María Alejandra Guerra Acosta
Expediente 1061/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Alejandra Guerra Acosta
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación de once de noviembre del año en curso, que desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Registro de demanda. Vista la demanda de amparo formulada por **********, por su propio derecho, en contra de actos del juez Tercero Civil de Partido en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), bajo el consecutivo 1061/2019-II-B. Desechamimento De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Ahora, en el caso, es dable advertir que el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los numerales 1 y 5 fracciones I y II de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el 113 de la misma legislación, procede desechar de plano la demanda. A fin de justificar lo anterior, se relata que se promueve amparo indirecto en contra de la última resolución en el procedimiento de remate, ya que en el acuerdo de ocho de mayo de la presente anualidad se ordenó la escritura pública del inmueble rematado y el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil *** el juzgador natural señalado como responsable ordenó a la parque aquí quejosa, poner en posesión física y material a favor de **********, el bien inmueble ubicado en calle Villa **********, en Cortázar, Guanajuato (acuerdos que se reclaman en el presente asunto). Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a foja 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa señaló como actos reclamados en forma destacada: - El auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *** en el que funge como parte demandada. En este, se dictó un auto en el que, en ejecución de sentencia, concretamente en el procedimiento de remate, se requirió a la quejosa la escrituración del bien inmueble subastado. De igual forma, precisa que la audiencia de remate en segunda almoneda causó ejecutoria en auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. - El acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, así como de todos los actos que implique la ejecución de tal proveído. En ese auto se ordena poner en posesión física y material a ********** a que se refiere la escritura de adjudicación y la diligencia de remate del inmueble ubicado en calle ********** en Cortazar, Guanajuato. - La ejecución de la anterior resolución. La quejosa refiere que ambas actuaciones constituyen la última resolución en el procedimiento de remate, por lo cual acude a esta instancia constitucional reclamando todas las violaciones procesales que acontecieron en el mismo. Circunstancias que se advierten de los antecedentes de los actos reclamados expuestos bajo protesta de decir verdad por la peticionaria de la tutela federal; manifestaciones que merecen eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, así mismo, proporcionó los siguientes datos relevantes del caso. 1. El siete de marzo de dos mil dieciséis, **********, presentó demanda en contra del aquí quejoso por conducto de sus endosatarios en procuración, la cual se radicó ante el Juzgado Tercero Civil de Partido en esta ciudad, bajo el número de expediente ***. 2. El tres de mayo de dos mil dieciséis la aquí quejosa dio contestación a dicha demanda. 3. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis se dictó sentencia definitiva, donde se le condenó al pago de las prestaciones reclamadas y al trance y remate de los bienes embargados para el caso de no hacer el pago respectivo. 4. Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de apelación el cuatro de octubre siguiente, y el nueve de noviembre de dos mil dieciséis confirmó la determinación recurrida. 5. En contra de la resolución de alzada, el impetrante promovió juicio de amparo, que se registró con el número ***, ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, asunto en el que se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal. 6. El ocho de mayo de dos mil diecisiete dentro del citado juicio mercantil, se emitió acuerdo en el cual se tuvo a la contraparte promoviendo incidente de liquidación de intereses, en el cual se emitió sentencia interlocutoria el veintiséis siguiente, en el sentido de desaprobar la planilla de intereses, asimismo promovió diverso incidente de liquidación el veintidós de junio de la misma anualidad, el cual se resolvió en el mismo sentido. 7. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la contraparte promovió de nueva cuenta incidente de liquidación de intereses, el cual fue admitido y el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete se aprobó parcialmente la planilla de intereses, y en consecuencia, se condenó al aquí quejoso al pago de ***, por concepto de intereses moratorios contabilizados del trece de enero de dos mil quince al doce de agosto de dos mil diecisiete, así como al pago de ***, por concepto de intereses moratorios. 8. El ocho de enero de dos mil dieciocho, la contraparte solicitó se dictara sentencia de remate sobre el bien inmueble que la aquí quejosa aduce es de su propiedad, así como agregar un certificado de gravámenes con número de solicitud 111626, con fecha de resolución veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. 9. El cuatro de abril de dos mil dieciocho se emitió acuerdo en el que se anunció el remate en primera almoneda. 10. El veintidós de mayo de dos mil dieciocho se anunció el remate del bien inmueble en segunda almoneda, asimismo se anunció nuevamente el once de junio de dos mil dieciocho. 11. El tres de julio de dos mil dieciocho se levantó certificación de remate por parte del juzgado responsable, donde estableció que no era posible el desahogo de la diligencia consistente en remate en segunda almoneda, en virtud de que no fueron publicados los edictos de ley ordenados en el juzgado de Cortazar, Guanajuato. 12. El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se desahogó la diligencia de remate en segunda almoneda, a lo que se acordó adjudicar el bien raíz a favor de **********. 13. El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por pagado al INFONAVIT respecto del crédito *** a favor del acreedor preferente antes mencionado, así como se declaró que la diligencia de remate realizada el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, causo ejecutoria y se ordenó cancelar el gravamen sobre el bien inmueble. 14. El ocho de mayo de dos mil diecinueve (acto reclamado), se requirió a la aquí quejosa para que en término de tres días otorgará la escritura de adjudicación relativa, apercibida que de no hacerlo, se hará en rebeldía. 15. El catorce de octubre de dos mil diecinueve, el juzgado responsable emitió acuerdo en el cual señaló, que se tiene a la titular de la Notaria Pública número cuarenta y siete con ejercicio en Celaya, Guanajuato, devolviendo los autos originales del juicio subyacente, por haber tirado la escritura pública bajo el número ***, de diez de septiembre de dos mil diecinueve. 16. El veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (acuerdo aquí reclamado), el juzgador natural señalado como responsable ordenó poner en posesión física y material a favor de **********, el bien inmueble ubicado en calle **********, en Cortázar, Guanajuato. De lo anteriormente narrado, se desprende que el controvertido de origen se encuentra en periodo de ejecución de sentencia. