Maria Alejandra Maldonado Lopez

Expediente 58/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
58/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Maria Alejandra Maldonado Lopez
  • MARIA ALEJANDRA MALDONADO LOPEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Autoridad informa. Agréguense a los autos el oficio que remite la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia por Ministerio de Ley, con sede en Playas de Rosarito, Baja California, mediante el cual informa que el tres de agosto del año en curso, en el expediente 1770/2021, la parte actora María Alejandra Maldonado López (aquí quejosa) y Víctor Prudencio Juárez Ramírez, se tuvo por desistidos de la demanda para todos y cada uno de los efectos legales a que haya lugar, quedando a salvo sus derechos, volviendo las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a dicho proceso. Actualización de causal de improcedencia. En ese tenor, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se evidencia que la parte actora María Alejandra Maldonado López (aquí quejosa) y Víctor Prudencio Juárez Ramírez se desistieron de la demanda promovida en contra de Guadalupe Molina Marroquín e Iván Guillermo Maldonado Ramírez. Así entonces, esta juzgadora estima que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61, en relación con el 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, consistente en el cambio de situación jurídica, el cual se actualiza cuando en el procedimiento judicial que se sigue se emite un acto que hace que los efectos del motivo de reclamo se consumen en su totalidad, resultando imposible entrar al estudio de su constitucionalidad, sin afectar la nueva determinación de la autoridad. La causal de improcedencia aludida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho humano violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el precepto que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En el caso que nos ocupa, la quejosa María Alejandra Maldonado López reclamó lo siguiente: ". La omisión de la responsable de avocarse a resolver de manera inmediata y urgente, respecto a la solicitud de medidas cautelares de REINCORPORAR AL MENOR A SU DOMICILIO HABITUAL Y RESOLVER RESPECTO A LA CUSTODIA PROVISIONAL, solicitudes realizadas en fechas 9 de noviembre de 2021 y 20 de enero de 2022 (FOJAS 1 Y 273 DEL ANEXO CONSISTENTE EN COPIAS CERTIFICADAS DE TODO LO ACTUADO), siendo por completo omiso el juez responsable al no avocarse a resolver la solicitud pese al riesgo en la integridad del menor IVAN ALEJANDRO MALDONADO MOLINA, siendo que ante la responsable, obran diversos medios de convicción que acreditan el riesgo para la integridad física y mental del menor, derivado de la inestabilidad mental de la madre, Maxime que como probado esta, la madre del menor sustrajo el menor de manera ilícita desde el día 18 de noviembre de 2021. ." Asimismo, en su ampliación de demanda reclamo lo siguiente: "El auto de fecha 2 de mayo de 2022, que contiene la negativa de la responsable de resolver procedente y con justicia de perspectiva de la infancia, respecto a la solicitud de medidas cautelares de RESTITUCIÓN Y REINCORPORACIÓN DEL MENOR A SU DOMICILIO HABITUAL, ASÍ COMO LA NEGATIVA DE DECRETAR LA CUSTODIA PROVISIONAL EN FAVOR DE LA SUSCRITA, MEDIANTE AUTO DE FECHA DOS DE MAYO DE 2022. Siendo por completo omiso el juez responsable de juzgar con perspectiva de la infancia y viendo por el interés superior de la misma, a conocer la condiciones de integridad física, psíquica y salud con las que tenía con su madre biológica, y el riego que se encuentra el niño IVAN ALEJANDRO MALDONADO MOLINA (I.A.M.M.), siendo que ante la responsable, obran diversos medios de convicción que acreditan el riesgo para la integridad física y mental del menor, derivado de la inestabilidad mental de la madre, Máxime que como probado esta, la madre del menor sustrajo el menor de manera ilícita desde el día 18 de noviembre de 2021." Ahora, del oficio y documentales remitidos por la responsable, se advierte que el tres de agosto del año en curso, en el expediente 1770/2021, la parte actora María Alejandra Maldonado López (aquí quejosa) y Víctor Prudencio Juárez Ramírez, se tuvo por desistidos de la demanda para todos y cada uno de los efectos legales a que haya lugar, quedando a salvo sus derechos, volviendo las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a dicho proceso. Documentales que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituyen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo que permite concluir que a pesar de que se emitió el auto de dos de mayo del año en curso, que contiene la negativa de la responsable de resolver procedente y con justicia de perspectiva de la infancia, respecto a la solicitud de medidas cautelares de restitución y reincorporación del menor a su domicilio habitual, así como la negativa de decretar la custodia provisional en favor de la aquí quejosa, se considera incluso que con las violaciones a la esfera jurídica de la quejosa, que en su caso pudiera existir, es un acto consumado irreparablemente, al no poder entrar al estudio de la constitucionalidad de esa resolución, sin afectar la nueva situación jurídica en el procedimiento familiar que inició, en el cual, como se dijo, se tuvo a los actores desistiéndose de la acción intentada volviendo las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a dicho proceso. En las relatadas circunstancias, se concluye que el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues al cambiar la situación jurídica de la quejosa, se consumaron irreparablemente los actos y las violaciones reclamadas por ésta de forma definitiva; por lo que, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, ya que no es posible actuar como lo dispone el artículo 77 de la ley de la materia, y obligar a la responsable a restituir el goce del derecho violado a la quejosa, sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la gobernada. Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con ninguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Sirve de puntual apoyo a lo anterior la tesis Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla." Ante lo expuesto, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia referida, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XVII y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia y sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los Tratados Internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), que reza: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que, entre otras cosas, sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Además, lo anterior encuentra sustento con el criterio contenido en la tesis X.2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de título y contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo." En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Escrito de desistimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el ocurso de Víctor Prudencio Juárez Ramírez; atento a su contenido, téngasele manifestando que es su deseo desistirse del presente juicio de amparo. Ratificación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a Víctor Prudencio Juárez Ramírez, para que comparezca a las doce horas del tres de marzo dos mil veintidós, debidamente identificado a este juzgado a efecto de que ante la secretaria de la adscripción, o bien, dentro del plazo tres días a partir de la notificación del presente auto o ante cualquiera de los actuarios judiciales, al momento de la notificación, ratifique el contenido y firma del escrito de desistimiento. En el entendido que de no comparecer en la hora y fecha indicadas, podrá hacerlo dentro de los tres días hábiles subsecuentes, caso en el cual quedará a su cargo la generación del código QR para tener acceso al inmueble. Apercibimiento. De no dar cumplimiento a lo anterior, se le tendrá por no desistido de esta instancia constitucional y se continuará con la tramitación del juicio en los términos inicialmente planteados en su demanda. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, Tomo XXIV, Agosto de 2006, página: 295, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Y, la diversa jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 32, Julio 2016, Tomo I, página 462, con número de registro 2012059, que a continuación se transcribe: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Generación de códigos QR. Ahora bien, con el fin de que el quejoso se encuentre en aptitud de comparecer a este órgano jurisdiccional en la fecha indicada; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, último párrafo, y 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que fue extendido en su vigencia hasta el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, por el diverso Acuerdo General 5/2021, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se comisiona a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este órgano jurisdiccional a efecto de que genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permite realizar dicha funcionalidad. Por tanto, una vez que se genere dicho código QR deberá hacerse entrega al actuario judicial de la adscripción que corresponda, con el fin de que le sea entregado a Víctor Prudencio Juárez Ramírez al momento que se le notifique el presente proveído. Medidas sanitarias y código QR. De conformidad con el artículo 7 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, infórmese al asistente que en todo momento deberá respetar las medidas sanitarias con las que se cuente en este recinto judicial, además de cumplir las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. De igual manera, comuníquese que el código QR deberá permanecer en todo momento bajo su resguardo no podrá ser transferido a diversa persona, ello por motivos de seguridad y medidas sanitarias. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no acatar lo expuesto, se generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarreará la orden de expulsión inmediata del recinto. Finalmente, por cuanto hace a la solicitud del promovente con relación a que se admita la demanda y se aperture el incidente de suspensión, una vez que se presente ante este juzgado a ratificar el escrito que se recibe se proveerá respecto a la admisión de la demanda, dado que aún no se cumple con la prevención de once de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Manifestaciones. