Margarita Vázquez Quezada
Expediente 1824/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1824/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/02/2017
Partes del expediente
- Margarita Vázquez Quezada
- Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que el quejoso dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el veinte de enero de dos mil diecisiete, por la que por una parte se sobreseyó en el presente asunto; y por otra se negó el amparo a la parte quejosa por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que el presente expediente es susceptible de depuración, por una parte se sobreseyó en el presente asunto; y por otra se negó el amparo a la parte quejosa en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso IV). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, el estado procesal del presente asunto evidencia que venció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa por auto de veinticinco de enero pasado, a efecto de precisar en forma clara y concisa la pretensión asentada en la constancia de notificación de veintitrés de enero del año en curso; por tanto, se tiene por precluido su derecho para hacerlo, se hace efectivo el apercibimiento respectivo y no se tiene por hecha dicha manifestación. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia por contradicción registrada con la clave 1a./J. 21/2002, visible en la página 314, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2005, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio". Por otra parte, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV.-Toluca, Estado de México; veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Vista la constancia de notificación personal practicada por el actuario de la adscripción el veintiséis de los actuales, de la que se advierte que la quejosa Margarita Vázquez Quezada, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticinco de los actuales, manifestó lo siguiente: "En término de tres días mi abogado metera mi recurso por su atención y comprensión gracias" A dicha razón se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del referido código supletorio, ya que al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Asimismo, en lo conducente, la tesis publicada en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, que establece: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial referida para los efectos legales procedentes y téngase a la promovente por notificada del proveído de veinticinco de enero del año en curso. Por otra parte, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie y como pudiera ser el oficio agregado en líneas que anteceden, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, a través de la cual el actuario de la adscripción notificó a la quejosa la sentencia de veinte de enero pasado, en la que manifestó lo siguiente: "Interpongo en contra de la centencia k seme notifica (sic)." A dicha razón se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del referido código supletorio, ya que al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Asimismo, en lo conducente, la tesis publicada en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1993, Tomo XI, que establece: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial referida para los efectos legales procedentes y con la finalidad de proveer respecto a la manifestación asentada por la impetrante del amparo, requiérasele para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, precise en forma clara y concisa su pretensión, pues de la exposición asentada en la razón actuarial de cuenta no se advierte dicha circunstancia, apercibida que de no realizar expresión al respecto, no se tendrá por hecha su manifestación. Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 50/98 visible en la página doscientos veintiocho del Tomo VIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Novena Época, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES. La suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Conforme al artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Suplir implica en este caso integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, por lo que la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente". Notifíquese y personalmente a la quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García, que autoriza, firma y da fe.
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