Margarito Licona Hernández

Expediente 58/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
58/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Margarito Licona Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el dos de marzo de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2, ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los autos originales del juicio de nulidad TJ/IV- 56210/20, del índice de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en consecuencia, y de conformidad con lo acordado en el presente proveído, se ordena devolver a la citada autoridad, el expediente original de mérito, sin necesidad de solicitar el acuse de estilo, toda vez que la constancias de notificación hará las veces del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En Ciudad de México, a las diez horas con diez minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número 58/2022-VI, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por Margarito Licona Hernández, por derecho propio, auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, en el que se admitió a trámite la demanda, las pruebas, el informe justificado de la autoridad responsable, constancias de notificación a las partes y proveídos en los que se acordó lo conducente. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación de constancias, para los efectos legales procedentes. Periodo de pruebas, abierto este periodo el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas y exhibidas por las partes, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, exhibidas y admitidas las pruebas con las que se da cuenta, las que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas en el momento de dictar la sentencia correspondiente. Sin que sea necesario hacer mención expresa de las documentales conforme a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 206494, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Al no existir pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos, abierto éste, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló y que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito no presentó intervención ministerial. El Juez acuerda: se tiene por desierto este periodo. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 58/2022-VI, formado con motivo de la demanda promovida por Margarito Licona Hernández, por derecho propio, contra actos del Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido el día hábil siguiente en este Juzgado Sexto de Distrito de la materia y jurisdicción citadas, Margarito Licona Hernández, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: "II.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridad responsable a: A) EL GERENTE GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. III.- ACTO RECLAMADO: ÚNICO.- La omisión por parte de la Autoridad Responsable de cumplir con lo establecido por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en cuanto a la sentencia de fecha 13 de julio de 2018 pronunciada en el expediente TJ/IV- 56210/2018, por la cual ordenó el dictado de un nuevo Dictamen de pensión, el incremento de la pensión así como el pago retroactivo del mismo por diversos conceptos que quedan patentizados en la sentencia." SEGUNDO. La parte quejosa señala como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifestó que no existe tercero interesado alguno en el presente asunto y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. TERCERO. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se ordenó registrarla en el libro de gobierno con el número 58/2022-VI; se requirió de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que aconteció en términos del acta que antecede y concluye con la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; debido a que se reclama el incumplimiento a una sentencia emitida por la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar lo siguiente: La omisión de cumplir la sentencia de trece de julio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad TJ/IV-56210/2018 del índice de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. TERCERO. El Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado negó el acto que se le reclama; no obstante, se desvirtúa dicha negativa ya que de los autos del juicio de nulidad TJ/IV- 56210/2018 del índice de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se advierte que se encuentra vinculado al cumplimiento del fallo anulatorio; sin que sea óbice a lo anterior, que el referido Gerente General haya manifestado que mediante memorándum JPJ/11/2296/2021 de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, cumplió con el fallo de nulidad, pues no acredita que lo haya hecho del conocimiento del quejoso con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De ahí que no se actualice la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y exista la omisión reclamada a dicha autoridad. CUARTO. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 814, publicada en la página quinientos cincuenta y tres del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, de texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, de oficio se advierte que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ello en razón de que ha cesado en sus efectos la omisión de acatar la sentencia de nulidad. La fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que será improcedente el juicio de amparo cuando durante su trámite el acto impugnado quede insubsistente. Para que se actualice esta causal es necesario que la revocación o cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan totalmente la situación anterior a la promoción del juicio como si se hubiera concedido el amparo. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 193758 que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el quejoso se duele de la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de trece de julio de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de nulidad TJ/IV-56210/2018 del índice de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, confirmada por resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de apelación RAJ. 181601/2018 por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal citado. La autoridad demandada en nulidad quedó constreñida a emitir un nuevo dictamen de pensión por jubilación en favor del quejoso, tal como se demuestra del contenido del fallo referido en el párrafo que antecede: ".Por lo tanto, al no encontrarse debidamente motivado el acto impugnado, procede que con fundamento en el artículo 100, fracción II de la Ley del Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se declare su NULIDAD DEL DICTAMEN DE PENSIÓN CJ/JUDAyD/664/2015 DE FECHA DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE, quedando obligada la autoridad demandada, GERENTE GENERAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a restituir al actor en el pleno goce de los derechos que indebidamente la han sido conculcados, para lo cual deberá dejar sin efectos el acto declarado nulo y en su lugar emitir uno nuevo debidamente fundado y motivado, en el que tomando en consideración lo aquí resuelto, realice un nuevo cálculo de la pensión que por derecho le corresponde al accionante tomando en cuenta todas las prestaciones que le eran pagadas y que se desprenden de los recibos de pagos exhibidos, debiendo precisar dichas prestaciones consideradas. Asimismo, de resultar diferencias en favor del actor, deberán pagarse retroactivamente desde la fecha en que tuvo derecho a percibir la pensión, y, para el caso de advertirse que el accionante no cubrió la totalidad de las aportaciones que le correspondían en términos del artículo 16 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (ARTÍCULO 16.