Maria Abylia Salcedo Silva

Expediente 1366/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 36 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1366/2017
Año
2017
Actuaciones
36
Última actuación
14/08/2018

Partes del expediente

  • Maria Abylia Salcedo Silva
  • Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio Y Oral

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    VII. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de garantías, el veinticuatro de julio del dos mil dieciocho; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo en vigor, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Asimismo, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la diversa hipótesis a que se refiere la fracción III del punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo y acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de garantías, al igual que el incidente de suspensión derivado del mismo. Finalmente, y toda vez que ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos la copia certificada de la carpeta de investigación M1/1576/2015, exhibida por la Fiscal Investigadora Uno, del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, al rendir su informe justificado; por tanto, devuélvase dicha documentación a su lugar de procedencia, y solicítese a la mencionada autoridad que acuse el recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3052/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA VII. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que la quejosa María Abylia Salcedo Silva, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de uno de junio de dos mil dieciocho, para que compareciera a este órgano judicial a efecto de que se le entregue el edicto ordenado en autos y exhibiera las constancias con las que acredite el pago de la publicación correspondiente a dichos edictos, a fin de emplazar a los terceros interesados Luis Alonso Salcedo Vargas y Brianda Teresa García Santes. En consecuencia, al resultar patente el desinterés de la agraviada María Abylia Salcedo Silva, al no comparecer a este órgano judicial a efecto de que se le entregue el edicto ordenado en autos y exhibiera las constancias con las que acredite el pago de la publicación correspondiente a dichos edictos, con el objeto de emplazar a juicio a los aludidos terceros interesados, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, y con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, PROCEDE SOBRESEER EN ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA. Sirve de apoyo, la tesis XVII.1o.C.T.18 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA). No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad. Finalmente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO JULIO DEL AÑO EN CURSO.

  3. Principal

    VII. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa, no cumplió con el requerimiento ordenado en proveído de diecinueve de junio del año en curso, esto es, no proporcionó datos suficientes ni exhibió las constancias conducentes, para comprobar su situación económica actual, si percibe algún ingreso, o si tiene a su nombre propiedades o bienes inmuebles, con la finalidad de que los edictos ordenados en este asunto, fueran cubiertos por el Consejo de la Judicatura Federal. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito y, por tanto, continúese con el trámite del presente juicio de amparo, reanudándose el plazo otorgado a la quejosa en proveído de uno de junio de los corrientes, dejando subsistente el apercibimiento decretado en dicha providencia.

  4. Principal

    MESA VII. Agréguese a los presentes autos, el escrito signado por la quejosa María Abylia Salcedo Silva, mediante el cual solicita que el costo de la publicación de los edictos ordenada en el sumario, a efecto de emplazar a juicio a los terceros interesados Luis Alonso Salcedo Vargas y Brianda Teresa García Santes, sea cubierto por el Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que carece de los recursos necesarios para sufragarlo. En ese sentido, debe decirse que, como en el caso acontece, si la quejosa manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero interesado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura Federal, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. Lo antes ponderado, encuentra sustento en la tesis visible en la página 2009, del Tomo XXXIV, Julio de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: .. En tal virtud, para cumplir con los requisitos establecidos, requiérase a la quejosa, para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione datos suficientes que puedan comprobar su situación económica actual, esto es, si percibe algún ingreso o tiene a su nombre propiedades o bienes inmuebles, lo cual deberá acreditar con las constancias que correspondan; apercibida que de no hacerlo, se le tendrá por no hecha su solicitud y se continuará con el trámite del presente juicio de amparo. Por tanto, suspéndase el plazo otorgado a la quejosa en proveído de uno de junio de los corrientes, debiendo reanudarse una vez que transcurran los cinco días indicados con antelación. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas fecha y hora para su desahogo, las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. ...

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