Margarito Villagomez Nava

Expediente 802/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
802/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Margarito Villagomez Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. TRÁMITE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta presentada por Margarito Villagómez Nava, por su propio derecho, contra actos de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 802/2021-III. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora, acorde con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, es aplicable, por analogía, la jurisprudencia de rubro siguiente: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. (Registro digital: 188643. Instancia: Pleno. Novena Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: P./J. 128/2001. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, octubre de 2001, página 803. Tipo: Jurisprudencia). En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.(Registro: 192,097, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32). La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si la parte quejosa designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Ahora bien, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente señala como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: Al respecto, se estima que la demanda es improcedente respecto de dicho acto, en tanto que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad en su contra. Para dar claridad a este punto, se tiene que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El principio de definitividad a que alude el precepto transcrito, consiste en la obligación que tiene el quejoso de agotar todos los medios ordinarios de defensa y los recursos que tenga a su alcance, por los cuales pueda revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional, que por su naturaleza es un medio extraordinario de defensa contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, debe decirse que quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, ya que de conformidad con el referido principio de definitividad, el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para ejercer la acción de amparo. Así, se tiene que a fin de que se actualice la causa de improcedencia en comento deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa sea factible de interponer dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la actuación pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. En ese sentido, cabe destacar lo establecido en los artículos 29 y 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ordenamiento legal que es aplicable para las actuaciones dictadas en los juicios de nulidad, que establecen lo siguiente: Artículo 29. En el juicio contencioso administrativo federal sólo serán de previo y especial pronunciamiento: I. La incompetencia por materia. II. El de acumulación de juicios. III. El de nulidad de notificaciones. IV. La recusación por causa de impedimento. V. La reposición de autos. VI. La interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. Cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente, se impondrá a quien lo promueva una multa de diez a cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal. Artículo 33.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta Ley serán nulas. En este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad. Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano. Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución. Si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores. Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente a diez veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, sin que exceda del 30% de su sueldo mensual. El actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de reincidencia. De la interpretación conjunta de los anteriores normativos, en lo que interesa, emerge, que cuando alguna de las partes considere que una notificación no cumplió con las formalidades legales preestablecidas, tiene el derecho de promover el incidente de nulidad de notificación. Ese mismo parámetro es aplicable cuando se trate de la omisión de realizar alguna notificación, como en el caso acontece, pues el derecho que tiene la parte afectada no se puede ver limitado por el sólo hecho que su inconformidad deba ser a partir de la realización de alguna notificación de la Sala administrativa sino en todos los casos en que este ante la presencia de una notificación que se considere irregular como cuando la misma no se lleva a cabo por omisión de la autoridad que tenga la facultad de realizarla. Con esta precisión, este Juzgador considerar que sí la parte quejosa estima que no se ha llevado a cabo la notificación de la sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por omisión de la autoridad facultada para ello, esta situación la coloca en el supuesto normativo de dichos artículos 29, fracción III, y 33, párrafo primero, motivo suficiente para que tenga la obligación de hacer valer el incidente de nulidad de notificaciones, señalado en tales normativos, al ser el medio ordinario de defensa conforme al cual se lograría que se realizara ese tipo notificación; pero al no haberlo realizado previo a la promoción del juicio de amparo, se actualiza el principio de definitividad en su vertiente jurisdiccional, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso se esté en los supuestos de excepción, que señala la invocada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque atendiendo a los antecedentes del acto reclamado, en que el quejoso señaló bajo protesta de decir verdad, se tiene que el origen del acto reclamado -omisión de notificar dicha sentencia-, es el juicio contencioso administrativo 15977/20-17-07- 5, del índice de la actual Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en que se impugnó la negativa ficta recaída al escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinte, ante la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en que se solicitó el cálculo correcto de la cuota diaria de pensión y pago de diferencias resultantes, con el pago de las diferencias adeudadas como consecuencia de la jubilación del uno de junio de dos mil dieciocho. De ahí que el presente asunto no se encuentra en alguno de los casos de excepción que establece el invocado normativo 61, fracción XVIII, porque la omisión de la notificación de dicha no se encuentra en alguno de los supuestos siguientes: a) No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) No constituye una órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) No se está en presencia de una persona extraña al procedimiento y, d) No se trata de un auto de vinculación a proceso. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro siguiente: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TANTO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES COMO EL RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTOS EN LA LEY QUE LO RIGE, SON AUTÓNOMOS E INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, AL TENER SU PROPIO OBJETO, PROCEDENCIA, TRÁMITE, PLAZOS Y CARACTERÍSTICAS. (Época: Novena Época, Registro: 168887, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Tesis: 2a./J. 118/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia(s): Administrativa, Página: 226.) En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Margarito Villagomez Nava, por su propio derecho. Lo anterior con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autorizan en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sorallay Bañuelos de la Torre, Lucas Alberto Soto, Leticia Sotelo Gomez, Judith Torres Vargas e Hiram Yasser Cargallo Casique, quienes tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita a . Jesús Bautista Capetillo, Isidro Rebollar Pérez, Juan Roberto Mancera y Jorge Eutimio Bañuelos Frías, limitación que se les establece hasta en tanto los profesionistas registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Asimismo, se tienen autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a las demás personas que indica por así haberlo solicitado. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Margarito Villagómez Nava, en el domicilio ubicado en calle República de Venezuela número 44, segundo piso, en las oficinas del Colegio Nacional de Asuntos Jurídicos, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06020, de esta ciudad. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

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