Margarito Bajaras de Ávila

Expediente 406/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
406/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
13/07/2015

Partes del expediente

  • Margarito Bajaras de Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a trece de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de junio de dos mil quince, en la que sobreseyó el presente juicio de amparo y negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Devuélvase a la autoridad responsable Dirección e Fraccionamientos Rurales, dependiente de la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo (el cual se ordena glosar al presente asunto), SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que en relación al primero se decretó por una parte el sobreseimiento y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; y por cuanto hace al segundo, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, éste Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Asimismo, el duplicado del mencionado incidente, guárdese por separado para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, dentro del término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado, Jorge Martín Zamora González Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 406/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades Responsables: DIRECTOR DE FRACCIONAMIENTOS RURALES, DEPENDIENTE DE LA COORDINACÓN JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE ZACATECAS. ACTO RECLAMADO: "IV.- El Acto Reclamado: el auto de fecha veintiuno de enero del año dos mil quince y notificado el día cinco de febrero del año en curso, en el que se desecha mi demanda en la cual promuevo el Procedimiento Administrativo de Vacancia, así como el auto de fecha dieciséis de febrero del año dos mil quince y notificada en fecha veintisiete de febrero del año dos mil quince". Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, y por auto de veinte de marzo del año en curso, ordenó su admisión y registro del expediente relativo bajo el número 406/2015; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se mandó emplazar al tercero interesado, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades que tiene su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II.- Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias, rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste, en: a) El auto de veintiuno de enero del dos mil quince por el que se desechó la demanda en que el impetrante del amparo pretendió promover el procedimiento administrativo de vacancia. b) El diverso auto de dieciséis de febrero del año en curso, mediante el cual se dijo al quejoso que no había lugar a acordar de conformidad su promoción por la que pretendió interponer recurso de revocación en contra del auto mencionado en el inciso que antecede. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. RELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. La autoridad responsable Director de Fraccionamientos Rurales en el Estado, al rendir su informe justificado admitió la existencia de los actos reclamados que se le atribuyen. Además, la certeza de los actos reclamados, se corrobora con las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, relativas al cuadernillo de demanda desechada, sin número; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, ya que se trata de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, y además de ellas se desprende la existencia de la determinación reclamada. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este órgano jurisdiccional estima que en la especie, por lo que se refiere al acto reclamado consistente en el auto de veintiuno de enero del dos mil quince, por el que se desechó la demanda en que el impetrante del amparo pretendió promover el procedimiento administrativo de vacancia; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el 17 del propio ordenamiento legal. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la mencionada Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo es improcedente. Artículo 61. Contra normas generadas o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Por su parte el numeral 17 del ordenamiento legal en cita establece: "Articulo 17. El plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimientos de extradición el que será de treinta días". Ahora bien, como quedó asentado, el quejoso hace consistir el acto reclamado que se analiza, en el auto de veintiuno de enero del dos mil quince, por el que se le desechó la demanda por la que pretendió promover el procedimiento administrativo de vacancia. Por otra parte, de las constancias relativas al original del cuadernillo sin número, que acompañó a su informe justificado el Director de Fraccionamientos Rurales en el Estado, se desprende, que el veintiuno de enero de dos mil quince, dicha autoridad tuvo por recibido el escrito presentado por el ahora quejoso, en el que manifestó que comparecía a promover el procedimiento de declaración de vacancia y como consecuencia la adjudicación, respecto del lote número ********************, ubicado en el Fraccionamiento ********************, Zacatecas. Asimismo, que en relación con el mencionado escrito, en el propio auto de veintiuno de enero del año en curso, la citada autoridad responsable, indicó que no se acordaba de conformidad la petición del impetrante del amparo, porque de conformidad con los artículos 114, penúltimo párrafo y 117 de la Ley de Fraccionamientos Rurales vigente en el Estado, para estar en aptitud de dar trámite a una solicitud de vacancia, es requisito sine quan non, la existencia de un adjudicatario al que en su caso le sería aplicada la sanción proveniente de dicha declaratoria; y, que ello no ocurría en el caso debido a que el titular del inmueble cuya vacancia pretendía el aquí quejoso, ya había fallecido. Razón por la cual, determinó desechar la solicitud de adjudicación previa declaración de vacancia promovida por el peticionario de garantías. De igual forma se aprecia, que el acuerdo de que se trata, le fue notificado al ahora quejoso, mediante cédula de notificación de cinco de febrero de dos mil quince, que se dejó en poder de ********************, quien dijo ser conocida del propio amparista; circunstancia ésta que el peticionario de garantías reconoce de manera expresa en su escrito de demanda, concretamente, en el capítulo relativo a acto reclamado. De lo anterior cabe concluir, que el impetrante del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado de que se trata, el mencionado cinco de febrero de dos mil cinco, en que el mismo le fue notificado. Lo que significa que la demanda con que se formó este expediente, en cuanto al propio acuerdo reclamado, fue interpuesta en forma extemporánea, ya que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el diecinueve de marzo de dos mil quince, como se aprecia del sello fechador de dicha oficina, de donde se deduce que, entre la fecha en que se estima tuvo conocimiento el quejoso del aludido acto reclamado, que lo fue cinco de febrero del año en curso, y la en que presentó la demanda, transcurrieron con exceso los quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de garantías, ya que haciendo el cómputo respectivo, del que se descuentan los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintiocho de febrero, así como uno de marzo, por ser inhábiles, al tratarse de sábados y domingos, el término a que se alude, transcurrió del nueve al veintisiete de febrero citado. