MARIA ALEJANDRA ALCANTAR LOPEZ y Otros.

Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 37 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
381/2022
Año
2022
Actuaciones
37
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • JOSE FERNANDO ALVAREZ IBARRA y Otros.
  • MARIA ALEJANDRA ALCANTAR LOPEZ y Otros.
  • Maria Alejandra Alcantar Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta, firmado por ********************, autorizada en términos amplios de la moral promovente ********************,********************, mediante el cual solicita le sea expedida copia de las constancias que integran el presente expediente. En ese sentido, dígasele que en atención a lo expuesto en la circular 23/2022 de catorce de octubre de dos mil veintidós, expedida por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual, entre otras cuestiones se da la siguiente instrucción a los órganos impartidores de justicia: «Promover el uso de expediente electrónico, como eje rector de la actuación judicial, con la finalidad de reducir el consumo de papel y demás insumos al eliminar casi en su totalidad, la generación de documentos físicos.» De igual manera, cabe puntualizar que el centro de copiado que se encontraba en el interior de esta sede judicial, no ha sido reabierto; aunado al hecho de que, en auto de radicación, en el apartado titulado «autorización de reproducción de actuaciones judiciales», se autorizó la reproducción de actuaciones judiciales mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. Atenta a lo anterior, dígasele que no ha lugar a expedir las constancias físicas que solicita. Disposición del expediente. Asimismo, cabe precisar que, la ocursante ya se encuentra habilitada para la consulta del expediente electrónico, por tanto, podrá descargar las constancias que obran en éste y si las mismas incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas. Esto, en atención a lo dispuesto por el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020; con excepción de aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a su disposición en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado -ello únicamente por lo que hace a las determinaciones emitidas por la presente juzgadora-. Ahora, cabe puntualizar que, dado que los informes justificados rendidos por las autoridades responsables no cuentan con evidencia criptográfica, serán consideradas copias simples.

  2. Principal

    Causa ejecutoria. Vista la certificación secretarial que antecede, se obtiene que feneció el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que se hiciera valer el recurso de revisión contra la sentencia de trece de febrero de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, sin que se hubiese interpuesto dicho medio de impugnación; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria la sentencia en cita, para los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Anotación en el libro de control. Háganse las anotaciones respectivas en el libro que para dicho efecto se lleva en este Juzgado Federal.**** Valoración de expediente. **** Destino del expediente principal.**** Valoración de incidente de suspensión.*** Duplicado del incidente destruible. *** Hágase constar la valoración en la carátula del expediente.*** Devolución de documentos. Sin que se diga nada respecto a billete de depósito alguno, dado que en el presente expediente no se exhibió.

  3. Principal

    Audiencia Constitucional.****Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se:************ R E S U E L V E****************************************Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la moral ********,********, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos establecidos en el considerando tercero de esta resolución.

