Margarita Simona Martínez Abad y Otros.
Expediente 1809/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1809/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Margarita Simona Martínez Abad y Otros.
- Margarita Simona Martínez Abad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios y anexo de cuenta, de la Magistrada y de la Actuaria, ambas adscritas al Tribunal Unitario Agrario Distrito 37 en el Estado de Puebla, por medio de los cuales rinden el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a las mencionadas autoridades rindiendo el informe justificado correspondiente y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionados con el valor que la ley les concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se tiene a la Magistrada del aludido tribunal designando como delegado a la persona que menciona en el oficio de cuenta. De igual forma, se tiene por recibida la copia certificada de la sentencia de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, de los acuerdos de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, de treinta de junio de dos mil veintiuno y de once de septiembre de dos mil veintitrés, así como, de las actas de inejecución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno y veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, y del auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, correspondientes al expediente ********************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 37 en el Estado de Puebla, que se acompañan en el oficio de cuenta como como complemento del informe justificado de la Magistrada adscrita al citado tribunal unitario agrario. Relaciónese en la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que la mencionada autoridad no remitió copia certificada de todo lo actuado en el expediente ********************, en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y a fin de conocer la verdad en aras de un acatamiento al deber de impartir justicia completa e imparcial, prescrito en los artículo 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 37 en el Estado de Puebla, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copias certificadas completas y legibles de todo lo actuado en el expediente ********************, del índice del tribunal unitario agrario de su adscripción. En el entendido que éstas deben remitirse bajo su más estricta responsabilidad con las cuales se resolverá el presente asunto. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. Por otro lado, visto el estado procesal de autos, se advierte que en acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto las autoridades responsables rindieran el informe justificado correspondiente; lo que ya aconteció, por lo que se levanta dicha reserva y se provee. De las constancias que integran el expediente agrario ********************, se advierte que ********************es actora dentro de dicho asunto, por tanto, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional vigila que se sigan las formalidades de procedimiento conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, a fin de no transgredir el derecho positivo y respetar el derecho de debido proceso consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, en aras de una igualdad procesal, es de considerarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, a ********************, le asiste el carácter de tercera interesada. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se turnan los presentes autos al actuario judicial adscrito a este juzgado para el efecto de que emplace al presente juicio de amparo a la mencionada tercera interesada en el domicilio sito en: las oficinas de la ********************, ubicadas en ********************. El anterior emplazamiento se ordena en dicho domicilio toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en este órgano jurisdiccional existe el diverso juicio de amparo 1963/2019, promovido por ********************, en donde también le asistió a ********************el carácter de tercera interesada y en el que ésta señaló el domicilio antes mencionado para oír y recibir notificaciones. Por lo que se tiene a la vista dicho juicio de amparo por constituir un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 963, del Tomo XXIII, Junio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO." Para lo cual deberá correrle traslado con copia simple de la demanda de amparo, copia autorizada del auto admisorio y del presente proveído; asimismo, le deberá informar que en el incidente de suspensión que se tramita por cuerda separada del presente asunto se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. De igual forma, le debe hacer saber que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional, el derecho que tiene de apersonarse al juicio si a su interés conviene; le prevenga para que dentro del término de tres días siguientes al emplazamiento señale domicilio en la ciudad de Puebla, Puebla o en esta ciudad, para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las personales se le practicarán mediante lista de acuerdos publicada electrónicamente en la página del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los numerales 209 y 209 BIS del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, sin necesidad de posterior acuerdo y hasta en tanto subsane su omisión. Igualmente, le haga saber que las autoridades responsables Comandante de la 25/a Zona Militar en el Estado de Puebla, la Directora General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como, la Magistrada y la Actuaria, ambas adscritas al Tribunal Unitario Agrario Distrito 37 en el Estado de Puebla ya rindieron sus informes justificados, con los que se le da vista en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo y con las constancias que en su caso se remitieron como complemento de dichos informes. Para lo anterior, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, proceda a realizar la diligencia encomendada. En otro orden, se tiene por recibida vía electrónica la razón actuarial de cuenta de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, por la que hace constar la imposibilidad de entregar el oficio 37480/2023, de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, dirigido al Descatamento de Guardia Nacional en el Estado de Puebla por el que se ordenó reexpedir el diverso oficio 35234/2023, de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, a fin de que la citada autoridad rinda su informe justificado, en razón de que, al constituirse el veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en las instalaciones de la Vigésimo Quinta Zona Militar, en la ciudad de Puebla, Puebla, específicamente en el Cuartel General de la Guardia Nacional en el Estado de Puebla, y de haber entendido la diligencia con Yael Ortiz Roldán, Guardián de Apoyo en el Enlace Jurídico; le fue informado que la denominación a quien va dirigido el oficio es incorrecta, y que la denominación correcta es: Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Puebla. Atento a lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, con fundamento en el artículo 26 fracción II inciso b), de la ley de la materia, reenvíese de nueva cuenta el oficio 35234/2023, de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, al Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Puebla, con copia de la demanda de amparo a efecto de que se imponga del contenido del proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés -auto admisorio- y esté en aptitud de rendir el informe justificado correspondiente. En ese sentido, se hace del conocimiento de la autoridad responsable Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Puebla que el término de quince días concedido en el multicitado auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés para que rinda su informe justificado comenzará a transcurrir una vez que sea notificada del presente proveído, asimismo, en caso de que omita rendir el informe justificado solicitado, se encuentra subsistente el apercibimiento con que se le previno en el mencionado proveído. Finalmente, se comisiona a la Oficial Judicial "A" para realizar la gestión necesaria a efecto de registrar a la autoridad responsable en su denominación correcta Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Puebla, dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese; y, emplácese a la tercera interesada ********************, por conducto del actuario judicial adscrito a este juzgado de Distrito. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación secretarial de cuenta se advierte que a la fecha han transcurrido los cinco días que se le otorgaron a la parte quejosa para que exhibiera la garantía que se le fijó en la resolución interlocutoria de trece de noviembre de dos mil veintitrés, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir sus efectos la medida de suspensión decretada en la resolución interlocutoria antes mencionada; por consiguiente, hágase del conocimiento lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Décima Época Registro digital: 2008029 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Materias(s): Común Tesis: I.3o.C.47 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV Tipo: Aislada Página: 3040 SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex officio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible". De igual forma, tiene aplicación la tesis siguiente: "Novena Época Registro digital: 170577 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Materias(s): Común Tesis: I.15o.A.31 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Tipo: Aislada Página: 1823 SUSPENSIÓN. EL DERECHO DE EXHIBIR LA GARANTÍA EXIGIDA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS NO SE PIERDE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS FIJADO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. Este precepto legal previene que la determinación que concede la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el agraviado no cubre dentro del plazo de cinco días los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto reclamado, esto es, los conocidos como de efectividad a que se refieren los artículos 125, 135 y 136 de la Ley de Amparo, que dependen de la naturaleza del acto reclamado y se constituyen por aquellas condiciones que el quejoso debe cumplir para que surta efectos la suspensión, es decir, para que opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias; requisitos que, a diferencia de los de procedencia, se refieren a la generación de los efectos de dicha medida. En esos términos, es posible que se conceda la suspensión por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse cumplido los señalados en la ley para su efectividad; de ahí que no tiene el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues en el primer caso, deja de tener vigencia y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse acatado la condición que se impuso. Por consiguiente, tratándose de la garantía que se requiere para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, si la parte quejosa deja de exhibirla dentro del mencionado plazo, esto no significa que la medida cautelar quede anulada o revocada, sino sólo que no puede surtir sus efectos y que se encuentran expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado. Sobre tales premisas, no debe entenderse que la parte quejosa pierde el derecho de otorgar la garantía requerida una vez transcurridos los cinco días que contempla el artículo 139 de la Ley de Amparo, sino que la medida sólo dejará de surtir efectos y los recobrará cuando se cubra ese requisito exigido para su efectividad". Por otro lado, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, la parte quejosa exhibió billete de depósito para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional concedida mediante auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, misma que dejó de surtir efectos, toda vez que mediante resolución de trece de noviembre del año en curso se dictó la sentencia interlocutoria dentro del presente incidente de suspensión. Atento a lo anterior dado que por resolución de trece de noviembre del año en curso se dictó la sentencia interlocutoria en el presente incidente de suspensión, se ordena poner a disposición el referido billete de depósito al quejoso *******, en el entendido que únicamente él lo puede recoger, previa identificación, endoso y razón que se asiente en autos. Indíquesele a la parte quejosa que en caso de ser omisa en comparecer a recoger el billete en el término de dos años, a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, operará la prescripción del referido billete de depósito a favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Directora General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo se encuentra transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios del Director General de la Policía Estatal Preventiva, por medio de los cuales informa el acatamiento a la suspensión definitiva concedida mediante auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés. En esas condiciones, se tiene a la autoridad oficiante informando el acatamiento a la suspensión definitiva concedida, de lo que se toma nota para los efectos leales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.
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