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia aludida, lo que procede, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil quince. Toda vez que en lo referente al diverso acto reclamado consistente en el auto de dieciséis de febrero de dos mil quince, no se advierte la actualización de causal de improcedencia alguna, a continuación se procede al análisis de los conceptos de violación expresados al respecto. IV. Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". Los conceptos de violación expresados por el peticionario de garantías se estiman infundados por una parte y por otra inoperantes. En efecto, el impetrante del amparo aduce como conceptos de violación, en el capítulo relativo, en relación con el acto reclamado que ahora se analiza, es decir, el auto de dieciséis de febrero de dos mil quince, por el que se le dijo que no había lugar a acordar de conformidad su promoción por la que pretendió interponer recurso de revocación en contra del diverso acuerdo de veintiuno de enero del año en curso; que se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, porque el propio auto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado. La anterior alegación se considera infundada en atención a que, como puede apreciarse de las constancias que la autoridad responsable remitió con su informe justificado, entre las que se encuentra el auto de dieciséis de febrero de dos mil quince, que constituye el acto reclamado que se analiza, no se advierte violatorio de aludida garantía en perjuicio del quejoso. Efectivamente, se afirma lo anterior en atención a que, contrario a lo alegado por el peticionario del amparo, el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, si cumplió con la garantía consagrada en el artículo 16 constitucional, toda vez que por una parte, fundó y motivó el auto reclamado, pues en el citó los preceptos legales aplicables, 1, 5, 6 y 164 de la Ley de Fraccionamientos Rurales; y, por otra parte, expresa las razones por las que estimó que no había lugar a acordar de conformidad en relación con el recurso de revocación que el impetrante del amparo pretendió hacer valer en contra del acuerdo de veintiuno de enero del año en curso. Razones que se hicieron consistir, en que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 164 ya citado, el recurso de revocación no es la vía idónea para combatir el auto por el que se desechó la demanda por la que el quejoso pretendió promover procedimiento administrativo de vacancia, dado que dicho precepto establece que tal recurso se interpondrá contra cualquier acuerdo dictado en los procedimientos administrativos que no pongan fin a éstos. Consideraciones las anteriores que se adecuan a la hipótesis normativa citada, ya que de la lectura del numeral 164, se advierte que precisamente dispone lo expuesto por la responsable, de ahí que en la especie se cumplió con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución General de la República. Por lo que respecta a las diversas alegaciones que el impetrante del amparo hace en el segundo de los antecedentes de su demanda, en el sentido de que promovió el recurso de revocación (que no le fue admitido), en contra del auto de veintiuno de enero del dos mil quince, toda vez que en el caso ya han transcurrido con exceso más de cinco años de que se abandonó la fracción del lote, cuya declaración de vacancia y consecuente adjudicación pretendía con su demanda que le fue desechada en éste último auto; y, que por ello se colman los extremos de la acción a que se refiere el artículo 2 de la Ley de Fraccionamientos Rurales, en relación con los diversos 112, fracciones IV y II, así como 114 y 116 de la propia Ley, por lo considera procede la revocación del auto mencionado, dado que de lo contrario, se estaría actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando sus garantías individuales que consagra el artículo 14 Constitucional. Se estiman inoperantes, toda vez que como puede apreciarse, no combaten las consideraciones en que la responsable se apoyó para no admitir el referido recurso, sino que más bien, se encuentran encaminadas a impugnar lo relativo al fondo de la procedencia de la acción de declaración de vacancia, que el quejoso hizo valer en su demanda que le fue desechada por la responsable y de cuyo acuerdo de desechamiento se determinó que resulta improcedente el amparo indirecto que ahora se promueve, como quedó precisado en el considerando que antecede. En las relatadas condiciones, al resultar infundados por una parte y por otra inoperantes los conceptos de violación aducidos por el quejoso, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Nueva Ley de Amparo se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por el acto reclamado precisado en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGA a ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando último de la presente resolución, por los motivos expuestos en el mismo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy dieciocho de junio de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a nueve de abril de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Dirección de Fraccionamiento Rurales, dependiente de la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado de Zacatecas con sede en esta ciudad; con su contenido dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir de que tenga conocimiento del presente auto, se imponga del contenido de las constancias que adjunta la citada autoridad, y manifieste lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable, las constancias de que se trata, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia respectiva. Por otra parte, como lo solicita la autoridad oficiante con sustento en el numeral 9° la ley de trato, se tiene como delegada de su parte a la persona que enuncia en su comunicado. Asimismo, dado el volumen de las constancias que se reciben se ordena sean guardadas por separado para un mejor manejo del expediente en que se actúa.

  4. Incidental

    ÚNICO. Se NIEGA a Margarito Bajaras de Ávila, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados al Director de Fraccionamientos Rurales en el Estado con sede en esta ciudad, contra los actos precisados en el considerando III de la presente interlocutoria.

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