Margarito Altamirano Carmona
Expediente 494/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Margarito Altamirano Carmona
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, en atención a que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en este juicio de amparo, dentro del plazo... se declara que el auto por el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes...ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. .. Notifíquese.
- Principal
...RADICACIÓN DE LA DEMANDA Con la demanda de amparo promovida ******************** en su carácter de defensor particular del imputado ******************, contra actos del Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 494/2021 y dese de alta en el sistema correspondiente. PRESICIÓN DEL ACTO RECLAMADO Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES ACTO RECLAMADO Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca. El acuerdo de treinta y uno de agosto de veintiuno, dictado dentro de la causa penal ********, de su índice, que resolvió el recurso de revocación de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192,097, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." CAUSAL DE IMPROCEDENCIA En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.AJ/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, Registro: 196196, cuyo rubro establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En el caso, con lo manifestado por la parte quejosa se estima que la demanda de amparo analizada es notoriamente improcedente ya que el acto reclamado no constituye acto o resolución definitiva ni es de imposible reparación. Al respecto, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."" De los preceptos transcritos se obtiene que los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y en este caso, el amparo indirecto es procedente. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula las etapas del procedimiento penal acusatorio y oral, al disponer: ""Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y, III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." En ese tenor, dado que en el caso se reclaman actos efectuados en la segunda etapa del proceso, pues de lo expuesto por el quejoso a través de su defensor en la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que se encuentra pendiente el desahogo de la audiencia intermedia, por ello, debe señalarse que ésta se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, a saber: una escrita, que inició con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; otra oral e inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Luego, como cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo, el cual, una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que en su caso procedan, debe considerarse concluida; de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. De ahí, que la emisión de una resolución que resuelve un recurso de revocación, en el que el objetivo del mismo es que la autoridad responsable señale diversa fecha y hora para celebración de la audiencia intermedia, no irroga un daño irreparable actual al quejoso, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente los medios de prueba se desahoguen, la forma en que dicho desahogo se verifique y, desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento los considere como prueba de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado solo produce una afectación de índole procesal que no viola derechos sustantivos, pues de obtener sentencia favorable, la probable afectación habrá desaparecido de la esfera jurídica del impetrante. Luego, la circunstancia de que una violación procesal ya no pueda ser examinada en un momento posterior, no la torna de imposible reparación, pues inclusive no todas las violaciones procesales son susceptibles de análisis a través del amparo, debido a que para la procedencia del amparo indirecto es menester que se vulneren derechos sustantivos (Artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo) y para el amparo directo, que hayan trascendido al resultado del fallo (Artículo 171 del mismos Ordenamiento Legal). Máxime que en la demanda de amparo la parte quejosa manifestó lo siguiente: "(.), Siendo que al haberse justificado la imposibilidad de poder desahogar la audiencia intermedia, la responsable reagendó para el día 3 de septiembre de 2021 la audiencia intermedia, y la defensa le hizo de su conociendo que para ese día, la defensa estaría desahogando una diversa audiencia en la ciudad de Puebla, puebla, por lo que se agendó entonces desahogar la etapa intermedia para el 9 de septiembre del presente año. CUARTO. Así las cosas, pero el día 26 de agosto de 2021, se me notificó vía correo electrónico el cambio de fecha para la celebración de la audiencia intermedia, decretándose en el acuerdo de 21 de agosto de 2021 firmado por la responsable dicho cambio debido al acuerdo general 37/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura del estado de Oaxaca, e inconforme con dicha determinación, se promovió el recurso de revocación respectivo para que se dejara solamente insubsistente la nueva fecha señalada, recurso que fue desechado pese a ya existir la imposibilidad manifiesta con anterioridad.". De lo que se advierte que lo que esencialmente causa perjuicio a la parte quejosa, es que la audiencia intermedia en la causa penal ********* fue señalada para el tres de septiembre de dos mil veintiuno, pues el defensor particular del referido imputado no se encontrará presente en la fecha y hora señalada, dejando así en estado de indefensión al directo quejoso. Por lo que, es importante traer a contexto lo establecido por el artículo 342 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual menciona: "Artículo 342. Inmediación en la audiencia intermedia. Inmediación en la audiencia intermedia La audiencia intermedia será conducida por el Juez de control, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia permanente del Juez de control, el Ministerio Público, y el Defensor durante la audiencia." De lo transcrito se deduce que para la celebración de la audiencia intermedia, es indispensable que se encuentre presente en dicho procedimiento la defensa, por lo que en el supuesto de que la defensa no llegase a comparecer, dicha circunstancia hará imposible el desahogo de la referida audiencia intermedia y por ende su aplazamiento. Luego si una violación procesal, no reúne alguna de esas características, no podrá ser motivo de examen a través del juicio de amparo. DESECHAMIENTO En consecuencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción V, del numeral 107, aplicado a contrario sentido, con relación a la fracción XXIII, del artículo 61, todos de la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Tomando en cuenta que en este juicio la parte quejosa solicitó las notificaciones y autorización de consulta vía internet del expediente electrónico al usuario "*********", corresponde a *******, con correo electrónico ****************; con apoyo en el numeral 3° de la Ley de Amparo, se tiene por facultado únicamente a dicha persona en esos términos al haberse capturado la clave proporcionada en el sistema habilitado; de igual forma, se autoriza que las notificaciones personales que en su caso se ordenen en autos se efectúen de manera electrónica en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. En el entendido que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano jurisdiccional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza a la actuaría para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Sin perjuicio, de que cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, y dicho actor de aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0)", a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. AUTORIZADOS Con fundamento en la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en el escrito de cuenta, lo anterior, toda vez que así lo solicita la parte quejosa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES Por economía procesal, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. PRECISIONES PARA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE FÍSICO En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del PJF, los que acudan a este órgano jurisdiccional deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, SE EXHORTA A LA PARTE QUEJOSA A QUE, DE SER POSIBLE Y NO OBSTANTE LAS PROBABLES DIFICULTADES PARA ACCEDER A LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA ELLO, CONTINÚE LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO MEDIANTE EL ESQUEMA DE JUICIO EN LÍNEA; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrá presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DE PROMOCIONES QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL EXPEDIENTE En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, así como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo1 , en relación con el diverso 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles2 ; se determina que las promociones que presenten las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento, realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. En otro aspecto, tomando en consideración que mediante Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contigencias por el virus COVID-19, que precisó que debe priorizarse el trabajo a distancia, así como el uso de las herramientas tecnológicas que resulten necesarias, se faculta al secretario de este juzgado en turno para que firme de manera electrónica los oficios y comunicaciones oficiales que se emitan en cumplimiento a lo ordenado en este proveído y de las subsecuentes actuaciones dictadas en el presente asunto durante el citado periodo, o bien, en caso de que así se requiera lo haga de manera autógrafa, previa validación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por parte del suscrito. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, específicamente a lo previsto en sus artículos 90 y 92, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. Se instruye al Secretario de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa...
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