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, sólo podrá promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena indistintamente otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena indistintamente el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable al caso, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la tesis jurisprudencial 1a./J. 13/2016 (10a.), legible en la página 1066 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia Común, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Así como, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, tesis: P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma es aplicable en el mismo sentido, la Jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE"." En ese orden se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que en la determinación atribuida al Juez Tercero Civil de Partido en esta ciudad, se ordenó poner en posesión física y material a favor de **********, el bien inmueble ubicado en calle Villa ********** en Cortazar, Guanajuato; resolución que no constituye la última dictada en el procedimiento respectivo. Ello, si tomamos en cuenta, que desde el ocho de mayo de dos mil diecinueve, se requirió a la quejosa la escrituración del bien inmueble subastado. Que en contra de esa determinación procede el recurso de revocación, en términos de los numerales 1334 y 1335, del Código de Comercio, el cual debe interponerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada y la resolución que se emita en dicho medio de impugnación, será la última resolución en el procedimiento de remate. Lo anterior es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), transcrita en precedentes, ya que en ella se interpreta que la última resolución del remate, de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado; de igual forma se señala: «Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial». En esas condiciones no existe duda que la resolución que se emita en el medio de impugnación que se hiciera valer en contra del auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, que requirió a la quejosa entregara las escrituras del inmueble sujeto a subasta, constituye la última resolución del procedimiento de remate. Lo que precede permite concluir, que el auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve que se reclama de manera conjunta con el acuerdo de veintiocho de octubre de igual año, en que se ordenó la entrega de la posesión del inmueble adjudicado, no son la última resolución en el procedimiento de remate. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2020631, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 70, septiembre de 2019, tomo I, página 110, que dice: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo". Por tanto, si el proveído emitido el ocho de mayo de dos mil diecinueve, no se reclama en forma aislada en la demanda de amparo que nos ocupa, no merece mayor pronunciamiento en cuanto a la extemporaneidad de su reclamo en esta vía constitucional. Además, se hace constar que en este juzgado se tramitó el juicio de amparo 464/2019, que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se ordena agregar copia certificada de las actuaciones conducentes, y se desprende que la aquí quejosa promovió amparo indirecto en contra del auto de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 28/2016, a través del cual se requirió a la quejosa la escrituración del bien inmueble subastado. Que en proveído de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se desechó la demanda por no haberse agotado el principio de definitividad, el cual quedó firme al declararse infundado el recurso de queja civil 96/2019, que se promovió en su contra. En esas condiciones, se estima que si la quejosa ya promovió amparo indirecto en contra de la orden de escrituración del bien inmueble rematado, esa circunstancia excluye que se promueva amparo en contra de la diversa que ordena la entrega del bien inmueble rematado, como lo pretende la peticionaria de la tutela federal. Ello es así, pues se insiste que el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida esta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, pues de forma indistinta ambas órdenes -escrituración y/o entrega del bien inmueble-, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. Circunstancia -última resolución del remate- que, en el caso, ya aconteció con la orden de escrituración del bien inmueble rematado que emitió el juez responsable, en contra de la cual la quejosa promovió juicio de amparo indirecto, en el que se tuvo la oportunidad de hacer valer las violaciones ocurridas en tal procedimiento. De ahí que, ese suceso -promoción del citado juicio de amparo- excluye que la quejosa promueva el presente juicio de amparo en contra de la orden de entrega del bien inmueble rematado, pues con la emisión de la orden de escrituración del bien inmueble rematado, la cual no fue recurrida por la quejosa, concluyó la fase del procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo; por tanto, la determinación ahora reclamada, debe considerarse como un acto posterior a dicho procedimiento, aun cuando sea una consecuencia connatural del acto de adjudicación. Se estima de ese modo, pues como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación basta que se emita una sola de ellas -órdenes escrituración y/o entrega del bien inmueble-, para considerar actualizada la última resolución del remate, lo cual aconteció con la orden de escrituración que fue impugnada por la quejosa en diverso amparo. Por tanto, para efectos de determinar sobre la procedencia o improcedencia del presente juicio de amparo, hay que atender a la regla establecida en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, consistente en que tratándose de actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede, por regla general, en contra de la última resolución dictada en dicha fase procesal, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente. Por lo que, los actos reclamados, tampoco son la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pues no determinan ninguna de las cuestiones antes señaladas. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 1a./J. 28/2010, visible en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra de los actos reclamados es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, lo que en el caso no ha sucedido, pues en la especie, se reitera que únicamente se ordenó poner a disposición el bien inmueble a cargo de la contraparte en el recurrido de origen. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 2982, Tomo XXXII, Octubre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Domicilio y autorizados. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados; hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto por los artículos 27 fracción III, y 29 de la Ley de la Materia. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, quienes -como se advierte de la certificación que antecede- sí tienen inscritas sus cédulas profesionales federales, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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