Margarita Selene Ramirez Gonzalez

Expediente 1275/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1275/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Margarita Selene Ramirez Gonzalez
  • Congreso de la Union

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, sin que desahogara el mismo. No presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el citado proveído y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1275/2023-VII. Precisión especial. A fin de salvaguardar el derecho a la reserva de información de los datos personales y sensibles de los menores, así como su derecho a la intimidad, de conformidad con los artículos 79 y 86, fracción IV1, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 1 Artículo 79. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su identificación pública. La misma protección Adolescentes, en el presente juicio se hará referencia a ellos con las siglas 1. F.P.A.R., 2. A.S.A.R., 3. V.A.H., 4. S.A.H., 5. I.A.B.L., 6. S.L.L., 7. F.J.I.R. y 8. H.P.I.R. Prevención. Asimismo, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Ahora, en atención al contenido de la certificación secretarial de cuenta, y de la demanda de amparo con número de registro 15537 se advierte que se encuentra aparentemente firmada por 1. Margarita Selene Ramirez Gonzalez, 2. Rogelio Abrego López, 3. Rey David Beltran Castro, 4. Brenda López Sandoval, 5. Fernando Felix Ibarra Delgadillo, empero, las últimas cuatro hojas de dicho ocurso difieren de tamaño al resto de las hojas que lo conforman, mismas que contienen las firmas, lo que hace suponer que las hojas que contienen dichas rubricas fueron adheridas, aunado a que no obstante que no se señalaron como quejosos además de los antes señalados en las ultimas fojas de la demanda también aparecen las firmas de diversas personas las cuales son "José Bernal Hernández, Hernán Baruch Rodríguez López, Rodolfo O. Hernández Bojórquez, Eduardo De León Cerecero, Mayra Jacqueline Lujan López, y Alexys Guillermo Mayne Rivera", por lo se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia. Artículo 86. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan al menos los siguientes derechos: (.) IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de identificación en los términos de esta Ley y las demás aplicables; que se estima que las firmas estampadas no son con el propósito de promover la demanda de amparo. Requerimiento para ratificación. Por lo tanto, se requiere a los aludidos promoventes para que dentro del término de cinco días contados a partir de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, acudan a este órgano jurisdiccional de manera personal y con identificación oficial vigente, a manifestar, bajo protesta de decir verdad, si las firmas que calzan en el escrito referido en el párrafo que precede, es de su puño y letra o, en su caso, si no fue estampada por los ocursantes, así como que ratifican el contenido de la demanda. Lo anterior, al no tenerse certeza que las firmas que se advierten en la demanda de amparo hayan sido estampadas con relación a ese contenido por las razones apuntadas, ya que la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita, acreditándose con ella la autenticidad del documento. Requerimiento. Asimismo, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con fundamento en los artículos 108, fracción I y 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se requiere a los promoventes 1. Margarita Selene Ramírez González, 2. Rogelio Abrego López, 3. Rey David Beltrán Castro, 4. Brenda López Sandoval, 5. Fernando Félix Ibarra Delgadillo, quienes se ostentan como padres de 1. F.P.A.R., 2. A.S.A.R., 3. V.A.H., 4. S.A.H., 5. I.A.B.L., 6. S.L.L., 7. F.J.I.R. y 8. H.P.I.R., para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, realicen lo siguiente: A. Manifiesten si es su deseo designar como autoridades responsables a la Cámara de Diputados y Senadores. Lo anterior, toda vez que le atribuye el carácter de autoridad responsable al poder legislativo federal, es decir, al Congreso de la Unión, (que se divide en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores), autoridades que expidieron la ley reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito2, cuya voz literal es: "AMPARO CONTRA LEYES. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A ALGUNA DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, ORIGINA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Conforme a los artículos 2o., 5o., 11 y 147 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo se debe sustanciar y decidir con sujeción a las formas y procedimientos previstos en su libro primero "Del amparo en general", conforme a los cuales, autoridad responsable es la que dicta la ley o acto reclamado, quien a su vez tiene el carácter de parte y, por tanto, debe recabarse su informe con justificación. De acuerdo al artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión es el órgano en quien se deposita para su ejercicio el Poder Legislativo y se compone por las Cámaras de Senadores y de Diputados, quienes en su conjunto llevan a cabo el proceso legislativo previsto en el artículo 72 de la Carta Magna. Por lo anterior, si en el juicio de amparo contra leyes se menciona como autoridad responsable al Congreso de la Unión, a quien se le atribuye la discusión y aprobación de la ley reclamada, y sólo se solicita y recaba el informe con justificación de la Cámara de Diputados, sin que exista constancia de haberlo solicitado a la Cámara de Senadores, o a un órgano de representación conjunta del Congreso de la Unión, debe concluirse que con tal omisión se violan las reglas fundamentales del juicio de amparo conforme al artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia, circunstancia que impone al órgano que conozca del recurso de revisión, la obligación de revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, a efecto de subsanar dicha irregularidad, porque el acto reclamado consistente en la discusión y aprobación de la ley lo lleva a cabo un órgano 2 Registro: 185270, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, enero de 2003, Materia(s): Común, Administrativa Tesis: IV.2º.A. J/4, Página: 1581. bicameral, y en esa virtud ambas Cámaras, a través de sus informes con justificación, deben ser oídas en el juicio de amparo en defensa de la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen, pues cada una de ellas tiene funciones específicas dentro del proceso de creación de la ley, lo que de otra forma provocaría la indefensión de la Cámara inaudita." B. Además, deberán ampliar los antecedentes de los actos reclamados, para que informen el domicilio de la escuela o escuelas en la que se encuentran inscritos los menores quejosos, dado que fueron omisos en señalarlos, y de las constancias que se acompañan se advierte que fueron expedidas en Ensenada y Mexicali, Baja California. C. Aclare el acto reclamado le atribuye a cada autoridad que señala como responsable; lo anterior, toda vez que en su capítulo de actos reclamados establece lo siguiente: "IV. ACTOS QUE SE RECLAMAN: A) Del H. CONGRESO DE LA UNIÓN: 1. La discusión, aprobación y expedición de la "LEY GENERAL DE EDUCACIÓN", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, en cuanto