Margatita Chan Cano
Expediente 648/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Margatita Chan Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente asunto es susceptible de conservación, el cual será transferido una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó la suspensión definitiva provisional y definitiva por todos los actos reclamados; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es conservable. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable Jueza Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, un legajo de copias certificadas del expediente 6/2011 que remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las diez horas con diecinueve minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 648/2023-VIII, promovido por Margarita Chan Cano, por propio derecho, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la Jueza declara abierta la audiencia y se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos e informe justificado rendido por la Jueza Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, que obra agregado en los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido en tiempo y forma el informe de ley de la autoridad responsable para ser tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales remitidas por la responsable que adjuntó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio 6/2011. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se desahoga la prueba documental remitida por la autoridad, pues ya obran en autos y dada su naturaleza jurídica. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con los formulados por el tercero interesado en su escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, y se hace constar que la parte quejosa no formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento; por lo que, la Jueza acuerda: por formulados los alegatos de la tercera interesa y por perdido el derecho del quejoso y representación para formular alegatos. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 648/2023-VIII promovido por Margarita Chan Cano, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que Margarita Chan Cano, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. En auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se emplazó a la parte tercera interesada, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto una determinación emitida por autoridad en materia civil, cuya ejecución podría tener lugar en esta entidad federativa, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De una revisión integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama de la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, lo siguiente: - El acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 6/2011, en la que no se admitieron los recursos de apelación y revocación interpuestos por la demandada, aquí quejosa contra el diverso proveído de seis del citado mes y año, en la que se tuvo a su contraparte designando perito para el avalúo del bien inmueble de interés, discerniéndolo del cargo, así como otorgó el término de tres días a la parte demandada para designar perito, y previno a la parte actora para que en el término de tres días acreditara haber denunciado la sucesión o en su defecto acredite contar con un interventor de la fallecida Lilia Margarita Buenfil Segovia. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias del juicio extraordinario hipotecario 6/20211, mismas que fueron remitidas por la autoridad responsable, y, al tratarse de documentales públicas, revisten valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo; por tanto, se tiene por existente el acto que se atribuye a la responsable, sirviendo de apoyo la jurisprudencia 305 de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este órgano de control constitucional no advierte que se haya actualizado alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, así como tampoco se advierte que las partes haya hecho valer alguna de la referidas causales. Por lo que al no existir causa alguna que haga improcedente el presente juicio de amparo, se procederá realizar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. ESTUDIO. A fin lograr una mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, que se aprecian de las constancias remitidas por la responsable, valoradas previamente. - El seis de noviembre de dos mil doce, la Jueza Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, dictó sentencia en el juicio extraordinario hipotecario 6/2011, en la que condenó a la demandada Margarita Chan Cano, a pagar de diversas prestaciones a favor de la parte actora Lilia Margarita Buenfil Segovia, y ordenó el trance y remate del bien hipotecado consistente en el predio trescientos setenta y seis de la calle ochenta y nueve de la colonia Kukulkan en esta ciudad. Dicha sentencia causó ejecutoria el veintitrés de abril de dos mil trece. -El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, a solicitud de Alejandro Alberto Burgos Jiménez, apoderado de la parte actora, se otorgó a la demandada el plazo de tres días, para que cumpla con la sentencia. -Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la demandada, manifestó su oposición al requerimiento, pues señaló que la actora falleció el veinticinco de marzo de dos mil once, exhibió el acta de defunción, expresó