- Todo elemento comprendido en el artículo Primero de este Ordenamiento, deberá cubrir a la Caja, una aportación obligatoria de seis y medio por ciento del sueldo básico de cotización que se aplicará para cubrir las prestaciones y servicios señalados en esta Ley.), el organismo demandado estará en posibilidad de cobrar dichas aportaciones omitidas por considerarse un adeudo a su favor, debiendo en su caso, informar previamente al actor el monto a cubrir, de acuerdo a lo que dispone el artículo 16 del Reglamento de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (Artículo 16.- Para los efectos del artículo 9o. de la Ley, los elementos cubrirán en forma directa a la Caja el pago de las aportaciones dejadas de cubrir, para lo cual ésta previamente les dará a conocer el monto adeudado. El pago que se trata se realizará en una sola exhibición.). De igual forma, ha de precisarse que las prestaciones que deben ser tomadas en cuenta al momento de efectuarse la nueva cuantificación, serán solo aquellas que formen parte del sueldo básico en términos del ya citado artículo 15 de la ley en cita (prestaciones percibidas de forma regular y permanente)." En cumplimiento al fallo de nulidad, la autoridad demandada emitió el memorándum JP/12-2408/2019 de dos de diciembre de dos mil diecinueve y el dictamen CJN/JUDC/454/2019 de nueve de diciembre de dos mil diecinueve; no obstante, mediante resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en la instancia de queja por incumplimiento del fallo de nulidad, la Sala del conocimiento declaró fundada dicha queja y determinó lo siguiente: ".Asimismo, como se observa en las documentales que obran en autos, en su caso la autoridad demandada acreditó únicamente un cumplimiento parcial en razón de que como quedó antes asentado, la autoridad demanda emitió un nuevo dictamen de pensión a favor de Margarito Licona Hernández, sin embargo, tal como el actor lo señala que: 'No debe tener por cumplida la sentencia de nulidad con la exhibición del dictamen de pensión la hoja de pago con número de folio 32147, toda vez que la hoy demandada mediante el referido documento, deja al suscrito en completo estado de indefensión, toda vez que no me permitió saber cómo es que llegó a determinar que la cantidad de 475,725.75 es el pago retroactivo que por derecho me corresponde, aunado al hecho de que no me permite saber si dicha cantidad se le aplicaron los incrementos que año con año se aplican para el incremento de pensión, en consecuencia la demandada deberá acreditar el moto de la pensión actualizada con los incrementos y como determinó el pago retroactivo.', motivo por el cual la autoridad demandada deberá realizar el desglose correspondiente y acreditar que realizó el pago retroactivo..." Por otra parte, en las constancias que integran el expediente relativo al presente juicio de amparo obra el memorándum JOJ/11/2296/2021 de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y anexos consistentes en la hoja de cálculo por concepto de pensión y recibo de pago por la cantidad de $121,373.12 (ciento veintiún mil trescientos setenta y tres pesos 12/100 moneda nacional), por concepto de diferencias de pensión a favor del quejoso, emitidos en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad TJ/IV- 56210/2018, con lo cual, por medio de este juzgado, se dio vista al quejoso mediante auto de dos de febrero del año en curso. Luego, si la omisión de la que se duele el quejoso es que el Director General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México no ha acatado la sentencia de nulidad que le obligó a emitir un nuevo dictamen de pensión en los términos y condiciones que le fueron delineados, y si de autos se advierte que esa autoridad cumplió dicha condena al emitir el dictamen CJN/JUDC/454/2019 de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, así como el memorándum JOJ/11/2296/2021 de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y anexos (cálculo y pago); entonces, la omisión reclamada dejó de surtir efecto jurídico alguno, pues la inactividad de la autoridad que se pretendía reprimir con la concesión del amparo cesó en sus efectos; por ende, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro digital 193758, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que se inadvierta que la Sala contenciosa ordenase emitir el dictamen a partir de elementos y condiciones concretos; sin embargo, verificar si estas directrices se cumplieron no es motivo de análisis en esta instancia constitucional, sino de distinto mecanismo ordinario de defensa que resulte idóneo para analizar, en su caso, un posible exceso o defecto en su emisión, ya que la materia del presente juicio únicamente se centra en revisar la regularidad constitucional del acto reclamado y no los vicios que el dictamen pudiera tener. En consecuencia, lo que procede en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, es sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 58/2022- VI, promovido por Margarito Licona Hernández, por derecho propio, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, dos de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, con evidencia criptográfica de la firma electrónica de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; por medio del cual, remite el diverso signado por el Actuario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el que hace del conocimiento el auto de veinticuatro de enero del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente del citado tribunal en el que tiene por recibidos los autos del incidente de inejecución 8/2020 de su índice y ordena su archivo como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito; sin que haya lugar a mayor proveído, toda vez que mediante auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós se proveyó la conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte, al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. De igual manera, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se continuó con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho siguiente, se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19"; en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020 para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. Precisado lo anterior, en atención a la certificación que antecede y tomando en consideración que es a la parte quejosa a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el veintinueve de mayo de dos mil veinte, en la que se determinó, por una parte, negar el amparo y protección de la justicia federal y por otra, sobreseer en el juicio, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesiscontenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que, por una parte, se negó la protección constitucional y por otra, se sobreseyó en el presente asunto. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Finalmente, agréguese el oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional y atento a su contenido, dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

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