hace a los ARTÍCULOS 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39,43, 77, 78, 115, fracción XVII, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, como normas heteroaplicativas, las cuales estimo inconstitucionales e inconvencionales al ser violatorias de los artículos 3, párrafo undécimo, 4, párrafo décimo en relación con el noveno, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3.2, 5, 28 y 29 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 12.4 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como instrumento internacional de soft law. B) DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: la promulgación y orden de publicación de los ordenamientos citados e impugnados en el inciso anterior. B) De las autoridades responsables señaladas en los incisos 3) al 14), del apartado correspondiente a las Autoridades Responsables (III), se reclama, en el ámbito de su competencia y de sus atribuciones: 1. El procedimiento para la emisión, edición y elaboración de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, del nivel educativo de educación básica, para los grados escolares: segundo y tercero de preescolar, primero a sexto de primaria, así como segundo y tercero de secundaria, que incluye y culminó con la orden vio autorización para la elaboración, edición e impresión de dichos materiales educativos, siendo éste el primer acto de aplicación de las normas impugnadas en razón de que se trata de la primera ocasión en que causan un perjuicio a la parte quejosa, las mismas que generan una afectación de tracto sucesivo durante el periodo reiterado de uso dentro del ejercicio de las funciones educativas en las escuelas gubernamentales de los diferentes niveles educativos.. 2. La emisión de la orden para llevar a cabo la capacitación al personal docente a través de los Consejos Técnicos Escolares sin la adecuación al Plan y programas vigentes. 3. La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación, los Libros de Texto Gratuito actualizados para estudio y uso de la Secretaría de Educación Pública. 4. La omisión de cumplir el acuerdo secretarial que establece los "Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de los libros de texto gratuitos del nivel secundaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de dos mil veintidós. 5. La adquisición y distribución de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, del nivel educativo de educación básica, para los grados escolares: segundo y tercero de preescolar, primero a sexto de primaria, así como segundo y tercero de secundaria, a las escuelas primarias y secundarias del Estado de Baja California y a los niños y adolescentes que asisten como estudiantes a dichos planteles escolares, sin adecuarse a los planes y programas de estudio vigentes, ni seguir el procedimiento previsto para su emisión, lo cual se reclama particularmente a la Secretaría de Educación del Estado de Baja California y autoridades subordinadas y al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California y autoridades subordinadas. 6. "ACUERDO número 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria", teniendo como primer acto de aplicación, las consecuencias violatorias de derechos humanos del diverso Acuerdo número 06/08/23 por el que se modifica el diverso número 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, que resultó en una ilegal distribución de los libros a los menores de edad quejosos. 7. Acuerdo número 06/08/23 por el que se modifica el diverso número 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de agosto de dos mil veintitrés. 8. La inconstitucionalidad de los actos por violación a los derechos a la educación, al interés superior de la infancia y de la juventud, así como, de manera indirecta, a la observancia al derecho de igualdad, previsto en los numerales 1°, 3 y 40 constitucionales, así como en el articulo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 9. Las omisiones entorno a consultar o involucrar a los Niños, Niñas y Adolescentes, que se encuentran cursando los niveles educativos, respecto al cambio y objetivos del método de enseñanza aplicado y que se encuentra relacionado a los actos anteriormente referidos. 10. Las violaciones a la integridad y desarrollo de los Niños, Niñas y Adolescentes a quienes se les modificó un sistema educativo sin una metodología adecuada, ni con material optimo, ni mucho menos sustentada con estudios científicos del gremio respectivo para determinar la idoneidad del uso del tipo de lenguaje y material que consta dentro de los libros de textos expendidos por la autoridad educativa." Sin embargo, la parte promovente es omisa en establecer que acto le atribuye a cada autoridad; esto con la finalidad de qué como responsables cuenten con mayores elementos para rendir su informe con justificación, acorde a los actos que reclamados y poder así fijar la Litis en el presente asunto; además de contar información suficiente para de ser procedente. El requerimiento señalado deberá ser aclarado directamente por los promoventes, por ser un acto personalísimo y que sólo a ellos les corresponde. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.)3, que dice lo siguiente "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por 3 Época: Décima Época; Registro: 2007285; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.); Página: 210. escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Copias. Asimismo, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio suficientes para la distribución de las mismas entre las partes del juicio constitucional, ya que es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por los artículos 110 y 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a los promoventes de amparo que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el citado numeral 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a los quejosos para que en el mismo plazo señalado en párrafos precedentes los quejosos señalen a un representante común, con el apercibimiento que de no hacerlo así, este juzgado designara uno entre los quejoso. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Bernal Hernández y Eduardo De León Cerecero, dado que cuentan con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos restringidos del citado artículo a Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez y Hernán Baruch Rodríguez López; únicamente para oír y recibir notificaciones a Alexys Guillermo Mayne Rivera, por así haberlo solicitado. Datos de contacto. Téngaseles señalando el correo electrónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Consulta y notificaciones electrónicas. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, así como para recibir notificaciones. Ahora, dado que la parte quejosa, autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales; en tal sentido; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan a la parte quejosa de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A "adscrita", realice la autorización respectiva para la consulta y notificaciones del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "cerecero22". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Isaac Fabela León, que da fe. Doy fe.

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