 de fecha veintitrés de agosto del año en curso (fojas 285 a 290), la autoridad responsable informó a este Órgano Jurisdiccional, el día mismo día hábil -previa solicitud de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas adscrita a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia de Tierra Blanca, Veracruz-, la citación y la fecha a las partes, para llevar a cabo la audiencia prevista por el numeral 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el domicilio del Juez natural. Consecuentemente, el multicitado día de la celebración de esa audiencia, a través del comunicado señalado en líneas anteriores remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintidós -al que acompañó un disco compacto- (fojas 285 a 290), de la cual se advierte que dejó insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en contra de María Alejandra Ramón Martínez, en el proceso penal 98/2020 de su estadística. Seguidamente, procedió a dictar una nueva resolución, la cual fue pronunciada al tenor de las consideraciones que se describen a continuación: En un principio, atendiendo a la obligatoriedad a la que el Juez responsable está sometida para emitir el acto reclamado, procedió a señalar los fundamentos de su competencia para conocer y resolver del asunto que ahora se aborda, y de manera inmediata invocó el artículo 19 de la Carta Magna y numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Hecho lo anterior, el juez responsable, advirtió los requisitos que deben reunirse para un auto de vinculación a proceso, a saber: a) Se haya formulado la imputación; lo que así se hizo por parte de la fiscalía. b) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. c) De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. d) Que no se actualice una causa de extinción penal o excluyente del delito. Acto seguido el Juez natural indicó la actuación de la Fiscalía no permitió cumplir con los requisitos antes descritos. Pues ellos aducen el delito que pudiera haberse cometido es el establecido por el numeral 154 Bis del Código Penal del Estado de Veracruz, esto es, violencia familiar. Los elementos para tener por acreditado dicha conducta son los siguientes: 1. Que un sujeto ejerza violencia familiar de cualquier tipo contra un familiar. 2. Que la víctima sea adolescente. Complementariamente, la representación social para tener por satisfecho el enunciado del numeral uno, presentó los siguientes datos de prueba -todas realizadas a favor de la adolescente con clave 01-A-2019 -aquí tercera interesada-: a) Dictamen con estudio psicológico número 198 signado por Leydi Yadira Sánchez Pacheco. b) Entrevista. c) Estudio médico 878BIS suscrito por la legista adscrita a la Dirección de los Servicios Periciales Alicia Teresa Mendoza Carrasco. d) Constancia médica de tres de abril de dos mil diecinueve, expedida por el doctor Carlos Augusto Ramón Ruiz, adscrito a la Clínica Hispanoamericana. e) Constancia médica de veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve elaborado por el podólogo José Antonio Díaz Ortíz. Datos que valorados de forma individualizada, no permiten suponer que la parte denunciada María Alejandra Ramón Martínez haya actuado en perjuicio de la adolescente con clave 01-A-2019, esto es así, porque respecto al estudio psicológico número 198, no es esclarecida la metodología empleada para su conclusión, máxime que la pasivo cuenta con asperger y autismo. De la entrevista, a pesar de existir un señalamiento expreso de la adolescente, no permiten suponer que las condiciones en que vivían fueran por acciones positivas directas o daños físicos, estos fueron meros hábitos de higiene. Mismos que trajeron como consecuencia el deterioro en la salud personal y desorientación neurológica de la aquí tercera interesada -sin evidencia de lesiones ni síndrome del niño maltratado-, como se advirtió de las constancias médicas y el estudio 878BIS, sin que se atribuyan directamente a una actuación de la parte impetrante en estos autos para causarle un perjuicio a su progenitora. Finalmente, respecto a la pasivo tratándose de una adolescente, a través de un acta de nacimiento de tres de junio de dos mil cuatro expedida por el Oficial Encargado del Registro Civil de Tres Valles, Veracruz, permitieron deducir que a la fecha de la resolución del Juez responsable, la pasivo con clave 01-A-2019, contaba con edad inferior a los dieciocho años que es compatible con la adolescencia. Documentales que en su integridad fueron valoradas en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así que, una vez analizado el material probatorio que fue exhibido por la Fiscalía con los hechos motivo de la imputación, el Juez responsable, consideró no acreditado el hecho con apariencia de delito de violencia familiar. En ese sentido, el Órgano responsable puntualizó que los elementos aportados por la Representación Social, no resultan aptos y suficientes para acreditar la probable responsabilidad de María Alejandra Ramón Martínez. Sin dejar de advertir, que