Margarita Trejo Orduña
Expediente 1615/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1615/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Margarita Trejo Orduña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Margarita Trejo Orduña, misma que quedó registrada bajo el expediente 7/2023-IV de su índice. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo Genera Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Margarita Trejo Orduña, mediante el cual cumple con la prevención formulada en autos; en atención a su contenido se provee: Vista la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de cuenta y en términos de lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio constitucional, conforme con las consideraciones siguientes. El aludido precepto legal establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo transcrito se pone en evidencia que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, en el caso del juicio de amparo, el referido artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé tres supuestos básicos para que los Jueces de Distrito conozcan de un juicio, a saber. 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. En la especie, la parte quejosa precisó en su escrito inicial de demanda que reclama el acta de emplazamiento o primera notificación, practicada a la referida quejosa, el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, por la Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí, en los autos del expediente 158/2022, relativo al juicio oral mercantil promovido contra la citada impetrante y como consecuencia de lo anterior, la convalidación que al efecto realice el Juez Especializado en Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado. Ahora bien, de los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, expresados por la promovente, se desprende lo siguiente: 1. Que en los autos del juicio oral mercantil radicado bajo el número de expediente 158/2022, ante el Juzgado Especializado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado, se ordenó girar exhorto al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Tancanhuitz, a efecto de emplazar a la aquí quejosa. 2. Que derivado de la diligenciación del referido exhorto, con fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, la Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial con residencia en Tancanhuitz, acudió al domicilio de Margarita Trejo Orduña ubicado en calle cinco número 101, colonia Jardín, en Xilitla, San Luis Potosí, a fin de llevar a cabo lo ordenado por el Juzgado Especializado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado. Diligencia esta última que constituye el acto reclamado. Ahora bien, en el caso se considera que, dadas las características y naturaleza del acto que por esta vía se reclama, así como los antecedentes narrados en la demanda constitucional y del escrito aclaratorio, la regla de competencia que aquí interesa es la señalada en el punto 1, por lo que el Juez competente para conocer del amparo que en su contra se promueva, será el del lugar donde se verificó su ejecución. Se afirma lo anterior, puesto que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, esto es, el sitio donde los actos reclamados se ejecuten materialmente; ello es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Luego, en el caso, se reclama la diligencia de emplazamiento llevada a cabo en el domicilio de la quejosa, el veintinueve de noviembre del año en curso, por la Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tancanhuitz, San Luis Potosí, por considerar entre otros motivos de disenso, que el Juez Mixto de Primera Instancia en ese lugar y la referida actuaria, se excedieron en sus facultades al haber llevado a cabo dicha diligencia de emplazamiento, fuera del plazo de los veinte días otorgado por el Juez de Oralidad Mercantil con sede en esta ciudad, considerando que el exhorto respectivo lo tuvo por recibido desde el dos de septiembre del año en curso, habiéndose habilitado por el juez exhortando días y horas inhábiles, para llevar a cabo lo ordenado en proveído de once de marzo del presente año. Es decir, que la diligencia combatida no es un acto de naturaleza meramente declarativa, sino que implica analizar el acto relativo al emplazamiento ejecutado con motivo del exhorto que al efecto giró el Juez Especializado en Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado, por lo cual, resulta claro que dicho acto se verificó en el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, al tener la parte demandada en el juicio de origen, su domicilio en ese lugar; de ahí que se estime aplicable en el caso, la hipótesis que prevé el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, se concluye que el juicio de amparo que se promueve contra la diligencia de emplazamiento de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecutó dicho acto, derivado del exhorto ordenado en los autos del expediente 158/2022, del índice del Juzgado Especializado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado, con independencia de donde resida el tribunal que ordenó, a través del exhorto referido, que se llevara a cabo el emplazamiento ahora reclamado. Sin que se soslaye el contenido de la tesis 1a./J. 22/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO.". Sin embargo, en el caso únicamente se reclama el emplazamiento practicado por la actuaria del juzgado exhortado y su eventual calificación por parte del Juez de la causa, por considerar que la diligencia de que se trata, no se verificó por las exhortadas, dentro del plazo concedido por el Juez de origen. De consiguiente, si los actos que se reclaman tienen ejecución material en el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, tomando en consideración que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en lo conducente expresamente dispone específicamente en el párrafo segundo, del punto noveno, que los Juzgados Quinto y Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Ciudad Valles, ejercerán jurisdicción territorial en este Estado, en los municipios de Alaquines, Aquismón, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ebano, El Naranjo, Huehuetlán, Lagunillas, Matlapa, Rayón, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz de Santos, Tanlajás, Tanquián de Escobedo y Xilitla, resulta entonces evidente que este juzgado carece de competencia legal para conocer y resolver este juicio constitucional, consecuentemente, procede declinar competencia al Juez de Distrito con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en turno, en términos de lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, deberá remitirse el presente juicio, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, para que a su vez se sirva turnarlo al Juzgado correspondiente. Con las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Se solicita al Juzgado que por cuestión de turno le corresponda conocer de este asunto, el acuse de recibo respectivo e informe lo que tenga a bien determinar sobre la competencia declinada. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 1615/2022-VII, fórmese el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal planteada por la suscrita y agréguense a estos autos las copias de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Margarita Trejo Orduña, contra actos de la Juez Especializada en Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado y otras autoridades, con diez copias y anexo que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1615/2022-VII. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda, con fundamento en los dispuesto por los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias, esto es, tres para las autoridades responsables, una más para el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado y una para el incidente de suspensión, aclare su demanda y cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Amplíe bajo protesta de decir verdad y relate en forma cronológica, ordenada, correcta y clara, todos y cada uno de los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, incluyendo todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, precisando además los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público. Antecedentes de los que además se deberá advertir la naturaleza del juicio al que refiere se le emplazó, la autoridad ante la que se tramita, las prestaciones que en su caso se le reclamen, la etapa en que se encuentra dicho expediente, si se ha interpuesto algún recurso contra el emplazamiento de que se duele y el resultado de ello, así como el lugar o domicilio donde refiere fue emplazada. Ello, pues si bien obra en su ocurso de demanda el apartado relativo, sin embargo, de lo señalado, no se advierten con precisión los datos concernientes al juicio al que manifiesta fue emplazada. Y por otro lado, aunque destaca que fue informada que un Juez Mercantil de Oralidad en esta ciudad, ordenó a su similar con sede en Tancanhuitz, San Luis Potosí, se le emplazara a juicio desde el once de marzo de dos mil veintidós, en ese sentido, no se soslaya que la quejosa de mérito dijo tener su domicilio transitorio en calle Julián de los Reyes, San Luis Potosí. De ahí que deberá precisar dichas circunstancias. En la inteligencia que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la conducta delictiva prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo y esta juzgadora estaría obligada a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación de conformidad con la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA". Sirve de apoyo a la anterior consideración, el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aislada I.7º. A100 K, Tomo XXIII, abril de 2006, publicada en la página novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos datos son los siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Así como la tesis número P./J.352001, visible a fojas 79, Tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea por que éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Apercíbase a la citada promovente, que de no cumplir con lo anterior, en el término indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Es aplicable la jurisprudencia VI.1º.C.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716 del tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos, a Javier Paloalto Macías, toda vez que no se proporcionan los datos relativos a la cédula profesional que lo faculte para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, como lo exige el último párrafo del artículo 12 de la Ley de la materia. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, al usuario "Jpaloalto". Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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