Margarito Tlatelpa Ramírez

Expediente 849/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
849/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Margarito Tlatelpa Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrense los cuadernos incidentales respectivos y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, con la razón actuarial de la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional por medio del cual informa su imposibilidad para notificar a la tercera interesada Socorro Calixto Ramos el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por los motivos que expone. Al respecto, intégrese a los presentes autos la razón de cuenta únicamente para que obre como legalmente corresponda, toda vez que en el mencionado veintiséis de mayo de dos mil veintidós, sólo se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa, por lo que la indicada tercera interesada Socorro Calixto Ramos fue notificada por lista de acuerdos que se publicó el veintisiete de los cursantes, tal como se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Pantoja Salazar, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del Despacho de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la licencia otorgada a la titular de este Juzgado en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo del año en curso, ante Ricardo Mora Álvarez Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, a través del cual rinde su informe justificado. Al respecto, este órgano judicial no hace mayor pronunciamiento al informe justificado que refiere la autoridad oficiante, en virtud de que, por auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el mismo remitido vía telegrama y se proveyó lo conducente. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Ahora bien, de las constancias que se acompañan al informe justificado se advierte que el Juez responsable dicto sentencia definitiva el tres de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente 522/2020, relativo al juicio de usucapión y procedimiento de inmatriculación, promovido por Margarito Tlatelpa Ramírez -aquí quejoso-, en contra de Socorro Calixto Ramos y otros, la cual fue notificada a las partes por lista el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. En ese contexto, la omisión señalada por el quejoso Margarito Tlatelpa Ramírez, como acto reclamado atribuido al Juez responsable consistente en la abstención de dictar sentencia definitiva en el expediente 522/2020, relativo al juicio de usucapión y procedimiento de inmatriculación, deviene inexistente, como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, el Juez responsable dicto sentencia definitiva el tres de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente 522/2020, relativo al juicio de usucapión y procedimiento de inmatriculación, promovido por Margarito Tlatelpa Ramírez -aquí quejoso-, en contra de Socorro Calixto Ramos y otros, la cual fue notificada a las partes por lista el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. En esas condiciones, contrario a lo que expresó el quejoso, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo origen del presente juicio -dos de mayo de dos mil veintidós- no existía la omisión reclamada toda vez que la autoridad responsable a esa fecha ya había dictado la sentencia definitiva en el expediente 522/2020, relativo al juicio de usucapión y procedimiento de inmatriculación, promovido por Margarito Tlatelpa Ramírez -aquí quejoso-, en contra de Socorro Calixto Ramos y otros. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número 79, julio de 1994, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". Asimismo, se comparte el criterio contenido en la tesis II. 1o. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 313 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, del rubro siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO". La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que el Juez responsable dicto sentencia definitiva el tres de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente 522/2020, relativo al juicio de usucapión y procedimiento de inmatriculación, promovido por Margarito Tlatelpa Ramírez -aquí quejoso-, en contra de Socorro Calixto Ramos y otros, la cual fue notificada a las partes por lista el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno; es inconcuso que deviene inexistente la omisión de que se duele el quejoso. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable consistente en la omisión de dictar sentencia definitiva en el expediente 522/2020, relativo al juicio de usucapión y procedimiento de inmatriculación, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causal de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes respecto del acuerdo de seis de mayo de dos mil veintidós en el que hizo constar que el actor no compareció a ratificar el convenio en la modalidad de cumplimiento de laudo de veinticinco de abril de dos mil veintidós. En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y Junta anterior, para que en el término de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, cumpla en su totalidad con la ejecutoria de mérito, misma que se concedió para el efecto de que: "Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla: - Realice las gestiones necesarias a fin de allegarse de la documental solicitada en catorce de abril de dos mil veintiuno, consistente en la constancia por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativa al otorgamiento de matrícula y la inclusión de la nómina a dicha instituto en favor del quejoso, pudiendo hacer efectivos los medios de apremio que la ley le otorgue para hacer cumplir sus determinaciones. [.]" Para lo cual deberán remitir a este juzgado copias certificadas de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a las mismas. Por tanto, se apercibe a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a ******************** persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, ******************** representante de los trabajadores y ******************** representante de los patrones, una multa, a cada uno, de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que haya lugar a requerir a las autoridades responsables, por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que la Junta responsable es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011(10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Por otro lado, respecto a la solicitud de la autoridad responsable en el sentido de que se le deje sin efectos la multa impuesta en autos, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad hasta en tanto cumpla con el requerimiento realizado en el presente proveído. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ingrid Jordana Arteaga Hughes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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