los principios de presunción de inocencia, pro homine e in dubio pro reo, permiten a la parte imputada no tener que acreditar la licitud de su conducta cuando se le atribuye un delito -pues de acuerdo al precepto 21 de la Carta Magna, dicha obligación corre por cuenta del órgano técnico de acusación-. De ahí que al realizar un justo y completo examen del material probatorio existente, y toda vez que se reúnen los particulares de los numerales 19 constitucional y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz consideró procedente DICTAR AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO A María Alejandra Ramón Martínez, por su probable participación en un hecho con apariencia de delito de violencia familiar contra la adolescente con clave 01-A-2019, previsto en el artículo 154 Bis del Código Penal del Estado de Veracruz. En relatadas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo especificado en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que posterior al análisis de la totalidad de la probanzas en autos y los hechos narrados, resolvió lo relativo a la acreditación de la existencia del hecho con apariencia del delito de violencia familiar contra la adolescente con clave 01-A-2019 y su probable participación en la comisión. Asimismo, dejó sin efectos las medidas cautelares impuestas en la audiencia inicial. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General . Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se le notifica a María Alejandra Ramón Martínez el contenido del proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós que a la letra dice: Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo octavo Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Tierra Blanca; en atención a su contenido, se tiene remitiendo las constancias con las que considera ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, con la promoción con registro 15104 y sus respectivos anexos, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. No pasa inadvertido para el suscrito, el Juez natural refiere dirigir su comunicado de cuenta al diverso juicio C-474/2021, pues lo cierto es que del contenido se aprecia señala correctamente el número de oficio con el que se le requirió el cumplimiento, el nombre de la parte quejosa y el cuaderno en el cual se actúa. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. De autos se aprecia que en proveído de diez de junio de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento del testimonio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, donde se concedió el amparo y protección de la justicia federal a María Alejandra Ramón Martínez, solicitando el cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, mediante oficio número 19280, la cual se encuentra debidamente notificada tal y como se aprecia del pegote certificado del servicio de mensajería acelerada Estafeta; sin que a la fecha obre en autos constancia alguna que acredite el cumplimiento solicitado. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Tierra Blanca, Veracruz, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita en copia certificada las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En el entendido de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de diez de junio de dos mil veintidós (foja 267), esto es que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de diez de junio de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio 2840 y anexo de cuenta, signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, con el que devuelve los autos del juicio de amparo 424/2021 del índice de este Juzgado Federal, así como dos tomos de pruebas. Acúsese recibo. Ahora bien, del testimonio dictado en el ******************** del índice del Tribunal oficiante, del cual se advierte que en sesión virtual de dos de junio de dos mil veintidós, revocó, la sentencia recurrida, en la que, la Justicia Federal no ampara no protege a ********************, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Tierra Blanca, Veracruz, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realicen los actos señalados en la ejecutoria de mérito, el cual se circunscribe a: a) Deje insubsistente la parte relativa a la audiencia inicial, en lo concerniente al dictado del auto de vinculación a proceso reclamado por ********************, emitido en la ********************. b) Señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia en la que, con asistencia de las partes, pero sin intervención de las mismas, con libertad de jurisdicción, resuelva lo procedente sobre la solicitud de vinculación a proceso realizada por el fiscal, considerando únicamente los hechos que fueron motivo de la imputación. Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberán informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, se estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Tierra Blanca, Veracruz, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
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