Maria Alejandra Guerra Acosta

Expediente 901/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
901/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • Maria Alejandra Guerra Acosta

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ******; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo

  2. Principal

    Registro de demanda. Vista la demanda de amparo formulada por ************; en contra de actos del juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 901/2018-IV-A. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entiéndase por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En tales condiciones, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprenden que el acto reclamado consiste en: "el INDEBIDO E ILEGAL REMATE Y ADJUDICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE CONDUCENTE, REALIZADO A TRAVÉS DE LA ILEGAL DILIGENCIA DE REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA, QUE FUE DESAHOGADA EN FECHA DEL DÍA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO Y TODOS LOS ACTOS QUE IMPLIQUEN LA EJECUCIÓN DE TAL DETERMINACIÓN, (.)". Asimismo, del escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, la quejosa narró los siguientes antecedentes del acto reclamado: El siete de marzo de dos mil dieciséis, se demandó a la quejosa por la vía ejecutiva mercantil el pago de la cantidad de $***y otras prestaciones; demanda que fue radicada en el Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, bajo el número de expediente ***. En el juico de referencia, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó a la aquí quejosa al pago de las prestaciones reclamadas; en contra de esa determinación, la promovente interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien confirmó la sentencia impugnada; posteriormente, la peticionaria del amparo promovió demanda de amparo directo, de la que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quién negó el amparo solicitado. El veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, la actora en el juicio de origen promovió incidente de liquidación de intereses, mismo que fue admitido y resuelto el veintidós de septiembre de dos mil dieciocho, y se condenó a la aquí quejosa al pago de la prestación reclamada; asimismo, esa determinación causó ejecutoria el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. El ocho de enero de dos mil dieciocho, la actora en el juicio ejecutivo mercantil subyacente, solicitó que se dictara sentencia de remate sobre el bien inmueble embargado y anexó un certificado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cortazar, Guanajuato, del que se advierte que el bien inmueble de referencia tiene dos gravámenes o afectaciones, donde en uno de ellos es acreedor el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, quien compareció al juicio subyacente por conducto de su apoderado legal, el treinta de enero de dos mil dieciocho. Previos señalamientos y diferimiento de la fecha anunciada para el remate en segunda almoneda, el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se desahogó la diligencia de mérito en el que se adjudicó en favor de la parte actora el bien inmueble embargado a la quejosa (acto reclamado). En la misma diligencia, de acuerdo a la transcripción que realiza la quejosa en su escrito de demanda, se advierte que el juez responsable determinó que hasta en tanto no sea liquidado el crédito preferente al acreedor preferente Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no podrá ordenarse la escrituración de adjudicación correspondiente. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el procedimiento de reate, sólo podrá promoverse el amparo en contra de la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados, además pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, como lo es la orden de escrituración o entrega de los bienes rematados y pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En ese orden, se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, pues en ella no se ordena la escrituración o entrega de los bienes rematados. Lo anterior, porque como se indicó en párrafos que preceden el acto reclamado lo constituye, la diligencia de remate en segunda almoneda de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el que se adjudicó en favor de la parte actora el bien inmueble embargado a la quejosa, dentro el juicio subyacente M0028/2016 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, esto en etapa de remate, sin que sea el caso de que exista una orden de escrituración o entrega de los bienes rematados. Máxime que de la demanda y de lo transcrito, bajo protesta de decir verdad, por la quejosa en el apartado de antecedentes, se desprenda que el juez responsable determinó que hasta en tanto no sea liquidado el crédito preferente al acreedor Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no podrá ordenarse la escrituración de adjudicación correspondiente; de ahí que, no se puede estimar como la última resolución en el procedimiento de ejecución para la procedencia del amparo. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial 1a./J. 13/2016, decima época, sustentada por la primera sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, visible en la página 1066, tomo II, libro 29, abril de dos mil dieciséis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial En este orden d ideas, se debe concluir que el amparo promovido contra el acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107 fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, que determina que el amparo indirecto procede sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, la que ordena la escrituración o entrega de los bienes embargados: lo que en el caso no ha sucedido. En ese sentido, el acto aquí reclamado no es susceptible de ser sujeto a análisis constitucional mediante la vía indirecta en este momento procesal, sino deberá ser controvertido, en su caso, cuando se promueva amparo indirecto en contra de la última resolución emitida en el procedimiento de remate; por tanto, la promovente del amparo no queda en estado de indefensión. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Domicilio y autorizados. La promovente señala para recibir notificaciones, los estrados, por tanto, se ordena notificar el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda proporcionar domicilio para tal efecto; lo anterior con sustento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, ya que de la certificación de cuenta se advierte que tienen inscrita cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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