que el apoderado respectivo no lo hizo del conocimiento en el juicio y pidió suspender el procedimiento, hasta que se nombre heredero o albacea de la sucesión. -El seis de octubre de dos mil veintiuno, con dicho escrito se dio vista a la parte actora. -En auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió escrito de la demandada de veinte de octubre de ese año, en la que pidió la prescripción y con ello dio vista a la actora. -En auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se tuvo al apoderado de la parte actora, desahogado la vista de once de noviembre de dos mil veintiuno, se determinó que estaba legitimado para continuar el proceso, hasta que el albacea de la actora compareciera a juicio, no accedió a decretar la suspensión del procedimiento, ni a decretar la prescripción del asunto. -Además, previno a Alejandro Alberto Burgos Jiménez, apoderado de la actora, para que en el plazo de tres días, informara si tenía conocimiento de la denuncia de la sucesión de Lilia Margarita Buenfil Segovia. -Por escrito de quince de febrero de dos mil veintitrés, Alejandro Alberto Burgos Jiménez, apoderado de la actora, expresó que no se había denunciado la sucesión de Lilia Margarita Buenfil Segovia, que él continuaría defendiendo los intereses de la actora, y pidió proveer diversa solicitud en la que designó a un perito valuador. -El seis de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por desahogada la vista de catorce de junio de dos mil veintidós, por designado al perito valuador, a quien se le discernió del cargo, se fijó un plazo de veinticuatro horas a la demandada para que designe al perito y se requirió al apoderado de la actora para que en tres días acredite haber denunciado la sucesión o contar con interventor. -Contra dicho auto, la parte demandada interpuso recursos de apelación y revocación. -En auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, no se admitieron a trámite los recursos interpuestos. Dicha determinación constituye el acto reclamado. En los conceptos de violación, la parte quejosa señala que en el acto reclamado no se admitieron los recursos contra el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, describe el contenido de éste proveído y señala que el apoderado de la parte demandada hasta la presente fecha no ha cumplido con la resolución de catorce de junio de dos mil veintidós, en la que se previno para que exprese si tiene conocimiento de que se haya denunciado la sucesión de la actora. Agrega que dicho apoderado tiene un interés personal en el procedimiento, toda vez que durante once años no ha hecho la denuncia de la sucesión de su poderdante, y en su escrito de quince de febrero de dos mil veintitrés, afirma que lo hará en los próximos meses, pero no lo ha realizado. En el segundo concepto de violación, señala que la resolución de catorce de junio de dos mil veintidós, la emitió una jueza diversa a la juez que emitió el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, dejándola en estado de indefensión por el cambio de parecer de la Juez, porque con el acto reclamado se tiene por presentado al apoderado de la actora nombrando perito y el citado apoderado tiene intereses personales al no denunciar la sucesión intestada. Los conceptos de violación son inoperantes Es así, ya que, con las manifestaciones expresadas por el quejoso a manera de conceptos de violación, es omiso en atacar o controvertir el acto reclamado, esto es, las consideraciones hechas por la autoridad responsable en el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, para desechar los recursos de apelación y revocación interpuestos contra el auto de seis de marzo del año en curso. En el proveído reclamado de veinticuatro de marzo del año en curso, no se admitieron los recursos de apelación y revocación interpuestos contra el auto de seis de marzo del año en curso, pues se indicó que ese proveído no era apelable, porque la ley no lo establece expresamente, tampoco impide la continuación del procedimiento, ni causa un gravamen que no pueda repararse en sentencia y se citó como fundamento el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, en los conceptos de violación la quejosa no combate las anteriores razones que estableció la responsable para no admitir los recursos de apelación y revocación, sino que sólo describe el contenido del proveído de seis de marzo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo al apoderado de la actora designando al perito valuador, se fijó un plazo de veinticuatro horas a la demandada para que designe al perito y se requirió al apoderado de la actora para que en tres días acredite haber denunciado la sucesión o contar con interventor. Además, la quejosa alega en sus conceptos de violación que el citado apoderado no ha hecho la denuncia de la sucesión, que tiene intereses personales y que se le deja en estado de indefensión porque el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, fue dictado por una Jueza diversa a la que emitió el auto de catorce de junio de dos mil veintidós. Con esas manifestaciones, la parte quejosa tampoco ataca las razones que se esgrimieron para desechar los recursos, pues en realidad lo que hace es referirse a otros proveídos dictados previo al acto reclamado, pero ningún motivo de disenso, concepto de violación o agravio o