  4. Principal

    Recepción de promoción. Téngase recibido el escrito signado por ****, autorizada en términos amplios de la persona moral promovente *****, por medio del cual solicita se acuerden las probanzas ofertadas en su diversa promoción registrada con folio 324 y reservada en acuerdo de once de enero actual, en tanto el presente juicio de amparo se encontrara debidamente integrado; a lo que se acuerda: Se levanta reserva. En ese sentido, como lo solicita la ocursante y, en atención a que ya obra en autos el informe de ley de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, radicada en Ciudad de México; consecuentemente, éste órgano jurisdiccional levanta la reserva de once de enero de dos mil veintitrés y procede a pronunciarse respecto a la admisibilidad o desechamiento de la pruebas ofertadas por la persona moral quejosa. Ahora, vista la referida promoción 324 que fue en la que se enunciaron las probanzas que nos ocupan, se tienen ofertadas las siguientes: Testimonial; e, Inspección judicial. Prueba de Inspección judicial. Por lo que ve a dicha prueba, se tiene que la moral quejosa ****, la hizo consistir en: «.examinar el contenido de la memoria USB agregada como anexo doce en el escrito de demanda, a efecto de que este Tribunal dé fe de lo que se dice en dicha transmisión y si esto coincide con lo citado en el capítulo del acto reclamado del escrito de demanda.» Sin embargo, se advierte que dicha probanza consistente en la citada memoria USB fue acordada de conformidad desde el auto admisorio de diecinueve de julio de dos mil veintidós, aunado a que la misma ya ha sido tomada en cuenta a lo largo del procedimiento en que se actúa, tal como puede advertirse de la interlocutoria de veintidós de agosto del año próximo pasado, dictada en el incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, el cual, si bien se tramita por cuerda separada, constituye un hecho notorio para la suscrita juzgadora federal -en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- que en la aludida resolución interlocutoria, se tomó como caudal probatorio de la parte promovente el que adjuntó a su escrito inicial de demanda de amparo, por lo que también se encuentra presente en este expediente. En consecuencia, se considera ocioso que este órgano jurisdiccional se pronuncie de nueva cuenta respecto de una probanza que ya fue acordada con anterioridad en este mismo procedimiento, ya que -se itera, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de la materia, se tuvieron como pruebas de la promovente las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda de amparo, entre las que se encuentra la indicada «memoria USB». Ahora, lo que contiene la referida «memoria USB», consiste esencialmente en una «videograbación»; al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 43/2013, determinó que «las videograbaciones» para efectos del juicio de amparo, adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido; por lo que deberá estarse a lo acordado en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós. Prueba Testimonial. Por otra parte, en atención a lo resuelto por la Superioridad, este órgano jurisdiccional procede a emitir el pronunciamiento tocante a la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, y al respecto se provee: En primer lugar, debe precisarse que los artículos 119 al 124 de la Ley de Amparo y el derecho jurisprudencial interno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permiten considerar -entre otras cosas- lo siguiente: a) En el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones; b) Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante dicha audiencia; c) En el caso de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última; d) La audiencia constitucional y la recepción de pruebas son públicas; e) Una vez abierta la audiencia constitucional se procede a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público, dictándose a continuación el fallo respectivo.***** Del contenido de estos preceptos legales, se desprende que para conocer la verdad, la persona juzgadora puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Esto último, es decir, la necesidad de que la prueba ofrecida tenga relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo porque en éste, existiendo sistema probatorio, no aparece el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, ya que el artículo 119 de la Ley de Amparo, solamente se refiere a los medios o instrumentos de prueba. En efecto, cuando el mencionado artículo 119, establece que en el juicio de amparo son admisibles «toda clase de pruebas», esta regla se está refiriendo a los medios, elementos o instrumentos probatorios, como las documentales, testimonios, periciales, etcétera, consideración que se confirma porque la parte final del precepto, al señalar como excepciones a dicha regla «[...] la confesional por posiciones [.]», alude a tal medio. Entonces, el principio de la idoneidad de la prueba, aunque falta en la Ley de Amparo, es recogido por el ya transcrito artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta supletoriamente aplicable. Por tanto, debe considerarse que toda prueba, de las permitidas por el numeral 119 de la Ley de Amparo, para ser admitida, debe «tener relación inmediata con los hechos controvertidos», como establece el ordinal 79 citado, pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como la pericial, la testimonial y la de inspección, cuando del cuestionario, del interrogatorio o de los puntos sujetos a la fe judicial que deben acompañarse desde el ofrecimiento, se vería, desde luego y sin dudas, que nada tienen que ver con la litis. De acuerdo a las disposiciones transcritas, en el juicio de amparo debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional por posiciones; que las pruebas deben rendirse en la audiencia constitucional, salvo la documental que puede presentarse con anterioridad y que, tratándose de la testimonial, pericial e inspección ocular, a fin de prepararlas debidamente deben anunciarse u ofrecerse con cinco días hábiles de anticipación a la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para dicha audiencia. Sin embargo, esa facultad de que goza la parte quejosa para ofrecer pruebas no es plena, sino que debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, como lo dispone el precepto 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De tal manera que, si en un caso se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho y, en esa hipótesis, la persona juzgadora no está obligada a admitirla, en términos de los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 de la legislación federal procesal civil, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Con relación a la idoneidad de la prueba, debe subrayarse especialmente que en esta materia la persona juzgadora debe tener singular cuidado a fin de que al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto la persona juzgadora puede actuar con amplitud de criterio que con rigidez, sobre todo, teniendo en cuenta el derecho fundamental de los particulares que son partes en un proceso jurisdiccional, más todavía en el constitucional de amparo, como es el derecho a probar. Sobre este mismo tema, debe señalarse que el momento de resolver sobre la admisión de probanzas tiene características diferentes a las que se dan a la hora de valorarlas, que es cuando se dicta sentencia. Se dice lo anterior, porque la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados han establecido algunos criterios sobre idoneidad o inidoneidad probatoria, pero deben aplicarse con prudencia porque algunas de ellas sólo son aplicables en el momento de su valoración y en determinadas circunstancias, pero no podrían fundar la no admisión.***** De lo expuesto es dable concluir que, conforme al principio de idoneidad de la prueba, las personas juzgadoras están facultadas para no admitir aquellos medios de convicción que no guarden relación alguna con los hechos controvertidos o bien, que provoquen un procedimiento judicial ocioso, para lo cual deberán tener singular cuidado a fin de que al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación sólo deben tomarla cuando es claro, patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia o que únicamente reitere información ya conocida. Desechamiento de la prueba. Por consiguiente, procede desechar la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, virtud a que el acto impugnado en el presente juicio de amparo se hizo consistir en: La resolución mediante la cual se determina aplicar una multa por la suma****; y, su inminente ejecución. Mismo que, tal como lo refiere en su escrito inicial de demanda de amparo y, ampliación de la misma, se hizo del conocimiento de la moral quejosa por conducto del programa televisado «La mañanera», el cual se sirvió en ofrecer grabado en la memoria USB citada en párrafos precedentes y, tal como se advierte del cuestionario a desahogar en la testimonial que nos ocupa, únicamente se encuentra dirigido a iterar la información que se dice en dicho programa. Entonces, el objetivo de la prueba testimonial ofertada no tiene un objetivo distinto a lo que se busca acreditar con la reproducción de la «videograbación» contenida en la «memoria en formato USB»; dicho en otras palabras, de admitirla, los testigos solo iteraría lo que dice la misma; no aportarían datos distintos o novedosos a la Litis constitucional. Por lo que se considera ocioso iterar información que ya fue ofrecida y que puede ser analizada y estudiada por este órgano jurisdiccional, sin necesidad de ser repetida por los testigos que pretende presentar la parte promovente, además de que la existencia de determinado acto de autoridad, por regla general, no se prueba con una testimonial, al haber pruebas idóneas para ello, como sería la documental; ni tampoco abonan, en casos como éste, a probar la inconstitucionalidad del acto reclamado. En consecuencia, procede desechar la prueba en comento, al considerarse ociosa y alejada del principio de justicia pronta y expedita.

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