Margarito Torres Sanchez
Expediente 5/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Margarito Torres Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Juez Quinto del Ramo Mercantil de esta ciudad, acompañó un anexo a su informe justificado; además, que la resolución dictada en este asunto ya causó ejecutoria; en consecuencia devuélvasele a la citada autoridad responsable el anexo referido, para los efectos legales conducentes. Cumplido lo anterior, devuélvase el presente expediente al archivo de donde fue extraído. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; visto su contenido, se advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, lo cual constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causa de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar y hacer cumplir el derecho fundamental de que se trate. En la especie, el peticionario del amparo reclama de la autoridad señalada como responsable: ".La parálisis total del procedimiento de ejecución en que ha incurrido la autoridad responsable en el Expediente Laboral No. 237/2010/M-2, en que el quejoso es la parte actora, al omitir acordar la promoción presentada el 10 de septiembre de 2020." Se afirma lo anterior, pues del anexo que la responsable acompañó al informe justificado, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante acuerdo de dieciocho de enero del año que transcurre, se produjo respuesta a la citada petición. De lo expuesto, resulta claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que, según lo expuesto, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por la autoridad responsable; máxime que, mediante escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el cuatro de febrero pasado, la autorizada de la parte quejosa, manifestó la causa de sobreseimiento referida en párrafos que anteceden. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, al haber sobrevenido en el juicio la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las once horas con treinta minutos del ocho de marzo de dos mil veintiuno, quedando sin efectos la misma. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado vía electrónica por Ariana Torres Armijo, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene por formulando diversas manifestaciones en vías de alegatos en torno al presente asunto, mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. FIJACIÓN DE NUEVA FECHA Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional en este asunto, en virtud de la suspensión de plazos y términos determinada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal del primero al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno; sin embargo, toda vez que de conformidad con la circular SECNO/10/2021 de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciocho de febrero del año en curso resulta aplicable el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, por tanto, se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO para su verificativo. En la inteligencia de que, tomando en consideración la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el esquema de trabajo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, las partes únicamente podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, previo a la celebración de la aludida audiencia, así lo deberán informar por escrito a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo respectivo para que aquélla se suscite mediante videoconferencia en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. REANUDACIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZOS En la inteligencia de que todos los términos y plazos en este asunto, se reanudarán a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, en el punto en que se quedaron pausados, dado que la suspensión decretada por el Consejo de la Judicatura Federal no implica su reinicio. EXHORTACIÓN A LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). También se les informa que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional 8jdo9cto@correo.cjf.gob.mx o en el teléfono 4448389300 (extensión 1611) o en el celular 4442380496. NOTIFICACIÓN POR LISTA Considerando la normativa vigente emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el estado actual de las cosas, así como con la finalidad de prevenir contagios y privilegiar el cuidado del personal y de los justiciables, aunado a que no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo para la práctica de notificaciones personales, ni a juicio de este Juzgado se advierte circunstancia especial que lo amerite, notifíquese por lista este acuerdo. Notifíquese.
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