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de Maritza Harlene Arriaga Nava, autorizada de la parte quejosa, a través del cual realiza manifestaciones con relación a que se provea respecto a la admisión de la demanda que fue promovida, por los motivos que expone; sin embargo, dígasele que una vez que cumpla la prevención realizada en proveído de once de febrero de dos mil veintidós, se acordará lo conducente a la admisión de la demanda y la suspensión del acto reclamado. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, once de febrero de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 58/2022-IV. Precisión especial. A fin de salvaguardar el derecho a la reserva de información de los datos personales y sensibles del menor, así como su derecho a la intimidad, de conformidad con el artículo 8º de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores "Reglas de Beijing", en el presente juicio se hará referencia a él con las siglas I.A.M.M. Personalidad. Previo a pronunciarse sobre la procedencia de la demanda de amparo, debe analizarse la personalidad de quien promueve; por ende, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a María Alejandra Maldonado López, como representante del menor quejoso I.A.M.M., tal como lo acredita con la documental consistente en la copia certificada del convenio de custodia provisional otorgado por la madre del menor, ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y que obra dentro del expediente familiar 1770/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Playas de Rosarito, las cuales cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Prevención. No obstante, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de garantías debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, en relación con el 108 fracción I, todos de la Ley de Amparo, se requiere al promovente Víctor Prudencio Juárez Ramírez, para que por escrito dentro del plazo de cinco días hábiles legalmente computado realice lo siguiente: Acredite la personalidad con la que se ostenta, por lo que deberá exhibir documento idóneo con el que acredite la personalidad como representante del menor quejoso I.A.M.M.; o bien, señale cual es el carácter con el que se ostenta en el presente juicio; además, deberá anexar copia del documento respectivo para correr traslado a cada una de las partes. Lo anterior, toda vez que el promovente Víctor Prudencio Juárez Ramírez no presentó documento alguno con el que justifique su personalidad, pues no obstante que se exhibió copia certificada del convenio de custodia provisional otorgado por la madre del menor, ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y que obra dentro del expediente familiar 1770/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Partido Judicial de Playas de Rosarito, de dicha documental sólo se advierte que la custodia provisional le fue otorgada únicamente a María Alejandra Maldonado López, quien también sigan la demanda. Sirve de apoyo, por identidad la Jurisprudencia 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resulta aplicable dado que no contraviene disposiciones de la Ley de Amparo Vigente, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así como la Jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1449, del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, bajo el rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa" Apercibimiento. De no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada, sólo por cuanto hace al promovente Víctor Prudencio Juárez Ramírez, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo y se proveerá en relación a la diversa promovente María Alejandra Maldonado López. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Señalamiento de autorizados. Por otro lado, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Maritza Harlene Arriaga Nava, Ari Jesús Ayala Ibarra, José Gustavo Ruvalcaba Carmona y Ana Claudia Herrera Bojórquez, dado que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se tiene por autorizados a Rosa Maritza Nava Melénez, Manuel Alejandro Acosta Alexander, Eduardo Hidalgo Martínez, Gabriela Pérez Navarro, Cynthia Jacqueline Jiménez Molina y Aileen Eugenia Camacho Huerta, únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos de lo dispuesto en el arábigo 12, segundo párrafo, in fine, puesto que no cuentan con dicho registro, tal como se advierte de las constancias glosadas en autos, hasta en tanto cumplan con el registro correspondiente. Consulta electrónica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo del año en curso, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, en la modalidad de juicio en línea. De igual manera, dado que autoriza expresamente la vía electrónica para oír y recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, realice las autorizaciones correspondientes para consulta de expediente y notificación a la parte quejosa a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "Licda.HarleneAN". Correo electrónico. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, téngasele señalando el correo electrónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Notifíquese personalmente a los promovente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano