Margarito Colin Degollado

Expediente 680/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 35 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
680/2018
Año
2018
Actuaciones
35
Última actuación
23/11/2018

Partes del expediente

  • Margarito Colin Degollado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    VI)Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. El estado procesal de autos y la certificación de cuenta, evidencian que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de veinticuatro de octubre del año en curso (fojas 164 y 165), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación de que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante resolución emitida en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se concedió la medida cautelar (punto vigésimo primero, inciso III del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido el quejoso Margarito Colín Degollado en auto de dieciséis de octubre pasado (foja 161), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Margarito Colín Degollado contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México con residencia en Metepec, por lo que hace al acto reclamado consistente en la resolución dictada el trece de abril de dos mil dieciocho en el recurso de revocación respecto del expediente 73/2010, relativo a la cancelación, reposición y pago de títulos de crédito, que confirmó el auto de nueve de marzo del año en curso el cual negó la prescripción de la ejecución de la sentencia. Ahora, mediante sentencia emitida el veintitrés de julio de dos mil dieciocho (fojas 85 a 97), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acto reclamado. En su lugar, dicte la resolución correspondiente, en la que se pronuncie de manera fundada si en el caso operó la prescripción de la ejecución de la sentencia, sin tomar en consideración que en el proveído de veintiséis de febrero se ordenó la ejecución de la sentencia, pues ello no es acorde con el planteamiento realizado por el quejoso. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 67/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, del Tomo VIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Septiembre de 1998, con número de registro 195590, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido." Asimismo, cobra aplicación al caso, la jurisprudencia con registro 176546, número 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, la cual establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, fracción III, 78, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Margarito Colín Degollado, contra el acto, la autoridad y por los motivos descritos en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Determinación que fue confirmada mediante ejecutoria de veintiséis de septiembre del año en curso, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el amparo en revisión 282/2018. Ahora, la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: 1. Deje insubsistente el acto reclamado (resolución dictada el trece de abril de dos mil dieciocho). 2. En su lugar, dicte la resolución correspondiente, en la que se pronuncie de manera fundada si en el caso operó la prescripción de la ejecución de la sentencia, sin tomar en consideración que en el proveído de veintiséis de febrero que ordenó la ejecución de la sentencia. Establecido lo anterior, mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (foja 161), se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Metepec, al cual adjuntó copia certificada del auto de ocho y resolución interlocutoria de diez, ambos de octubre de dos mil dieciocho, emitidos en el expediente 73/2010. Ahora del análisis de las copias certificadas del auto de ocho y resolución interlocutoria de diez, ambos de octubre de dos mil dieciocho, emitidos en el expediente 73/2010, se advierte que la autoridad responsable ha dado cabal cumplimiento al fallo protector; es decir, dejó insubsistente el acto reclamado (resolución dictada el trece de abril de dos mil dieciocho) y sin tomar en consideración que en el proveído de veintiséis de febrero del año en curdo, ordenó la ejecución de sentencia y decretó la prescripción de la ejecución de sentencia definitiva en el juicio de origen. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    VII. Se lista citatorio Toluca, Estado de México; veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido el quejoso Margarito Colín Degollado en auto de dieciséis de octubre pasado (foja 161), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Margarito Colín Degollado contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México con residencia en Metepec, por lo que hace al acto reclamado consistente en la resolución dictada el trece de abril de dos mil dieciocho en el recurso de revocación respecto del expediente 73/2010, relativo a la cancelación, reposición y pago de títulos de crédito, que confirmó el auto de nueve de marzo del año en curso el cual negó la prescripción de la ejecución de la sentencia. Ahora, mediante sentencia emitida el veintitrés de julio de dos mil dieciocho (fojas 85 a 97), en lo relativo a los efectos del amparo, se determinó lo siguiente: "(.) En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acto reclamado. En su lugar, dicte la resolución correspondiente, en la que se pronuncie de manera fundada si en el caso operó la prescripción de la ejecución de la sentencia, sin tomar en consideración que en el proveído de veintiséis de febrero se ordenó la ejecución de la sentencia, pues ello no es acorde con el planteamiento realizado por el quejoso. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 67/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, del Tomo VIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Septiembre de 1998, con número de registro 195590, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido." Asimismo, cobra aplicación al caso, la jurisprudencia con registro 176546, número 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, la cual establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, fracción III, 78, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Margarito Colín Degollado, contra el acto, la autoridad y por los motivos descritos en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Determinación que fue confirmada mediante ejecutoria de veintiséis de septiembre del año en curso, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el amparo en revisión 282/2018. Ahora, la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: 1. Deje insubsistente el acto reclamado (resolución dictada el trece de abril de dos mil dieciocho). 2. En su lugar, dicte la resolución correspondiente, en la que se pronuncie de manera fundada si en el caso operó la prescripción de la ejecución de la sentencia, sin tomar en consideración que en el proveído de veintiséis de febrero que ordenó la ejecución de la sentencia. Establecido lo anterior, mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (foja 161), se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Metepec, al cual adjuntó copia certificada del auto de ocho y resolución interlocutoria de diez, ambos de octubre de dos mil dieciocho, emitidos en el expediente 73/2010. Ahora del análisis de las copias certificadas del auto de ocho y resolución interlocutoria de diez, ambos de octubre de dos mil dieciocho, emitidos en el expediente 73/2010, se advierte que la autoridad responsable ha dado cabal cumplimiento al fallo protector; es decir, dejó insubsistente el acto reclamado (resolución dictada el trece de abril de dos mil dieciocho) y sin tomar en consideración que en el proveído de veintiséis de febrero del año en curdo, ordenó la ejecución de sentencia y decretó la prescripción de la ejecución de sentencia definitiva en el juicio de origen. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VII. Toluca, Estado de México a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Metepec, al cual adjunta copia certificada del auto de ocho y resolución interlocutoria de diez, ambos de octubre de dos mil dieciocho, emitidos en el expediente 73/2010, a través del cual aduce dar cumplimiento al fallo protector. De conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 192 de la Ley de Amparo, glósese a los autos para los efectos legales procedentes. Asimismo, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga; sin perjuicio de que transcurrido dicho término se acuerde lo que en derecho corresponda. Al caso es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 247 publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, Materia Común del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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