causa jurídica fórmula para combatir la motivación y fundamentación de los recursos realiza la par quejosa; de ahí que sea inoperantes. Para que fueran operantes los conceptos de violación y se pudiera analizar el acto reclamado, la parte quejosa debía en su caso expresar porqué motivo no debían desecharse los recursos, que en su caso alguno de éstos sí era procedente y decir las razones de ello, o bien señalar en su caso, si existió una indebida motivación y fundamentación del desechamiento de los recursos, precisando las circunstancias concretas que la responsable aplicó de manera incorrecta, lo cual no fue hecho por la quejosa Ciertamente, la parte quejosa no expuso en su caso porqué son incorrectos o no se ajustaron a derecho los citados argumentos de la autoridad responsable contenidos en el proveído reclamado de veinticuatro de marzo del año en curso, para estimar improcedentes los recursos que interpuso, pues la quejosa lo que alega con cuestiones para inconformarse contra el auto de seis de marzo del año en curso, cuando éste no es el acto reclamado; siendo que contra éste no formula ataque alguno o razón jurídica; de ahí la inoperancia Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a. 30, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 277, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 207328, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida". Cabe señalar que, una cadena impugnativa está conformada por una secuencia de procedimientos sucesivos, que se van enlazando de un modo dialéctico, en donde el recurrente inicial plantea sus planteamientos o agravios frente a los actos impugnados en primera instancia, y con esto obliga al revisor del recurso a formular sendas respuestas en la resolución final del juicio o recurso, aunque sea el revisor sea el mismo que dictó la resolución recurrida, por lo que si existe una nueva instancia o un proceso diferente para combatir la resolución dada en la instancia original, el impugnante no puede concretarse a repetir las mismas consideraciones expresadas inicialmente, ni a esgrimir argumentos genéricos y subjetivos, sino que tiene la carga procesal de fijar su posición argumental frente a la asumida por el órgano que decidió la instancia anterior, con elementos orientados a evidenciar que las consideraciones fundantes del resolutor no están ajustadas a la ley. En el en caso, si la parte demandada, aquí quejosa, interpuso recursos de apelación y revocación contra el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, y esos medio ordinarios de defensa se desecharon en auto de veinticuatro de marzo dos mil veintitrés, entonces, la parte quejosa no puede solicitar simplemente un análisis del primer auto, es decir, del proveído que combatió a través de los recurso, ignorando la respuesta ya existente que emitió la responsable precisamente en el acto reclamado. En efecto, ese auto de seis de marzo del presente año, ya fue recurrido y le recayó una nueva determinación que constituye el acto reclamado, y por tanto, ésta y no una anterior, debía ser atacada por vicios propios a través de los conceptos de violación, para que este juzgado se encontrara en condiciones de pronunciarse respecto a la legalidad o no de la resolución impugnada, pero al no hacerlo, son inoperantes sus conceptos de violación y no se trata de algunos de los supuestos de suplencia de la queja a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que no es factible emprender un análisis oficioso el acto reclamado. Sirve apoyo por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 85/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia(s): Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 169004, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SOLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del juez de distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido." En esas condiciones, al resultar inoperantes los conceptos de violación hechos valer y dado que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia alguna que debiera suplirse oficiosamente de conformidad con la fracción VI, del artículo 79 de la Ley de la materia, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Margarita Chan Cano. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA, NI PROTEGE a la quejosa Margarita Chan Cano, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con su contenido, así como las constancias remitidas y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que el citado Juzgado acompañó a su informe de cuenta, fórmense un cuaderno auxiliar con el referido documento, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado Alejandro Alberto Burgos Jiménez, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase por apersonado a este juicio al referido tercero interesado. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito. Finalmente, en cuanto a las diversas manifestaciones realizadas por el ocursante, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por formuladas en vía de alegatos, para ser relacionados en la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Incidental
RESUELVE ÚNICO. SE NIEGA a Margarita Chan Cano, la suspensión definitiva de los actos que reclamó de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
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