Margarita Rivera Sanchez
Expediente 1030/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Margarita Rivera Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso por este conducto se le notifica: Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa en el proveído de cinco de julio del año en curso, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria emitida en este juicio. En tal virtud, éste Tribunal Federal procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable Magistrado Supernumerario de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, Guanajuato, por lo que, una vez analizado el oficio y anexo registrado con el folio 5209, signado por la citada autoridad, se advierte que en acatamiento a la sentencia emitida en este juicio, misma que es confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, dejó insubsistente la resolución de fecha doce de octubre de dos mil dieciséis y emitió otra el veintiséis de junio del año en curso. Siendo lo anterior, por lo cual se concedió a la quejosa, la protección constitucional solicitada; por tanto, el suscrito Juzgador Federal estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento en sus términos a la sentencia emitida en este juicio de amparo, que fue la materia de la concesión de la protección constitucional otorgada a la quejosa, confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de Guanajuato ; por tanto, de conformidad con el artículo 196 y 202 de la Nueva Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia constitucional de que se trata. Tiene aplicación a lo anterior, de conformidad con el artículo 6º transitorio de la Nueva Ley de Amparo, la Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y contenido es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 201 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, en términos del numeral 202 de la citada Ley de Amparo; por lo que una vez transcurrido dicho término se procederá a archivar física y materialmente el expediente. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Atento al sentido de la sentencia dictada en este Juicio de Amparo, de conformidad con el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, como lo que precisa el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre de dos mil doce, el expediente en que se actúa será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que del mismo se desprende que fue concedida la suspensión de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veinticuatro de julio actual, que en lo conducente dice: Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa en el proveído de cinco de julio del año en curso, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria emitida en este juicio. En tal virtud, éste Tribunal Federal procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable Magistrado Supernumerario de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, Guanajuato, por lo que, una vez analizado el oficio y anexo registrado con el folio 5209, signado por la citada autoridad, se advierte que en acatamiento a la sentencia emitida en este juicio, misma que es confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, dejó insubsistente la resolución de fecha doce de octubre de dos mil dieciséis y emitió otra el veintiséis de junio del año en curso. Siendo lo anterior, por lo cual se concedió a la quejosa, la protección constitucional solicitada; por tanto, el suscrito Juzgador Federal estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento en sus términos a la sentencia emitida en este juicio de amparo, que fue la materia de la concesión de la protección constitucional otorgada a la quejosa, confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de Guanajuato ; por tanto, de conformidad con el artículo 196 y 202 de la Nueva Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia constitucional de que se trata. Tiene aplicación a lo anterior, de conformidad con el artículo 6º transitorio de la Nueva Ley de Amparo, la Tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y contenido es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 201 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, en términos del numeral 202 de la citada Ley de Amparo; por lo que una vez transcurrido dicho término se procederá a archivar física y materialmente el expediente. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Atento al sentido de la sentencia dictada en este Juicio de Amparo, de conformidad con el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, como lo que precisa el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre de dos mil doce, el expediente en que se actúa será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que del mismo se desprende que fue concedida la suspensión de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la autoridad MAGISTRADO SUPERNUMERARIO DE LA DÉCIMA SALA PENAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE EN GUANAJUATO, GUANAJUATO, por medio del cual aduce dar cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio, misma que fue confirmada en revisión por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato; consecuentemente, se procede a dar vista a la parte quejosa con el citado oficio y anexo, para que en el término de TRES DIAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga en relación a dicho cumplimiento y, una vez transcurrido dicho término, este Tribunal Federal, se pronunciará al respecto.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el provéido de cinco de julio actual, que en lo conducente dice: Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la autoridad MAGISTRADO SUPERNUMERARIO DE LA DÉCIMA SALA PENAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE EN GUANAJUATO, GUANAJUATO, por medio del cual aduce dar cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio, misma que fue confirmada en revisión por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato; consecuentemente, se procede a dar vista a la parte quejosa con el citado oficio y anexo, para que en el término de TRES DIAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga en relación a dicho cumplimiento y, una vez transcurrido dicho término, este Tribunal Federal, se pronunciará al respecto.
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