Margarito Barrera García
Expediente 1343/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 25 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1343/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 02/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Margarito Barrera García
- Mónica Martínez Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
En dos de agosto de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dos de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, los quejosos Heracleo Cisneros Vázquez, José Luis Ríos Marin y Ruben Martínez Samaniego exhibieron los billetes de depósito números N 180989, N 180988 y N 180987, valiosos por cinco mil pesos, cada uno, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), para garantizar la suspensión provisional concedida mediante resolución de doce de agosto de dos mil quince, sin que hasta la fecha los quejosos de mérito hayan comparecido para hacerles entrega de dicho documento. Ahora bien, en proveído de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, y toda vez que el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, establece que el término para que prescriban a favor del Fisco Federal los billetes de depósito exhibidos ante las autoridades federales, es de dos años, a partir de que legalmente pueda exigirse su devolución por el depositante; luego, atendiendo a que a partir de la citada fecha resultaba exigible la devolución del aludido billete; por tanto, hágase del conocimiento de los promoventes del amparo que dicho plazo de dos años fenece el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, a fin de que antes de esa fecha comparezcan en este Juzgado, sito en calle Lateral número 1202, colonia Cerro del Gato, Torre "A", Primer Piso, en esta ciudad, en horario y día hábiles, a efecto de que se les entreguen los billetes de depósito de que se trata; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se harán efectivos a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con el citado ordinal 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza. Doy fe. Luis.
- Principal
En veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario doy cuenta a la Juez de Distrito con el estado de autos y la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa por auto de dos de marzo de dos mil dieciséis, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambas con residencia en Río Grande, Zacatecas, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; sin que hiciera manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El veintiuno de octubre de dos mil quince se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con la sentencia respectiva el quince de enero del año pasado, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio respecto a los quejosos José Luis Ríos Marín, Rubén Martínez Samaniego y Heracleo Cisneros Vázquez; y por otra se concedió el amparo al quejoso Margarito Barrera García, en los términos y para los efectos siguientes: [.] "Consecuentemente, al quedar demostrado que la resolución reclamada contraviene el derecho fundamental consagrado por el artículo 16 de la Constitución Federal, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Jueza Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el treinta de abril de dos mil quince, y con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la misma, expresando los motivos por los que estimó que se acreditó la probable responsabilidad del quejoso Margarito Barrera García, en la comisión de los delitos que le fueron imputados, de acuerdo a los lineamientos precisados en el cuerpo de esta sentencia, en el entendido de que podrá ser en el mismo sentido que el acto reclamado o en uno diverso, pero purgando el vicio formal que afecta la resolución declarada inconstitucional. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 59/96, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo IV, octubre de mil novecientos noventa y seis, página setenta y cuatro, de epígrafe y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSION Y AUTO DE FORMAL PRISION. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE POR FALTA O DEFICIENCIA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE ESAS RESOLUCIONES. Tratándose de órdenes de aprehensión y de autos de formal prisión, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo de la orden de aprehensión o de la formal prisión, deben producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que están destinadas". Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, ya que su reclamo no se hace por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de captura examinada" (f. 112). [.] En auto de dieciocho de febrero de la anualidad en curso, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se ordenó requerir a las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambas con residencia en Río Grande, Zacatecas, en contra del para que dentro del término de tres días remitiera el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo (f. 235). En atención a lo anterior, mediante oficio 193, recibido en este Juzgado el veintinueve de febrero del año en curso, la autoridad responsable Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Río Grande, Zacatecas, informó a este Juzgado que se abstendría de ejecutar la orden de aprehensión que fue girada por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas, en contra del quejoso Margarito Barrera García; por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones y abuso de autoridad, dentro del proceso penal 1/2015. Posteriormente, mediante oficio con folio 4385, recibido en este Juzgado el uno de marzo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas remitió el oficio 369, por el que comunicó a la Procuradora General de Justicia del Estado, que en cumplimiento a la sentencia de amparo se dejó sin efectos la orden de aprehensión girada el treinta de abril de dos mil quince en contra del quejoso Margarito Barrera García (que constituyó el acto reclamado); y en su lugar, con plenitud de jurisdicción dictó otra el veinticinco de febrero del año en curso, en la que determinó negar la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público consignador, por considerar que no se acreditó la probable responsabilidad penal del antes nombrado, en la comisión de los delitos de lesiones y abuso de autoridad que se dijo perpetrado en agravio de Pedro Alan Aviña Tiscareño. Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, dejara insubsistente la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso el treinta de abril de dos mil quince; y con plenitud de jurisdicción resolviera sobre el pedimento de consignación formulado por el agente del Ministerio Público, expresando los motivos por los que estimó que se acreditó la probable responsabilidad del quejoso Margarito Barrera García, en la comisión de los delitos que le fueron imputados, de acuerdo a los lineamientos precisados en ese fallo; en el entendido de que podría ser en el mismo sentido que la resolución reclamada o en uno diverso, pero purgando el vicio formal que afectó a la resolución declarada inconstitucional; concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución que se atribuyó al Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Río Grande, Zacatecas; y tomando en consideración que de las constancias de autos se advierte que se acataron los extremos de la concesión, en los términos precisados en párrafos que anteceden, dado que el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar con residencia en ese municipio, dejó insubsistente el mandato de captura dictado en contra del quejoso el treinta de abril de dos mil quince; y en su lugar determinó negar la orden de aprehensión solicitada por el representante social investigador, por considerar que no se acreditó su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de lesiones y abuso de autoridad; por tanto, esta resolutora DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y con apoyo en el artículo 196, de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en el Punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se concedió a los quejosos el amparo y protección de la justicia federal solicitados; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
En uno de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un oficio con registro 4302.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Río Grande, Zacatecas, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia protectora, manifiesta que se abstendrá de ejecutar la orden de aprehensión girada por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 1/2015, del que deriva el acto reclamado. Al respecto, una vez que el referido Juez responsable informe sobre el cumplimiento que otorgue al fallo protector de mérito, con lo anterior y con las constancias que remita la diversa autoridad, se dará vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.
- Principal
En dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del tres al de enero al diecisiete de febrero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de enero de dos mil dieciséis dentro del juicio de amparo número 1343/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el quince de enero del año en curso, en la que se sobreseyó y concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, del citado precepto legal, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS, de cabal cumplimiento a la sentencia protectora de garantías, y remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento de que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se les impondrá una multa que en su momento se determinará; y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, remítase al Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, el cuaderno de pruebas relativos al juicio penal marcado con el numeral 01/2015 que acompañó a su informe justificado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza.- DOY FE. *EMVG
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Margarita Silva Velázquez999/2021
- Margarita Temblador Álvarez362/2023
- Margarita Verónica Duarte Zapata452/2016
- Margarita Villarreal Guzmán2258/2014
- Margarito Bajaras de Ávila406/2015
- Margarito Barajas de Avila4194/2014
- Margarito Gurriola Devora1498/2022
- Margarito Parga Urista859/2016
- Margarito Rodríguez Arriaga58/2021
- Margarito Tiscareño Macias1557/2022
- Margarito Tiscareño Macias852/2016
- Margarito Tiscareño Macías679/2019